Los investigadores del estado de São Paulo comienzan a movilizarse para influir en los debates de la Río+20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que convocará a jefes de Estado y representantes de centenares de países en Río de Janeiro, entre los días 20 y 22 de junio. Científicos de las áreas de la biodiversidad, de las energías de fuentes renovables y de los cambios climáticos, involucrados en proyectos de investigación apoyados por la FAPESP, se darán cita en un workshop en São Paulo, a realizarse durante los días 6 y 7 de marzo, para discutir temas que estarán en pauta durante la Río+20, desde la perspectiva de las más avanzadas investigaciones realizadas en el país. La Río+20 procura actualizar los compromisos de los países con el desarrollo sostenible, firmados durante la histórica Conferencia Río-92, hace 20 años, y, como novedad principal, propone avanzar en el concepto de economía verde, un conjunto de estrategias enfocadas en movilizar la economía reduciendo el impacto ambiental, basándose en el avance de las fuentes renovables de energía, en el consumo eficiente de la energía y de los recursos naturales y en el uso sostenible de los servicios y productos provenientes de la biodiversidad.
Al finalizar el workshop se presentarán los resultados de un cuestionario, dirigido a todos los investigadores que realizan proyectos apoyados por los tres programas de la FAPESP, con sus opiniones al respecto de los temas que tratará la Río+20. “Este documento será remitido al comité de la conferencia como aporte de la ciencia paulista al debate”, dice Glaucia Souza, docente del Instituto de Química de la USP y miembro de la coordinación del Programa FAPESP de Investigación en Bioenergía (Bioen). El workshop constituirá la primera ocasión en que los investigadores de tres grandes programas de investigación de la FAPESP: el Bioen, el de la biodiversidad paulista (Biota) y el de Cambios Climáticos Globales (PFPMCG), participen en un evento conjunto para debatir puntos en común de sus investigaciones.
El turno de la bioenergía
El compromiso de las universidades e institutos de investigación de São Paulo con la Río+20 es una consecuencia natural del trabajo que vienen llevando a cabo. “Mediante el apoyo de la FAPESP, investigadores de diversas disciplinas han avanzado en estudios que abordan los pilares de la sostenibilidad y son cuestiones claves para la conferencia, tales como la protección de la biodiversidad, el impacto de los cambios climáticos globales y la sostenibilidad en la agricultura”, dice Reynaldo Victoria, profesor en el Centro de Energía Nuclear en la Agricultura (Cena), del campus Luiz de Queiroz, perteneciente a la Universidad de São Paulo en Piracicaba, quien se desempeña como coordinador ejecutivo del PFPMCG. El programa se creó en 2008 y actualmente asiste a más de 50 proyectos de investigación en temas que involucran a las ciencias naturales, biológicas y sociales, abarcando desde los efectos del calentamiento global en las lluvias y en la distribución de los gases en la atmósfera hasta el impacto de las quemas y la influencia de las prácticas de manejo agrícola en las emisiones de gas carbónico provenientes del suelo en las plantaciones de caña de azúcar, o la vulnerabilidad de los municipios del litoral norte de São Paulo al cambio del clima, entre otros.
Reynaldo Victoria destaca la ambición del PFPMCG de crear un modelo climático brasileño, un sistema computacional capaz de realizar sofisticadas simulaciones de fenómenos climáticos. “Para la ciencia, ofrecerle a la sociedad información fidedigna resulta esencial en cuanto a la provisión de un modelo que no sólo sea una imitación de los que existen en otros países, sino que contemple características y datos regionales”, expresa. “La adquisición de la nueva supercomputadora del Inpe, patrocinada por la FAPESP y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, resulta importante para alcanzar ese objetivo. La inversión en proyectos de investigación en varias regiones, tales como la Amazonia, el Pantanal y el Atlántico Sur, ya está aportando datos para abastecer a ese modelo”, dice Reynaldo. Hay incertidumbre acerca del futuro de la Amazonia que la ciencia todavía no ha logrado resolver e interesan al mundo en su conjunto, sostiene el investigador. “Existen estudios que alertan sobre el riesgo se sabanización de la selva y otros que sugieren lo contrario. También hay divergencias sobre el volumen de biomasa que alberga la Amazonia. Estamos abocados a responder preguntas de este tipo”.
