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Buenas prácticas

Datos fraudulentos generan una indemnización millonaria

La Universidade Duke acordó pagar 112,5 millones de dólares para cerrar un proceso en el que una científica afrontó una acusación por falsificaciones sistemáticas

Zansky

La Universidad Duke, en Estados Unidos, cerró un acuerdo con la Justicia y aceptó pagar 112,5 millones de dólares, el equivalente a 440 millones de reales, para zanjar un proceso en el cual se acusó a una investigadora de esa institución de falsificar datos en artículos científicos y en informes presentados a organismos federales de fomento de la investigación científica, entre los que figuraban los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Erin Potts-Kant, coordinadora de investigación clínica de la división pulmonar en Duke Health, el complejo de hospitales y escuelas de medicina y enfermería de la universidad, estaba a cargo de certificar la validez de los resultados de los trabajos en la unidad, pero en lugar de eso, alteraba datos desfavorables para facilitar la obtención o el mantenimiento de financiaciones. Proyectos referidos a la función pulmonar en ratas, que se basaron en datos manipulados, sumaron 200 millones de dólares en partidas presupuestarias federales para investigación entre 2006 y 2018. También fueron retractados doce artículos científicos que habían utilizado informaciones alteradas. La labor de la investigadora la convirtió en coautora de decenas de artículos científicos, que están siendo sometidos a averiguaciones. “Potts-Kant quedó implicada en fraudes sistemáticos”, reveló el exanalista de laboratorio de la universidad, Joseph Thomas, quien denunció el caso trabó una demanda contra Duke junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según él, la investigadora llegó a inventar conjuntos completos de datos.

El escándalo llamó la atención no solo por las cifras implicadas, sino también por recurrir a una legislación que raramente se utiliza en casos de integridad científica: la Ley de Denuncias Falsas, que sanciona a quien incurre en fraudes que involucran recursos federales con el pago de indemnizaciones abultadas, que equivalen a hasta tres veces el monto del dinero desviado u obtenido en forma irregular. La mayor parte de los 112,5 millones de dólares se destinará a las agencias de fomento que financiaron proyectos con datos falsificados. La ley también permite que los denunciantes reciban hasta un 30% de la indemnización establecida. En el caso de Duke, el autor de la demanda, Joseph Thomas, va a recibir 33,75 millones de dólares. “El acuerdo envía un fuerte mensaje indicando que el fraude y la deshonestidad no serán tolerados en el marco del proceso de financiación a la investigación”, afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.

Potts-Kant fue despedida en 2013, cuando el caso salió a la luz y ella también fue acusada de desviar fondos de la institución. Pero eso no fue suficiente para revertir el daño a la reputación de la Universidad Duke, involucrada en otros escándalos. La institución, una de las más prestigiosas universidades estadounidenses, alma mater de 13 ganadores del Premio Nobel y responsable de un presupuesto anual para investigación del orden de los 1.000 millones de dólares, ya afrontaba otras acusaciones por prácticas negligentes. A mediados de la década de 2000, dos investigadores de Duke, Anil Potti y Joseph Nevins, seleccionaron pacientes para realizar ensayos clínicos de métodos capaces de predecir la evolución de ciertos tipos de cáncer y determinar el tratamiento más adecuado. Ese reclutamiento se llevó a cabo aunque ya se sabía que se habían detectado errores en los trabajos científicos en los cuales se basaban las técnicas. A sabiendas de las evidencias de que los métodos eran problemáticos, la universidad aprobó los ensayos en febrero de 2010, fiándose de las explicaciones de Potti que más adelante se revelaron inconsistentes. Los dos científicos fueron despedidos.

Debemos asumir nuestra responsabilidad y reconocer que nuestros procesos fallaron, dijo el rector Vincent E. Price

La negligencia de la institución en el episodio de Potti y Nevins fue citado como un mal ejemplo en un extenso informe que presentaron en abril de 2017 las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, con recomendaciones para perfeccionar prácticas y políticas relacionadas con la integridad científica en Estados Unidos. “No sé si Duke modificó sus prácticas, pero no me sorprendería si el problema se repitiera”, deslizó en la presentación del documento el bioingeniero Robert Nerem, presidente del comité que elaboró el informe.

En el caso de Potts-Kant, la universidad fue acusada de no controlar demasiado el trabajo de sus investigadores y de demorar la toma de medidas enérgicas cuando el caso hizo eclosión. A partir de eso, desde abril de 2018 los NIH comenzaron a imponer restricciones adicionales a los científicos de Duke. Todo proyecto que supere los 250 mil dólares de financiación está obligado a presentar presupuestos más exhaustivos que los que se exigen a otras instituciones.

En una declaración oficial, la universidad se defendió diciendo que recién descubrió el posible fraude en 2013, cuando Potts-Kant ya había sido despedida. Y alegó que inicialmente no comprendió la gravedad y el alcance del delito. El rector de la universidad, el politólogo Vincent E. Price, informó que la institución está revisando sus procesos para promover la integridad científica. “Esperamos que los científicos de Duke siempre sigan los más altos estándares de integridad y prácticamente todos lo hacen lo hacen con gran afán”, dijo. “Cuando alguno no lo hace y aquel que lo sabe no lo denuncia, como ocurrió en este caso, debemos aceptar nuestra responsabilidad, reconocer que nuestros métodos para identificar y prevenir conductas desleales no funcionaron e instrumentar medidas para mejorar”.

El año pasado, la universidad designó a la ginecóloga Geeta Swamy para cubrir el cargo recién creado de vicerrectora de integridad científica. También inauguró una Oficina de Integridad Científica y comenzó a exigir planes minuciosos y rendición de cuentas a todas las unidades de la Duke Health. Price anunció también la creación de un Panel de Excelencia e Integridad en la Investigación Científica, que hasta el 30 de junio evaluará nuevas políticas para la universidad, y de un comité de supervisión ejecutiva al mando de A. Eugene Washington, canciller para asuntos de la salud. “Seguiremos confiando en la alta calidad del cuerpo docente de Duke y en sus investigaciones”, dijo Price.

“El acuerdo judicial, resultado de la mala conducta intencional en un laboratorio, aunque afectó el trabajo de muchos investigadores, no causará desmedro en la labor de salvar vidas que es tarea diaria en la Universidad Duke”

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