Un tipo nuevo de guerra en rural parece no haber despertado todavía el merecido interés de la gran prensa: la lucha de comunidades remanentes de esclavos fugitivos [quilombolas] por la propiedad de la tierra en todo el país. A lo mejor por la relativa novedad. Aunque con la Constitución de 1988 (artículo 68 del Capítulo de las Disposiciones Constitucionales Transitorias) se haya creado una herramienta legal de posesión, solamente a partir del Decreto 4.887, de 20 de noviembre de 2003, la cuestión se volvió conflictiva. Su artículo 2º establece criterios más completos para conceptuar el término y considera los remanentes de las comunidades de los llamados quilombos y los grupos étnico-raciales según criterios de autoatribución, con trayectoria histórica propia, presunción de ancestralidad negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida.
El proceso de certificación de propiedad, sin embargo, es burocrático y lento. La Fundación Cultural Palmares analiza actualmente procesos de regularización de tierras para los remanentes de los quilombos que deberá beneficiar a 500 comunidades de 300 territorios. La meta es, hasta el fin del próximo año, certificar 22.650 familias de 969 comunidades negras en todo el territorio nacional. Están identificadas oficialmente mil localidades en condiciones de ser atendidas, diseminadas por todos los estados brasileños, de norte a sur las mayores concentraciones están en Bahía y en Marañón.
Con el inicio de las demarcaciones, la polémica se amplió entre propietarios, alcaldías y entidades rurales. Del otro lado, las comunidades quilombolas cuentan con entidades de derechos humanos, principalmente la Pastoral de la Tierra. El Legislativo federal, entonces, ha sido la arena de la pelea entre lobistas de los dos lados. Como resultado, ya tramita en la Cámara de los Diputados el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 44/2007, del diputado federal Valdir Colatto (PMDB-SC), que, si es aprobado, deja sin efecto la aplicación del decreto de 2003.
En cuanto eso, las comunidades remanentes y su rica historia se han convertido cada vez más en objeto de interés de tesis de maestría y doctorado en todo el país. En verdad, el propio debate para darles protección de la ley y aplicación contó con la presencia activa de la academia, como revela una de las pioneras en el asunto, Neusa Maria Mendes de Gusmão, antropóloga y profesora asociada del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH) de la Unicamp. Fruto de la lucha social de los movimientos negros, explica ella, la discusión involucró también desde los años 1970 investigadores y académicos preocupados con la cuestión racial en Brasil.
Entre ellos los antropólogos. Muchos pasaron, en los años 1990, a ser sistemáticamente solicitados a tomar posición delante de la conquista del dispositivo legal o hasta a suministrar procesos de reivindicación de las tierras quilombolas. Había, sin embargo, una polémica instaurada en relación al enunciado de la ley alrededor de los términos remanentes y quilombos. Uno remitía a alguna cosa que sobrevivió y otro consolidado por la historiografía conservadora y de dominio del sentido común a un grupo o colectivo de negros fugitivos (de la esclavitud). La cuestión se volvió objetivo de debates acalorados no sólo entre académicos, sino entre juristas y políticos.
El impasse, prosigue ella, acabó por movilizar a los antropólogos y la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) con el fin de rever la significación posible de esos términos, de modo que haga factible el derecho de esos grupos a su tierra. Eso sucedió no solamente por la naturaleza del envolvimiento del antropólogo brasileño con las poblaciones que estudia, sino en razón de la demanda del propio Estado, que requirió de la ABA su experiencia en la realización y emisión de laudos periciales de tierras indígenas y otras, tendiendo a hacer factible los principios contenidos en el artículo 68.
La designación de quilombo como grupo de negros fugitivos, afirma ella, podría sugerir en el proceso jurídico que las actuales comunidades serían resquicios del pasado y que tendrían que comprobar ese origen. Sin embargo, la constitución de esas realidades negras rurales obedecieron a determinaciones históricas diversas y no se dieron por un camino único y homogéneo, como bien muestra la historia de Campinho de la Independencia. Así, las múltiples formas de acceso a la tierra, históricamente constituidas, no podrían ser reconocidas en la concepción tradicional de quilombo en portugués. Con eso, la ley, más que beneficiar a los grupos como pretendido, podría ser un límite a la propia conquista de la tierra.
En ese contexto, el GT de la ABA, en la búsqueda del alcance conceptual para la efectiva aplicación de la ley, pasó a designar el término remanente de quilombos como un legado, una herencia cultural y material que da a los grupos negros en contexto rural una referencia propia de un modo de ser y pertenecer a un lugar específico (Doc. De la ABA, 1994). En ese sentido, explica Neusa Gusmão, queda claro que esos grupos no son resquicios, supervivencias o lo que quiera que sea. Se trata de grupos con prácticas cotidianas de resistencia, lo que permite que ellos se mantengan y se reproduzcan por medio de modos de vida específicos y vinculados a un territorio que consideran suyo, así como a través de reglas de pertenencia y de uso colectivo de la tierra. Son organizados y orientados por el parentesco común y en lazos de solidariedad y reciprocidad.