Otro aporte de fuste para abonar los debates de la Río+20 está vinculado con la producción sostenible de biocombustibles. “La FAPESP ha promovido investigaciones con miras a aumentar la producción de etanol por hectárea de caña plantada. El desempeño actual es de 75 toneladas por hectárea, aunque estudios recientes revelan que el potencial es de más de 300 toneladas por hectárea y el objetivo de los investigadores es lograr un gran incremento en la producción sin aumentar la superficie agrícola ni competir con la producción de alimentos”, afirma Reynaldo Victoria, refiriéndose a uno de los estudios realizados por el Bioen al respecto del impacto de las mejoras genéticas y las nuevas tecnologías en la producción brasileña.
El físico José Goldemberg, rector de la USP entre 1986 y 1990, y secretario Especial de Medio Ambiente cuando Brasil fue sede de la Río-92, cree que la conferencia podrá traer avances en el compromiso de los países para adoptar fuentes renovables de energía. “En el documento preliminar de la conferencia, hay un artículo de importancia para Brasil. El mismo propone duplicar el porcentaje de energía producida por fuentes renovables, en todo el mundo, para 2030. Pocos lo mencionan, pero la biomasa ya provee más energía a nivel mundial que las centrales nucleares. El ejemplo del etanol brasileño es inspirador. Se puede multiplicar diez veces la producción actual sin afectar la producción de alimentos”, dice Goldemberg, quien brindará una conferencia sobre el tema durante el workshop.
Según Glaucia Souza, del programa Bioen, una de las cinco divisiones del programa se encuentra especialmente configurada para contribuir con la Río+20, aquélla que trata sobre los impactos sociales y económicos de una sociedad basada en la energía producida a partir de la biomasa. “Contamos con grupos de investigadores estudiando modelos económicos capaces de evaluar las modificaciones en el uso de la tierra provocadas por la producción de biocombustibles en gran escala. También hay estudios acerca de los dilemas económicos de la producción de biocombustibles, mapeos agroecológicos e impacto sobre la biodiversidad, por citar algunos ejemplos”, dice. Nuevos conocimientos aparte, ella destaca el potencial de los biocombustibles para el combate contra la pobreza, una de las premisas de la Río+20. “La caña de azúcar contribuye al desarrollo rural, mientras que la agricultura aún reporta pocas utilidades para los productores. La producción de biocombustibles puede agregarle valor al agronegocio, permitiendo, por ejemplo, que el sector genere su propia energía, vendiendo el excedente, contribuyendo al desarrollo regional y a combatir la pobreza”, expresa.
También es muy fuerte la pasión vocacional de los investigadores del programa Biota-FAPESP, que desde 1999 promueve estudios sobre la biodiversidad del territorio paulista, para contribuir con la conferencia de Río. Es reconocida, por ejemplo, la capacidad del Biota para convertir conocimiento en políticas públicas, tales como los datos científicos acopiados por el programa que orientaron la legislación que regula la autorización de corte y supresión de la vegetación autóctona en territorio paulista. También puede resultar de importancia la experiencia en producción de inventarios sobre biodiversidad y en disponer la información en bancos de datos públicos. Carlos Joly, docente en la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), coordinador del Biota-FAPESP y director de Investigaciones y Programas Temáticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), resalta otros avances brasileños impulsados por la investigación científica. “Más allá de toda nuestra tecnología en producción de etanol, que redujo la dependencia de los combustibles fósiles y actualmente constituye un paradigma incluso para camiones y ómnibus en el país, también hemos avanzado en cuanto al biodiesel, en un modelo que puede utilizarse en otras regiones, tales como África y América Central. Disponemos de modelos para ofrecer en gestión de residuos: aunque todavía sean escasos, contamos con vertederos de residuos que se transformaron en áreas de producción de gas. Es verdad que desperdiciamos gas en las zonas de explotación del petróleo. El impacto de la quema del gas por las llamaradas de las plataformas es alto y no poseemos la tecnología para resolverlo”, ejemplifica.
El workshop de los tres programas de la FAPESP contará con la participación de diplomáticos, autoridades, y dos científicos extranjeros. El biólogo Edward O. Wilson, de la Universidad Harvard, uno de los pioneros en alertar sobre la extinción en masa de las especies durante el siglo XX, ofrecerá una videoconferencia. El biólogo Thomas Lovejoy, de la Universidad George Mason, disertará sobre la ciencia de la biodiversidad en el contexto de la Río+20. Fue él, por cierto, quien acuñó el término biodiversidad en los años 1980 (lea en Pesquisa FAPESP, edición Nº 171).
