La Cuenca Amazónica, que en territorio brasileño ocupa 3,8 millones de kilómetros cuadrados repartidos en siete estados y ostenta más del 60% del total de la disponibilidad hídrica del país, está considerada como el área con mayor potencial para la expansión de la generación hidroeléctrica en el Plan Nacional de Energía (PNE) elaborado por la estatal Empresa de Investigación Energética (EPE, en portugués), vinculada al Ministerio de Minería y Energía. Sin embargo, estudios recientes sobre los impactos socioambientales de la construcción de centrales hidroeléctricas en la región y la capacidad de las mismas de generar los resultados que se pretenden en el transcurso de su vida útil sugieren cautela.
“Las centrales hidroeléctricas amazónicas solo son económicamente competitivas con otras fuentes de energía si no se tienen en cuenta sus costos sociales y ambientales, los gastos que generaría su eventual remoción, si el cálculo se realiza con base en el costo de la energía instalada y no de la energía efectivamente producida, y si no se consideran los costos de una justa compensación, que se trasladarían a la sociedad”, sostiene Emilio Moran, docente de antropología, geografía y ciencias ambientales en la Universidad del Estado de Michigan (MSU), de Estados Unidos, y en la Universidad de Campinas (Unicamp), en Brasil. Moran coordinó un equipo multidisciplinario integrado por docentes e investigadores de las áreas de salud, geografía, antropología, economía agrícola y ambiental de la Unicamp, de la MSU, de las universidades federales de Pará (UFPA), Rio Grande do Sul (UFRGS) y Santa Catarina (UFSC), y de la universidad suiza St. Gallen. Estos se trasladaron al sudoeste del estado de Pará para efectuar un estudio de campo con el objetivo de evaluar los impactos socioambientales generados por la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú. Los resultados se dieron a conocer al final del mes de agosto, en el marco de un evento llevado a cabo en São Paulo.
En la investigación se constató que la central hidroeléctrica perjudicó la biodiversidad pesquera local y generó daños para la población de las ciudades paraenses de Altamira y Vitória do Xingu, aledañas a la obra. El incremento del costo de vida, la caída de los ingresos de los pobladores ribereños y de las agriculturas familiares, la disminución de la pesca, el empeoramiento de los indicadores de salud, la higiene deficiente y el aumento de la violencia son algunos de los perjuicios que se detectaron. “Lo que ocurrió en Belo Monte era previsible, ya había sucedido lo mismo con otros proyectos hidroeléctricos. Esto demuestra que el Estado continúa permitiendo los mismos errores que se cometían hace 40 años”, dice Moran, en referencia a los impactos socioambientales que se registraron en las décadas de 1970 y 1980 con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Tucuruí, en el río Tocantins, y Balbina, en el río Uatumã, afluente del Amazonas, que no fueron tenidos en cuenta cabalmente para la construcción de la central de Belo Monte.
El Plan Nacional de Energía fue lanzado en 2006 y su actualización más reciente es de 2018. En el mismo figuran las previsiones de consumo y un mapeo de las oportunidades de expansión de la oferta energética hasta 2050. Según consta en el documento, dependiendo de la expansión económica del país, la demanda de energía crecerá a un ritmo de un 1,4% a un 2,2% anual durante ese período. El potencial hidroeléctrico brasileño fue estimado en 176 mil megavatios (MW). De estos, 108 mil MW ya están disponibles o siendo cubiertos por otras construcciones. De los 68 mil MW restantes estipulados, 52 mil MW corresponden a proyectos que involucran la construcción de centrales de mediano y gran porte. De ese total, el 64%, es decir, 33 mil MW, está previsto producirlos en la Cuenca Amazónica.
Maíra Fainguelernt
Escenas fluviales cotidianas: garrafa de gas transportada en una embarcaciónMaíra FainguelerntConocedor de la región amazónica, donde trabaja desde 1978 como investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa), e invitado al evento, el biólogo estadounidense Philip Martin Fearnside, uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz de 2007 como miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés), dice que el potencial hidroeléctrico de la Cuenca Amazónica está sobredimensionado y que las inversiones no aportarán los resultados esperados. “No se están teniendo en cuenta, por ejemplo, los efectos del calentamiento global que reduce las precipitaciones pluviométricas y, por consiguiente, también el caudal de agua en los ríos”, advierte.
