El Consejo Superior de la FAPESP analizó el Proyecto de Ley nº 529 que la gobernación del estado de São Paulo remitió a la Legislatura. Dicho proyecto, que apunta a afrontar el deterioro de las finanzas públicas del estado como consecuencia de la pandemia, prevé captar el “superávit financiero” registrado en los balances de 2019 de las fundaciones y autarquías del estado. En el caso de la FAPESP, el monto sería de 560 millones de reales. Sin embargo, al final de 2019, los compromisos de la FAPESP con proyectos de investigación, becas de estudio, programas de innovación con empresas y centros de excelencia, entre otros, sumaban 1.600 millones de reales, fruto de la naturaleza plurianual de los proyectos que la Fundación patrocina. Por lo tanto, el Consejo Superior considera un error técnico tratar al “superávit administrativo” del balance como un excedente real. Esos recursos se necesitan para hacer frente a los compromisos previamente asumidos en un contexto en que los ingresos dependen de la recaudación tributaria del estado, que efectivamente varía en función del nivel de la actividad económica. En los últimos cinco años, la FAPESP recibió fondos del Tesoro del estado por valor de 5.700 millones de reales y gastó un total de 6.200 millones de la misma moneda. Las reservas acumuladas garantizaron el pago de esa diferencia. A juicio de su Consejo Superior, este proyecto de ley no toma en cuenta la coyuntura más que especial de la FAPESP, cuyos recursos provienen de una determinación expresa, que consta en el artículo 271 de la Constitución del Estado. Si se la aprueba tal como se la propuso, esta ley comprometerá el cumplimiento de los compromisos asumidos previamente por la FAPESP, y eso podría paralizar las actividades de investigación, desarrollo e innovación, poniendo en riesgo la recuperación económica y, por consiguiente, la generación de empleos. La FAPESP ha mantenido un rol activo en la mejora del contexto económico, cultural, científico y social. Un buen ejemplo de ello es la colaboración sellada por la Fundación con el Instituto Butantan a través de la cual se transferirán 32,5 millones de reales para el desarrollo de los ensayos clínicos de la vacuna denominada Coronavac –para prevenir el covid-19–, estudios de inmunogenicidad y soporte para su regulación ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). En una nota emitida el 20 de agosto, el Consejo Superior afirma que confía en que se replantee la conveniencia y la legalidad de la disposición prevista en el mencionado proyecto de ley.
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