El workshop representa el punto de partida de la articulación de los científicos, que contarán con otras oportunidades para manifestarse hasta la Río+20. También en marzo, se realiza en Londres la Conferencia Planet Under Pressure, que reunirá a científicos, empresarios, autoridades y representantes de organizaciones no gubernamentales para aportar subsidios para la Río+20. Entre los 6.800 investigadores que remitirán trabajos al comité científico del evento, un 40% de ellos proviene del mundo en desarrollo.
Brasil aportó 343 trabajos. En el bloque de los denominados Brics, quedó detrás de la India (531 trabajos), pero superó a China (123), a Sudáfrica (63) y a Rusia (50). El Reino Unido encabeza la lista, con 907 trabajos. “Entre los trabajos brasileños aceptados, hay varios de ellos financiados por la FAPESP, en el campo de las energías provenientes de fuentes renovables, en dinámica socioambiental, clima y meteorología”, dice Patrícia Pinho, investigadora del Inpe y coordinadora científica de la oficina del Programa Internacional Biosfera-Geosfera (IGBP), uno de los organizadores de la conferencia londinense. En el marco del Planet Under Pressure, el Belmont Forum, un grupo de alto nivel que reúne a los principales financistas de la investigación sobre los cambios globales en el mundo, emitirá un llamado a la presentación de propuestas para investigadores de diversas nacionalidades y disciplinas en dos temas claves: seguridad hídrica y vulnerabilidad costera. “Los investigadores paulistas podrán participar de la convocatoria internacional”, dice Reynaldo Victoria. “La FAPESP, que integra el Belmont Forum, invertirá 2 millones de euros en ese llamado, que serán destinados a estudios realizados en el país”, afirma.
Las negociaciones que precederán a la Río+20 cumplirán un rol decisivo. La reunión de la cúpula estará precedida por la última conferencia preparatoria, entre los días 13 y 15 de junio. A continuación, entre el 16 y el 19, se desarrollará un evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Diálogos sobre Desarrollo Sostenible. En total, la conferencia y las actividades preliminares contabilizarán 10 días, algo menos que los 12 días de programa de la Río-92, que se desarrolló del 3 al 14 de junio de 1992. “Por ser rara y ambiciosa, pueden surgir de la conferencia cosas que, en el momento en que suceden, no nos damos cuenta de su real importancia”, declaró al periódico Valor Econômico el embajador André Corrêa do Lago, negociador jefe de Brasil para la Río+20. “Aunque estas conferencias, al trabajar a largo plazo, también suponen un gran grado de incertidumbre. Existen procesos que se truncan por la mitad y otros, que inspiran a toda una generación”.
La Río-92 generó una serie de compromisos que instauraron un marco para las negociaciones internacionales posteriores, tales como las convenciones del clima y de la biodiversidad, además de la Agenda 21 y de los Principios de Río, instrumentos que ayudaron a organizar la acción de gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales, en la búsqueda de una solución para los problemas ambientales. En tanto, el objetivo de la Río+20 es más acotado. En ella se reafirmarán los principios, aunque como novedad, tan sólo podrá originar una reforma en la estructura de las Naciones Unidas, mediante la creación de una agencia especializada en medio ambiente, que sustituirá al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). De todos modos, no hay un consenso al respecto. Los países europeos y algunos africanos apoyan la creación de la agencia. Estados Unidos se opone. “Brasil ha mostrado cierta reticencia, pero sosteniendo que la reunión debería apoyarse en tres grandes pilares, el ambiental, el económico y el social, dando por sentado que la organización reforzaría tan sólo al primero de ellos”, afirma el embajador y ex ministro de Medio Ambiente Rubens Ricupero.
Buenas intenciones
La fortaleza de la Río+20 se demuestra por convocar a jefes de Estado, y no tan sólo a sus representantes, para debatir importantes cuestiones. “No es una conferencia de diplomáticos y ministros defendiendo los intereses de sus países, tal como sucede en las conferencias de las partes del clima y la biodiversidad que ocurren todos los años y suman lentos avances. Se trata de un marco oportuno para los estadistas, que podrán asumir compromisos generales para el futuro del planeta”, dice Carlos Nobre, climatólogo del Inpe, quien se desempeña como secretario de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo del MCTI y es miembro de la coordinadora del Programa FAPESP de Investigación sobre Cambios Climáticos Globales.
