“Estoy aquí porque tenía una hija con unos hermosos ojos verdes”. Así fue como se presentó un padre a la socióloga Eva Alterman Blay, en una reunión en el apartamento de ella en el barrio de Santa Cecília, en el centro de la ciudad de São Paulo, hace alrededor de 20 años. La socióloga, quien desde la década de 1970 se dedica a la problemática de la violencia contra las mujeres, solía recibir en su hogar a personas vinculadas a los movimientos sociales. El hombre en cuestión, llevado al apartamento por un colega de Alterman Blay, traía consigo un desahogo y un arrepentimiento. Reveló que, ante la intención de su hija de separarse de su marido porque él la agredía, le había pedido que tuviera paciencia: “Tal vez él cambie, tú cambies y las cosas se arreglen”. Días después, la muchacha fue asesinada de un disparo en el ojo por su pareja. “También estoy aquí porque creo que el trabajo que hacen ustedes debe continuar”, concluyó diciendo el hombre.
Él sabía que Alterman Blay formaba parte del grupo del gobierno estadual de Franco Montoro (1983-1987), quien en 1985 creó en la ciudad de São Paulo la primera Comisaría de Defensa de la Mujer de Brasil. Pero parecía que estaba reclamando algo más, para que el asesinato de su hija a manos del marido no fuera uno más. “Como socióloga, sé que cuando finalmente se aprueba una ley, la sociedad ya se ha adelantado y está en vías de exigir esa solución”, dice Alterman Blay, profesora emérita de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP). “La Ley contra el Femicidio es reciente e importante, pero por sí sola no soluciona el problema. Basta con ver el aumento de la cifra de casos en el país en los últimos años”.
Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública nacional, los femicidios pasaron de 527 casos en 2015 a 1.510 en 2024, lo que representa un incremento del 186,53 %. Las víctimas de femicidio registradas en ese intervalo ascendieron a 11.714, con un promedio de tres casos por día. Entre los estados brasileños con más femicidios, São Paulo encabeza la lista, con 1.590 muertes hasta 2024, seguido por Minas Gerais (1.501) y Rio Grande do Sul (935).
El 9 de marzo de este año, la Ley Federal nº 13.104/2015, más conocida como Ley del Femicidio, cumplió 10 años. Literalmente, este crimen consiste en el asesinato de una mujer “motivado por su condición de sexo femenino”, razones que involucran dos incisos: el primero es la violencia doméstica y familiar, y el segundo es el menosprecio o la discriminación por el simple hecho de ser mujer.
Fruto de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre la Violencia contra la Mujer, cuyas deliberaciones en el Congreso Nacional se extendieron entre marzo de 2012 y agosto de 2013, la ley no solo modificó el Código Penal, al tipificar el femicidio como circunstancia agravante del homicidio, sino que incluyó a este tipo de asesinato en la lista de los crímenes aberrantes.
El año pasado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la Ley nº 14.994, que reforzó la Ley nº 13.104 al declarar al femicidio como crimen autónomo (con características propias) y ampliar la pena prevista hasta los 40 años de prisión. Se trata de la pena más severa prevista en el Código Penal.
En los últimos años, por presión de la sociedad, también se han implementado medidas como el “Ligue 180” [Llame al 180], creado en 2005, un servicio de utilidad pública que ofrece apoyo y orientación a las mujeres en situación de violencia, que a partir de 2014 comenzó a recibir denuncias y las remite a los organismos competentes.
Existen otras iniciativas, como la Patrulla Maria da Penha (instaurada por primera vez en el país en 2012 en Rio Grande do Sul, promueve visitas regulares a las víctimas de violencia doméstica y familiar que se encuentran bajo un régimen de medidas de protección preventivas) y el uso de tobilleras electrónicas para someter a los agresores a la vigilancia electrónica durante el período de aplicación de las medidas de protección de urgencia en los casos de violencia doméstica y familiar, que pasó a ser obligatoria en 2025.
Sin embargo, así como por un lado se han endurecido las sanciones, por otro se pone de manifiesto el fracaso del Estado a la hora de promover la protección efectiva de las mujeres. “Técnicamente, cuando la muerte de una mujer es calificada como femicidio, se está reconociendo que los servicios públicos no han sido eficaces para combatir una práctica que, en la mayoría de los casos, es evitable”, dice la abogada Fabiana Cristina Severi, del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la USP. “No es algo que ocurra de una hora a otra, sino un cuadro de violencia que ha venido escalando”.
