Un decreto federal ha dado un paso importante con miras a plasmar la Nueva Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), que apunta a revitalizar la industria de la bioenergía en Brasil, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el compromiso que el país asumió en la Conferencia de París, en 2015. Esta política, gestada durante los últimos dos años por técnicos del Ministerio de Minería y Energía (MME), se aprobó en el Congreso al final del año pasado. Su decreto de regulación, firmado el día 14 de marzo por el presidente Michel Temer en el marco de una ceremonia que tuvo lugar en la localidad de Ribeirão Preto (interior de São Paulo) y que hizo las veces de mojón de apertura de la zafra de la caña de azúcar, fijó un cronograma para que la misma entre en vigencia en un lapso de dos años. El Consejo Nacional de Política Energética, que asesora al gobierno, determinará hasta el mes de junio las metas obligatorias para la reducción de las emisiones de carbono ocasionadas por el uso de combustibles en Brasil, que tendrán validez durante el período comprendido entre 2018 y 2028. Posteriormente, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles desplegará esas grandes metas en objetivos individuales que deberán cumplir cada una de las distribuidoras de combustible brasileñas a partir del día 24 de diciembre de 2019.
La principal innovación de esta política consiste en la creación de un mecanismo que genera un activo financiero destinado a los productores de biocombustibles −etanol, biodiesel, biogás o biocombustible de aviación−, proporcional al volumen producido y que se basa en criterios de eficiencia. Quienes fabrican biocombustibles tendrán derecho a Créditos de Descarbonización (CBIOs), títulos negociados en bolsas que constituirán una nueva fuente de ingresos para el sector. En tanto, las distribuidoras estarán obligadas a comprar esos papeles en cantidades correspondientes a su participación en el mercado de combustibles fósiles. “El objetivo de este mecanismo consiste en descarbonizar gradualmente la matriz energética brasileña”, dice el economista Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, director de biocombustibles de la Secretaría de Petróleo y Gas del MME, y uno de los artífices de la nueva política.
Como corolario de ésta, el gobierno brasileño prevé incrementar la producción de etanol desde los actuales 30 mil millones de litros hasta alrededor de 50 mil millones de litros en 2030, y elevar la de biodiésel de 4 mil millones de litros a 13 mil millones de litros en idéntico período. Al mismo tiempo, se estima un ahorro de 300 mil millones de litros de gasolina y gasoil importados durante los próximos años. Y se proyecta también un aumento de 10 millones de hectáreas plantadas y destinadas a la bioenergía. Los mentores de este programa hacen hincapié en que existen en Brasil actualmente 198 millones de hectáreas de pasturas, una extensión en buena medida con baja productividad, que podría emplearse para la producción de esos cultivos.
El mecanismo propuesto también apunta a estimular el aumento de productividad de las áreas plantadas actualmente. El fabricante de biocombustibles, siempre que concrete una venta, tendrá derecho a emitir CBIOs, pero la cantidad de créditos a la que cada uno tendrá derecho dependerá de un análisis de sus procesos de producción: cuanto menor sea el balance de emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa, más créditos podrá percibir. Esta evaluación redundará en una nota de eficiencia energético-ambiental que se le asignará a cada productor. Se está desarrollando un software llamado Renovalc con el objetivo de realizar estos cálculos con precisión.
Eduardo Cesar
El aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar para la generación de electricidad redundará en créditos extras destinados a las centrales de etanolEduardo CesarSe espera que esta lógica estimule a las centrales productoras a utilizar las mejores prácticas de cultivo y de generación de bioenergía, y a implementar nuevas tecnologías. Aquellas centrales que además de producir etanol también queman residuos de la caña de azúcar para generar electricidad, o producen biogás para reemplazar el gasoil de sus máquinas, podrán obtener más créditos que aquéllas que no aprovechan la paja, el bagazo o la materia orgánica de la vinaza. “Sabemos que el etanol es sostenible, que emite en promedio un 80% menos carbono que los combustibles fósiles, pero algunos productores exhiben indicadores económicos y ambientales mejores que otros, y es justo que se les reconozca esto”, explica el agrónomo Heitor Cantarella, investigador del Instituto Agronómico de Campinas (IAC) y miembro de la coordinación del Programa FAPESP de Investigaciones en Bioenergía (Bioen). “Con la política RenovaBio, será posible modificar la forma de producir bioenergía y demostrar que el país, el segundo productor de etanol y biodiésel del mundo, tiene un compromiso con la fabricación de combustibles más limpios aún”.
