Al cabo de más de 15 años de espera debido a la detención de un proceso de demarcación de tierras, el pueblo indígena Borari, de Alter do Chão (estado de Pará), decidió en 2024 confeccionar por cuenta propia el mapa de su territorio. Dicho documento, elaborado con el apoyo técnico de la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa), incluyó ríos, senderos y áreas sagradas que no aparecían en la cartografía estatal. En tanto, en la comunidad de Poço da Draga, en Fortaleza (la capital del estado de Ceará), sus habitantes se valieron de sus teléfonos celulares y de mapas digitales para registrar sus condiciones de saneamiento y vivienda, eso en el año 2016. Los datos que recabaron contrariaban la información oficial de los censos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
El arquitecto y urbanista David Sperling, docente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y vicecoordinador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo (USP), en su polo de la ciudad de São Carlos, analiza experiencias como las antes mencionadas como parte de un movimiento global conocido como viraje espacial o cartográfico en el libro intitulado Cartografias críticas: Ensaios tecnopolíticos e geopoéticos (Rio Books). La obra, publicada en octubre, es fruto de su tesis de libre docencia, defendida en 2023. En dicho trabajo, el investigador muestra de qué manera, durante las últimas cuatro décadas, los mapas, que históricamente funcionaron como instrumentos de control territorial por parte de gobiernos y organizaciones militares (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 318), han venido siendo resignificados por comunidades, artistas y activistas.
Tradicionalmente, los tipos de mapas más comunes cargan consigo la pretensión de funcionar como espejos de la realidad: implican delimitaciones de fronteras y divisiones administrativas del territorio, el relieve y los elementos naturales del paisaje, y también contienen información sobre el clima, la población o la economía de determinados lugares. “En tanto, los mapas contemporáneos, encuadrados en lo que denominamos campo ampliado de las cartografías, difieren de los tradicionales, al cuestionar su naturaleza y su función”, explica Sperling.
De acuerdo con el investigador, estos nuevos usos llevan la impronta de dos dimensiones. La primera comprende la confección de mapas como herramientas de disputa por territorios con el Estado y con las grandes corporaciones, al mixturar elementos físicos con aspectos culturales de la gente que habita en ellos. Esta vertiente entiende a los mapas como construcciones sociales y prioriza la detección de redes de relaciones socioespaciales más que de coordenadas geográficas y fronteras políticas. En tanto, la segunda dimensión comprende el empleo simbólico y artístico de las cartografías, al entender que estos documentos constituyen plataformas para soltar la imaginación y crear nuevos mundos.
Pablo Ares, iconoclasistasUn panel gráfico del grupo argentino Iconoclasistas conecta procesos económicos, sociales y culturales con acciones realizadas en barrios de la ciudad de Buenos AiresPablo Ares, iconoclasistas
Para Sperling, estas transformaciones se pusieron en marcha en la década de 1980, cuando un conjunto de geógrafos, filósofos, arquitectos, urbanistas e investigadores de los estudios sociales empezó a cuestionar la idea de que la cartografía era una ciencia objetiva. Uno de los hitos de estas reflexiones fue el texto Deconstructing the map, escrito por el geógrafo británico Brian Harley (1932-1991), en 1989. En ese trabajo, Harley se apoya en proposiciones de filósofos como Michel Foucault (1926-1984) e Jacques Derrida (1930-2004), que sostienen que los mapas son dispositivos de poder y que debe analizárselos tanto de acuerdo con los elementos que incorporan como a través de aquello que dejan de lado. “En aquella década, cobró fuerza una lectura que pasó a ver en la cartografía una construcción ideológica atravesada por decisiones políticas y estéticas. De este modo, la cartografía no solamente representa, sino que también produce realidades”, sostiene Sperling.
Otro hito de este giro, de acuerdo con el geógrafo Renato Emerson Nascimento dos Santos, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), fue la promulgación de la Constitución de 1988 en Brasil, que pasó a reconocer las culturas, las lenguas, las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas del país. Asimismo, el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1990, estipuló los derechos a la autodeterminación de las comunidades tradicionales de todo el mundo. En el país, ambas medidas allanaron el camino para que estos grupos empezasen a incorporar nuevas formas cartográficas a los efectos de representar sus territorialidades.
