El país, que cuenta con cupos para las candidaturas femeninas desde hace casi 30 años, ocupa el 132º puesto en el ranking de igualdad de género que mide esta situación en 180 países
Gustavo Nascimento
Al cabo de casi 30 años desde que se crearon en Brasil las primeras leyes para establecer cupos de género en las candidaturas a elecciones, la representatividad femenina en la Cámara de Diputados pasó de un 6 % en 1998 a un 18 % en 2022. Se trata de una evolución inferior si se la compara con la de países como Argentina y México, que también adoptaron medidas similares en las décadas de 1990 y 2000, y que en la actualidad registran un 42 % y un 50 % de representación femenina en sus parlamentos, respectivamente. Para entender por qué el país ha avanzado menos en comparación con otras naciones latinoamericanas, investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes universidades han demostrado que las características del sistema electoral y la dinámica de los partidos políticos se erigen como una barrera al ascenso de las mujeres en la administración pública brasileña.
Datos de la Unión Interparlamentaria (IPU), una organización internacional que mide la participación femenina en los parlamentos de más de 180 países, indican que el 73 % de los políticos del mundo son varones. Pese a que la baja representatividad femenina en la esfera pública es un problema global, la situación en Brasil parece ser crítica. El país ocupa el puesto 134º en el ranking de igualdad de género de la IPU, lo que representa el peor panorama de América Latina. Por ello, aunque las mujeres representan más del 50 % de la población brasileña, la participación femenina en la Cámara de Diputados es de un 17,5 %, mientras que en el Senado alcanza el 17,3 %.
“Esta disparidad se traduce en barreras institucionales que contribuyen para perpetuar la desigualdad de género en la administración pública”, dice la politóloga brasileña Malu Gatto, de la University College London (UCL), en el Reino Unido, quien recientemente publicó el libro intitulado Candidatas – Os primeiros passos das mulheres na política no Brasil (FGV Editora, 2024). La obra fue redactada en forma conjunta con la también politóloga Débora Thomé, quien realiza un posdoctorado en el Centro de Estudios en Política y Economía del Sector Público (Cepesp) de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de São Paulo, con una beca de la FAPESP.
La asignación de los recursos en el interior de los partidos suele favorecer a los candidatos que ya cuentan con un capital político, que generalmente son varones
Fruto de una investigación desarrollada entre 2021 y 2023, que incluyó 188 entrevistas con 102 candidatos de todo el país ‒79 mujeres y 23 varones‒, dicho trabajo cruzó la información recabada en las entrevistas con los datos electorales. “El objetivo era mapear los obstáculos que ellas enfrentan durante su carrera política, especialmente a la hora de las candidaturas, que históricamente han sido menos estudiados en los trabajos académicos”, afirma Gatto. Según la politóloga de la UCL, esto sucede, entre otros motivos, porque es más sencillo obtener datos sobre las mujeres electas que de las candidatas, quienes a menudo no cuentan con equipos de apoyo, lo que hace difícil contactarlas.
Los resultados del estudio indican que una de las grandes barreras que enfrentan estas mujeres durante sus candidaturas se refiere a la falta de soporte de los líderes partidarios. Esto se traduce, por ejemplo, en una escasa visibilidad en los actos de campaña y en invitaciones sobre la hora para asistir a las reuniones en las que se toman decisiones. Además, pese a que la Enmienda Constitucional nº 117, de 2022, establece que el 30 % de los fondos partidarios debe destinarse a las candidaturas femeninas, esta norma no siempre se cumple y, a menudo, el dinero les llega en última instancia, lo que les impide desarrollar una campaña electoral eficiente. Otro problema que tiene que ver con la cuestión económica, según Gatto, reside en que las candidatas no reciben apoyo legal ni asesoría al respecto de cómo pueden invertir el dinero del fondo partidario. Así, dice la investigadora, muchas dependen de sus propios recursos o de voluntarios para poder ganar visibilidad pública y competitividad.
