Los científicos brasileños pasarán menos sobresaltos en 2020, luego de que el Congreso Nacional blindara el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC) contra nuevos ajustes. Esta estrategia obtuvo curso legal mediante la aprobación de la Ley Presupuestaria Anual (LOA, en portugués), a partir del mes de diciembre. La noticia fue recibida con alivio por la comunidad científica, que vivió un 2019 de zozobra financiera e incertidumbre, luego de que el gobierno congelara en el mes de marzo el 42% de las partidas presupuestarias del MCTIC, obligando al ministerio a trabajar con el menor monto de recursos en más de una década. Para esa fecha, el gobierno también recortó el 30% de los recursos que se destinaban a las universidades federales, en ese caso vinculado al Ministerio de Educación (MEC). “Esta es una gran victoria, pero la preocupación presupuestaria continúa, porque el monto sigue siendo muy bajo”, dice el físico Ildeu Moreira de Castro, presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC).
El presupuesto para el MCTIC en 2020 será de 11.800 millones de reales. De ese total, 5.100 millones quedarán retenidos como reserva de emergencia y no se podrán gastar en ciencia, tecnología e innovación (CT&I). En lugar de ello, se utilizarán para reducir el déficit en las cuentas públicas. Otra porción, en este caso de casi 983 millones de reales, consta en el presupuesto como crédito suplementario, sujeto a la aprobación del Congreso para poder utilizarlo. Si se excluyen todos esos valores, y se suman los gastos obligatorios, los recursos reales para inversión del MCTIC en 2020 serán de aproximadamente 3.700 millones de reales (vea el gráfico). “El blindaje aprobado por el Congreso impide que el presupuesto se reduzca todavía más para este año, pero ello no deshace el ajuste introducido en el propio proyecto de ley”, explica Moreira. “El panorama para la CT&I en 2020 sigue siendo crítico”.
Las perspectivas tampoco son alentadoras para las principales agencias de fomento de la investigación científica del país. La partida presupuestaria asignada en 2020 al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) registró un reajuste del 0,66% en comparación con la de 2019. En tanto, el presupuesto de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes) se redujo en un 33,1% en relación con el monto del año anterior (vea la tabla).
Los recursos para la ciencia no se refieren solamente al MCTIC, sino que también están incluidos en el presupuesto de otros ministerios, tales como los de Salud, Defensa y Educación (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 256). Para intentar reducir los daños, los parlamentarios lograron aprobar una enmienda adicional, presentada por el diputado federal João Campos (Partido Socialista Brasileño-Pernambuco), extendiendo también la protección contra nuevos ajustes a otras instituciones federales del sistema nacional de CT&I, entre las cuales figuran la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). Sin embargo, esa enmienda fue vetada por el presidente Jair Bolsonaro, a instancias de del Ministerio de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia. “El argumento esgrimido fue que ello introduciría una rigidez presupuestaria, dificultando la ejecución de otras políticas públicas”, explica el diputado Campos. “Los vetos también serán analizados en el plenario del Congreso”, dice el senador Izalci Lucas (Partido de la Social Democracia Brasileña-Distrito Federal), uno de los interlocutores principales de la comunidad científica en Brasilia. “Lo que más nos preocupa en este momento es la situación del FNDCT [Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico]”. Este fondo, cuya administración está a cargo de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), constituye la herramienta principal de apoyo a los proyectos de investigación del MCTIC, pero actualmente atraviesa una instancia de retracción e incertidumbre (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 285).
Campos comparte la preocupación de Lucas en cuanto a la reducción de los recursos para CT&I, y está trabajando junto a otros congresistas para tumbar el veto a la enmienda que impide el recorte del presupuesto de las instituciones externas al MCTIC. Las posibilidades de que eso se logre son grandes, según sostiene. “Los parlamentarios están convencidos de la importancia de garantizar el presupuesto para el sector”, dice. “El país no puede seguir yendo a contramano del mundo en lo concerniente a la financiación a la ciencia y tecnología”.
La recomposición de una parte de los recursos para CT&I es el resultado de una articulación política que también involucró a representantes de entidades ligadas al sector al cabo del debate de la propuesta de ley presupuestaria, la primera en el marco del gobierno actual. Uno de los actores implicados fue la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que desde hace más de una década actúa como interlocutora entre los sectores público y privado por medio de la Movilización Empresarial por la Innovación (MEI). Esta iniciativa agrupa a alrededor de 300 líderes empresarios del país y funciona como un foro de diálogo con el gobierno, la academia y la sociedad civil (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 266). “Los líderes de la MEI se reúnen cada tres meses con los representantes del poder público y de la academia para discutir los caminos posibles para estimular la innovación en el país”, explica Gianna Sagazio, directora de Innovación de la CNI y coordinadora de la MEI.