En la estela de este proceso, el economista Henri Acselrad, de la UFRJ, recuerda que, a partir de la década de 1990, emergió un movimiento significativo de demarcación y titulación de tierras vinculadas a comunidades y pueblos tradicionales en diversos países de Latinoamérica. “Este fenómeno apareció a menudo asociado a la diseminación de prácticas conocidas como mapeos participativos o cartografías sociales. Estas iniciativas implicaron una ruptura simbólica y política con el monopolio estatal de la producción cartográfica”, dice Acselrad, coordinador del colectivo de investigación Desigualdad Ambiental, Económica y Política de la referida universidad.
Según el investigador, en lugar de retratar el territorio con pretensión de objetividad, como si los mapas fuesen espejos fieles de la realidad, estas nuevas formas de hacer cartografía proponen que los documentos incorporen elementos que la propia comunidad considera relevantes. Entre ellos se encuentran los lugares considerados sagrados por las comunidades indígenas y las zonas de los ríos y lagos en donde la gente pesca, por ejemplo. “En un sentido filosófico, este tipo de cartografía transciende la mera representación del espacio geográfico para transformarse en un método de investigación que mapea procesos y conexiones, apuntándole especialmente a la producción de la subjetividad”, comenta la geógrafa Gisele Girardi, de la Universidad Federal de Espírito Santo (Ufes).
Aparte de estos movimientos, Nascimento dos Santos, de la UFRJ, señala los avances tecnológicos que se registran a partir de la década de 1980 como otros de los factores que motivaron la expansión del uso y el desarrollo de mapas. “El panorama se transformó más aún entre las décadas de 1990 y 2000, con la propagación de ciertas tecnologías. Sistemas de información geográfica [SIG], dispositivos con sistema de posicionamiento global [GPS], software de teledetección y el libre acceso a bancos de datos e imágenes vía internet ampliaron las posibilidades de acción de las comunidades”, subraya. De este modo, según sostiene, la cartografía, que hasta entonces se ceñía a instituciones estatales y militares, pasó a formar parte de prácticas locales de planificación y reivindicación territorial.
Quebradas MapsMapas monitorean obras de saneamiento en la Comunidad Marrocos, en la periferia de Fortaleza, en 2023Quebradas Maps
En tal sentido, Nascimento dos Santos hace referencia al proyecto Gran Carajás, lanzado por el gobierno federal brasileño en 1982, que preveía la construcción de infraestructura para la explotación minera en la selva amazónica, desde el estado de Pará hasta el de Maranhão. El mapa estatal elaborado para poner en práctica esta iniciativa ignoraba la existencia de poblaciones que vivían en esa región, compuestas por habitantes ribereños, de palenques o quilombolas e indígenas. Para cuestionar estas ausencias, el antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, de la Universidad del Estado de Amazonas (UEA), creó en 2003, en colaboración con otras instituciones del país, el proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonia.
Esta iniciativa, considerada pionera en Brasil, procura brindar apoyo a pueblos y comunidades tradicionales en la creación de sus propios mapas mediante la utilización de herramientas tecnológicas. Al reunir registros elaborados con base en la perspectiva de estos grupos, el proyecto aspira a proveer un retrato de la ocupación territorial en la región y así funcionar como un instrumento de fortalecimiento de las luchas sociales. “Cuando los pueblos originarios y tradicionales de la Amazonia fueron borrados del mapa estatal en el proyecto Gran Carajás, decidieron elaborar un documento alternativo como estrategia tendiente a visibilizar su existencia y defender sus territorios”, explica Girardi.
Inspiradas en esta experiencia, otras comunidades han creado sus propias cartografías para poner en cuestión las carencias identificadas en los mapas oficiales. El geógrafo Dorival Bonfá Neto, quien en la actualidad se desempeña como técnico en temas educativos en la Universidad Federal del Sur y el Sudeste de Pará (Unifesspa), participa en algunas de estas iniciativas acompañando procesos de autodemarcación territorial que llevan adelante comunidades indígenas en la región de Santarém (Pará). Uno de estos proyectos comprendió al pueblo Borari, en Alter do Chão, que aguardaba la demarcación de su territorio por parte de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) desde 2009. Los mapas oficiales empleados en ese proceso no abarcaban lugares centrales en la vida de la comunidad, incluso áreas consideradas sagradas y otras en el río Tapajós utilizadas para la pesca.
