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BUENAS PRÁCTICAS

El acoso y la violencia sexual en las investigaciones de campo

Los ataques a mujeres son un problema grave en las estaciones de la Antártida, mientras que en workshops se propone mejorar la planificación de viajes para evitar las agresiones

Francesco Carta / Getty Images

Según consta en sendos informes divulgados en Estados Unidos y en Australia, el acoso y las agresiones sexuales son amenazas crónicas y persistentes para las mujeres que trabajan en las estaciones de investigación científica en la Antártida. A finales del mes de agosto, National Science Foundation (NSF), la principal agencia estadounidense de financiación de la ciencia básica, dio a conocer los resultados de un estudio realizado con base en entrevistas y debates de grupos de reflexión específicos, así como en las respuestas a una encuesta online que se llevó a cabo en 2021 entre científicos y personal asistente que cumplieron tareas en las bases de investigación científica del país en el continente helado entre 2018 y 2020. En dicha encuesta, un 72 % de las mujeres mencionó al acoso sexual como un problema en su comunidad, frente a un 48 % de los varones. En cuanto a los ataques sexuales, los índices fueron del 47 % para el público femenino y del 33 % para el masculino. El documento transcribe extractos de las declaraciones recabadas entre los entrevistados sin revelar sus nombres. “Todas las mujeres que he conocido allí han pasado por alguna experiencia de agresión o de acoso”, dijo uno de ellos.

Desde el año 2013, rige un código de conducta en las estaciones antárticas estadounidenses que prohíbe expresamente el abuso físico y verbal, las importunaciones, los burlas o intimidaciones. Pero existe una percepción de que estas normas no siempre se cumplen: tan solo un 26 % de las mujeres y un 46 % de los varones sostienen que se sanciona a los infractores. La base de McMurdo, que en el verano llega a recibir a unas mil personas, concentra la mayoría de los reclamos. “El informe es más alarmante de lo que se esperaba”, declaró a la revista Science Helen Fricker, del Instituto Scripps de Oceanografía, vinculado a la Universidad de California en San Diego, quien ha estado en varias oportunidades en la región. “Algunas personas refieren haber sido literalmente violadas”. La jefa de la Oficina de Programas Polares de la NSF, Roberta Marinelli, le confió a esa misma revista que los resultados han tomado por sorpresa a la agencia: “Todavía estamos trabajando para tratar de entender cómo hemos llegado a este punto y cómo vamos a seguir adelante”.

En octubre, otra investigación, en este caso a pedido de la División Antártica de Australia, arribó a conclusiones similares. En el documento de 32 páginas elaborado por la socióloga Meredith Nash, de la Universidad Nacional Australiana, se recopilan relatos de molestia sexual, contactos físicos no consentidos, exhibición de material ofensivo o pornográfico y bromas sexistas, entre otros, en las cuatro estaciones de investigación del país. También se ponen de relieve los contratiempos que padecen las mujeres durante su período menstrual, como la falta de privacidad y la escasa provisión de toallas higiénicas femeninas. En un comunicado, el secretario del Departamento de Cambios Climáticos, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia, David Fredericks, consideró el contenido del informe “decepcionante e inaceptable” e informó que algunas de las recomendaciones de Nash ya han comenzado a implementarse, entre ellas la ampliación de los contingentes femeninos en las estaciones antárticas.