Para ella, uno de los encuentros decisivos para sensibilizar a los parlamentarios acerca de la necesidad de garantizar los recursos para CT&I fue promovido en noviembre de 2019 en la sede de la CNI en Brasilia. El evento contó con la participación de autoridades, entre ellas, Rodrigo Maia (Demócratas-Río de Janeiro) y Davi Alcolumbre (Demócratas-Amapá), presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y empresarios de diversos sectores de la industria. “Discutimos sobre la innovación como vector para el desarrollo y la importancia de una política propia a largo plazo, basada en metas y en la garantía de recursos”, dice Sagazio.
El encuentro se dio por iniciativa de la CNI y del Frente Parlamentario Mixto de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación, conformado en julio de 2019. El frente cuenta con 207 parlamentarios de distintos partidos, que se reúnen en sesiones con miembros de la comunidad científica y de la sociedad civil para debatir temas de interés para el sector. La iniciativa está presidida por Izalci Lucas, quien ya había coordinado la articulación para la creación de ese mismo frente suprapartidario en 2009, cuando aún ejercía el cargo de diputado por el Partido del Frente Liberal, el actual Demócratas. Ahora, desde el Senado, él trabaja para expandir ese grupo junto al diputado Vitor Lippi (Partido de la Social Democracia Brasileña-São Paulo), a cargo de la vicepresidencia del frente.
Según Lucas, uno de los resultados del encuentro en la CNI fue el alineamiento entre diputados y senadores de diferentes partidos en torno al potencial estratégico de la CT&I para el país. Esta postura se tornó nítida en un artículo publicado en el mes de noviembre en el periódico O Globo. El texto, firmado por 22 líderes partidarios de diferentes tendencias políticas y articulado por el disputado Alessandro Molon (Partido Socialista Brasileño-Río de Janeiro), propone rescatar la financiación a la investigación para superar la crisis que atraviesa el país. Otro de los resultados puede verse en la Comisión Mixta del Presupuesto. Desde la perspectiva de Lucas, “CT&I nunca estuvieron tan en evidencia en la pauta de la comisión”.
La CNI también viene articulándose con otras entidades, como por ejemplo la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras (Anpei), para avanzar en otras pautas con potencial para impulsar la innovación en el país. Una de ellas alude al Marco Legal de Startups y Emprendimientos Innovadores, fundamental para promover la agenda de innovación en Brasil, opina Sagazio. “Las startups son esenciales para la generación de empleos y para aportar dinamismo a la economía en muchos países”, dice. “Tenemos que perfeccionar el sistema regulador de esas pequeñas empresas innovadoras en Brasil”. En diciembre, la Cámara creó una comisión para evaluar el proyecto referente al marco legal, elaborado y presentado por el gobierno. En febrero, la comisión aprobó un plan de trabajo que prevé la realización de audiencias públicas entre marzo y abril para oír la opinión de expertos del sector privado y de la administración pública, incluyendo al ministro Marcos Pontes, del MCTIC. “La MEI está impulsando reuniones con parlamentarios para debatir sugerencias al texto que encuadrará a la nueva legislación, tal como la creación de un instrumento similar a la Ley del Bien para las pequeñas empresas innovadoras”, comenta Sagazio. Se espera que el Marco Legal sea aprobado en el Congreso en el curso de este año.
Uno de los retos impuestos a la comunidad científica en 2019 consistió en identificar a nuevos interlocutores en el Congreso y presentarse ante ellos. La Cámara Baja comenzó a trabajar en febrero del año pasado con una tasa del 47% de renovación, la más alta registrada desde las elecciones de 1998. En el Senado, el índice de recambio fue de un 85%. Esto significa que varios parlamentarios son novatos, mientras que otros, más proclives a los intereses de la comunidad científica, no lograron su reelección. Algunas entidades del sector ya venían monitoreando a los candidatos alineados con la defensa de la CT&I desde la campaña electoral para iniciar el armado de sus redes de contacto en el Congreso. Ese es el caso de la SBPC, que se acercó a los presidenciables y a candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a las Legislaturas de los estados durante la campaña y los invitó a firmar una lista de compromisos con la CT&I en caso de resultar electos. En el mes de mayo pasado, la entidad también lanzó la Iniciativa de Ciencia Y Tecnología en el Parlamento (ICTP.br), en colaboración con la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) y otras 60 instituciones académicas.