Fearnside cita un estudio llevado a cabo en 2015 por la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) del gobierno federal, intitulado “Brasil 2040”, en el cual se proyectan las consecuencias del calentamiento global para el clima del país. Esa proyección apunta para la región amazónica una disminución sustancial de las lluvias reflejada en el volumen del agua de los ríos y en la capacidad de generación de hidroelectricidad. Los impactos serán diferentes para cada cuenca hídrica. En los escenarios proyectados, la capacidad de generación en Belo Monte, por ejemplo, podrá reducirse entre un 20% y un 55%.
La industria del sector y algunos expertos tildan a la hidroelectricidad como una forma limpia de energía porque no utiliza fuentes fósiles como combustible. Fearnside la considera una percepción equivocada, principalmente en lo concerniente a las centrales hidroeléctricas instaladas en regiones de la selva. “Hay emisión de gases de efecto invernadero en cantidades sustanciales”, sostiene. Estudios que el científico realizó indican que los primeros años de actividad de una usina hidroeléctrica concentran una gran emisión de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2H). Según él, el plazo que a una central hidroeléctrica le lleva comenzar a generar beneficios, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, se mide en décadas y varía de acuerdo con su ubicación, el tamaño y el perfil del área ocupada por la represa. En Belo Monte, con la primera represa planificada río arriba, el investigador estima que ese plazo puede ser de 40 años.
Maíra Fainguelernt
Madre e hija lavando ropa en el ríoMaíra FainguelerntDependiente del río Xingú
El complejo hidroeléctrico de Belo Monte está formado por dos casas de máquinas, es decir, son dos usinas, que sumadas cuentan con 24 turbinas, con una capacidad total instalada de 11.200 MW, una producción a la cual se llegará en el último trimestre de este año con la puesta en marcha de las cuatro últimas turbinas. Así, la hidroeléctrica pasará a ocupar el tercer puesto entre las mayores del mundo en cuanto a su capacidad instalada, aunque no en producción efectiva. En Belo Monte, la oferta de energía firme, aquella que puede garantizarse, se limita a 4.400 MW en promedio. La producción efectiva depende del caudal del río Xingú. Durante los meses de sequía en la región, entre junio y octubre, su capacidad generadora se reduce sustancialmente.
Belo Monte es una central hidroeléctrica de pasada [de agua fluyente o “hilo de agua”], esto quiere decir que su embalse fue proyectado para permitir una regularización del caudal para pocos días de operación y no para la totalidad del período de sequía. Por eso, su embalse es casi tres veces menor que el necesario en una central tradicional. De cualquier manera, suma 478 km2 entre dos represas conectadas por un canal de derivación de 20 km de largo.
En enero de 2011, cuando arrancaron las obras en Belo Monte, la hidroeléctrica fue presupuestada en 16 mil millones de reales. En el mes de julio último, el Ministerio de Minería y Energía estimó su costo total en 42 mil millones de reales. La usina es propiedad del grupo Norte Energia S.A., que tiene a la estatal Eletrobras como accionista principal, con el 49,98% de las acciones. Las inversiones –de alrededor de un 80% de ese monto– fueron financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
El profesor Miquéias Calvi, docente de la Facultad de Ingeniería Forestal de la UFPA, reside en Altamira desde hace 30 años. Y siguió de cerca todo el proceso de comunicación promovido por el gobierno federal y el consorcio Norte Energia para convencer a la población local. Calvi comenta que se introdujo un relato muy convincente sobre cómo la usina sería la impulsora del desarrollo regional, generando empleo, ingresos para los productores rurales y para los comerciantes locales, aparte de mejoras en la provisión de servicios públicos de salud, saneamiento, distribución de agua potable, seguridad y vivienda. “Lograron un gran apoyo para la obra, que actualmente casi ya no existe”, informa.
Emilio Moran resume el ánimo actual de la población local en una frase, reiterada hasta el cansancio a los científicos partícipes en el proyecto sobre los impactos socioambientales de Belo Monte. “Bueno para Brasil, malísimo para nosotros”. Los resultados del estudio exponen las razones de ese cambio en la opinión pública. Antes de Belo Monte, la ciudad de Altamira albergaba a 75 mil habitantes. Dos años después del inicio de las obras ya eran casi 150 mil. La construcción de la central llegó a generar 50 mil empleos directos e indirectos, una cifra que fue disminuyendo a medida que las etapas de la obra iban finalizando. En 2018 la población estimada era de 113 mil habitantes.
