La National Science Foundation (NSF), la principal agencia de fomento de la investigación básica en Estados Unidos, contrató a un grupo independiente que asesora al gobierno estadounidense en temas de seguridad para revisar un tema delicado: el riesgo de que gobiernos extranjeros se apropien ilegalmente de las informaciones científicas producidas en laboratorios y universidades del país, sacando provecho de un contexto en el que las colaboraciones internacionales cada vez son más frecuentes y la presencia de talentos provenientes del exterior es significativa. Los resultados fueron dados a conocer en el mes de diciembre, en un informe elaborado por un panel de investigadores de 10 instituciones, abogados y representantes de los organismos de inteligencia.
De acuerdo con el documento, intitulado “La seguridad de la investigación básica”, el riesgo es concreto y se debe investigar a los científicos que ocultaron sus lazos con gobiernos extranjeros y sancionarlos por mala conducta. “Hay casos comprobados que justifican las preocupaciones y la necesidad de intervenir”, se advierte en el informe, que apunta las maneras más usuales mediante las cuales los gobiernos extranjeros pueden tener injerencia en el rumbo de las investigaciones realizadas en Estados Unidos: presionando u ofreciendo recompensas para que un investigador adopte comportamientos irregulares, omitiendo informar las instituciones que los financian, conflictos de interés o bien robando propiedad intelectual.
Una investigación que llevaron a cabo el año pasado los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que patrocinan la investigación biomédica en Estados Unidos, identificó a 180 científicos extranjeros que trabajan en instituciones del país, en su mayoría chinos y también de otros países, tales como Rusia e Irán, que ocultaron que reciben ayuda de gobiernos e instituciones extranjeras con las cuales mantienen colaboraciones. Esos vínculos no fueron declarados en las solicitudes de financiación, pero figuran en los artículos científicos resultantes de las investigaciones patrocinadas. Se hallaron indicios de que algunos de esos científicos estaban realizando sus investigaciones simultáneamente en dos laboratorios diferentes –uno en Estados Unidos y otro en su país de origen– sin que eso se supiera. “Los directivos de las universidades nos dijeron que quedaron sorprendidos y pasmados, pues no tenían ni idea que sus empleados pasaban meses trabajando en otra institución”, le dijo Michael Lauer, uno de los responsables de la investigación de los NIH, a la revista Science. “Detectamos que un investigador recibió 5 millones de dólares de una universidad china para invertir en una startup y no le informó de ese vínculo a nadie, ni a nosotros ni a la universidad estadounidense que le daba empleo”.
Una investigación del FBI también detectó violación del secreto en el proceso de revisión por pares. El contenido de ciertos proyectos de investigación en proceso de evaluación fue compartido en forma irregular con colegas del exterior por un científico asiático del M.D. Cancer Center, en Houston. Ese caso y otro similar en la Universidad Emory, en Atlanta, salieron a la luz y derivaron en el despido de cinco investigadores extranjeros.
El informe solicitado por la NSF sugiere a investigadores y universidades estadounidenses que, antes de enfrascarse en una colaboración, evalúen con detenimiento las posibles consecuencias negativas para la seguridad del país o para la competitividad de la economía, haciendo hincapié en conocer a todos los colaboradores que intervienen en el proyecto y en establecer reglas claras acerca de la difusión de resultados.
No obstante, el panel rechaza abiertamente una idea que viene ganando cuerpo en Estados Unidos: la de imponer obstáculos adicionales a las colaboraciones y al intercambio de informaciones científicas en nombre de la seguridad nacional. Y esto es así, según los autores, porque los beneficios de la atracción de los mejores talentos extranjeros y de las colaboraciones internacionales son claves para el éxito del sistema de investigación e innovación del país. La NSF pidió respuestas específicas para ese tema: ¿habría áreas de la investigación básica que deberían controlarse mejor? Si así fuera, ¿qué tipo de control habría que introducir? Según se desprende de las conclusiones del informe, no es viable ni aconsejable imponer más restricciones de las que ya fueron establecidas por una ley en 1985, según la cual existe un cierto tipo de investigación de carácter sensible para la seguridad, por lo general en el área de defensa, que debe estar protegida por secreto, mientras que la restante debe ser abierta y compartirse.
Hace años que esa directriz es objeto de críticas, toda vez que el intercambio libre del conocimiento producido en instituciones estadounidenses está visto como un incentivo para el avance de China como potencia científica rival a nivel global sin ofrecer ninguna contrapartida. La estrategia china consistente en repatriar científicos que se formaron y radicaron en Estados Unidos intensificó todavía más la desconfianza, induciendo a las agencias públicas de apoyo a la investigación a evaluar el comportamiento de los investigadores extranjeros y a identificar bieses, tales como la omisión de vínculos y la ruptura del secreto profesional en los procesos de revisión. “Cuando este tipo de mala conducta estratégica no se combate se dañan los valores científicos esenciales, tales como la apertura y transparencia, la integridad y confianza, la justicia e igualdad de condiciones para todos, la confidencialidad de la revisión por pares y un ambiente acogedor para estudiantes y colegas, independientemente de sus orígenes y etnias”, escribió Alan Leschner, presidente interino de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, según su sigla en inglés), en el editorial publicado en la revista Science. “Consecuentemente, el clima para las colaboraciones científicas podría tornarse mucho más restrictivo”.
En 2010, el entonces presidente Barack Obama emitió un decreto creando una nueva categoría de información, “no secreta, pero controlada”, que de acuerdo con el informe, generó confusión en el ambiente académico. Proyectos de ley en trámite en el Congreso estadounidense proponen ampliar las restricciones. En los próximos meses, comenzarán a funcional dos organismos de consulta, uno con sede en la Casa Blanca y otro en las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, creados para debatir cómo administrar las interacciones de investigación con los gobiernos extranjeros. La NSF encargó el estudio para encauzar sus políticas y ayudar a demarcar los ejes del debate. “Estamos totalmente comprometidos en trabajar con nuestros colaboradores para hallar un equilibrio entre la expansión de la comunidad científica global y la definición de políticas protectoras para la investigación en Estados Unidos”, explicó la astrofísica France Córdova, directora de la agencia.
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