El primer borrador del documento de la conferencia, dado a conocer hace dos meses, cuenta con 128 artículos y es pródigo en buenas intenciones y exhortaciones para prácticas sostenibles, pero está cosechando críticas por proponer pocas cosas prácticas. “El tema no es la conferencia, sino el day after. Es preciso generar compromisos que hagan que la conferencia resulte en acciones”, dice el físico José Goldemberg. El denominado “documento cero”, elaborado por una comisión de la ONU que involucró a Estados miembros, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales y grupos políticos, establece compromisos genéricos, sin delimitar metas, aunque será reemplazado por una nueva versión en marzo, luego de incorporar nuevas sugerencias de los países. “Tal como está, el documento se asemeja al de la Río+10, realizado en Johannesburgo en 2002, que tuvo escaso impacto fuera de los medios diplomáticos”, afirma Carlos Joly.
Las posibilidades de éxito de la conferencia dependerán, en gran medida, de la capacidad de las reuniones preliminares para obtener consenso en torno de los indicadores utilizados para delimitar las metas. “La conferencia pude convertirse en una reunión significativa si pasa de la mera retórica para las medidas concretas”, dice Jacques Marcovitch, rector de la Universidad de São Paulo entre 1997 y 2001. Él compara el desafío de la Río+20 con el enfrentado en el 2000 por la ONU al definir los denominados “objetivos del milenio”, un conjunto de ocho metas asumidas por 191 países signatarios en el campo de la erradicación de la pobreza, del acceso a la educación y del combate contra las enfermedades, entre otros. “Luego de mucho tiempo de indecisión, se llegó a un consenso sobre las medidas a adoptar y se logró avanzar para ampliar las bases del desarrollo humano”, afirma Marcovitch. Entre las medidas, el ex rector destaca los índices de eficiencia energética, tales como el uso de energía por índice de crecimiento económico, la utilización de energía por parte del sector privado según el resultado obtenido, el uso de agua y la generación de deshechos. “Me refiero a un conjunto de indicadores que relacionen insumos y resultados”, afirma.
Marcovitch coordinó el estudio intitulado Economía del cambio climático en Brasil: costos y oportunidades, elaborado por un consorcio de instituciones, que identificó las principales vulnerabilidades de la economía y de la sociedad brasileña en relación con los cambios climáticos. Y brindará una charla en el workshop relacionando ese estudio con los desafíos de la Río+20. Carlos Joly, coordinador del Biota, también destaca la necesidad de establecer parámetros, que en el campo de la biodiversidad, deberían referirse a un nivel aceptable de áreas protegidas, tales como parques y reservas, de hábitats preservados, de conectividad en los hábitats fragmentados y de protección para las especies endémicas, entre otros. El documento cero menciona genéricamente la creación de índices y delega a un grupo de trabajo la tarea de definirlos durante los próximos tres años.
Según Joly, el propio concepto de economía verde debería ser mejor definido en la conferencia. “Hace falta una definición más cabal y exacta de lo que es la economía verde y lo que ella involucra, ya que ese es uno de los temas principales”, expresa. El Pnuma, la principal autoridad global sobre medio ambiente de la ONU, define economía verde como “una economía que produce una mejoría en el bienestar de la humanidad e igualdad social, al mismo tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En otras palabras, una economía verde puede ser considerada como aquélla que produce bajas emisiones de carbono, es eficiente en el uso de recursos y socialmente inclusiva”. No reemplazaría al concepto de desarrollo sostenible, sino que sería un camino para alcanzarlo más adelante.
Empero, hay escepticismo acerca del potencial de la economía verde para garantizar un futuro sostenible. “Las innovaciones para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos son fundamentales. Pero eso ya está sucediendo. Y a pesar de esas innovaciones y de los avances que las mismas propician, el uso de recursos y la presión sobre los ecosistemas no han disminuido, sino que aumentaron”, sostiene Ricardo Abramovay, docente de la Facultad de Economía y Administración (FEA) de la USP. Él observa que viene registrándose un desajuste entre el crecimiento de la producción y el uso de materiales y energía. “En 2002, cada unidad del PIB mundial se produjo, en promedio, con un 26% menos de recursos materiales que en 1980”, dice. Sin embargo, lo ganado en eficiencia fue anulado por el crecimiento del PIB mundial. “Pese a la relativa disminución, el consumo absoluto de materiales aumentó un 36%. Para 2020, se estima que el aumento en la productividad por unidad de producto sea contrabalanceado por un consumo casi 50% mayor de materiales, con un impacto devastador sobre el clima y los ecosistemas”, afirma. “Y en la raíz de este aumento en el consumo se encuentra la desigualdad, un tema hasta aquí ausente en la Río+20. No hay progreso técnico que logre equilibrar las cuentas mientras haya tanta desigualdad en el acceso y en el consumo de recursos”.
