En 2020, el gobierno federal brasileño propuso un proyecto de ley para la regulación de la minería en las tierras indígenas de la Amazonia. Si el Congreso aprueba la nueva normativa, la superficie de la selva amenazada podría incrementarse en un 20 %, pasando de 700.000 a 860.000 kilómetros cuadrados. En virtud de las leyes vigentes, la explotación minera en estas tierras solo puede realizarse mediante la autorización del Congreso. Para dimensionar el posible impacto de la nueva normativa, la ingeniera ambiental Juliana Siqueira-Gay, de la Universidad de São Paulo (USP), junto a colaboradores del estado brasileño de Minas Gerais y de la ciudad de Brisbane (Australia), tuvo en cuenta todas las áreas con potencial para la minería. Según esta evaluación, las zonas que podrían verse afectadas cobijan a 222 grupos indígenas de alta diversidad cultural. Se calcula que ellos aportan al menos 5.000 millones de dólares al año a la economía global a través de la producción de alimentos, la mitigación de las emisiones de carbono y la regulación del clima. Los investigadores constataron que 115 de estas áreas de protección indígena (el 31 % del total) contenían al menos una propuesta de minería, la mayoría ya en fase de prospección, la etapa inicial del proceso de concesión de licencias de explotación minera. También advirtieron que el proyecto de ley no contempla salvaguardias del medio ambiente ni sociales (One Earth, 18 de septiembre).
Rodrigo Cunha