La literatura específica y las organizaciones internacionales de derechos humanos entienden al femicidio como una consecuencia de otras formas de violencia doméstica contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia doméstica y familiar. Sería la consecuencia trágica de todo un ciclo de desprotección.
Valentina Fraiz
Desde 2015 a la fecha, los estudios académicos sobre el femicidio apuntan no solamente a identificar los errores y aciertos en la aplicación de la ley, sino también recopilar cifras más fidedignas sobre los femicidios en Brasil y entender sus impactos y su dimensión en diferentes contextos.
El año pasado, Severi coordinó una investigación realizada en el marco del Grupo de Investigaciones sobre Derechos Humanos, Democracia y Desigualdades de la USP de Ribeirão Preto. El estudio, que ha sido presentado a una revista científica para su publicación, analizó alrededor de 20.000 causas penales por homicidios de mujeres tramitadas a partir de 2015 en el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (TJSP) con el propósito de identificar en qué se diferenciaban estos crímenes que la Justicia reconoció como femicidios de aquellos no reconocidos como tales.
Según Severi, los expedientes judiciales que ella y otros tres colegas de la USP analizaron muestran que predominó la perspectiva de los agentes de seguridad pública y del sistema judicial, desde policías hasta fiscales: si bien estos profesionales normalmente no titubean en calificar como femicidio a los homicidios en el ámbito doméstico perpetrados por la pareja, no es raro que vacilen si la relación de pareja fuera esporádica o si el asesinato tiene que ver con cuestiones misóginas, aunque esta condición se encuadra en el menosprecio o la discriminación hacia la condición femenina previstos en la ley.
También en lo concerniente al texto de la Ley contra el Femicidio, un aspecto que puede dificultar la evaluación de los casos es la utilización del término “sexo”, en lugar de “género”. En 2015, antes de la aprobación de la ley, ya existía un sólido campo de estudios que relacionaba la violencia doméstica y familiar no con el sexo femenino, sino con la posición de desigualdad que ocupa la mujer en la sociedad en términos de acceso a los derechos. No obstante, cuando el proyecto ya estaba a punto de ser aprobado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, solicitó la sustitución de la expresión “género” por “sexo femenino”, de lo contrario, retiraría el tema de la agenda parlamentaria.
Uno de los problemas de la terminología basada en el término “sexo” y no “género”, sería el distanciamiento de la Ley contra el Femicidio en lo que concierne a la violencia contra las mujeres transexuales. “En la mayoría de estos casos, son asesinadas a causa de su ‘desviación’ del género que se espera de ellas”, dice Severi. “Una vez circunscrita al sexo, la Ley del Femicidio no contemplaría a estas ciudadanas”.
Un dosier divulgado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra) en el mes de enero señaló que, con las 122 muertes de personas trans y travestis registradas en 2024, Brasil ocupa, por 16º año consecutivo, el primer puesto entre los países con más asesinatos de estas personas en el mundo. El perfil de las víctimas, en su mayoría, indica que se trata de jóvenes negras y pobres, con una esperanza de vida promedio que no supera los 35 años.
En los tratados internacionales de los que Brasil es signatario, así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada el 9 de junio de 1994, la terminología utilizada para referirse a la violencia es género, y no sexo. Por ello, los estudiosos del derecho han sugerido que, en la lectura de la ley, se sustituya el segundo término por el primero, para adecuarlo de manera apropiada al control de convencionalidad, que verifica la compatibilidad entre las leyes de un país y los tratados internacionales.
Para la socióloga Ana Paula Portella, investigadora visitante del Centro de Estudios de la Población de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, el género (o su ausencia en la ley) se articula con otros elementos, tales como la cuestión racial y la propia seguridad y violencia en los ambientes en que viven las mujeres. “Los riesgos que corre una mujer que vive en un ambiente socialmente precario son muy diferentes a los de aquellas que cuentan con acceso a servicios de salud y transporte”, dice.
Dentro de esta precariedad, Portella pone de relieve el contexto delictivo, en particular el mercado de las drogas ilícitas, como un ambiente de riesgo extremo de muerte femenina. “Esos grupos delictivos generalmente están controlados por varones que se guían por una masculinidad violenta, que se manifiesta en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y de las que ellas son las principales víctimas”, añade.
