En 2004, dos personas fingieron ser investigadores para poder acceder en varias oportunidades a obras iconográficas de la colección de la Biblioteca Nacional (BN) de Río de Janeiro y hurtaron más de 100 páginas de álbumes de grabados. Al año siguiente, durante una huelga en la institución que se extendió durante tres meses, también se perdieron libros de fotografías y dibujos. Estos delitos nunca fueron completamente esclarecidos por la policía, aunque algunos de los objetos pudieron recuperarse en casas de subastas y colecciones privadas. El robo a la colección de la BN forma parte de una estructura multimillonaria: el tráfico ilegal de bienes culturales. El proyecto “NETwork and digital platform for cultural heritage, enhancing and rebuilding”, financiado por la Unión Europea, estima que esta red delictiva mueve de 3.000 a 15.000 millones de dólares por año en todo el mundo. A finales de mayo, debido a su creciente interés en los debates y acciones vinculados con la protección del patrimonio cultural, Brasil ha pasado a ser miembro, por primera vez, del Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), considerado uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales para la protección de los bienes culturales. Compuesto por representantes de 18 países, electos por un período de cuatro años, dicho Comité es el órgano ejecutivo de la Convención de 1970, que se encarga de su implementación y seguimiento.
En la última década, las discusiones en el seno de la Unesco han apuntado al establecimiento de parámetros éticos para el mercado internacional de bienes culturales. “El objetivo ha sido establecer definiciones conjuntas sobre qué tipo de objetos con valor histórico pueden o no comercializarse en casas de subastas o entre coleccionistas”, dice el historiador Bruno Zetola, diplomático de Itamaraty, tal como se lo conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, responsable de los temas culturales en la delegación de Brasil en la Unesco. En un debate que ha estado signado por posiciones polarizadas, naciones como México han adoptado una postura radical y sostienen que la venta de antigüedades es una práctica reñida con la ética por su propia naturaleza. Los mexicanos consideran que los certificados de procedencia emitidos por las casas de subastas son insuficientes como para garantizar la venta legal de bienes, dado que las piezas pueden haber sido robadas de su territorio original en algún momento del proceso de comercialización. “En este debate, Brasil se ha caracterizado por mantener una postura moderada, aduciendo que la lucha contra el tráfico de bienes culturales no es incompatible con el mercado del arte y las antigüedades”, añade el diplomático. Asimismo, según Zetola, mientras que los países europeos tienden a separar las acciones destinadas a combatir el comercio ilícito de otras vinculadas con la repatriación de bienes, Brasil está elaborando estrategias para el abordaje conjunto de ambos problemas. “Estas dos posiciones han contribuido para el ingreso del país al Comité de la Convención de 1970”, analiza el diplomático. Según él, la Unesco cuenta con un total de cinco comisiones abocadas a la protección del patrimonio cultural de la humanidad.
Hoy en día, el mayor saqueo de bienes culturales brasileños reside en el robo de fósiles (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 301), como así también de objetos sagrados y libros y documentos antiguos y raros, afirma Zetola. “En general, los fósiles van a parar a otras naciones debido a intereses científicos, mientras que las páginas de libros y documentos raros cotizan a un alto precio en las subastas. Ninguno de estos artículos suele estar catalogado, y los mismos pueden manipularse fácilmente, lo que dificulta el control de los robos y la venta ilegal”, dice el diplomático. Y explica que, para poder ser amparados por la Convención, es necesario que exista un inventario de estos bienes en alguna institución cultural, museológica o de investigación, algo que no ocurre, por ejemplo, con los fósiles extraídos de los yacimientos arqueológicos de manera ilegal. Pese a ello, la jurista Anauene Dias Soares, experta en obras de arte acreditada por la Agencia Federal de Ingresos de Brasil, aclara que la protección de los fósiles está prevista en los artículos 215 y 216 de la Constitución Federal. “Los fósiles son bienes públicos y, por lo tanto, inalienables, no pueden estar en posesión ni ser propiedad de ningún otro Estado que no sea Brasil”, explica.
La Convención de 1970 se aplica a elementos extraídos de su lugar de origen a partir de aquel año, no es de carácter retroactivo, por ende, no abarca años precedentes. “Para los países que fueron colonizados, esta es una situación compleja”, analiza el diplomático. Esto sucede porque la Convención no contempla la transferencia de propiedad de numerosos objetos culturales indígenas, africanos y asiáticos que han sido retirados en contextos coloniales (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 295). Este es el caso, por ejemplo, de los únicos seis mantos tupinambás del siglo XVI que se conservan en la actualidad. Objeto de codicia de instituciones museológicas, estas piezas se encuentran actualmente en museos de Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza.
