A los investigadores que incurren en deslices éticos, tales como la falsificación de datos y el plagio, generalmente se los sanciona administrativamente mediante la suspensión de la financiación de sus proyectos, prohibiéndoseles supervisar a alumnos o incluso se determina su cesantía. Los casos raros en que se llega a un fallo judicial casi siempre están relacionados con prácticas cuyos efectos no se limitan al ámbito académico. En 2015, por ejemplo, el biomédico Dong-Pyou Han, exinvestigador de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por fabricar y falsificar datos de ensayos clínicos de una vacuna contra el VIH. La pena se dictó principalmente por las amenazas a la salud pública y a la sociedad que generó ese fraude.
La idea de que la mala conducta debe tratarse como un delito cobró fuerza en los últimos años con la publicación de trabajos que plantean un debate acerca de la necesidad de abordajes más incisivos para desalentar el aumento de los casos. Un estudio divulgado en agosto en la revista Medicine, Health Care and Philosophy analizó los posibles beneficios y limitaciones de tipificar como delitos a los deslices éticos en el ámbito científico. Una de las ventajas, según apunta el artículo, sería que se tornaría más ecuánime y homogénea la aplicación de penalidades. “En el sistema actual, las universidades deciden lo que debe hacerse cuando se detecta un caso de mala conducta”, analiza uno de los autores, William Bülow, docente del departamento de Filosofía de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. “Ese proceso corre el riesgo de ser arbitrario e imprevisible, pues permite que científicos que incurrieron en un mismo tipo de engaño sean tratados en forma diferente dependiendo de la institución en la que trabajan”.
Una de las limitaciones señaladas por Bülow es la dificultad para determinar cuáles casos merecen ser punidos legalmente como delito. “Es importante resaltar que no todos los casos de falsificación, por ejemplo, son perjudiciales a punto tal de configurar un delito”, dice. Según él, el riesgo principal reside en que se les adjudiquen culpas a individuos que cometieron errores, aunque no haya obrado con mala fe. Somos escépticos en cuanto a la cantidad de problemas que deben tratarse como delitos”, pondera Bülow.
Fraudes graves
En la última década, varios autores, como son los casos de Benjamin Sovacool, de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, y Julian Crane, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, hicieron hincapié en la necesidad de criminalizar al menos las formas más graves de fraudes científicos, especialmente la fabricación y falsificación de datos y el plagio. Bülow, sin embargo, sostiene que una restricción de la judicialización tan solo de algunos tipos de mala conducta no tiene en cuenta la complejidad y la diversidad de los deslices éticos. “Otras formas de engaño, tales como la presentación selectiva de resultados, la negligencia y un uso de estadísticas inadecuado, suelen quedar excluidos de las propuestas de criminalización”, destaca. En opinión del investigador sueco, esas prácticas dudosas también son graves y no deben ser toleradas.
Uno de los argumentos principales a favor de la criminalización de la mala conducta científica radica en que las penas más rigurosas podrían colaborar para desalentar fraudes intencionales. La profesora Rita Faria, docente de la Escuela de Criminología de la Universidad de Porto, en Portugal, detecta debilidades en ese razonamiento. “En la sociedad, los delitos no dejan de cometerse porque sean pasibles de penalidad”, dice. En su opinión, la sanción individual podría dejar en segundo plano la responsabilidad de las instituciones científicas para prevenir la mala conducta mediante la creación de programas educativos destinados a la promoción de la integridad científica. No obstante, ella está de acuerdo con que el conocimiento en el área de la criminología pueda utilizarse para realizar estudios en los cuales se analicen los descarríos de conducta en la ciencia.
En un capítulo de un libro que publicó en el mes de septiembre, la investigadora traza un paralelo entre la mala conducta científica y el delito de guante blanco, que normalmente se comete en el ámbito de empresas u organismos públicos. “Los delitos de guante blanco, tales como la falsificación y el lavaje de dinero, tienen como objetivo la ganancia. En comparación, aquellos científicos que falsifican datos buscan amañar resultados que les garanticen la continuidad de la financiación para sus investigaciones. Además, tanto en un caso como en el otro, puede verificarse que los fraudes los cometen mayoritariamente personas de mediana edad y que se encuentran en un punto culminante de su carrera”, afirma.
Un estudio publicado en 2017 reveló que los casos de mala conducta penalizados como delitos aún son raros. El periodista Ivan Oransky, fundador del sitio web Retraction Watch, identificó a 39 científicos de siete países que fueron condenados por la Justicia ordinaria entre 1979 y 2015. Las sanciones impuestas variaron entre devoluciones de dinero, pago de multas y prisión efectiva. Los casos fueron detectados a partir de búsquedas efectuadas en Google y en Retraction Watch valiéndose de palabras clave como “científico” y “condenado”. “De los 39 científicos condenados, 14 fueron sancionados criminalmente por problemas relacionados directamente con sus investigaciones”, dice Oransky. De ese total, tres estaban acusados por delitos relacionados exclusivamente con su actividad científica, mientras que otros 11 también habían incurrido en deslices de otro orden, tales como desvíos de fondos de investigación o sobornos. Dos investigaciones derivaron en acusaciones a varios científicos: siete investigadores en China acusados de peculado y cuatro en Estados Unidos condenados por soborno. Tan solo cinco de los más de 250 casos de mala conducta sancionados por la Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos (ORI, por sus siglas en inglés) durante ese mismo período también generaron sanciones penales.
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