Para la antropóloga, dos décadas después de la promulgación de la ley, el escenario aún está compuesto por muchos desafíos. Los debates que involucran a los muchos agentes y agencias, órganos públicos y otros en la definición y titulación de las tierras quilombolas aún enfrentan muchos límites. La indefinición de los parámetros jurídicos y políticos persiste, afirma, en razón de diferentes entendimientos y debido a nuevas demandas que se refieren a los intereses en juego en los espacios ocupados por los grupos negros, en una o en otra realidad particular. Hay conflictos entre órganos responsables por la aplicación de la ley (el caso de las comunidades del Valle de Ribeira en São Paulo es emblemático) y también entre órganos civiles y asociaciones que se crean con la finalidad de conducir la lucha en el campo institucional.
Por otro lado, agrega ella, es innegable que hubo avances significativos. No sólo la mayor visibilidad de la existencia de esos grupos y la constatación de que no son pocos, sino también el hecho de que reconocidos (en mayor número) o ya titulados (pocos entre los reconocidos) y con registros efectivos de una tierra propia (poquísimos) pasan a tener acceso a beneficios varios.
Sucedió igualmente un proceso de fortalecimiento de la historia común y de nuevas formas de organización tendiente ahora no solamente a un vivir para dentro sino también para el mundo exterior y, en él, una serie de derechos que van desde la atención a la salud y la educación al de obtención de financiación para proyectos de desarrollo local y cooperación con órganos públicos, entre otros. Tuvo lugar aún el fortalecimiento de redes de apoyo y se constituyen otras fuentes de renta con base en actividades familiares y/o grupales.
No obstante, los entendimientos diversos de las diferentes agencias con respecto de la conducción de los procesos afectan lo cotidiano de los grupos por la persistencia de la indefinición y el constante reavivar de las amenazas sobre las tierras (aún reconocidas como quilombolas lo que sucede en la primera fase del proceso). A veces, hasta cuando ya tituladas, las comunidades remamentes no consiguen registrar sus títulos ante notario y quedan a merced de nuevos conflictos con los que se oponen a su derecho. Eso significa que desde 1988 hasta el presente muchas fueron las conquistas, pero no todas se encuentran consolidadas. Ese hecho exige mucha movilización por parte de todos los involucrados y solidarios a la causa negra. Por lo tanto, el reconocimiento actúa en el sentido de dar visibilidad y legitimidad al grupo para obtener por medio de súplicas el proceso jurídico de derecho a la tierra, sin embargo no define ese derecho. Para ello, es necesario cumplir las cuatro fases del proceso de regularización de las tierras, o sea, identificación y demarcación de los límites, reconocimiento oficial, otorgamiento del título y registro ante el notario de inmuebles. La autora de la tesis de doctorado Barrios negros del Valle de Ribeira: del esclavo al quilombo, Maria Celina Pereira de Carvalho cree que el aislamiento de las comunidades en el comienzo del siglo XXI no es tan geográfico, sino político. Existen proyectos para ayudarlos, el problema es que todo llega listo desde afuera, no es discutido con la comunidad para atender mejor a sus necesidades. Es necesario consultar cada grupo y debatir con ellos lo que debe ser hecho. Aún así, la lucha por la tierra trajo una nueva mentalidad a los habitantes de las comunidades. Antes algunos no sabían que vivían en reductos ni les gustaban que los llamaran negros. Actualmente eso cambió mucho, existe una clara autovaloración y mejora de la autoestima.
La movilización en la región que ella estudió tuvo su inicio en 1994, con la llegada de la Pastoral de la Tierra, que llevó a los habitantes la idea de como los quilombolas podrían protegerse de invasores y obtener el título de sus propiedades. Hoy muchos están organizados políticamente. Saben también que necesitan actuar así para impedir que sus casas sean cubiertas por las aguas de las represas. Además, ha sido muy fuerte el papel de las mujeres en ese sentido.
Maria Celina se aproximó del tema en 1997, cuando participó en un seminario sobre la amenaza a las comunidades remanentes con las construcciones de represas en Vale do Ribeira. Ella entró en contacto con las comunidades y decidió estudiarlas como tesis de doctorado en la Unicamp. Por coincidencia, dos años después, comenzó a trabajar en el Instituto de Tierras de São Paulo, donde quedó encargada de elaborar los informes técnico-científicos para efecto del reconocimiento y titulación.