Aunque no haya surgido a partir de un tratado internacional, como la Convención de 1970, el Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno del Patrimonio Cultural a sus Países de Origen, creado en 1978, apoya a los Estados miembros en la resolución de litigios relacionados con casos de devolución o restitución de bienes culturales. “Este organismo se ocupa de los objetos culturales perdidos como resultado de una ocupación extranjera o colonial, o bien tras un robo cometido antes de la entrada en vigencia de la Convención de 1970. Su misión es ofrecer recomendaciones y facilitar las negociaciones entre países fomentando la suscripción de acuerdos”, informa Isabel de Paula, coordinadora del área de Cultura de la Unesco en Brasil. Con base en las actividades de este comité, por ejemplo, en enero de 2020 Alemania le devolvió a Venezuela la piedra Kueka, que la comunidad indígena local Pemón considera sagrada. El objeto había sido llevado a Berlín antes de 1970 para su exposición en una muestra y no regresó al país latinoamericano. Desde 1998, se la exhibía en el parque Tiergarten de la capital alemana. “Más allá de los mecanismos normativos multilaterales, los países suelen promulgar leyes nacionales o establecer acuerdos bilaterales, centrados en una actuación conjunta para combatir el comercio ilegal. Brasil, por ejemplo, posee acuerdos bilaterales con países como España, Perú y Bolivia”, informa De Paula.
Brasil ocupa el 26º puesto en la lista de las naciones con mayor índice de robos y baja tasa de recuperación de estos artículos. Además de las aduanas, el Ministerio Público y la Marina, dos organismos públicos son los responsables principales de autorizar y controlar la circulación de objetos culturales: el Instituto Brasileño de Museos (Ibram), para las obras de arte musealizadas, es decir, que forman parte de las colecciones de museos y que fueron producidas o introducidas en Brasil hasta 1889; y el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), para las piezas arqueológicas, obras de arte, documentos y libros producidos o introducidos en Brasil hasta 1889. En el caso de los bienes paleontológicos, Hermínio Ismael de Araújo Júnior, presidente de la Sociedad Brasileña de Paleontología (SBP), explica que, actualmente, ningún organismo brasileño controla la circulación y el transporte de estas piezas en el país. “Esta es una de nuestras fragilidades legales”, dice. Según él, las investigaciones científicas y los trabajos de campo realizados con fósiles en Brasil deben ser informados a la Agencia Nacional de Minería (ANM). En cuanto al perfil de las piezas bajo su responsabilidad, el Iphan registra actualmente la desaparición de 1.700 artículos, en su mayoría objetos sagrados, tales como crucifijos y coronas, que representan el 48 % del volumen total.
Sin embargo, la lista de piezas perdidas podría ser bastante mayor. La bibliotecaria Daniela Eugênia Moura de Albuquerque, quien desarrolla un doctorado en Ciencias de la Información en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), explica que en su inventario de objetos extraviados el Iphan solamente contabiliza las piezas patrimoniales registradas. “Además, su banco de datos no se actualiza desde 2018 y registra lagunas en la carga de metadatos claves para la identificación de los objetos perdidos, entre ellos el peso, la altura y la autoría de algunos bienes culturales”, dice la investigadora. En su investigación, Moura de Albuquerque pudo constatar que, desde 1990, han podido recuperarse 131 de los bienes desaparecidos catalogados por el Iphan, en su mayor parte obras de arte sacro de Río de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais y Ceará. “Tan solo ocho estados se han beneficiado de estas recuperaciones”, dice.
