CATARINA BESSELUn conjunto de modificaciones en la carrera docente en las universidades federales, que comienzan a regir al comienzo de este mes, provocó ásperas reacciones en la comunidad científica y en parte de las entidades representativas de los docentes. El blanco de las críticas es la ley nº 12.772/ 2012, sancionada por la presidenta Dilma Rouseff el día 28 de diciembre como resultado de un acuerdo entre el gobierno federal y la Federación de Sindicatos de Profesores de Instituciones Federales de Educación Superior (Proifes-Federación) suscrito luego de la huelga que paralizó a las universidades federales el año pasado. Aunque las motivaciones estaban relacionadas con los sueldos de los docentes ‒que serán reajustados en un promedio de un 16% durante 2013‒, la nueva ley modifica puntos estructurales de la carrera que estaban vigentes desde abril de 1987. “Esa ley no debería entrar en vigor, ya que lesiona el propio concepto de universidad”, sostiene Helena Nader, docente de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), quien en febrero le transmitió a la presidenta Rousseff la insatisfacción de la comunidad científica en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Los críticos argumentan que la ley puede desalentar la investigación en las universidades federales y tornar inviable la captación de grandes talentos para la carrera académica, puesto que el ingreso docente en las universidades federales solamente podrá ocurrir en el primer nivel, como profesor auxiliar, independientemente de los títulos del docente, y la progresión entre un nivel y otro de la carrera pasa a exigir un intervalo de 24 meses. Según la nueva ley, las universidades federales pasan a contar con dos tipos de profesores titulares. Uno es el titular de carrera, quien, más allá de poseer doctorado, necesita transitar los peldaños de la vida académica. Otro, es el titular libre, estipulado para quien ya computa al menos 20 años de doctorado y desea ingresar en una universidad federal.
Para ilustrar el problema, la prorrectora de Posgrado e Investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Debora Foguel, describe un caso paradigmático, que, según teme, puede tornarse recurrente. Recientemente, la UFRJ recibió la visita de Cedric Villani, un joven matemático francés que en 2010 obtuvo la codiciada Medalla Fields, concedida por la Unión Internacional de Matemática. Villani logró el título de doctor en 1998. Si se lo invitara a ingresar en la UFRJ, debería entrar como auxiliar 1. Como no cuenta con 20 años de doctorado, tampoco estaría habilitado para ser profesor titular libre. “Eso traerá aparejados problemas, puesto que estamos trayendo a varios investigadores destacados en el marco del programa Ciencia sin Fronteras. A ellos tenemos para ofrecerles vacantes de profesor auxiliar. En la hipótesis de querer traer a Cedric Villani, yo no tendría valor para realizarle semejante invitación”, declara Foguel. En opinión de Helena Nader, la antigüedad del doctorado no supone un vínculo directo con la idoneidad. “Alguien puede llevar cinco años de doctorado y poseer las condiciones como para ser profesor titular”, explica.
La ley también veta la apertura de concursos específicos para los escalafones de auxiliar, asistente y adjunto. Aunque el aprobado cuente con título de doctor, el ingreso será como auxiliar y, transcurridos tres años de período de prueba, obtiene el nivel de adjunto. La promoción, sin embargo, podría acelerarse según los títulos del profesor, esto es, maestría o doctorado. El presidente de la Proifes-Federación, Eduardo Rolim, explica que la razón de ello se basa en acuerdos con el Tribunal de Cuentas de la Unión, que impiden el ingreso de personal en el medio de la carrera. “Eso sucedió hasta ahora porque nuestra carrera data de 1987, anterior a la Constitución de 1988”, agrega.