Ella enfocó los poblados de Galvão y São Pedro y se deparó con la fascinante historia de Bernardo Furkin, que montó el quilombo con un grupo de fugitivos cerca de la naciente del río Bocó alrededor de 1830. Poco a poco, Furkin consiguió estructurar con los vecinos una eficiente red de información que permitió la defensa y la llegada de nuevos fugitivos. Al mismo tiempo, formaron alianzas por medio de casamientos.
La educadora minera Ana Luiza de Souza, que defendió la tesis de maestría Historia, educación y lo cotidiano de un quilombo llamado Mumbuca (Minas Gerais), en la Unicamp, pasó a interesarse por la cuestión de los quilombolas al mudarse para la región del Vale de Jequitinhonha, cuando mantuvo contacto con comunidades allá existentes. Ella revela un aspecto interesante de Mumbuca: había una tradición establecida por su fundador, José Cláudio de Souza, de que todos los habitantes recibiesen educación escolar. Souza era instruido y, después de dejar la mina, donde supuestamente acumuló una pequeña fortuna, compró en 1862 un área bastante aislada, que dio origen a un reducto. Fue esa curiosa característica lo que despertó la atención de la investigadora, que reconstituyó su historia, con énfasis en la educación.
El área del antiguo quilombo es actualmente disputada por un hacendado que usa un certificado de propiedad del ex-esclavo para alegar derecho a usucapión. Ana Luiza cuenta que, durante mucho tiempo, hasta la década de 1960, Mumbuca vivió con prosperidad, gracias al cultivo del café. En las ciudades vecinas, sus habitantes eran respetados como negros trabajadores y letrados. La declinación comenzó cuando la política de protección a la exportación del café determinó que todas las plantaciones antiguas fuesen destruidas. Para sobrevivir, los quilombolas recurrieron a la yuca, cuyo rendimiento es bien menor. Hoy, mientras disputan en la Justicia la posesión de la tierra, ellos y un grupo de educadores, del cual Ana Luiza forma parte, luchan para recuperar sus tradiciones, como la Fiesta del Rosario.
La relación de los quilombos de Vale do Ribeira con el movimiento social también fue el tema de la tesis de maestría del sociólogo Leandro Rosa por la Unesp. Asesor de cultura para Géneros y Etnias de la Secretaria de Estado de la Cultura de São Paulo, Rosa se inclino sobre los cambios traídos a los quilombolas por la Constitución de 1988. Según él, tanto en los remanentes paulistas como en otros estados se ve el surgimiento de una conciencia política explotada y potencializada sobre todo por la actuación de la Pastoral de la Tierra y otros movimientos sociales, de los amenazados o alcanzados por las represas, que pasan a incorporar las tierras protegidas por la Constitución para que refuercen sus discursos. Por lo tanto, debemos desmitificar algunas cosas. La primera es la de decir que no existe (o es excepción) encontrar una conciencia política entre los quilombolas.
Y esa conciencia, cree él, siempre existió en esas comunidades. Lo que vino de nuevo fueron nuevos elementos de lucha y que por tratarse de una cuestión agraria grave viene al caso ahora con más visibilidad. El investigador defiende en su tesina que una comunidad remanente de esclavos fugitivos es, antes de más nada, un movimiento social. Es un movimiento histórico y por lo tanto su movilización de resistencia es política y inmanente a ella. Lógicamente, la actuación dentro de la comunidad y en su entorno siempre pasó desapercibida de la dicha historia oficial, salvo en cuestiones de conflicto o guerra (vide Palmares). Por lo tanto, hoy en día esa actuación es más bien calificada porque tiene más elementos protección de la ley y otras banderas, como la cuestión ecológica, de las mujeres quilombolas, la agraria, la étnica etc.
Carmem Lúcia Rodrigues, profesora del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de São Paulo (Esalq), cree que no hay prejuicio detallado que justifique la carencia de ciertas comunidades, como en general sucede cuando se trata de la cultura negra en Brasil. En el caso de los quilombolas, sus áreas se transformaron, curiosamente, en atractivo turístico el caso de la comunidad del Mandira cerca de Cananéia.
La autora de la tesis de doctorado Límites del consenso: territorios polisemicos en el Bosque Atlántico y la gestión ambiental participativa, ella sugiere observar dos comunidades bastante divergentes en cuanto a su integración y al desarrollo: la del Mandira, en Cananéia que tiene el apoyo de diversos proyectos gubernamentales y de ONGs y creó una depuradora de ostras con éxito y la del Cambury, localizada en el interior del parque estadual de la Sierra del Mar, Núcleo Picinguaba, municipio de Ubatuba, que, en su opinión, tuvo poco apoyo del poder público hasta el momento, a excepción de la construcción de equipamientos de saneamiento básico.
Republicar