Dos años después de haber ordenado una revisión de las políticas de integridad científica en todas las agencias federales de Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden publicó un conjunto de directrices tendientes a prevenir las interferencias indebidas en las decisiones de carácter técnico. El propósito de ello es evitar la reiteración de injerencias que signaron la gestión del presidente anterior, Donald Trump, en organismos tales como la Agencia de Protección Ambiental y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), cuando se les impidió a científicos publicar evaluaciones basadas en evidencias que ponían en entredicho las opiniones y convicciones del gobierno.
El documento, que consta de 66 carillas, delinea un modelo de política de integridad que las agencias deben adoptar, además de una amplia lista de herramientas y parámetros para ayudarlas a evaluar y perfeccionar sus prácticas. Para implementar el nuevo plan, los directores de las agencias tendrán que apuntalar el compromiso de sus dirigentes, promover el flujo libre y transparente de la información científica y generar canales que protejan a su personal en caso de denuncias de transgresiones e injerencias inapropiadas.
El texto incluye un estatuto para un subcomité del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya función consistirá en monitorear la aplicación de políticas y orientar la selección y las actividades de los funcionarios de integridad científica, profesionales encargados de fiscalizar el uso adecuado de la ciencia en los procesos internos de cada agencia. Según la nueva normativa, estos fiscales deberán crear mecanismos que les permitan a los empleados de las agencias expresar sus análisis libremente. Cuando alguien del personal no esté de acuerdo con la información, las interpretaciones o conclusiones relacionadas con una decisión política en la que esté involucrado, será animado a expresar su opinión por escrito. Si las divergencias no fueran resueltas en deliberaciones internas, podrían ser objeto de consulta con otros expertos, en un proceso de revisión por pares cuyos resultados se harán públicos.
El plan también prevé la creación de un panel compuesto por inspectores de integridad de diversas agencias y personal de la Casa Blanca autorizados a revisar las políticas e investigar eventuales transgresiones. “Es un gran logro para la ciencia federal, aunque siempre hay espacio para introducir mejoras”, declaró a la revista Nature Jacob Carter, director del Centro para la Ciencia y la Democracia de la Unión de Científicos Conscientes (UCS), un grupo defensor de las políticas basadas en evidencias científicas con sede en Cambridge, Massachusetts. Por su parte, Lauren Kurtz, directora ejecutiva del Fondo de Defensa Legal de la Ciencia del Clima, una organización con sede en la ciudad de Nueva York, afirmó que estas normas podrían derogarse fácilmente y para prevenir realmente futuras injerencias políticas deberían ser aprobadas por el Congreso e incorporadas a la legislación vigente.
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