Ese movimiento demográfico trajo consecuencias, incluso sobre la salud de la población. La jefa del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UFSC, Márcia Grisotti, estudia los impactos de Belo Monte y hace hincapié en el aumento de los registros de casos de sífilis entra las gestantes de la ciudad de Altamira, que pasaron de un caso por cada mil bebés nacidos en 2010 a 15 casos, en 2015. También aumentó la violencia. En 2015 la ciudad se ganó el indeseable rótulo de la más violenta de Brasil. Según datos que dio a conocer el Ministerio de Salud, se registraron 124,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Cinco años antes, ese índice era de 60,9 homicidios para igual cantidad de habitantes. También hubo un crecimiento en la cantidad de suicidios y de fallecimientos por accidentes de tránsito. “Las medidas compensatorias relacionadas con la salud quedaron acotadas a la instalación de equipos médicos y sanitarios, sin un monitoreo de los indicadores ni la definición de una estrategia tendiente a mitigar problemas que podrían haberse evitado”, dice Grisotti.
La construcción de la represa de Belo Monte y las alteraciones en el nivel del agua del Xingú exigieron el desplazamiento de 22 mil habitantes que vivían a orillas del río. Esa población fue reubicada en cinco Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC) en los suburbios de la ciudad de Altamira. Esa decisión no estuvo exenta de inconvenientes, dice Guillaume Leturcq, docente de la carrera de desarrollo regional de la UFRGS. “La gente que subsistía gracias al Xingú fue reubicada en asentamientos ubicados a 3 ó 4 kilómetros del río”, relata. “No se le ofreció la oportunidad de trasladarse a otras localidades donde podrían mantener su medio de vida”. Muchas de las nuevas viviendas han sido abandonadas o vendidas.
Belo Monte ocupará el puesto de tercera central hidroeléctrica del mundo en cuanto a su capacidad instalada, pero no así en producción efectiva
El incremento demográfico de la población generó problemas sanitarios. Hasta 2012, el abastecimiento de agua del 86% de la población provenía de pozos y los residuos cloacales del 90% de los hogares estaban conectados a fosas sépticas. En opinión de Cristina Gauthier, de la MSU, Norte Energia mejoró la infraestructura de saneamiento de Altamira, pero no lo suficiente para el crecimiento demográfico que afrontó la ciudad. El resultado: el uso de pozos y fosas sépticas sigue siendo lo usual en esa localidad. “Con el aumento demográfico, el número de pozos y fosas es mayor que antes de la construcción de la central. Una mayor cantidad de fosas sépticas impacta en la calidad del agua subterránea del lugar”, dice Gauthier. De las muestras tomadas en 30 casas, la investigadora constató que solamente seis pozos disponían de agua sin contaminantes fecales durante la época de sequía y siete durante el período lluvioso. Al planteárselo a Norte Energia, la empresa no comentó los resultados de las investigaciones.
Ni siquiera los pobladores ribereños que viven en zonas más alejadas de la usina y no tuvieron que abandonar sus casas quedaron inmunes. Los habitantes de la comunidad río abajo de Vila Nova, que suman 156 familias, relatan que actualmente precisan seis días para obtener la misma cantidad de peces que antes pescaban en dos. Además, los peces son de menor tamaño y resulta difícil venderlos. “En Altamira se pueden comprar peces de otras regiones de los estados de Pará y de Santa Catarina. Solamente un supermercado comercializaba peces locales en 2015”, dice Miquéias Calvi.
El investigador estudió los impactos de Belo Monte sobre la producción rural en la región de Altamira. “Se había prometido que el aumento de la población y de la demanda alimentaria iba a beneficiar a los productores locales”, dice. Sin embargo, tres años después del inicio de la obra, el 60% de los agricultores familiares habían abandonado sus cultivos temporales. Los cultivos de arroz, frijol, maíz y mandioca se redujeron de 40 mil hectáreas en 2011 a 20 mil hectáreas en 2017.