Según Cantarella, la nueva política le dará impulso a una vertiente de investigación en bioenergía en cuyo marco se buscan alternativas tecnológicas tendientes a reducir las emisiones. En un artículo de opinión que publicó en febrero en el periódico británico Financial Times, Cantarella llamó la atención al respecto del peso de la aplicación de ciertos fertilizantes sobre el balance de las emisiones de carbono en las plantaciones de caña de azúcar y sobre las alternativas capaces de hacer disminuir ese impacto, como en el caso del empleo de sustancias que inhiben la liberación de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero que liberan los abonos nitrogenados. “Cualquier tipo de disminución de las emisiones cobrará valor a partir de ahora”. En algunos proyectos que cuentan con el apoyo del programa Bioen, desde hace tiempo se investiga la naturaleza de las emisiones de carbono. “El uso de rutina de la paja y la vinaza como fertilizantes en los cañamelares tiende a generar un aumento de las emisiones, pero existen grupos de investigadores que están abocados a la búsqueda de formas de atenuarlo”, afirma. “De todos modos, las emisiones causadas por el uso de fertilizantes en Brasil son inferiores a los índices medios que contempla el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC.”
El gobierno de Brasil proyecta un aumento de 10 millones de hectáreas plantadas en el país dedicadas a la bioenergía
También se espera que la nueva política incentive la superación de obstáculos tecnológicos y la búsqueda de viabilidad económica para implantar métodos más sostenibles de producción de bioenergía, especialmente en lo que atañe al etanol de segunda generación, obtenido a partir de la celulosa y de residuos orgánicos. “Cabe esperar que la política RenovaBio se transforme también en un driver de desarrollo tecnológico”, dice el ingeniero agrónomo Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, docente del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas (Unicamp), y uno de los fundadores de GranBio, la empresa que inauguró la primera central de etanol de segunda generación en Brasil, instalada en 2014 en la localidad de São Miguel dos Campos, en el estado de Alagoas. Amarante, quien dejó la empresa en 2016, dice que los problemas tecnológicos de la línea de producción se han resuelto y que la empresa trabaja ahora para equilibrar cuestiones económicas, a los efectos de implantar nuevas soluciones y expandir su operación. “El alza del precio del petróleo complicó y ahuyentó a los inversores en bioenergía, pero cabe esperar que ahora, con RenovaBio, se produzca una nueva oleada de financiación”. El MME proyecta un crecimiento del interés privado en la industria de biocombustibles, y prevé inversiones por valor de 90 mil millones de reales hasta el año 2030, sólo en la producción de bioetanol.
Luciano Rodrigues, responsable del área de economía y análisis sectorial de la Unión de la Industria de la Caña de azúcar (Unica), vislumbra dos impactos principales de la política RenovaBio. “Dotará de una mayor previsibilidad a todos los agentes del mercado, al indicarles a cada uno de éstos cuál será el rol de los biocombustibles en el futuro”, dice. El segundo impacto está relacionado con los CBIOs. “Los biocombustibles poseen aquello a lo que le damos el nombre de externalidades positivas: cuando alguien utiliza un combustible renovable, genera un beneficio que se extiende a toda la sociedad, con una emisión menor de gases de efecto invernadero. El mecanismo que se ha creado reconoce esas externalidades, recompensa la producción de biocombustibles y tiende a expandir su oferta. La producción de biocombustibles crecerá mediante la búsqueda de la eficiencia ambiental y económica.”
