Imagezoo/GettyImagesLa Universidad de São Paulo (USP), la mayor institución pública brasileña de educación superior y la más destacada del país en los rankings internacionales, inicia el año 2017 con un nuevo modelo para medir el desempeño y la calidad del trabajo de sus alrededor de 6 mil docentes. El Consejo Universitario aprobó el 8 de noviembre de 2016 una reforma del sistema de evaluación cuya meta consiste en coordinar los mecanismos de evaluación existentes y, fundamentalmente, establecer los objetivos que deben alcanzar en forma integral los docentes, departamentos y las distintas unidades de la universidad.
Este cambio se implementó mediante una reforma de la Comisión Permanente de Evaluación (CPA) y del Estatuto del Docente. Las evaluaciones se harán cada cinco años, teniendo como hilo conductor los proyectos académicos consignados por cada profesor. Esos proyectos definirán el desempeño esperado en las actividades educativas en las carreras de grado y en el posgrado, supervisión de alumnos, investigación, extensión y gestión administrativa, los cuales deberán ser aprobados previamente por el departamento al cual se encuentre vinculado el docente. A su vez, cada departamento deberá contar con un proyecto académico colectivo, cuyas metas serán válidas para el conjunto de docentes. Y los proyectos de cada departamento estarán articulados con proyectos mayores, de cada facultad o instituto.
Al elaborar su proyecto académico, el docente podrá negociar con su departamento para definir vocaciones específicas, tales como un mayor interés por la investigación, o bien dedicarse a las actividades educativas. “Este cambio resulta fundamental, porque contempla la diversidad de perfiles docentes necesarios en una universidad como la USP”, dice el rector Marco Antonio Zago. “Esto viene a corregir distorsiones, como el caso de exigirle a un docente con perfil de investigador que se ocupe en demasía de realizar actividades administrativas o de enseñanza, o requerirle a un docente de reconocida excelencia en tareas educativas que tenga una profusa producción científica”.
Si el docente no cumpliera lo previsto en su proyecto individual, podrá suscribir los términos de un compromiso para reorientar su trabajo en un plazo de tres años y restablecer el nivel académico esperado. Si fallara nuevamente, se hará pasible de que se aplique un proceso administrativo, que podría derivar en una amonestación, una sanción o en su cesantía. Aquel docente que firme un compromiso una vez no tendrá derecho a invocar ese recurso en los dos ciclos de evaluación posteriores. “Es necesario que haya consecuencias para los casos en que no se cumplan los proyectos académicos, pero el énfasis de este nuevo sistema no está puesto en el castigo”, dice Alexandre Nolasco de Carvalho, docente del Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación (ICMC), en São Carlos, quien preside la comisión encargada de la propuesta del modelo. “La idea es que haya metas que promuevan una evolución de la calidad académica de los docentes, de los departamentos, de las facultades y de las universidades como un todo”.
Imagezoo/GettyImagesEl modelo de la USP se inspira en parte en el proceso de evaluación trienal de los programas de posgrado, tal como lo viene haciendo desde hace más de 20 años la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), una agencia del Ministerio de Educación (MEC). “El modelo de la Capes es reconocido por su capacidad de estimular una mejora continua de la calidad de los programas de posgrado. El mismo es efectuado por pares y eleva las exigencias con cada ciclo”, dice Maria Paula Dallari Bucci, docente de la Facultad de Derecho de la USP, miembro de la comisión encargada de proponer el sistema y exsecretaria de Educación Superior del MEC entre 2008 y 2010.