La violencia fue otra de las cuestiones mencionadas por las entrevistadas como un aspecto recurrente en la experiencia de la candidatura. “Las mujeres refieren episodios de insultos y ataques en línea padecidos durante las campañas, mientras que los casos más graves de agresión suelen ser denunciados por mujeres negras y transgénero, incluyendo acoso sexual y amenazas explícitas a su seguridad”, comenta la investigadora. Gatto también señala que, aunque los varones también son víctimas de la violencia, ellos tienden a considerar las agresiones como una parte inherente al juego político. “Las mujeres, en cambio, identifican y denuncian estas prácticas, haciendo hincapié en el impacto negativo que tienen en sus campañas y en el ámbito personal”, compara.
Alexandre Affonso / Revista Pesquisa FAPESP
La comprensión de las razones por las que la presencia femenina en la política ha tenido escasos avances en Brasil también forma parte de la agenda de investigación de la socióloga Clara Maria de Oliveira Araújo, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj). Uno de los motivos que explican este escenario tiene que ver con las características del sistema electoral brasileño y las reglas establecidas para la elección de diputados y concejales. Países como Argentina y México tienen un sistema de lista cerrada, en la que el elector vota al partido, y no al candidato. En este modelo, cada partido establece de antemano el orden de los candidatos a los que se asignarán los votos y las leyes de cupos determinan que haya una alternancia entre los varones y mujeres que integran las listas.
En cambio, en el modelo de lista abierta vigente en Brasil, el elector puede votar tanto a un candidato específico como a un partido. Sin embargo, en este sistema, los votos al partido se imputan a los candidatos que reciben más votos. Según Araújo, las listas abiertas generan una competencia interna en los partidos que acaba perjudicando a las mujeres. “La distribución de recursos, el tiempo de exposición en los medios de comunicación y el apoyo económico de los partidos suelen favorecer a los candidatos que ya poseen un capital político, y éstos generalmente son varones”, dice la socióloga. Como las mujeres tienen menos acceso a esos recursos, sus posibilidades de éxito electoral son menores. Según la investigadora, esto significa que, además de los cupos, es necesario que los partidos aumenten la inversión y el apoyo institucional a las mujeres.
Para Araújo, el sistema de listas abiertas contribuye a explicar la facilidad con que fue aprobada en Brasil la política de cupos en 1995, adelantándose a otros países latinoamericanos. “Las listas abiertas del sistema electoral brasileño hacen que las políticas de cupos sean incapaces de alterar radicalmente las posibilidades de elección de las mujeres, al contrario de lo que ocurre en los países con listas cerradas”, dice la socióloga.
Entre 2022 y 2023, Araújo también realizó una investigación para el Observatorio Nacional de las Mujeres en la Política de la Cámara de Diputados, analizando las posibilidades de éxito electoral de los candidatos que ya ocupan cargos políticos. Según ella, los resultados indican que quienes ya cuentan con experiencia parlamentaria tienen muchas más posibilidades de ser reelectos, reforzando el efecto circular que perpetúa la desigualdad de género en la administración pública.
Gustavo Nascimento
La socióloga fue la primera mujer que asumió la presidencia de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), en 1982. Por entonces estudiante universitaria y directora del Departamento Femenino de la entidad, relata que fue designada en ese cargo luego de que el entonces presidente de la UNE debió dimitir debido a la persecución política. Durante aquel período, Araújo acabó destacándose en las filas de la institución por ser la única mujer entre los directores. “Como eran pocos los que estaban dispuestos a asumir la presidencia de la organización, temerosos de las represalias que pudiera adoptar el régimen, acabé siendo yo la elegida. En cierto modo, fue porque no quedaban alternativas”, deduce.
Según la investigadora, durante su mandato, que duró hasta 1983, enfrentó prejuicios y discriminación, incluso de parte de los grupos progresistas. “En asambleas a las que asistían miles de estudiantes, mis argumentos a menudo eran descalificados por otros dirigentes”, relata. La experiencia acabó motivándola a estudiar la participación de las mujeres en los movimientos sociales. Así, en 1986, inició una maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) para indagar sobre la presencia femenina en tres sindicatos: el de los metalúrgicos, el de los bancarios y el de telecomunicaciones. “En estos espacios, las mujeres también tenían dificultades para ser escuchadas y había resistencia a aceptarlas como líderes. Algunas tenían prohibido hablar por megáfono alegando que sus voces eran muy finas”, recuerda.