La elasticidad del concepto otorga margen para las divergencias entre el mundo desarrollado y el que se encuentra en vías de desarrollo. El problema de la transferencia de tecnología es uno de los puntos en discordia. “La economía verde depende de la concepción de nuevas tecnologías. Los países en desarrollo buscan mecanismos transparentes que permitan el reparto o la transferencia de esas tecnologías, pero ese no es el objetivo de los países ricos, mayormente preocupados por las cuestiones ambientales y con la protección de la propiedad intelectual”, dice Carlos Joly. “Los países pobres temen que la definición de parámetros sobre economía verde sirva de argumento para maniobras proteccionistas, con los países ricos diciendo: no compraré sus productos porque su economía no es verde”, explica. El documento cero propone que la economía verde no sea utilizada para erigir barreras comerciales.
No hay garantías de que los científicos logren ejercer una influencia decisiva en el derrotero de la conferencia. A pesar del trabajo del Panel Intergubernamental de los Cambios Climáticos, asegurando la existencia del peligro del calentamiento global, la última conferencia sobre el clima de la ONU, realizada en Durban, optó por postergar la implementación de medidas ya definidas como necesarias (lea en Pesquisa FAPESP, edición Nº 191). “En un contexto de crisis económica, las autoridades tienden a atender los problemas sociales más graves y dejar el resto para más adelante”, sostiene José Goldemberg. Carlos Nobre, del Inpe, recuerda las dificultades experimentadas por el experimento LBA, un programa de investigaciones en la Amazonia, para transformar sus resultados en políticas. “Reflexionamos sobre las razones por las cuales la ciencia generada no lograba incidir en la reducción de los desmontes. Y, más adelante, cuando la tala disminuyó, no logramos establecer si ocurría como resultado del programa o debido al trabajo de algunos científicos”, afirma. El embajador Rubens Ricupero observa una gran influencia de los científicos en el debate ambiental. “El tema recién ha ingresado en la agenda internacional y ha empezado a formar parte de una toma de conciencia de la gente al comienzo de los años 1970, y ello se debe, casi exclusivamente, al resultado de la acción de los científicos”, afirma.
Una perspectiva para la Amazonia
Según Carlos Nobre, uno de los principales aportes de la ciencia brasileña se encuentra en su capacidad para monitorear el desmonte por medio de satélites, aunque se trata de un progreso más técnico que científico. “La disminución de los desmontes ayudó a acreditar a Brasil para ser elegido sede de la conferencia”, recordando que la Río+10, llevada a cabo en 2002, se desarrolló en Johannesburgo y no aquí. Nobre advierte que la ciencia todavía no ha sido capaz de definir un rumbo para la Amazonia que ayude a articular la riqueza de los recursos naturales en forma armónica, permitiendo crear oportunidades de ingresos a partir de los servicios del ecosistema.
En el campo de la agricultura, Nobre observa que la economía verde también exigirá cambios profundos, capaces de tornarla más racional en el uso del agua y la energía. “Paradójicamente, Brasil podría alcanzar con cierta facilidad una agricultura sostenible, pero necesita quererlo”, sostiene, citando como ejemplo al asaí, una fruta amazónica que se ha convertido en un producto global en el lapso de los últimos cinco años, cuyo comercio hoy involucra más dinero que el de la madera. “No hubo una estrategia para eso. El asaí se convirtió en un nicho del mercado mundial, pero la ciencia no hizo nada para que ello ocurriera”. Nobre resalta que el país cuenta con el mayor potencial del mundo en cuanto a biomasa, energía eólica y solar. Con ello, fácilmente podría transformar su modelo de uso de la energía, algo que otros países tienen mayores dificultades para hacer. “Estamos más cerca, aunque otros países lideran la transición. Se están movilizando más”, afirma. “No podemos dormirnos en los laureles. Quién sabe si en 2030 no nos habremos convertido en el país tropical más sostenible y limpio. Pero, para que ello ocurra, la comunidad científica debe creer en eso ahora”.
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