Lalo de Almeida/ Folhapress
Un poblador removido de la casa donde vivía a causa de la construcción de la central hidroeléctrica, desmontando palafitos en una zona cercana al canal AltamiraLalo de Almeida/ FolhapressEmilio Moran considera que muchos de los problemas constatados en el estudio podrían haberse evitado si la concesión para la construcción de la central hubiera estado precedida de un Estudio de Impacto Ambiental adecuado, con su respectivo Informe de Impacto Ambiental (EIA-Rima, en portugués). Para eso, y tal como lo establece la legislación brasileña al respecto, hubiera sido necesario estudiar previamente la región, tanto en sus aspectos físicos como humanos, y escuchar la opinión de las comunidades locales. Los organismos públicos, tal como es el caso del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), analiza Moran, también deberían tener “capacidad y voluntad política” para rechazar licencias al comprobarse que determinado emprendimiento no cumple con lo establecido por las leyes brasileñas y con las recomendaciones del informe de impacto social y ambiental. “Eso nunca ocurre en Brasil”, lamenta. “Los estudios se hacen, pero las obras igual se inician sin haberse solucionado los problemas apuntados en los estudios”.
El físico José Goldemberg, del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de São Paulo (IEA-USP) y exsecretario nacional de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología, coincide solo en parte con esas críticas. Según él, muchos de los impactos socioambientales de Belo Monte podrían haberse evitado efectivamente y la empresa debería hacerse cargo de los daños generados. Sin embargo, Belo Monte, pondera, no es una obra que deba juzgarse solamente por los perjuicios sociales, sino también por los beneficios que generó para el abastecimiento energético de todo el país.
A su juicio, las centrales hidroeléctricas en la Cuenca Amazónica deben evaluarse caso por cao, teniendo en cuenta su factibilidad en comparación con los costos de mitigación de los impactos socioambientales y frente a los posibles efectos de los cambios climáticos; empero, a priori, no debe descartárselas. “Brasil necesita expandir su producción de electricidad y una central hidroeléctrica, entre aquellas opciones que aseguran una generación sostenida, representa una alternativa mejor que la de las centrales que utilizan combustibles fósiles y las nucleares”, sostiene Goldemberg.
Alternativas para la generación eléctrica
Brasil posee el segundo parque generador hidroeléctrico del mundo –solamente detrás de China–, con una capacidad instalada de 94.700 megavatios (MW), que provee el 60% de sus requerimientos energéticos, de acuerdo con datos de 2018 suministrados por la Empresa de Investigación Energética (EPE, en portugués). El país fue uno de los pioneros en apostar a la fuerza de las aguas para generar electricidad. Las primeras centrales hidroeléctricas nacionales datan del final de la década de 1880 en Minas Gerais. En São Paulo, la usina Henry Borden, que fue inaugurada en 1926, fue fundamental para abastecer la energía para la industrialización del estado. La ingeniería brasileña adquirió expertise mediante la construcción de esas obras y, en la década 1980, erigió la central hidroeléctrica de Itaipú, la mayor del mundo hasta que fue superada por la china Tres Gargantas, en 2003.
Hoy en día, contemplando los costos económicos, ambientales y sociales, Emilio Moran sostiene que el país debe privilegiar fuentes tales como la eólica y la fotovoltaica. “La expansión hidroeléctrica ya no es sostenible”, afirma. “Pero el país posee potencial, todavía escasamente explotado, para sacar partido del sol y del viento”. Y también advierte sobre los riesgos de que el país no se prepare para afrontar los impactos de los cambios climáticos. La disminución de la disponibilidad de agua para abastecer a las usinas induce a los administradores de las centrales hidroeléctricas a modificar la infraestructura productiva. “Una de las soluciones consiste en reducir las turbinas, adaptándolas a caudales de agua menores”, dice. Eso es lo que se hizo en la usina Hoover, emplazada sobre el río Colorado, en Estados Unidos. Otra solución radica en dotar a las represas de placas fotovoltaicas flotantes, que aprovechen toda la infraestructura de distribución de la energía existente. Eso es lo que se está probando en la Usina de Sobradinho, sobre el río São Francisco y, a gran escala, en China.
Proyecto
Procesos sociales y ambientales implicados en la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en Altamira, estado de Pará (nº 12/51465-0); Modalidad Programa São Paulo Excellence Chairs (SPEC); Investigador responsable Emilio Federico Moran (Unicamp); Inversión R$ 1.268.685,34
Los 22 artículos producidos en el marco de la investigación se encuentran disponibles en el siguiente enlace: http://bit.ly/SPEC1319
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