También impulsada por una experiencia cotidiana, Marcella Barbosa Miranda Teixeira, secretaria ejecutiva de la Universidad Federal de Ouro Preto (Ufop), empezó a estudiar la presencia de las mujeres en la política en 2019. Esto sucedió luego de que esa institución educativa, fundada en 1969, recién en 2019 eligió a su primera rectora: la profesora Cláudia Aparecida Marliére de Lima. En su doctorado en administración, concluido en 2022 en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Barbosa Miranda Teixeira constató que las mujeres enfrentan poca oposición en los partidos para postularse a cubrir cargos en el Legislativo federal, debido a la existencia de cupos, pero tropiezan con obstáculos durante la campaña electoral. “Son pocas las mujeres que ocupan puestos de liderazgo en los partidos, por eso no consiguen participar en la toma de decisiones importantes a la hora de definir el apoyo económico a cada candidato”, comenta Barbosa Miranda Teixeira.
En su estudio, la investigadora también pudo comprobar que en las sesiones plenarias, las diputadas son apuntadas para ocuparse de temas generalmente asociados al género femenino, tales como educación, salud y familia. Por otro lado, hay menos incentivos para que formen parte de comisiones vinculadas a finanzas, presupuesto y justicia. “A las mujeres con hijos pequeños se les cuestiona su capacidad para conciliar la vida política con la maternidad, mientras que a los varones no se les exige lo mismo”, compara. Barbosa Miranda Teixeira también observó que, en general, la mayoría de las diputadas federales comparten dos agendas comunes: la búsqueda de una mayor participación femenina en la vida pública y la defensa de medidas para la salud de la mujer, como la mejora de los cuidados prenatales y la asistencia al parto.
En su doctorado en curso en la Universidad de São Paulo (USP) con financiación de la FAPESP, la investigadora Vanilda Souza Chaves, graduada en relaciones internacionales, estudia el impacto de la ley de cupos en Brasil en comparación con otros países latinoamericanos y las dinámicas intrapartidarias con efectos sobre la representación de las mujeres en la política brasileña. Según ella, hasta 2010, los partidos políticos brasileños solían incumplir los cupos. La situación empezó a cambiar tras los cambios introducidos en la legislación electoral y la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE), que comenzó a fiscalizar el registro de las listas presentadas por los partidos. Souza Chaves considera que las sanciones aplicadas a los partidos políticos en Brasil son menos eficaces que las medidas implementadas en naciones como Bolivia y México, que adoptaron el sistema de cupos en 1997 y 2002, respectivamente, y la paridad de género en 2010. La paridad incluye una regla de alternancia entre varones y mujeres en las listas electivas, la misma característica apuntada anteriormente por Araújo, de la Uerj. En estos países, los partidos están obligados a cumplir con las cuotas de género como condición para el registro de las candidaturas y poder participar en los comicios.
Alexandre Affonso / Revista Pesquisa FAPESP
Más allá de identificar los obstáculos en las campañas electorales, el estudio de Gatto y Thomé permitió detectar los perfiles y las motivaciones que llevan a las mujeres a postularse para ocupar cargos públicos. Muchas de ellas son líderes comunitarias, que buscan en la política una estrategia para representar y defender los intereses de sus grupos de origen, entre los que se cuentan organizaciones religiosas o asociaciones LGBTI+. Otras, en cambio, deciden presentarse a elecciones impulsadas por el deseo de incrementar la representatividad femenina en los espacios de poder, como una forma de promover la igualdad de género e inspirar a otras mujeres. Además, están aquellas que han sido invitadas por los partidos, generalmente porque ya participan en la política institucional o porque tienen conexiones con personalidades influyentes. “No obstante, estas invitaciones no siempre se traducen en un apoyo efectivo durante la campaña”, reitera Gatto.
La socióloga Alessandra Maia Terra de Faria, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ), recuerda que, durante la Primera República (1889-1930), las mujeres ni siquiera eran mencionadas en los textos constitucionales. Según ella, aunque este panorama comenzó a cambiar en 1932, cuando conquistaron el derecho al voto, no fue sino hasta 1987, cinco décadas más tarde, que las transformaciones se materializaron. “La ‘Bancada del Lápiz Labial’, creada por un grupo de diputadas federales electas para formar parte de la Asamblea Constituyente [1987-1988], cumplió un rol fundamental en la inclusión de derechos en la Constitución Federal de 1988”, dice. Entre ellos figura la ampliación de la licencia por maternidad de 84 a 120 días.