Entre principios de 2024 y febrero de 2025, los indígenas del pueblo Borari decidieron elaborar una cartografía alternativa con el apoyo técnico del Núcleo de Investigaciones sobre Espacio, Política y Emancipación Social (Nepes), vinculado a la carrera de geografía de la Ufopa, en donde Bonfá Neto trabajaba como docente ese año. El proyecto, financiado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil, comprendió la realización de sobrevuelos con drones, relevamientos vía imágenes y registros del uso y la ocupación del suelo, aparte del recabado de datos geográficos orientados por las memorias y los relatos de las familias locales. Con base en toda esta información, se confeccionó un nuevo mapa que proponía la autodemarcación de la Tierra Indígena Borari de Alter do Chão. Este documento pasó a formar parte del proceso oficial de demarcación de la Funai y podrá servir de apoyo a acciones jurídicas tales como demandas ante el Ministerio Público Federal (MPF).
“La producción de estas cartografías dota de visibilidad a territorios históricamente marginados y fortalece la capacidad de las comunidades para reconocer, nombrar y defender sus propios espacios”, enfatiza la arquitecta y urbanista Mariana Quezado Costa Lima, quien lleva adelante su doctorado en la Universidad Federal de Ceará (UFC). En su estudio, ella investiga de qué manera las comunidades urbanas de la ciudad de Fortaleza han empleado mapas como herramientas para defender sus derechos, incluidas la negociación de los planes directores, la reivindicación de infraestructura y la resistencia a las remociones o desalojos.
Un ejemplo en tal sentido ocurrió en 2016, cuando un grupo de habitantes de la comunidad Poço da Draga –en la misma ciudad de Fortaleza–, realizó un censo que incluía variables tales como la situación de las viviendas, la escolaridad y los ingresos de la población. El resultado reveló discrepancias con los datos oficiales. Otro ejemplo que menciona la investigadora es el uso de mapas en el marco del Observatorio de Zeis Bom Jardim, la organización de un conjunto de comunidades invisibilizadas situadas en la periferia sudoeste de Fortaleza, para presionar a la gestión estatal con miras a mejorar las condiciones de saneamiento y habitacionales de la zona.
Girardi, por su parte, comenta que el mapeo de zonas vulnerables se ha diseminado por Brasil, especialmente mediante el uso de plataformas online como GoogleMaps y OpenStreetMap, en tanto que Quebrada Maps es una iniciativa significativa elaborada en la ciudad de São Paulo desde 2015. Este proyecto trabaja con comunidades de la periferia para crear mapas que ponen de relieve la cultura local, las historias y los retos que se afrontan en esos lugares.
La arquitecta y urbanista Clarissa Sampaio Freitas, de la UFC, explica que para realizar este tipo de mapeo las comunidades a menudo necesitan apoyarse en colaboraciones con universidades y organizaciones no gubernamentales. “Estas instituciones imparten talleres de capacitación técnica para enseñarle a la gente a trabajar con herramientas de elaboración de mapas, lo que incluye programas como QGIS y Google Earth”, comenta Sampaio Freitas, al puntualizar que Fortaleza posee uno de los más altos índices de asentamientos informales precarios de Brasil.
Al respecto de las iniciativas impulsadas en otros países, Sperling menciona el proyecto Iconoclasistas, creado en Argentina en 2006 con la propuesta de articular metodologías de mapeo colaborativo con comunidades periféricas e indígenas. En el marco de esta iniciativa, se dictan talleres de formación y se reúnen y difunden los resultados de procesos de cocartografía que expanden saberes locales y académicos, a menudo con el apoyo de instituciones culturales y universidades públicas (véase el mapas abajo). “Existen en el mundo mapeos elaborados por skaters que proponen repensar el derecho a la ciudad de la juventud, mapas tejidos por grupos de mujeres para denunciar la desidia del poder público con inundaciones y plataformas con imágenes online para combatir el acoso sexual y denunciar delitos de Estado y de corporaciones económicas contra poblaciones minoritarias”, complementa Girardi. La investigadora acota que algunas de estas experiencias se compilaron en el libro This is not an Atlas, publicado por el grupo alemán Kollektiv Orangotango en 2018.
