de Río de Janeiro
UN PHOTO / MARK GARTENBan Ki-Moon y Dilma, luego del anuncio del documento finalUN PHOTO / MARK GARTEN
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio, aprobó un documento final que, aunque haya sido capaz de evitar retrocesos, estuvo lejos de avanzar con la misma velocidad con que lo hacen los problemas ambientales del planeta. El informe aprobado por los 190 jefes de Estado o sus representantes, que consta de 53 páginas y se titula El futuro que queremos, dejó la definición de las cuestiones importantes para el año que viene, cuando comenzarán a delinearse los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con metas para el agua, las ciudades, la energía y los océanos. Si el debate prospera, los objetivos entrarán en vigencia en 2015. “El camino será largo y difícil”, admitió el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, al referirse al trabajo que tendrá la diplomacia durante los próximos tres años, dado que la Río+20 no logró consenso sobre el alcance de esos objetivos.
Se crearán dos grupos de trabajo: uno delimitará las metas, mientras que el otro debatirá sobre las maneras de ayudar a los países pobres a alcanzarlas. La adhesión a esas metas, de cualquier manera, será voluntaria. Se alcanzó un compromiso de los gobiernos para viabilizar un programa de 10 años destinado a revaluar los modelos de producción y consumo, un avance que se estaba debatiendo desde 2004. “La dirección del documento es positiva, aunque la velocidad de actuación es muy lenta”, comenta Jacques Marcovitch, rector de la Universidad de São Paulo entre 1997 y 2001. “Un desafío actual consiste en construir nuevas alianzas, en el ámbito sectorial o subnacional, con el objetivo de avanzar mediante métricas apropiadas en temas específicos”, afirma, citando el ejemplo exitoso de la moratoria de la soja, un compromiso de los productores y exportadores de no comercializar soja plantada en áreas de desmonte de la Amazonia a partir de 2006, o el avance en la clasificación de los automóviles según su eficiencia energética, adoptada por varios países. Marcovitch coordinó el estudio intitulado La economía del cambio climático en Brasil: costos y oportunidades, realizado por un consorcio de instituciones, que identificó las principales vulnerabilidades de la economía y de la sociedad brasileña en relación con los cambios climáticos.
UN PHOTO / ROSSANA FRAGA Stand en el Riocentro: 45 mil participantesUN PHOTO / ROSSANA FRAGA
Los dos temas principales de la conferencia, que eran la economía verde y la reforma en la estructura de las Naciones Unidas en pro de un desarrollo sostenible, terminaron diluyéndose. El lema de una economía verde, el conjunto de estrategias destinadas a reducir el impacto ambiental producto del desarrollo económico, pasó por la conferencia de manera amplia y vaga. Contemplaría desde el consumo eficiente de la energía y los recursos naturales hasta la inversión en tecnología agrícola de bajo impacto en los países pobres. “Se trató de un intento por crear una nueva expresión motivadora, pero muy débil, al contrario de lo que sucedió con el concepto de desarrollo sostenible, el buque insignia de la conferencia Eco 92”, dice Carlos Joly, docente en la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), coordinador del Biota-FAPESP y asesor sénior en biodiversidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). La Eco 92 se benefició con el Informe Brundtland, un documento de 1987 que estableció el concepto amplio de desarrollo sostenible. Su despliegue condujo a una percepción global de que la cuestión se apoya no sólo en un pilar ambiental, sino también sobre bases económicas y sociales. Tal claridad no se ha emulado para el concepto de economía verde. “Nunca entendí cuando alguien menciona que la economía verde tomará el lugar del desarrollo sostenible, porque éste ya es algo ampliamente acordado”, afirma Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, responsable del informe de 1987. “Los países en desarrollo creyeron que la economía verde conllevaba un riesgo de barreras comerciales en el futuro, mientras que los desarrollados se vieron compelidos a reducir su huella de carbono. Como no hubo consenso al respecto de la forma de financiar a los países en desarrollo, eso quedó en el ámbito de las intenciones”, añade Carlos Joly. La creación de un fondo de 30 mil millones de dólares para promover proyectos en el campo de la sostenibilidad, propuesta por el G-77, un grupo que reúne a países tales como Brasil y China, fue excluido del texto final de la Río+20.
La idea de crear una organización abocada al medio ambiente en la ONU, rechazada por Estados Unidos y Brasil, pero defendida por 140 países, no salió del papel. Los países aceptaron, sin embargo, fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Con sede en Nairobi, Kenia, el Pnuma está aislado de la estructura de la ONU y, en cuatro décadas de existencia, acumuló escasa influencia y muy pocos recursos. Una novedad consiste en que todos los países deberán participar obligatoriamente en el programa, algo que no ocurría hasta ahora. La Río+20 fortaleció al Pnuma por medio de un incremento de los fondos que la ONU transfiere al organismo. “Se trata de un aumento importante si se toma en cuenta que actualmente un 96% de los recursos procede de aportes voluntarios”, afirmó el director ejecutivo del programa, Achim Steiner.