Según Faria, con la redemocratización del país, las universidades también pasaron a desempeñar un papel preponderante en la inclusión de las mujeres en la arena política brasileña. Un ejemplo de ello puede verse en la trayectoria de la filósofa y antropóloga Lélia Gonzalez (1935-1994), quien inicialmente trabajó como docente en la PUC-RJ y después se presentó a elecciones para los cargos de diputada federal (en 1982) y estadual (en 1986) por el estado de Río de Janeiro. “A pesar de no haber sido electa, Gonzalez contribuyó a darle visibilidad al debate sobre la importancia de incluir a las comunidades marginadas en el Parlamento brasileño”, pondera.
Gustavo Nascimento
Para Faria, otro cambio significativo se introdujo con la aprobación de la Ley nº 9.100, de 1995, que estableció la reserva de un 20 % de las candidaturas para las mujeres en las listas electorales de los partidos y coaliciones en las elecciones proporcionales. En 1997, el Congreso Nacional sancionó la Ley nº 9.504, que ha sido modificada con el correr de los años, pero que actualmente sigue estando en vigencia. Según dicha ley, al menos un 30 % de las listas de candidatos de los partidos y coaliciones para los Concejos Municipales, las Legislaturas de los estados, la Cámara Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados nacional debe reservarse a las mujeres. Este porcentaje comenzó a regir a partir de 2000. En 1998, los cupos femeninos de los partidos eran de un 25 %.
Pese a los retos identificados por Gatto y Thomé, la mayoría de las 79 mujeres entrevistadas manifestaron su deseo de continuar participando en política, ya sea compitiendo en futuras elecciones, apoyando a otros candidatos o trabajando en movimientos sociales. “En las entrevistas, las participantes expusieron su frustración con las dinámicas partidarias, pero al final, manifestaron un compromiso renovado con la política”, informa Thomé.
En opinión de Gatto, el aumento de la representatividad femenina en la administración pública es fundamental para garantizar que las políticas reflejen la diversidad y las necesidades de la totalidad de la población. “La presencia de una mayor cantidad de mujeres en la política podría erigirse como una influencia positiva en la agenda legislativa, incorporando perspectivas y prioridades que históricamente han quedado postergadas”, evalúa. Con todo, en agosto se aprobó una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que habilita a los partidos a incumplir el cupo femenino y para personas negras en las candidaturas. En septiembre, líderes de movimientos sociales y organizaciones presentaron al Supremo Tribunal Federal (STF) ‒la Suprema Corte de Justicia brasileña‒ una petición para dejar en suspenso la medida.
Para Camila Galetti, quien realiza un doctorado en la Universidad de Brasilia (UnB), la mayor presencia de mujeres en el Parlamento no se traduce en una ampliación de derechos. Ella recuerda que la representatividad femenina, que se mantuvo anclada en torno a un 9 % durante varios períodos legislativos, aumentó a más de un 12 % en 2018. “Pero este incremento estuvo signado por el ingreso de diputadas que rechazan la agenda feminista, lo que incluye la despenalización del aborto, por ejemplo”, dice. Al analizar más de 4.000 publicaciones en las redes sociales de esas parlamentarias durante el período electoral de 2018, Galetti constató que utilizaban la categoría del cuidado como estrategia política, abogando por propuestas tales como el homeschooling ‒educación en el hogar, brindada por los padres u otros responsables‒ y la protección de los niños contra supuestas amenazas a la moral que tienen lugar dentro del ámbito escolar.
Este artículo salió publicado con el título “El género en los comicios” en la edición impresa n° 344 de octubre de 2024.
Proyectos 1. Mapeo de distintos perfiles y sistematización de las formas de participación política de intermediarios o brókeres (nº 23/04679-0); Modalidad Beca posdoctoral; Investigador responsable George Avelino Filho; Becaria Débora Thomé Costa; Inversión R$ 271.927,26. 2. Las mujeres en la política. Los debates sobre cupos y paridad de género en los partidos políticos brasileños (nº 22/06702-6); Modalidad Becas doctorales; Investigadora responsable Ana Paula Belem Hey; Becaria Vanilda Souza Chaves; Inversión R$ 412.236,97.
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