MIGUEL BOYAYAN, HÉLIO DE ALMEIDA E JOSÉ ROBERTO MEDDANada mejor que la música para los oídos. Y especialmente cuando, de vez en cuando, engendra algún tirón de orejas. “Oh pacato ciudadano, te llamé la atención, y no fue por gusto, no. C’est fini la utopía, pero la guerra todo el día, día a día”, canta el grupo Skank. Ésa es la banda de sonido ideal para leer la recién publicada investigación Ciudadanía, participación e instituciones políticas: ¿qué piensa el brasileño?, realizada por el Centro de Investigación y Documentación de la Fundación Getúlio Vargas, que muestra cómo los brasileños se siguen conformando con la tesis de que Brasil es, y siempre será un eterno “mar de lodo”, contra el cual poco se puede hacer.
Para el 79% de los entrevistados, la corrupción es la marca del servicio público; la única institución democrática que funciona es la Iglesia Católica; el 72% de los investigadores cree que los políticos lo único que piensan es salirse bien en la vida. Estos resultados refuerzan el “conformismo” expreso en el último Latino-barómetro, investigación hecha por una ONG chilena, que muestra cómo anda la satisfacción latinoamericana con la democracia.
Alrededor del 43% de los brasileños entrevistados cree que la “mano dura” en el gobierno no le vendría mal al país; un 48% no se importaría de que el país se quede a merced de empresas privadas si la vida de ellos mejorase; y un 26% piensa que tener un régimen democrático o no democrático da lo mismo. La ciudadanía, entendida como la participación del individuo en la creación de su sociedad, parece estar poco desarrollada entre nosotros. Una investigación de 1993 (CESOP/ Unicamp) mostraba ya en ese entonces la indiferencia nacional sobre la presencia de los órganos de representación como necesaria para el funcionamiento democrático: un 30% de los brasileños creía que Brasil podría pasarla bien sin el Congreso Nacional. La incredulidad de hoy, retomada en la crisis en curso, no es por ende precisamente una novedad. De ahí que surge la pregunta: ¿qué ciudadanos somos nosotros, tan ágiles para identificar las deficiencias institucionales, y tan lentos para cambiar ese estado de cosas? ¿Somos efectivamente pacatos ciudadanos o será que nos hicieron creer eso?
Ése es el cuestionamiento de la investigación más reciente del científico político Wanderley Guilherme dos Santos, Horizonte do desejo: instabilidad, fracasso coletivo e inercia social (FGV Editora, 200 págs., 26.00 reales), que intenta entender por qué, en un país con tantas desigualdades e insatisfacciones, nunca hubo un movimiento popular capaz de promover una reforma en la vida nacional. “Brasil se encuentra mucho más allá del umbral de la sensibilidad social y así ha convivido, pacíficamente, con la miseria cotidiana, material y cívica, sin generar grandes amenazas. Aquí, el horizonte del deseo aún es puro deseo, sin horizonte”, avisa el autor.
La paradoja, señalada por Santos, es que, desde los años 1930, el país experimentó un gran salto económico y lo que él llama una “mega-conversión” electoral (“partimos de un electorado reducido en 1945-1950 rumbo a otro que, en 2002, correspondía al 68% de la población”, acota), sin que la ciudadanía de los votos se hiciese acompañar por una ciudadanía de disfrute de los derechos sociales. “Con el fin de la dictadura militar y de la construcción de la democracia, a partir de 1985, la palabra ciudadanía cayó en la boca del pueblo.
Se tenía la creencia de que la democratización de las instituciones traería rápidamente la felicidad nacional. Eso funcionó con el voto, pero no en todo. Las grandes desigualdades sociales y económicas siguen en pie y, en consecuencia, los mecanismos y agentes de la democracia, como las elecciones, los partidos, el Congreso y los políticos, se desgastan y pierden la confianza del público”, analiza José Murilo de Carvalho, docente de la UFRJ y autor de Cidadania no Brasil, o longo caminho.
“Hay al mismo tiempo una recusa histórica del país en configurar un espacio público de enunciación autónoma de derechos junto con la novedad sorprendente de que los derechos humanos y sociales y su regulación pública se transformaron en obstáculos a la ciudadanía que, dramáticamente transformada, habita ahora los espacios del mundo privado y de la realización individual bajo gobiernos que se presentan como meros gestores de la crisis y del cambio”, evalúa la socióloga de la USP, Maria Célia Paoli, coordinadora del proyecto temático Ciudadanía y democracia: el pensamiento en las rupturas de la política, financiado por la FAPESP, que pretende ocuparse del “derrumbe, del largo proceso de desregulación e internacionalización del mundo, que se hace destruyendo mediaciones”, influyendo directamente en los derechos de ciudadanía y generando la “privatización de lo público, destitución del habla y anulación de la política”, para usar palabras del sociólogo Francisco de Oliveira, de la USP, parte del equipo del proyecto.