Las denuncias en la Antártida se ajustan a un patrón común similar al de los episodios de importunación y violencia sexual que ocurren en las expediciones científicas a lugares remotos, donde científicos y estudiantes conviven las 24 horas del día y los límites entre el trabajo y la vida personal a menudo se disipan. En 2016, el paleoantropólogo estadounidense Brian Richmond renunció a su cargo como curador de la sección de Orígenes Humanos del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, al ser acusado del ataque sexual a una alumna en un hotel de Florencia (Italia) y denunciado por comportamiento inapropiado en el curso de trabajos de campo llevados a cabo en Kenia (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 251). En 2021, un artículo en el sitio web BuzzFeed recogió los testimonios de 16 mujeres que habían trabajado en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en la isla de Barro Colorado (Panamá), un laboratorio ubicado en medio de la selva donde más de mil personas realizan estudios sobre el cambio climático, la biodiversidad y la evolución. Ellas manifestaron haber sido objeto de arremetidas sexuales por parte de científicos en puestos de jefatura. Las denuncias de molestias sexuales incluían nombres como el del biólogo evolutivo Egbert Leigh y el ecólogo Edward Herre. En 2011, Benjamin Turner, exdirector del laboratorio de geoquímica del instituto fue acusado de violación por Sarah Batterman, actualmente en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Turner declaró en el portal BuzzFeed que las relaciones que mantuvo con colegas fueron consentidas.

La lucha contra el acoso y la violencia sexual ha dado lugar al establecimiento de normas de comportamiento estrictas en las expediciones a lugares remotos y a la creación de canales de denuncia de casos de mala conducta. Pero se sospecha que muchos episodios ni siquiera llegan a ser denunciados. Un estudio publicado en 2014 en la revista PLOS ONE por Kathryn Clancy, antropóloga de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EE. UU.), llevó a cabo una encuesta online entre 666 estudiantes e investigadores, en su mayoría mujeres, que habían participado en investigaciones de campo en diversas áreas. Casi la mitad de la muestra eran antropólogos, pero también había arqueólogos, biólogos y geólogos, entre otros profesionales. De las 512 mujeres que respondieron a una pregunta sobre si habían padecido alguna experiencia de acoso sexual, el 70,5 % lo hizo afirmativamente. Pero solamente 67 entrevistadas declararon haber denunciado esas molestias.

Los nuevos enfoques para hacer frente a este problema se basan en reforzar la planificación de las expediciones, para prevenir situaciones de vulnerabilidad, y en proporcionar capacitación para lidiar con los posibles casos. “La gente no sabe qué hacer”, dijo a la revista Undark la ecóloga marina Melissa Croninh, directora del grupo “Construyendo un futuro mejor para el trabajo de campo”, que organiza workshops y ofrece capacitación en el área. “El propósito de la capacitación es ayudar a los participantes a establecer climas positivos en los ambientes de investigación de campo”. El grupo ha realizado desde 2018 más de 300 capacitaciones con alrededor de 5.000 personas. Los talleres tienen una duración de 90 minutos y hacen hincapié en la importancia de la organización de los viajes y la discusión previa de las normas de convivencia. El contenido abarca desde las cuestiones logísticas, como el ordenamiento de la distribución de las personas en los dormitorios o tiendas de campaña, con el objetivo de evitar las situaciones susceptibles por las noches, hasta la creación de protocolos de comunicación para garantizar que los miembros realicen un seguimiento de la seguridad unos de otros o soliciten ayuda en caso de ser necesitarla. Otras recomendaciones incluyen la adopción de normas de respeto a la privacidad y sobre el consumo de alcohol y drogas.

El workshop ofrece un menú de situaciones que podrían propiciar el acoso o la agresión sexual, que suscitan debates acerca de cómo evitarlas o reaccionar ante ellas. En uno de los casos concretos, se invita a los estudiantes a reflexionar sobre qué hacer en el caso de que alguien beba demasiado en una fiesta en un buque de investigación, pierda el conocimiento y deba ser asistido en privado por alguien que no tiene una relación de amistad o familiaridad. En otro caso, una participante de una expedición a un sitio remoto aparece llorando una noche, declarando haber sido violada por el jefe del grupo. Si bien ponen de relieve la importancia de las estrategias de prevención, los talleres incorporan recomendaciones tendientes a afrontar situaciones críticas, tales como disponer de un protocolo de atención de emergencia para las víctimas de violación y la preservación de evidencias para una investigación penal.

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