El malestar de las sociedades científicas se profundizó en agosto, cuando el Palacio de Planalto ‒sede del gobierno nacional‒ presentó el proyecto que originó la ley. Su texto también generó polémica entre las entidades sindicales. En esa ocasión, luego de la reunión entre los representantes de los ministerios de Planificación y de Educación, con tres entidades docentes, dos de ellas ‒el Sindicato Nacional de Docentes de Instituciones de Educación Superior (Andes-SN) y el Sindicato Nacional del Personal Federal de la Educación Básica, Profesional y Tecnológica (Sinasefe)‒ no suscribieron el acuerdo, entre otros motivos, por considerar que el proyecto desestructuraba la carrera docente. En noviembre, mientras el proyecto se debatía en la Cámara de Diputados, la SBPC y la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) divulgaron un manifiesto en el cual sostenían que algunos aspectos de la propuesta podrían generar “graves dificultades, problemas y, por qué no decirlo, un retroceso para las universidades federales brasileñas, fundamentalmente en lo atinente a la calidad de la investigación”.
El nuevo texto establece que los concursos exigirán por lo menos el título de grado, pero no esclarece si las instituciones podrán continuar restringiendo el llamado a concurso tan sólo para candidatos con título de doctor, tal como lo hace hoy la mayoría. “Los docentes que ingresan en las universidades federales sin título de doctor, muy difícilmente logren tal título en el transcurso de su carrera”, afirma Debora Foguel. Las universidades pretenden seguir exigiendo en sus concursos que los candidatos cuenten con título de doctor. “Pero confieso que temo que tal estrategia sea objeto de denuncias ante la Justicia por parte de los concursantes”, analiza la profesora de la UFRJ, una institución en la cual tan sólo un 20% de los docentes no son doctores.
Las modificaciones en los reglamentos obligarán a algunas universidades a cancelar, de apuro, convocatorias a concurso ya en marcha. Según opina Helena Nader, uno de esos concursos tenía como candidato a un experimentado profesor que se postulaba al cargo de titular en la Unifesp. Al enterarse de la cancelación del llamado a concurso y de las nuevas condiciones para ingresar en la universidad, éste prefirió retirar su postulación. “La universidad debe generar nuevos conocimientos, y no tan sólo transmitir datos”, analiza la presidenta de la SBPC. Para la profesora del departamento de Ciencia Política de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP, Elizabeth Balbachevsky, las universidades federales pueden perder la oportunidad de traer de regreso a brasileños que realizan investigaciones en países que actualmente padecen la crisis económica. “¿Creen que un profesor que trabaja en la Universidad Stanford, en California, volverá aquí para ser profesor auxiliar?”, indaga Balbachevsky.
La ex secretaria Nacional de Educación Superior y docente de la carrera de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), Maria Paula Dallari Bucci estuvo presente en el comienzo de los debates sobre algunos conceptos incluidos en la ley, cuando, todavía trabajando en el MEC, condujo un trabajo conjunto con la Asociación Nacional de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior (Andifes) para implementar la autonomía en las universidades federales. La ley nº 12.772, según ella, debe leerse con atención, teniendo en cuenta artículos innovadores que no se mencionan en las discusiones. En el artículo 21º, por ejemplo, que establece lo que está permitido en el régimen de dedicación exclusiva, existe un punto que, según ella, beneficia directamente a la investigación en las universidades federales: la retribución, con carácter eventual, por trabajo prestado en el marco de proyectos institucionales de investigación y extensión. Otro punto recordado por la profesora es la reglamentación del período probatorio. “El profesor que concursó no tiene permanencia garantizada. Se evalúa su desempeño y eso evita el quietismo. Es una de las pocas leyes brasileñas que lo contemplan”, afirma. Al artículo 26º también lo considera importante ‒junto con el mecanismo de reposición automática de docentes jubilados, fallecidos o retirados, creado en 2007‒, pues instituye una comisión para la formulación y seguimiento de la política del personal docente. “La ley permite la administración del cuerpo docente por parte de la universidad, de acuerdo con su propio proyecto. Cada universidad posee su proyecto, sus desafíos y dificultades”, concluye Dallari Bucci.