El modelo apunta a perfeccionar el sistema anterior, que estaba compuesto por tres instancias distintas de evaluación. Una de ellas es la evaluación institucional de la universidad, promovida cada cinco años por la CPA y remitida a la Secretaría Estadual de Educación. Dicha evaluación se realiza por medio de opiniones de asesores, quienes analizan indicadores cuantitativos, formularios de autoevaluación y entrevistas con docentes, alumnos y empleados. “Se trata de una obligación de la universidad como organismo público”, dice Nolasco. “Empero, en forma aislada, tal evaluación nunca tuvo suficiente vigor como para direccionar el desarrollo institucional de la USP”. Actualmente, se han ampliado las incumbencias de la CPA. Pasó a estar compuesta por un plenario y dos cámaras específicas ‒una enfocada en las actividades docentes y otra de evaluación institucional (departamentos y unidades)‒ y su misión consiste en articular los procesos de evaluación de los organismos de la USP y establecer las directrices y el calendario de evaluación.
Antes también existía una comisión evaluadora dedicada a la progresión de la carrera docente y otra para seguimiento de las pasantías experimentales de los empleados y docentes concursados admitidos en la universidad. La pasantía duraba seis años y durante ese período se evaluaba al docente para luego confirmarlo en el cargo obteniendo estabilidad. Con la nueva configuración, ese período pasó a ser de tan sólo tres años. Según Alexandre Nolasco, las tres instancias tenían el defecto de que no actuaban en forma interconectada. “No había correlato entre las evaluaciones y la evolución institucional de la universidad”, dice. “La evaluación no puede constituir un fin en sí misma. Debe formar parte de un proceso de mejora de la calidad, donde los objetivos son planificados y, periódicamente, se mide lo que se logró y lo que no, promoviendo inmediatamente correcciones del trayecto”.
Los debates acerca del modelo suscitaron diversas críticas de la comunidad académica. Algunas de ellas introdujeron modificaciones en la propuesta original, pero otras aún persisten. Para Maria Arminda do Nascimento Arruda, directora de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias Humanas (FFLCH), resulta preocupante la centralización del proceso evaluativo de toda la universidad en una sola instancia, la CPA. “Este modelo de evaluación tiene el mérito de sincronizar el proyecto departamental con la actividad prioritaria del docente: enseñanza, investigación y extensión, los cuales constituirán los parámetros de su calificación. Sin embargo, el modelo de universidad a la cual estamos acostumbrados le otorga amplia autonomía a las diferentes facultades y cada una de ellas posee sus propios criterios de análisis y evaluación. La centralización reviste el riesgo de ampliar la normativa y la burocratización de la universidad, tornando aún más rígido a un sistema, de por sí, estricto”, sostiene. Según la profesora, aunque el proyecto prevé la existencia de representantes de las ciencias sociales y humanidades en la comisión evaluadora, existe el temor de que criterios ajenos al historial de esas áreas se utilicen para medir la calidad y el desempeño de los docentes. “Estoy totalmente a favor de la evaluación, porque la USP es una universidad pública y tiene la obligación de rendir cuentas. Pero debería replantearse si esta normativización excesiva no estaría comprometiendo las actividades culturales, científicas y académicas en la universidad.
El debate acerca de los cambios en la evaluación comenzó en 2014, cuando el rector Marco Antonio Zago creó una comisión encargada de modernizar el sistema. El año pasado, se elaboraron al menos tres versiones de las normas en el marco de un proceso de consulta pública, incorporando los aportes efectuados en las unidades y en los campus de Ribeirão Preto, São Carlos y São Paulo. “Recibimos más de 800 páginas de sugerencias, que en gran parte se incorporaron al texto aprobado por el Consejo Universitario”, relata Dallari Bucci.