Otro problema es la falta de conocimiento de la sociedad acerca de la importancia de preservar el patrimonio cultural, opina Moura de Albuquerque. “La gente se moviliza cuando es consciente de la importancia de las piezas perdidas. Esto ayuda a desalentar los robos y colabora con la devolución de los bienes de los que han sido objeto de pillaje”, afirma. En su investigación doctoral, analiza el caso de la Iglesia Matriz de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, en Petrolina (Pernambuco), construida entre 1858 y 1860, origen del asentamiento urbano del municipio. La iglesia tenía una imagen de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, patrona de la ciudad, que fue sustraída en 1970. “El acontecimiento generó gran conmoción social, lo que impulsó a las autoridades políticas y policiales a aunar esfuerzos en la búsqueda de la imagen de la Virgen”, relata la investigadora. La iglesia incluso llegó a fabricar una réplica para intentar aplacar la desazón de la población, pero la gente no se conformó y la presión popular continuó. En 1980, la imagen fue hallada en poder de un coleccionista privado en el estado de Alagoas, que, aunque alegó desconocer su origen ilícito, fue detenido e investigado.
En Brasil, uno de los primeros registros de una obra desaparecida se relaciona con la colección de la BN. La institución, depositaria del patrimonio bibliográfico y documental del país, fue creada a partir de las colecciones de la Real Biblioteca de Portugal y en la actualidad alberga más de 9 millones de artículos. El biblioteconomista Alex da Silveira, coordinador de la Fundación Biblioteca Nacional (FBN), descubrió que en 1884, fray Camilo de Montserrat (1818-1870), uno de los primeros directores de la BN, registró la desaparición de la primera edición de la obra Marília de Dirceu, escrita por el poeta Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810). El libro fue impreso en Lisboa, en 1792. La colección de la BN, que incluye rarezas como la Biblia de Maguncia –un ejemplar impreso en 1462 por Johannes Gutenberg (1400-1468)–, siempre ha estado en la mira de los coleccionistas y comerciantes de obras de arte. “Todas nuestras colecciones son objeto de codicia de algún tipo de coleccionista. Por ejemplo, las primeras ediciones de revistas de historietas le interesan a un perfil específico de comprador, mientras que los libros raros, las ediciones especiales, el material cartográfico y los documentos manuscritos pueden venderse en casas de subastas de todo el mundo”, informa.
En cuanto a los robos mencionados al comienzo de este reportaje, registrados en 2004 y 2005, Da Silveira comenta que parte de la colección fotográfica que se perdió formaba parte de la colección de la emperatriz Teresa Cristina (1822-1889), donada por el emperador Pedro II de Brasil (1825-1891) e incluida por la Unesco en el Programa Memoria del Mundo. Los artículos seleccionados para formar parte de este programa de la Unesco se consideran como Patrimonio de la Humanidad. La conciencia de la gravedad de estos hechos llevó a la institución a colaborar más estrechamente con la Policía Federal. El trabajo conjunto permitió recuperar algunos de los objetos robados, entre los que se cuentan dibujos de los artistas alemanes Friedrich Hagedorn (1814-1889) y Johann Moritz Rugendas (1802-1858) y del pintor y dibujante brasileño José Wasth Rodrigues (1891-1957), identificados en una subasta del martillero Leone (1934-2016), como así también grabados de Emil Bauch (1823-1874), Louis Buvelot (1814-1888), Gustave Moreau (1826-1898) y dibujos de Franz Keller-Leuzinger (1835-1890). Los dibujos de Keller-Leuzinger y un grabado de Moreau se encontraron en la colección Brasiliana de Itaú Cultural, en São Paulo. Las obras fueron localizadas a partir de cartas escritas en 2017 por Laéssio Oliveira, conocido como “el mayor ladrón de libros raros de Brasil”, en las que confesaba el robo. Las obras habían sido vendidas al coleccionista Ruy Souza e Silva y posteriormente adquiridas por Itaú Cultural. La historia de Oliveira, que fue encarcelado en varias oportunidades, se relata en el documental Cartas para um ladrão de livros [Cartas a un ladrón de libros], de 2018, dirigido por Carlos Juliano Barros y Caio Cavechini.
El robo y hurto de objetos en espacios de preservación públicos y privados, el saqueo de objetos y obras de arte durante las conflagraciones armadas y ocupaciones militares, la exportación e importación ilegal de objetos y el tráfico de bienes culturales auténticos o falsificados son considerados una de las actividades principales del comercio ilegal, comparable a la venta de drogas y armas. En 2020, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), incautó más de 854.000 objetos culturales que circulaban ilegalmente en todo el mundo, incluyendo piezas de numismática (monedas, billetes y medallas), pinturas, esculturas, objetos arqueológicos y bienes bibliográficos. Más de la mitad de estos artículos fueron localizados en Europa. Entre 2019 y 2020, Interpol también detectó un aumento de las excavaciones ilegales en África (un 32 %), América (un 187 %) y, principalmente, en Asia y el Pacífico Sur (un 3.812 %). “Estos robos están generando una dilapidación del patrimonio cultural en todo el mundo, incluyendo a Brasil”, advierte el historiador Rodrigo Christofoletti, de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), quien explica que los bienes culturales pueden ser comercializados por bandas avezadas en el mercado de las artes, pero también por comunidades cuya supervivencia depende de la venta de artículos obtenidos en excavaciones ilegales.