Según la investigadora, el perfil de estos agresores es muy similar al de las víctimas: hombres jóvenes, negros, con bajo nivel de escolaridad y residentes en zonas socialmente vulnerables. En ese contexto, las armas de fuego constituyen el principal instrumento para la aniquilación de las mujeres. En cambio, en los casos de violencia doméstica, el perfil de los agresores abarca un espectro más amplio. “Cualquier hombre, de cualquier clase social, rango etario, raza y nivel de escolaridad es capaz de cometer un femicidio”, dice Portella.
Autora del libro Como morre uma mulher? (editorial UFPE, 2020), una adaptación de su tesis doctoral defendida en 2014 en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), la investigadora dice que en el ambiente familiar aún predominan las armas blancas, aunque las armas de fuego también están aumentando en esos espacios de convivencia.
En otra tesis doctoral, en este caso defendida en 2024 en la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), Luciane Stochero analizó otro escenario de gran vulnerabilidad para las mujeres víctimas de violencia en Brasil: el medio rural. En su investigación, estudió los casos ocurridos en dos ciudades del noroeste del estado de Rio Grande do Sul: Bossoroca, un municipio de unos 6.000 habitantes, y São Miguel das Missões, con 7.000 habitantes aproximadamente.
El uso del término “sexo”, y no “género” femenino en la ley puede dificultar la evaluación de los casos
“La distancia geográfica es uno de los factores limitantes para la mujer de campo a la hora buscar el amparo de los servicios sociales de protección, y eso si es que existen”, dice la investigadora. “Una de mis entrevistadas, que estaba embarazada, relató que cuando el marido llegaba borracho a la casa y se ponía agresivo, ella caminaba kilómetros en la oscuridad con sus tres hijos para pedir refugio al vecino más cercano”.
En estos ambientes, los servicios de internet y de telefonía también son deficientes, al igual que el transporte público. Aunque hubiera un coche en el garaje, sus entrevistadas en su mayoría no sabrían conducir. En su estudio, la investigadora busca romper el estereotipo que caracteriza al hombre de campo como más violento que el urbano. “El hecho es que ellos encuentran en el entorno rural un elemento que facilita la violencia, que es el aislamiento. Nadie los ve cuando golpean a sus mujeres, no hay testigos”, dice.
Más allá de las dificultades para contactar a los participantes de la investigación, Stochero menciona los obstáculos para acceder a información específica del medio rural en las bases de datos oficiales como el Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM), que no dispone de una variable que relacione la muerte de las mujeres con la zona en la que vivían, ya sea rural o urbana.
La investigadora recurrió específicamente al Sistema de Información de Enfermedades de Notificación Obligatoria (Sinan), en el que examinó las denuncias de violencia contra las mujeres en el medio rural brasileño entre 2011 y 2020. En total, eran 79.229 casos de agresión, principalmente de orden físico, psicológico y sexual. Las víctimas eran mujeres jóvenes, negras y casadas, y las agresiones fueron perpetradas principalmente en el domicilio y por parte de la propia pareja. Al estudiar esas dos regiones rurales de Rio Grande do Sul, la estudiosa registró 6.335 denuncias, por ejemplo, de violencia física y psicológica, además de intentos de suicidio.
Cuando hay un cadáver presente, el homicidio sería un crimen fácil de contabilizar debido a la obligatoriedad de su notificación. En cambio, el femicidio aún adolece de la necesaria caracterización como asesinato intencional de mujeres, tal como lo advierte la socióloga Silvana Aparecida Mariano, de la Universidad Estadual de Londrina (UEL), en Paraná.
“Si tomamos las fuentes policiales, los datos son unos; si proceden del Poder Judicial, son otros. Y si utilizamos datos producidos en forma independiente, como ocurre en nuestro caso desde enero de 2003, la información recabada también es otra”, constata la investigadora, quien dirige el Laboratorio de Estudios sobre el Femicidio (Lesfem), que gestiona el Monitor de Femicidios en Brasil (MFB).
Fruto de una colaboración entre la UEL y las universidades federales de Uberlândia (UFU) y de Bahía (UFBA) y con la cooperación de otras instituciones, el MFB centra su recabado de datos en el seguimiento permanente de las noticias con indicios de femicidios publicadas en los medios de comunicación.
