La Noaa, la agencia federal estadounidense para meteorología, océanos, atmósfera y clima, dio a conocer el pasado mes de diciembre su política de integridad científica, que llamó la atención por garantizar a los científicos del organismo el derecho de hablar libremente con la prensa. En 2006, el Departamento de Comercio, al cual se encuentra vinculada, le impidió al organismo divulgar un informe sobre el calentamiento global y su incidencia en la frecuencia y violencia de los huracanes, aduciendo que el informe era “demasiado técnico”.
En realidad, el tema de los efectos negativos del calentamiento global era un punto álgido políticamente, dada la resistencia del gobierno de George W. Bush por tomar medidas destinadas a la reducción de las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero. En el mismo año, otra agencia estadounidense, la Nasa, estuvo involucrada en un caso similar de censura. Un funcionario del área de relaciones públicas fue acusado de intentar restringir el contacto de los periodistas a James Hansen, el principal experto en cambio climático de la agencia espacial estadounidense. En esa época, éste afirmó que la campaña de censura comenzó luego de haber realizado un discurso en el cual pedía la rápida reducción de los gases responsables por el calentamiento global. Según el blog Careers, de la revista Science, la política de integridad de la Noaa afirma que los científicos de la agencia “pueden hablar libremente con los medios y con el público en general acerca de los descubrimientos científicos y técnicos basados en su trabajo oficial”. Y agrega que ellos son “libres para exponer puntos de vista, por ejemplo, sobre aspectos políticos y administrativos que se extiendan más allá de sus descubrimientos científicos, incorporando opiniones personales o especializadas”. Siempre y cuando dejen claro que no están hablando en nombre de la agencia. “Una autoridad de la Noaa no puede, bajo ninguna circunstancia, solicitar que los científicos supriman o alteren sus hallazgos”.
El documento de la Noaa determina que las decisiones del organismo se tomen basándose en la “mejor ciencia posible”. Establece reglas para la declaración de conflicto de intereses y crea instrumentos de protección tanto para quien realiza denuncias sobre mala conducta científica de buena fe como para investigadores que se declaran inocentes en el proceso de investigación.
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