Moreira, de la SBPC, explica que esta iniciativa apunta a promover una articulación más integrada con los parlamentarios para poder presentarles las demandas del sector. Entre ellas están la aprobación de proyectos bloqueados en el Congreso, tales como el PLS nº 315/ 2017, que transforma al FNDCT en un fondo financiero y de esa forma, incluso los recursos bloqueados, generarían intereses que el MCTIC podría utilizar, y el Proyecto de Ley nº 5.876/ 2016, que destina el 20% del Fondo Social del Presal a programas científicos y de innovación. Ellos también reclamaron la anulación de los vetos presidenciales a la Ley de los Fondos Patrimoniales, sancionada en 2019, que garantiza una base legal a las instituciones de investigación que afrontan dificultades para financiar sus actividades, para que ellas puedan captar recursos provenientes del sector privado.
Otra estrategia que utilizó la SBPC para acercarse a los parlamentarios comprende la búsqueda de apoyo con base en las pautas de interés de cada congresista. “Intentamos demostrarles de qué manera puede contribuir la aprobación de proyectos de interés de la CT&I para la marcha de los proyectos que benefician a sectores afines a sus intereses”, explica Mariana Mazza, asesora parlamentaria de la SBPC. Así fue que consiguieron el aval de los líderes del Partido Solidaridad para el Proyecto de Ley nº 5.876/ 2016, en trámite en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara, que destina el 20% de los réditos del Fondo Social del Presal a la CT&I. “El apoyo para ese proyecto se plasmó a partir de la comprensión de que el mismo puede impulsar la creación de un proyecto similar, asignando también recursos provenientes del presal a la seguridad pública”.
Las actividades promovidas por el ICTP.br constituyen un despliegue de una estrategia que inició la SBPC en 2011 para afianzar la interlocución con el Parlamento. La bioquímica Helena Nader, de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y expresidenta de la SBPC, relata que en aquella época la entidad resolvió contratar a un asesor parlamentario. “La SBPC escogió para eso a la bióloga Beatriz de Bulhões [1965-2016], quien hizo un gran trabajo en la promoción del diálogo con los congresistas”, dice Nader. “La estrategia era sencilla. Nos acercábamos a los líderes y les presentábamos nuestras ideas y demandas, mediante un trabajo sistemático de seguimiento y crítica de los proyectos de ley de nuestro interés”.
Un ítem decisivo en la estrategia adoptada en esa época por la SBPC consistió en buscar una articulación con parlamentarios de todos los partidos y espectros ideológicos para la construcción de una política basada en el fortalecimiento del sistema nacional de CT&I. “Golpeábamos la puerta de todos para explicarles las demandas de la comunidad científica”, dice la investigadora, que estuvo al frente de la SBPC entre 2011 y 2017.
Ese esfuerzo, según Nader, contribuyó para la formación de un movimiento que involucró a empresarios y administradores públicos en torno a pautas que luego culminaron en varias modificaciones legales que hoy rigen las actividades científicas en el país, lo que se conoce como el Marco Legal de la CT&I, sancionado en 2016. Para ella, los desafíos que plantea el gobierno actual refuerzan la necesidad de una articulación amplia con parlamentarios de distintas corrientes políticas. “El ministro Pontes está abierto al diálogo, pero sabemos que es poco lo que él puede hacer, en vista de la agenda económica impuesta por el gobierno”.
Gabor KOVACS/ Parlamento Europeo
La articulación política en el parlamento europeo garantizó un fuerte aumento de los recursos de CT&I para los miembros de la Unión EuropeaGabor KOVACS/ Parlamento EuropeoLa campaña emprendida por miembros del Parlamento Europeo y los líderes de los estados miembros de la Unión Europea garantizó la aprobación de un presupuesto de 100 mil millones de euros para la iniciativa Horizonte Europa, un programa de estímulo a la investigación científica e innovación que tendrá vigencia a partir de 2021 y se extenderá hasta 2027. Esa cifra representa un incremento del 23% en relación con el presupuesto de su antecesor, Horizonte 2020, que caducará al finalizar el año en curso.
La aprobación del presupuesto se produjo en medio de un contexto turbulento en la región, con el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, ese monto aún se considera insuficiente como para resolver los principales retos que afronta Europa. Se calcula que, al ajustarse a los valores de la inflación, el aumento en el presupuesto del programa Horizonte Europa en comparación con el Horizonte 2020 representa menos de 10 mil millones de euros. Frente a esto, diversas organizaciones representativas de la comunidad científica europea, entre ellas el Consorcio Europeo de Universidades Innovadoras y la Asociación de Universidades Europeas, se están articulando para convencer a los parlamentarios de un aumento en el presupuesto de 120 mil millones de euros, como mínimo.
