El Senado de Chile aprobó el 20 de agosto un proyecto de ley con la intención de obligar a las universidades patrocinadas por el Estado a introducir un protocolo pormenorizado acerca de cómo lidiar con las denuncias de acoso sexual, especialmente aquellas que involucran a estudiantes y alumnos de posgrado que no forman parte de la plantilla de personal de esas instituciones. El proyecto, que aún aguarda la ratificación de los diputados chilenos el año próximo antes de entrar en vigencia, hace hincapié en la necesidad de que las universidades adopten una definición concreta al respecto de qué configura acoso y establezcan sanciones ejemplares para los acosadores. La iniciativa contempla incluso la posibilidad de un recorte de los fondos públicos para las universidades que no implementen medidas en ese sentido. El proyecto de ley responde a un pedido de una asociación de científicas del país que trabaja en aras de la igualdad de género en las universidades chilenas. Un estudio realizado en 2017 por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), la agencia nacional de fomento a la investigación científica, apuntó que un 41% de las investigadoras y un 39% de las estudiantes entrevistadas habían sido objeto de elogios con connotación sexual en el ámbito académico.
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