Hay un tercer perfil que involucra a organizaciones mafiosas y terroristas, que negocian con estos objetos para lavar dinero o financiar actividades delictivas. Según el informe anual de 2020 de la Unesco, la organización Estado Islámico comenzó a utilizar redes sociales como Facebook, en 2011, para comercializar objetos saqueados en Siria e Irak, y así poder financiar la expansión de sus actividades. Debido a este tipo de prácticas, la red social prohibió en 2020 el comercio de objetos históricos a través de su plataforma. La Resolución nº 2.347 del Consejo de Seguridad de la ONU, creada en 2017, reconoció formalmente la existencia de un vínculo entre el terrorismo y el tráfico de bienes culturales.
“El destino de gran parte de los bienes traficados suelen ser los grandes mercados del arte de los países occidentales, principalmente Estados Unidos y las naciones europeas”, dice De Paula, de la Unesco. Según ella, algunas regiones de ingresos medios, como Brasil, México y Turquía, pueden ser tanto origen como destino de esas piezas, debido a la presencia de un número considerable de coleccionistas y comerciantes. Además, estos lugares también suelen ser la ruta de paso entre los países de origen y destino. “Los bienes que han sido objeto de pillaje pueden venderse a coleccionistas privados. Sin embargo, a menudo acaban siendo adquiridos inadvertidamente por instituciones culturales y de investigación, lo que ha dado lugar a varios acuerdos de devolución y restitución a las entidades o países de origen”, dice De Paula. Este es el caso, por ejemplo, de las obras robadas halladas en la colección de Itaú Cultural, que fueron devueltas a la BN, tras comprobarse su origen ilícito.
Con base en una investigación sin precedentes realizada en Brasil por el Consejo Internacional de Museos (Icom), se elaboró una Lista Roja o Red List, que enumera los tipos de objetos expuestos a un mayor riesgo de tráfico, mediante un catálogo que incluye fotografías y detalles de cada uno de ellos. Objetos de arte sacro, fósiles, mapas, libros raros y piezas etnográficas se cuentan entre los artículos de mayor demanda, según Soares, de la Agencia Federal de Ingresos de Brasil y una de las autoras del trabajo. La jurista, quien cursa su doctorado en la Universidad de Brasilia (UnB), explica que las piezas se incluyen en la Lista Roja a partir de algunas especificaciones. “Tienen que ser objeto de interés de los mercados internacionales y contar con protección jurídica tanto a nivel internacional como en Brasil, además de correr riesgo de ser objeto del comercio ilegal”, especifica. El Icom ha venido publicando listas rojas desde el año 2000, que clasifican categorías de bienes culturales en riesgo en todo el mundo. Una de las novedades de la edición brasileña, según la letrada, son las piezas bibliográficas, etnográficas y los objetos de arte sacro africano. “Cuando se extravían los bienes culturales de una nación, parte del patrimonio cultural de esos países también se pierde”, concluye Soares.
Artículos científicos
CHRISTOFOLETTI, R. y ACERBI, V. S. Brazil on the circuit of international cultural relations: Return and devolution of ethnographic goods. En: CHRISTOFOLETTI, R y OLENDER, M. World Heritage Patinas: Actions, Alerts and Risks. Springer International Publishing, 2021.
SOARES, A. D. y VILLARROEL, E. I. Brazil’s International Cultural Heritage Obligations and the Potential Use of Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Illicit Trafficking Disputes. Santander Art and Culture Law Review, 2021.
Libro
BARDON, A. 50 anos de luta contra o tráfico ilícito de bens culturais. Unesco – Biblioteca Digital, 2020.
Informes
False trades: uncovering the scale and scope of trafficking in cultural property: Knowledge gaps and future directions for research. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), 2022.
Questions and Answers on the illegal import of cultural goods used to finance terrorism. Unión Europea, 2017.