“Un punto de partida, no de llegada”
El liderazgo brasileño en la Río+20 fue criticado por promover un consenso poco ambicioso, en un intento por evitar que la conferencia acabara sin un documento final. “Es un punto de partida, pero no de llegada”, sostuvo la presidenta Dilma Rousseff poco antes de dar por concluida la cumbre. Brasil asumió la responsabilidad de redactar el informe final, presentándolo en la víspera del comienzo de la reunión de jefes de Estado sin los temas que generaban divergencias. “En lugar de dejar algunos puntos entre corchetes, lo que en lenguaje diplomático significa ausencia de acuerdo, para discutirlos entre los jefes de Estado, se prefirió un documento con un común denominador mínimo minimorum, exclusivamente con puntos ya acordados en las negociaciones previas”, dice Joly. Si la conferencia de 1992 estuvo avalada por 114 jefes de Estado, la Río+20 convocó a 86, y el documento final ya estaba listo el día 19, víspera del inicio de la reunión de los líderes mundiales. “Como no había nada en concreto que decidir, varios países estuvieron representados por ministros, no por sus mandatarios”, afirma. El resultado, según Joly, fue un tímido documento. “Había expectativas de apoyo al inmediato desarrollo de un plan para la conservación de los océanos, pero en el documento final eso se aplazó para 2014”. Las cuestiones relacionadas con la biodiversidad también vieron su relevancia acotada y debilitada. El recientemente creado Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), por ejemplo, necesitaba un fuerte impulso. “Sin embargo, en el documento, los jefes de Estado afirman que tan sólo ‘están conscientes’ de la existencia del panel, lo cual resulta demasiado poco”, dice Joly.
UN PHOTOLa foto oficial de los jefes de Estado en la Rio+20: presencia menos significativa que en la Eco-92UN PHOTO
Los ministros de Estado reunidos en uno de los eventos de la Río+20 mostraban los titulares de los periódicos que declaraban el fracaso de la conferencia, pero esos periódicos eran de 20 años atrás y se referían al resultado de la Eco-92, cuyos alcances la transformaron en una reunión muy exitosa. Con ello intentaban mostrar que el éxito o el fracaso de la cumbre sólo podrían evaluarse más adelante. “La reunión fue positiva, pues se plantearon temas de manera objetiva y puede acelerar procesos. Pero temo que se asemeje, no a la Eco 92, sino a la Río+10, realizada en Johannesburgo en 2002, a la que nadie recuerda”, añade Carlos Joly.
Alrededor de 110 mil personas viajaron a Río de Janeiro para participar en la Río+20, y la mitad de ese contingente estuvo presente en el Riocentro, sede de la cumbre y de debates sobre temas diversos, desde la intolerancia racial hasta el estado de los océanos o las estrategias para mejorar el transporte urbano. Entre los eventos paralelos, se destacaron la Cumbre de los Pueblos, realizada en el Parque do Flamengo, el Espacio Humanidad 2012, en el Fuerte de Copacabana, y las exposiciones en el muelle Mauá. Así como el encuentro oficial logró un resultado menor a las expectativas, los eventos paralelos produjeron compromisos más fuertes.
Internacional y multidisciplinario
En el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible, llevado a cabo entre los días 11 y 15 de junio en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ), se lanzó la iniciativa Future Earth, un proyecto internacional y multidisciplinario que busca coordinar investigaciones y políticas relacionadas con los cambios climáticos globales. El comité científico del programa se instaurará en 2013.
La temática de los estudios serán el estado del planeta, los riesgos de catástrofes, las regiones más críticas, las maneras de reducir las emisiones de carbono, la relación con los océanos y los caminos para transformar la sociedad, entre otros. “Necesitamos un abordaje con enfoque más interdisciplinario, más internacional, más cooperativo y más ágil para lidiar con los desafíos críticos del cambio climático global y el desarrollo sostenible”, dice Diana Liverman, codirectora del Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de Arizona y una de las coordinadoras de la Future Earth. La iniciativa congrega a instituciones tales como el Consejo Internacional para la Ciencia (Icsu, su sigla en inglés), que organizó el foro, y la Unesco, el brazo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Como miembro del Belmont Forum –un consorcio que agrupa agencias de financiación a investigaciones en el campo de los cambios climáticos globales–, la FAPESP participará en la iniciativa colaborando con la elección de los temas de las investigaciones, en la elaboración de las convocatorias y en el análisis, la selección y la cofinanciación de los proyectos. En el foro de la PUC-RJ también se presentaron ante la comunidad científica internacional, los resultados de tres grandes iniciativas de la FAPESP, que instauran un nuevo abordaje en términos de organización científica: el Programa FAPESP de Investigación sobre Cambios Climáticos Globales (PFPMCG), el Biota-FAPESP y el Programa FAPESP de Investigaciones en Bioenergía (Bioen).
Se firmaron, bajo la órbita de la Río+20, 705 acuerdos voluntarios entre empresas, gobiernos y sociedad civil que garantizarán 1,6 billones de reales para programas durante los próximos 10 años. En el evento paralelo Diálogo Global de Bolsas Sostenibles, representantes de las bolsas de valores de países tales como Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica suscribieron un compromiso para alentar buenas prácticas ambientales y sociales en las 4.600 empresas afiliadas. Un grupo de representantes de las 59 mayores ciudades del mundo, coordinados por Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, lanzó metas para la reducción de los gases de efecto invernadero, en el marco de un evento paralelo a la conferencia. Según el grupo, las estrategias de reducción de sus miembros pueden hacer disminuir la emisión de contaminantes hasta 248 millones de toneladas de gases por año, la suma de las emisiones de Argentina y Portugal. El Banco Mundial aportará 13 mil millones de reales anuales para sostener las iniciativas.
La conferencia también fue el palco del anuncio de los ganadores del Blue Planet Prize 2012, considerado una especie de Nobel del medio ambiente. Fueron galardonados los científicos Thomas Lovejoy, de la Universidad George Mason, (Estados Unidos), William Rees, de la Universidad de British Columbia (Canadá) y Mathis Wackemagel, de la Global Footprint Network (Suiza). El premio es otorgado por la Asahi Glass Foundation, de Japón. Lovejoy, responsable de la introducción del término biodiversidad en la comunidad científica, también fue laureado con el Premio Muriquí 2012, instituido por el Consejo Nacional de la Reserva de la Biosfera del Bosque Atlántico en reconocimiento a las acciones que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. También fueron premiados Carlos Joly, del programa Biota-FAPESP, y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC).
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