Oliveira cuestiona, en especial, como todo ese proceso puede ocurrir con tan poca resistencia de la sociedad, “un dominio de clase consentido, activa y pasivamente, donde finalmente los dominados comparten los mismos valores de los dominantes”. Quizá la perenne desilusión con la política nacional tenga razones que la razón común desconoce. “¿A dónde iremos a parar con todo ese frenesí ético-moralizador que parece querer, con su afán regenerador, bombardear todas las prácticas de la vida parlamentaria democrática?”, pregunta el científico político Marco Aurélio Nogueira, de la Unesp.
“Si bien cabe presumir que difícilmente crearemos una sociedad genuinamente democrática, cívica e indemne a la corrupción con la preservación del legado de desigualdad y elitismo, ¿será razonable esperar que podamos superar ese legado sin actuar con determinación en el sentido de crear ‘artificialmente’ los mecanismos legales que puedan pretender eficacia en poner barreras a la corrupción e implantar una cultura nueva y políticamente más propicia?”, observa el profesor de la UFMG, Fábio Wanderley Reis. Es un círculo “vicioso”: la falta de ciudadanía real impide una acción efectiva para cambiar el Estado; eso, aliado a un “darle la espalda” a la política y a una incredulidad en los políticos, genera un mecanismo nocivo que, a su vez, impide la creación de formas efectivas de controlar la corrupción y de resolver las desigualdades sociales.
“El difundido desprecio de la población por los derechos civiles, con seguridad, no es irrelevante desde el punto de vista de la corrupción y sus correlatos”, observa Reis. “La inseguridad ‘hobbesiana” (Hobbes preconizaba la necesidad de un Estado que refrenase la búsqueda por poder, ilimitada, que cada ciudadano tendría en un ‘estado natural”) y el deseo de un poder autoritario y fuerte tal vez ayuden a explicar las enormes proporciones de apoyo a hipotéticos liderazgos personales que pudiesen unificar y guiar la nación ajena a los partidos”. Y, advierte el profesor Marcello Baquero (UFRGS), cuanto mayor es la falta de legitimación institucional, mayor el llamado a líderes carismáticos, que, a su vez, contribuyen a neutralizar y desacreditar a esas mismas instituciones.
Derechos
La historia tortuosa de la ciudadanía brasileña es un componente fundamental en el estado político y social del presente. “En Brasil experimentamos una inversión. Aquí, primero vinieron los derechos sociales, implantados en períodos de supresión de derechos políticos y de reducción de los derechos civiles por un dictador, Vargas, que se hizo popular”, explica Murilo de Carvalho. “Después vinieron los derechos políticos, de manera algo extravagante, pues la mayor expansión del voto se dio en otro período dictatorial, el militar, en que los órganos de representación política fueron transformados en pieza decorativa del régimen”. En un balancín, siempre que el país incrementó los derechos políticos dejó de lado los sociales, y viceversa.
Esa lógica perversa dejó sus secuelas: la excesiva valorización del Ejecutivo, pues, si los derechos sociales fueron implementados en períodos dictatoriales, se creó la imagen, para el grueso de la población, de la centralidad del Estado. Las mejoras sociales siempre vinieron aparejadas al clientelismo. “Los beneficios sociales no eran tratados como derecho de todos, sino como fruto de la negociación de cada categoría con el gobierno. Así, la sociedad pasó a organizarse para garantizar los derechos y los privilegios distribuidos por el Estado”, apunta Murilo de Carvalho. O, en las palabras de Baquero, se establecieron en Brasil “relaciones sociales terciarias”, a saber: un lazo directo entre el Estado y el individuo, el cual se siente deudor del Ejecutivo, en detrimento de los partidos. La representación se fragiliza.
El modelo neoliberal, adoptado en escala global, al llegar al país, afectó aún más ese cuadro, invirtiéndolo sin resolver con todo sus males. “El pensamiento liberal insistió en la importancia del mercado y en la reducción del rol del Estado. En esa visión, el ciudadano se vuelve cada vez más un consumidor, alejado de las preocupaciones con la política y los problemas colectivos”, dice Murilo de Carvalho.
“Hoy em dia las personas no quieren ser ciudadanos, sino consumidores. O mejor, la ciudadanía que reivindican es la del derecho al consumo, la ciudadanía pregonada por los nuevos liberales. La cultura del consumo dificulta la desatadura del nudo que vuelve tan lenta la marcha de la ciudadanía entre nosotros, sea cual sea la capacidad del sistema representativo de producir resultados que impliquen la reducción de las desigualdades de todo tipo”. Oliveira va aún más lejos. “Todo el esfuerzo de democratización, de creación de una esfera pública en Brasil, es consecuencia de la acción de las clases dominantes”.
Desde ahí, defiende los varios momentos en que el Estado “silenció” esas voces en nombre de la “armonía social”, de la anulación política, del consenso, en dirección contraria al “desentendimiento social”, constructivo en la medida que permite que la sociedad participe activamente en la construcción de su universo sociopolítico-económico. “Es un desplazamiento que intenta subalternar la presencia política de los actores y de sus demandas y significa una falta de capacitación de la representación y de la participación social en las esferas de decisión política”, analiza Célia Paoli.
