A finales de septiembre, con la confirmación de la adhesión de Sierra Leona y Marruecos, el Tratado de Alta Mar alcanzó el número necesario de 60 países para convertirse en ley internacional. El documento estipula un marco legal para ampliar las zonas de protección ambiental a aguas internacionales, situadas más allá de la jurisdicción de cualquier país, mediante la creación de áreas marinas protegidas y la restricción de la sobrepesca y la explotación minera en alta mar. Brasil aún no ratificó el tratado, aunque es uno de los 126 países signatarios. En septiembre, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL 653/2025), que incorpora el tratado al ordenamiento jurídico brasileño; el texto está a la espera de la promulgación presidencial. Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023, el tratado entrará en vigencia en el próximo mes de enero, tras casi 20 años de negociaciones diplomáticas. La zona denominada alta mar comienza a 200 millas (321 kilómetros) de las líneas de las costas y constituye un patrimonio común de la humanidad. Las regulaciones establecidas para esta vasta área se consideraban insuficientes (Inside Climate News, 27 de septiembre; Nature, 3 de octubre).
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