Prevista para salir este mes, una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre los criterios para la demarcación de tierras de remanentes de esclavos fugitivos en el país es aguardada con ansiedad por parte de autoridades y investigadores vinculados al programa espacial brasileño. En noviembre, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) delimitó el territorio de la comunidad remanente Quilombo Alcântara, en el estado de Maranhão. Se reservaron para los descendientes de esclavos 78,1 mil hectáreas de tierra, dejando tan sólo 9,3 mil hectáreas para el centro de lanzamiento de cohetes de Alcântara. Ese espacio restringido bloquea los planes de expansión del centro. El ministro de Ciencia y Tecnología, Sérgio Rezende, llegó a criticar la “intransigencia” de los movimientos sociales involucrados, que se rehúsan a rediscutir la división. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, llegó a anunciar que había solicitado ante la Oficina del Abogado General de la Nación la creación de una cámara de conciliación para discutir el impasse. Cambió de idea al saber que los magistrados del STF juzgarán una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra el decreto del gobierno que reglamentó el artículo de la Constitución sobre la cuestión de los territorios de remanentes.
Republicar