José Eduardo Marcondes de Almeida / Instituto Biológico-SAASP
Los efectos esperables de esta nueva política comprenden una inversión de 50 mil millones de reales en la producción de etanol de caña de azúcar hasta el año 2030José Eduardo Marcondes de Almeida / Instituto Biológico-SAASPEsta nueva estrategia surge en un momento en el cual la industria brasileña de biocombustibles procura superar una etapa de crisis y de escasas inversiones. De acuerdo con un estudio de la consultora RPA, de la localidad paulista de Ribeirão Preto, especializada en negocios ligados a la caña de azúcar, 76 de las 444 centrales productoras del país estaban paradas durante el segundo semestre del año pasado, y algunas de ellas se encontraban en situación de insolvencia. “RenovaBio creó una demanda nueva para los productores de biocombustibles. No es casualidad que la industria de la caña de azúcar esté celebrando”, dice Daniela Stump, experta en derecho ambiental del estudio jurídico Machado Meyer Advogados. “Al mismo tiempo, generó una gran novedad en la política ambiental brasileña, que venía perdiendo eficacia desde hacía algunos años. Es la primera vez que se crean metas obligatorias tendientes a disminuir las emisiones. Yo nunca había visto un compromiso tan firme”, subraya Stump, quien, así y todo, formula una advertencia: “Ahora se hace necesario crear metas para otros sectores de la economía. No es justo elegir únicamente a un sector para que haga el papel del malo. Todos deben participar en el esfuerzo de protección del clima, de acuerdo con sus emisiones de gases de efecto invernadero y con su capacidad de disminuirlas”.
Los mentores de la política RenovaBio adaptaron políticas que se implementaron en Estados Unidos y en la Unión Europea. “Existen estrategias probadas hace más de 10 años, y hay buena literatura sobre el tema, que muestra aquello que salió bien y lo que salió mal. Hemos aprovechado esa experiencia”, dice Miguel Ivan de Oliveira, del MME. La principal inspiración provino del Low Carbon Fuel Standard (LCFS), una política pública en vigencia en el estado de California. El LCFS define metas de reducción de emisiones y rutas para alcanzarlas utilizando distintas tecnologías y diversos combustibles; y también fija recompensas específicas por cada ruta. En tanto, la RenovaBio no delimita sendas tecnológicas y los créditos de descarbonización poseerán un valor único, que el mercado definirá. “En la política RenovaBio, no se define a priori quiénes serán los ‘campeones’. Cada biocombustible competirá para alcanzar la meta de descarbonización. La producción de biocombustible que sea más eficiente desde el punto de vista energético y ambiental será la que podrá emitir más créditos y, por ende, la que obtendrá la mayor recompensa”, escribió el economista Plínio Nastari, presidente de la consultora DataAgro, en un artículo publicado en el periódico Folha de Pernambuco.
Las distribuidoras podrán postergar para el año siguiente el cumplimiento de hasta un 15% de su meta individual
Si bien la ley de la política RenovaBio se reguló con rapidez, aún hay variables que carecen de definición, a ejemplo de las metas individuales que se les imponen a las distribuidoras y la forma de calcular la eficiencia de los productores. Como la cotización de los CBIOs oscilará de acuerdo con la oferta y la demanda, se hace difícil vaticinar cómo será el funcionamiento del mercado antes de conocer las metas. “Pero es posible imaginar que el valor de los créditos caiga de haber un aumento del precio del petróleo, porque esto de por sí desalentaría el consumo de combustibles fósiles”, dice Luciano Rodrigues, de Unica. A juicio de Gonçalo Amarante, los créditos gozarán de una buena liquidez. “Si los inversores actualmente compran monedas virtuales cuyo lastre es oscuro, de seguro habrá interés en créditos de carbono que se emitan con base en una producción sostenible.”
La autorización para que cualquier persona participe en la compraventa de créditos es objeto de controversia. Esta medida, que apunta a dotar de liquidez al mercado, es vista con desconfianza por las distribuidoras, que temen la especulación con los títulos. En caso de que el costo de las CBIOs se vuelva demasiado pesado para las empresas, existe el riesgo de que éstas opten por pagar la multa por el incumplimiento de la meta, que durante la tramitación del proyecto de RenovaBio en el Congreso se redujo de 500 millones de reales a 50 millones de reales a lo sumo por distribuidora. Es cierto que las empresas tendrán alguna flexibilidad. El cumplimiento de una pequeña parte de la meta individual, de un 15% del total como máximo, podrá postergarse para el año siguiente, pero no será posible utilizar ese recurso inmediatamente. Las distribuidoras estarán eximidas de la obligación de comprobar la descarbonización en caso de que firmen contratos de compra de créditos por períodos largos: el objetivo de esto consiste en ayudar a estructurar el mercado de CBIOs. “Contamos con los cimientos de una nueva política, pero falta organizar adecuadamente su aplicación. Será necesario crear mecanismos tendientes a evitar que se burle el sistema”, dice Rodrigues.
Republicar