La investigación tiene en cuenta las tipologías y definiciones de las Directrices Nacionales para Investigar, Procesar y Juzgar con Perspectiva de Género las Muertes Violentas de Mujeres (femicidios), de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, conocida como ONU Mujeres, y del Mapa Latinoamericano de Femicidios, elaborado por la asociación civil franco-argentina MundoSur, que busca denunciar la violencia de género en Latinoamérica.
Esta recolección se complementa con información recabada en bases de datos públicas. Se verifican no solamente los femicidios consumados, sino también las tentativas, es decir, cuando se registró un intento de asesinato de una mujer por motivos de género y la víctima sobrevivió.
El Informe feminicídios no Brasil janeiro-junio 2024 [Informe sobre femicidios en Brasil entre enero y junio de 2024], publicado por el Lesfem, detalla la metodología utilizada por el MFB. La detección de las noticias se lleva a cabo en primera instancia utilizando dos herramientas digitales creadas en el marco del proyecto “Datos contra el femicidio”, afiliado al Data + Feminism Lab, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, en colaboración con activistas de todo el mundo, que fueron adaptadas al idioma portugués.
La primera herramienta se denomina Alerta de Correos Electrónicos, que ayuda a identificar noticias potencialmente vinculadas con femicidios. Funciona a partir de la identificación de palabras claves y de un algoritmo de aprendizaje automático entrenado por activistas que recopilan datos sobre femicidios, capaz filtrar noticias relevantes en la base de datos de Media Cloud (una herramienta de código abierto que permite el estudio del flujo global de noticias e información). Los usuarios registrados reciben entonces correos electrónicos que alertan sobre estas noticias.
Este sistema es utilizado por el Lesfem juntamente con otra herramienta llamada Marcador de Datos, una extensión para el navegador Chrome que resalta palabras claves en las páginas web, lo que facilita la identificación de casos de femicidios. La extensión, al igual que la plataforma, funciona en inglés, español y portugués y permite registrar datos y compartir información con otros colaboradores.
Valentina Fraiz
Una vez recopiladas y catalogadas las noticias detectadas por la plataforma del Data + Feminism Lab, el Lesfem lleva a cabo una segunda comprobación utilizando el sistema de búsqueda de Google. Esto se hace para identificar las noticias faltantes en la base de datos de Media Cloud utilizada por la plataforma del laboratorio del MIT.
Los resultados recopilados por el MFB se denominan “contradatos”, porque se producen de forma independiente con el propósito de impugnar, complementar o revelar faltantes en la información oficial. Con base en los cálculos de la organización, en 2024 se registraron en Brasil 1.859 femicidios consumados, 349 más que los 1.510 divulgados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que trabaja con los datos suministrados por los estados brasileños y el Distrito Federal.
“Existe un tipo de violencia que nosotros hemos tenido en cuenta en este contexto que es la violencia simbólica”, ilustra Mariano. “Cuando se atacan partes del cuerpo como los genitales, los pechos o el rostro; o cuando le cortan el cabello a la víctima o le introducen lencería en la boca. Son signos de desprecio, menosprecio y odio por lo femenino”.
Al Lesfem también le interesa contabilizar los femicidios en grado de tentativa que, según las estimaciones del laboratorio, en 2024 habrían sido 2.286 casos. La justificación para este registro obedece al impacto negativo que ocasiona para la vida de las mujeres atacadas y la de sus familias, para la comunidad que las rodea y la sociedad en su conjunto.
También sería un registro para reflexionar al respecto de la efectividad de las medidas de protección, previstas en la Ley Maria da Penha, de 2006, que definió a la violencia doméstica y familiar contra la mujer como un delito y creó mecanismos para prevenir, combatir y castigar este tipo de violencia. En el estado de São Paulo, en 2024 se concedieron 103.519 medidas de protección, según el Panel de Protección del TJSP.
Otro dato a tener en cuenta, recuerda Mariano, es que los datos sobre los intentos de femicidio están subestimados, ya que a menudo los medios de comunicación no los difunden porque no causaron una muerte inmediata.
En la actualidad, el proyecto “Datos contra el femicidio”, del MIT, desarrolla, en colaboración con el laboratorio Data in Society Collective (Disco Lab), de la Universidad Brown (EE. UU.), una herramienta de inteligencia artificial que procura entender y mitigar los sesgos de las noticias periodísticas al tratar sobre los casos de femicidio. Los medios de comunicación constituyen la principal fuente de las activistas contra el femicidio en Latinoamérica y el Caribe, donde en 2024 se registraron más de 12.000 asesinatos de mujeres bajo esta denominación.