Si antes era el Estado poderoso el que dificultaba efectuación la de la ciudadanía, a partir de la década de 1990 será la propagación del ideal de un Estado “fallido” el responsable por la desmovilización de los ciudadanos. “Si el Estado, por largo tiempo, subsidió la formación del capital, con la llegada de la crisis de la deuda externa de los años 1980, convertida después en deuda interna pública, se agotó el papel de condottiere del Ejecutivo en la expansión capitalista”, evalúa Oliveira. Se creó la imagen del Estado agotado.
“Esa crisis interna del gobierno colocó los reflectores sobre el dispendio público y convirtió los gastos sociales públicos en el chivo expiatorio de la quiebra del Estado, cuando en verdad eso se debió a la deuda interna pública y a los servicios de la deuda externa”. Se estableció, continúa el sociólogo, la ilusión de que el Estado solamente sobreviviría como extensión del universo privado, que “sustentaría” al gobierno, cuando, afirma, el camino es a la inversa. Según Oliveira, nació la falsa conciencia de la innecesidad del sector público, que debería funcionar con la misma racionalidad que la empresa privada. Ergo, nada más natural que el ciudadano cambie su ciudadanía por el consumo de mercancías.
Esa permuta, sin embargo, trae implicaciones: el individuo es obligado a resolver por sí solo sus problemas mientras que la masa demanda cada vez más al Estado. Lo primero se verifica en las páginas policiales. “En el híbrido constitucional que se asocia el confinamiento regulador de la ciudadanía a un hobbesianismo social, imperan la violencia como modo rutinario de resolución de conflictos intersubjetivos y el comportamiento predatorio, que, en esos tiempos, se vienen generalizando en la sociedad brasileña”, analiza Vera Telles, socióloga de la USP.
Del lado de la masa, observa Santos, la insatisfacción es consecuencia del incremento del volumen de demandas de una arena política superpoblada, pedidos que no son fáciles de ser atendidos por parte del Estado en su momento actual. “La insatisfacción de la población no es tanto con la democracia en sí, sino con el subdesarrollo de las instituciones democráticas. En los últimos 10, 15 años, el país ingresó en un proceso de subdesarrollo institucional, a medida que la expansión y la madurez política de la sociedad, su creciente heterogeneidad de grupos de interés, no se ven adecuadamente expresados en las instituciones”, cree.
Apatía
Al fin y al cabo, tal como recuerda Nogueira, el Estado fue apropiado por intereses particulares, que fue obligado a intermediar. “Se lo fragmentó, quedó aprisionado por las diferentes privatizaciones e incapacitado de responder a las multiplicadas demandas sociales, dar condiciones a los sectores estratégicos (educación y salud) y seguir coordinando el desarrollo.” Ante eso, el sistema, obsoleto, patinó. La población, sin embargo, quería más.
“Al pasado dictatorial reciente se atribuyó la mayor parte de responsabilidad por el precario status quo, concluyendo, con lógica certera, que cabrá a la democracia que lo sucedió la tarea de proveer la desaparición de hasta del más minúsculo vestigio de las heridas heredadas”, apunta Santos. Era, sin embargo, demasiado tarde y el futuro trajo más frustración que contentamiento con la revelación del peso de la inercia del estado de cosas. Aun así, la población se mantenía apática. ¿Cómo se logró esto?
Una hipótesis, adoptada por Santos, es la llamada “privación relativa”, el hiato existente entre la condición de vida percibida por el individuo y aquélla que él considera que debería tener, por mérito o compensación social. Cuanto más modesto el consumo real, mayor el gap entre lo que alguien posee y el horizonte de su deseo. Este componente, en un país signado por la inestabilidad, genera un elevado índice de inseguridad, estimulando en las personas una “aversión al riesgo”, en especial en los más pobres, temerosos del desempleo, la violencia policial y la marginalización.
Acreciéntese una falta crónica de organización (con sindicatos debilitados, etc.) y se tendrá una sociedad inerte. “Ni los partidos, ni los políticos son requeridos. Hay una evidente descompensación entre la magnitud de las carencias sociales y el empeño de la sociedad en resolverlas. No sobra tiempo para eso, ante la ubicación prioritaria del tiempo y recursos de los individuos en la solución de problemas personales y familiares”. Mejor dejarlo como está. Este razonamiento, en nada carente de sentido, hace que la falta de ciudadanía y las desigualdades tengan, según Santos, “el amparo de la indiferencia”.
El cálculo que se hace es cuánto se puede perder, actuando, o ganar, callando. El resultado es obvio y se revela en la convivencia casi pacífica con la miseria cívica, moral y material. “El ‘costo del fracaso’ de las acciones colectivas puede ser elevado, teniéndose en cuenta la deterioración del status quo de los participantes, circunstancia lo suficientemente amenazadora como para deprimir el ánimo reivindicativo de los más necesitados.”
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