El vicepresidente del Sindicato Nacional de Docentes de Instituciones de Educación Superior (Andes-SN), Luiz Henrique Schuch, rechaza la afirmación de la ex secretaria del MEC al respecto de que la ley amplía la autonomía universitaria. “La nueva ley delega en el ministerio el establecimiento de directrices que todavía no fueron definidas”. Esto configura, según Schuch, una afrenta a la autonomía, toda vez que el desarrollo de la carrera debería definirse en el ámbito institucional.
Otra novedad está en el fin de la limitación del 10% de profesores titulares en los cuerpos docentes universitarios. Cualquier docente, con la categoría de profesor asociado 4, con título de doctor, podría disputar su ascenso a titular, independientemente de la existencia de vacante. “Sin esa limitación, será más fácil atraer a profesores calificados provenientes del exterior y desarrollar el posgrado en universidades más jóvenes”, dice Rolim.
Sin embargo, Elizabeth Balbachevsky observa en el caso brasileño un movimiento contrario a la tendencia mundial de permitir que la universidad desarrolle su propio plan de carrera. La profesora participó en un estudio internacional que evaluó, entre 2005 y 2007, el impacto de la globalización en la profesión académica en 19 países de todos los continentes. El estudio revela que, tradicionalmente, la organización de la profesión en las universidades oscila entre dos grandes tipos ideales: el del mercado académico, en la experiencia estadounidense, y el modelo estatal. El primero se caracteriza por una alta movilidad, donde la institución negocia condiciones específicas de contratos, cuando está interesada en atraer a determinados profesionales. Esa situación tiende a crear una intensa movilidad de profesionales en todos los niveles de carrera, puesto que, conforme el profesor madura, adquiere mayor capacidad para negociar condiciones específicas con las instituciones que se interesan por él.
Ése es el secreto del dinamismo del sistema universitario de Estados Unidos, dice la profesora, ya que para una institución es relativamente fácil crear competencia en áreas emergentes de la investigación, contratando a algunos científicos de renombre y experiencia en el tema que dirijan la formación de nuevos laboratorios y grupos de investigación. “Un profesor recién formado no reunirá condiciones como para captar recursos para proyectos más ambiciosos ni el liderazgo necesario como para proponer una agenda de investigación relevante”, pondera.
En el segundo modelo, al académico se lo contrata como empleado público, y de ahí proviene su estabilidad, lo cual tiende a propiciar el establecimiento del investigador en una institución muy pronto. Tal modelo era muy común en los países europeos. Asimismo, en distintos países, la estructura de acceso a diferentes etapas de la carrera, especialmente en el puesto de profesor titular, tendía a promover la movilidad de los docentes, especialmente de los más ambiciosos, interesados en progresar en su carrera. Durante las últimas décadas, ese concepto de plan de carrera perdió ímpetu en Europa, donde, desde finales de los años 1980, ya se identificaba una capacidad de respuesta limitada ante las crecientes demandas de la sociedad, donde la competitividad de la economía depende de la capacidad para mantener el liderazgo en la innovación (obsérvese el mapa). Entre los países emergentes, China también introdujo reformas importantes en la carrera académica, tornándola más flexible, explica Balbachevsky. “Para China, la reforma de la educación superior es crucial para la estrategia del país de transformar el modelo de inserción en el mercado internacional basado en el bajo costo de la mano de obra en otro basado en ventajas competitivas creadas por la capacidad de innovación de las industrias chinas”, dice.
El Ministerio de Educación (MEC) defiende la nueva ley, pero admite que podrían debatirse algunos puntos. Mediante una nota, la Secretaría de Educación Superior del MEC afirmó que “algunos de los asuntos referentes a la estructuración del Plan de Carreras y Cargos del Magisterio Federal están siendo tratados por el MEC directamente con las universidades”. Incluso, según el ministerio, el objetivo de la ley consiste en revalorizar la dedicación exclusiva y la titularidad de los docentes. En enero, una nota técnica divulgada por el MEC intentó esclarecer al menos un apartado de la ley. Según ese documento, más allá de la exigencia del diploma de grado, las instituciones podrán solicitar en los concursos otros requisitos, tales como la presentación de títulos de posgrado, de acuerdo con el interés de la universidad.
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