“Ahora estamos elaborando una clasificación taxonómica de los términos en dos grandes categorías, una en la que los medios de comunicación son perjudiciales en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, y otra de buenas prácticas mediáticas en este sentido”, comenta la investigadora brasileña Alessandra Jungs de Almeida, quien trabaja en el proyecto “Datos contra el femicidio”.
Con graduación en relaciones internacionales, Jungs de Almeida editó y compiló el libro intitulado Estudios feministas de seguridad desde América Latina y el Caribe, publicado por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). La obra, publicada en febrero de 2025, por ahora solamente en español, recopila artículos de autoras de 14 países de la región.
Uno de los capítulos trata sobre el femicidio transnacional, que serían los asesinatos de niñas y mujeres perpetrados en contextos de crimen organizado, migración forzada y militarización, por ejemplo. Otro capítulo se centra en los femicidios contra las líderes femeninas del movimiento en defensa del medio ambiente.
La violencia contra las mujeres está muy lejos de ser una cuestión reciente. En su investigación doctoral defendida en febrero en la Universidad del Estado de Maranhão (Uema), la historiadora Nila Michele Bastos Santos analizó un crimen con todas las características de un femicidio ocurrido el 14 de agosto de 1873 en la ciudad de São Luís (Maranhão). Se trata del caso conocido como Pontes Visgueiro o, como prefiere decir la investigadora, el asesinato de Mariquinhas.
El juez de segunda instancia José Cândido Pontes Visgueiro (1811-1875) fue un magistrado que, a sus 60 años, se enamoró de la joven Maria da Conceição, apodada Mariquinhas, que entonces tenía entre 15 y 16 años y a la que muchos señalaban como prostituta. Indignado al no poder tener control sobre la vida de la muchacha, premeditó su asesinato con la ayuda de un empleado: drogó, apuñaló y descuartizó a la adolescente, ocultando su cadáver en un baúl forrado con zinc que mandó enterrar en el patio de la finca donde vivía.
Cuando el crimen fue descubierto, el juez fue condenado a prisión perpetua, aunque la pena que le hubiera cabido en aquella época era la condena a muerte. En su investigación, Bastos Santos rescata la actuación de las mujeres que rodeaban a Mariquinhas y su posterior borrado de la historia.
“La madre, la hermana y las amigas de la víctima fueron determinantes para el descubrimiento del crimen, tanto por la presión que ejercieron sobre la policía como por la vigilia que mantuvieron frente a la finca en donde vivía el juez. En los relatos que se encontraron, se percibe que ellas suponían que Mariquinhas estaba muerta, ya que vigilaban la casa para asegurarse de que el cuerpo no fuera arrojado al mar, cerca de allí”, comenta la investigadora.
Otro descubrimiento, en este caso no solo emergente de los periódicos sino especialmente de la literatura, fue la percepción de que, con el paso de los años, la figura de Mariquinhas ‒una mujer blanca, tal como lo atestigua el examen forense de la época‒ fue oscureciéndose en los relatos. Según Bastos Santos, el componente racial refuerza la imagen de mujer promiscua que la marcó a lo largo del tiempo.
De la tesis doctoral de la historiadora surgió la historieta Mariquinhas: Crime e resistência feminina na São Luís do Maranhão de 1873, dirigida a estudiantes mayores de 14 años, que Bastos Santos tiene previsto publicar este mismo año. “La propuesta es que la investigación académica dialogue con la educación básica, contribuyendo a fomentar debates sobre las cuestiones de género y violencia de una manera accesible”, dice la investigadora.
Este artículo salió publicado con el título “A mitad de camino” en la edición impresa n° 353 de julio de 2025.
Libros
ALMEIDA, A. J. (comp.). Estudios feministas de seguridad desde América Latina y el Caribe. Florianópolis: UFSC, 2025.
PORTELLA, A. P. Como morre uma mulher? Recife: editorial UFPE, 2020.
Informes
Dados Nacionais de Segurança Pública. Brasilia: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 2024.
BENEVIDES, B. G. Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2024. Brasilia, DF: ANTRA, 2025.
CRUXÊN, I. y JUNGS DE ALMEIDA, A. Datos contra los femicidios. Ativismo de dados contra o feminicídio. Londres: Queen Mary University of London, 2025.
Informe feminicídios no Brasil janeiro-junho de 2024. Londrina: UEL, 2024.