Al principio, se contempló vincular la evaluación a la asignación de regímenes de trabajo, donde el 86% de los docentes de la USP se encuadran en el régimen de dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación (RDIDP, en sus siglas en portugués). Pero esa idea fue abandonada. “Hubo una interpretación totalmente equivocada de ciertos sectores de la universidad, que pensaban que la rectoría estaba interesada en reducir la planta de docentes en RDIDP para ahorrar dinero”, dice el rector Marco Antonio Zago. “Como eso no era cierto y el RDIDP cumple un rol fundamental en la universidad, resolvimos retirar de la discusión al régimen de trabajo, aunque resulta evidente que el sistema debe actualizarse”. Si la idea de aunar evaluación y régimen de trabajo hubiese prosperado, no hubiera sido algo inédito. La Universidad de Campinas, por ejemplo, instituyó en la década de 1990 un formato de evaluación del desempeño de los docentes que pudo derivar en la pérdida del RDIDP, con la consecuente reducción de sueldos para los docentes cuya calificación indique que su desempeño no alcanzó el nivel determinado según los criterios preestablecidos. Las vacantes de docentes de la Unicamp siempre son abiertas a un régimen de tiempo parcial. Aquéllos que aprueban los concursos luego de presentar un plan de actividades pueden recibir autorización para ingresar al régimen de dedicación exclusiva, lo cual no asegura el derecho de permanecer definitivamente en esa categoría. Otro tema sensible fue la composición de la CPA, donde al principio, todos eran designados directamente por la rectoría. El texto aprobado prevé que tan sólo tres de los nueve miembros serán designados por el rector. El resto serán nombrados por unidades y congregaciones.
Imagezoo/GettyImagesSegún analiza Elizabeth Balbachevsky, docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP, el nuevo sistema avanza en apartados importantes. “Se incorpora por primera vez algo que siempre fue un tabú en la USP, que es la exigencia por desempeño al docente”, dice la profesora, recordando que en 1988 se produjo la divulgación de una lista de docentes de la USP que no habían tenido ninguna producción científica en años anteriores y esto dejó traumas duraderos. “Esa exigencia surge con firmeza y establece que el docente será evaluado según parámetros concretos y predefinidos”, afirma Balbachevsky, quien participa en proyectos de investigación al respecto de la profesión académica en Brasil y en otros países.
El profesor Renato Pedrosa, docente del Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la Unicamp, critica un tópico del nuevo estatuto de la USP, según el cual, al final de la pasantía de tres años, el docente recién admitido será evaluado por una comisión tripartita, donde al menos uno de los miembros de la misma tenga vinculación con el departamento al cual el docente pertenezca. “Si la comisión tiene por lo menos un miembro que es colega del docente evaluado cabe la posibilidad de que se forme una comisión con dos o tres miembros del mismo departamento. Eso me resulta algo escaso para evitar lo endógenas que son muchas universidades de Brasil, así como la formación de grupos de interés dentro del statu quo de los departamentos”, afirma.
Pedrosa también cree que faltan criterios al respecto de lo que sería un desempeño aceptable en la evaluación de docentes y departamentos. Elizabeth Balbachevsky coincide en que el nuevo sistema adolece en cuanto a esos criterios, pero dice que eso es deliberado. “Ciertamente, se trata de una solución que contempla la diversidad de los perfiles académicos de las distintas unidades de la USP, que agrupa desde escuelas profesionales hasta enclaves de investigación con categoría internacional”, sostiene la profesora. El rector Marco Antonio Zago afirma que el objetivo de la reforma fue la creación de los lineamientos generales del sistema, que ahora deberán discutirse y perfeccionarse en las nuevas instancias de evaluación. “No tendría sentido establecer todos los pormenores, ya que eso tornaría más complicado corregir lo que no funciona y perfeccionar el modelo a lo largo del tiempo”, dice. La presencia de representantes de diversas áreas del conocimiento en la Comisión Permanente de Evaluación, dice Zago, es importante para generar consensos y convalidar el proceso. “La tendencia es que los investigadores de algunas áreas no reconocen los criterios de evaluación utilizados por otras e incluso los descalifican. Eso es necesario superar eso”.
Elizabeth Balbachevsky remarca que la solución adoptada por la USP sigue el modelo de gobierno universitario que se emplea en otros países, basándose en mecanismos de valorización y monitoreo del desempeño de los docentes. “La diferencia reside en que, en las universidades británicas, estadounidenses y australianas, los procesos de evaluación son refrendados por expertos ajenos a las instituciones, muchos de ellos extranjeros. Eso es lo que le hace falta al modelo de la USP y podría servir para compensar eventuales dinámicas corporativas que el nuevo tipo de evaluación podría propiciar”.
Republicar