GUILHERME LEPCAHasta la década de 1970, cuatro servicios públicos se les brindaban a los brasileños con la ayuda de nuevas tecnologías, representadas en la época por el teléfono. Eran los números de emergencia de tres dígitos: el 190, de la Policía Militar, el 192, de Urgencias Médicas, el 195, para la falta o derramamiento de agua; y el 199, de Defensa Civil. Con todo, durante los últimos 15 años, la informatización de la maquinaria pública se ha acelerado: el país es en la actualidad pionero en diversas áreas del llamado gobierno electrónico o e-Gob. Entre los grandes avances brasileños se cuenta la entrega del 98% de las declaraciones del Impuesto a las Ganancias vía internet y el voto electrónico.
Pese a constituir una referencia en innovación en el área electoral y en el área tributaria, el país aún debe informatizar diversos sectores de la administración pública. En la mayoría de los municipios el atraso es grande. Ésta es la evaluación de Florencia Ferrer, doctora en sociología económica egresada de la USP, quien coordinó el Núcleo de Estudios y Desarrollo del Gobierno Electrónico (Ned-Gov) de la Fundación de Desarrollo Administrativo (Fundap), con el apoyo de la FAPESP, y actualmente dirige una empresa que funciona como un think tank sobre el tema: e-Estrategia Pública. La socióloga desarrolló metodologías destinadas a medir la economía y la eficiencia que las nuevas tecnologías permiten en administraciones públicas como la del estado de São Paulo, proyecto que contó con una Beca Joven Investigador de la FAPESP.
El área de compras públicas es una de las que más debe avanzar en el uso de medios electrónicos, como afirma la especialista. Si todas las adquisiciones de productos y servicios realizados por el gobierno en sus diferentes niveles: federal, estadual y municipal se hiciesen electrónicamente, Brasil ahorraría 23 mil millones de reales anuales, de acuerdo con sus cálculos. “No cabe duda en cuanto a la reducción de costos y de burocracia que permite el e-Gov, lo que lo vuelve más necesario para las economías emergentes”, dice.
El gobierno electrónico ayuda a reducir precios en las compras públicas porque permite no solamente el aumento de la competencia como una mayor integración con la cadena de proveedores. “Empresas de todo el país, independientemente del porte, pueden disputar la preferencia, en igualdad de condiciones, del mayor consumidor de productos y servicios: el gobierno”, dice la socióloga, que aborda el tema en libros, como en el caso de Gestão pública eficiente – Impactos econômicos de governos inovadores (Editora Campus) y también de e-Government – O governo eletrônico no Brasil (Editora Saraiva).
La automación de la administración pública puede contribuir a eliminar las deficiencias que favorecen la corrupción, de acuerdo con la investigadora. Se estima que al cerrar las vías por las cuales los fraudes drenan de las arcas públicas algunas decenas de miles de reales por día, el ahorro representaría un 10% de lo que el Fisco recauda por año. “El gobierno electrónico debe ser sinónimo de democracia y transparencia”, añade.
En Brasil, la llamada informática pública surgió en la década de 1970. Los primeros que hicieron grandes incorporaciones de tecnología de la información fueron el gobierno federal y las gobernaciones estaduales de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Ceará y Pernambuco. A partir de los años 1990, gestiones como la de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a nivel nacional, y las de Mário Covas (1995-2001), Geraldo Alckmin (2001-2006) y Aécio Neves (2003-2010), en sus respectivos estados, fueron algunas de las que implementaron en carácter de prioridad una agenda de e-Gov, tal como explica Florencia Ferrer. “Las primeras experiencias ocurren en lo que se refiere a las obligaciones del ciudadano para con el Estado”, como explica la investigadora.
En el ámbito tributario, los cambios empezaron hace más de una década. Brasil fue uno de los primeros países del mundo que contó con una declaración de Impuesto sobre la Renta vía internet. Cuando era obligatoria la declaración de los exentos de registro de persona física [CPF, en portugués], pese a que esa franja de la población era considerada como de “excluidos digitales”, casi el 70% declaró vía web. Esta modalidad se convirtió en la preferida por ser gratuita; opciones tales como el correo y las loterías representaban un costo. El pago de impuestos de vehículos fue uno de los primeros procesos que migró al medio electrónico. “Se observa un gran cambio en la relación del ciudadano con el poder público, toda vez que el e-Gob facilita la realización de tareas que deben atravesar las estructuras burocráticas de diversos departamentos”, sostiene la experta.
La entrega de servicios y la realización de trámites para el ciudadano son áreas en donde existe poco uso de nuevas tecnologías, evalúa la investigadora. En el ámbito municipal, tampoco es común encontrar tecnología de punta. “La mayoría de los municipios adolece de inversiones y de políticas que apunten en ese sentido”. Con todo, según dice, es cada vez mayor el entendimiento de que el acceso a internet y el ingreso en la economía digital deben erigirse en políticas públicas. Como ejemplos, destaca a nivel federal la Política Nacional de Banda Ancha (PNBL, en portugués) y, a nivel estadual, el reciente caso de Acre, que brinda internet gratis en buena parte de la capital.
Estudios realizados por el equipo de Florencia Ferrer evaluaron con base en metodologías propias el ahorro logrado en el estado de São Paulo con el uso de medios electrónicos. Con la Bolsa Electrónica de Compras (BEC), implementada en 2000, por ejemplo, hubo una reducción del 25% en los precios y del 51% en el costo del proceso de compras. Para las empresas proveedoras, el costo de participar en licitaciones cayó más: un 93%. En términos absolutos, el ahorro anual es de unos 94 millones de reales.
La versión electrónica del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) le hizo ahorrar a la Gobernación del estado 20 reales por trámite, cuyo valor experimentó una reducción de 22 reales a 2. Para el ciudadano, la diferencia es mayor: antes de la modernización, para licenciar el vehículo había que pagar 68 reales a un gestor o ir personalmente al Departamento de Transporte (Detran), lo que generaba gastos promedio por valor de 56 reales. Ese trámite actualmente no es necesario, ya que es posible que el pago se realice vía internet. El costo se refiere al envío postal del documento únicamente, de 10 reales, para que llegue a la casa del contribuyente. Este cambio ha permitido una economía de 715 millones de reales en términos absolutos. Al mismo tiempo, se registró un aumento del 300% de esa recaudación.
Con la adopción de medios electrónicos, hubo una gran economía en la emisión de documentos de identidad y certificados de antecedentes penales. El costo promedio total ponderado para todos los trámites analizados es de 47,08 reales para el proceso tradicional en la Policía Civil, y de 34 reales para los puestos facilitadores conocidos como Poupatempo, una reducción del 29%: una reducción de 50 millones de reales por año en esos costos. La emisión de una denuncia policial puede realizarse actualmente por internet. La economía es grande en comparación con el método antiguo, que exigía ir a las comisarías: para los ciudadanos, la reducción de costos es del 88%, para el Estado, del 67%. “De la misma manera que el sector productivo y el bancario lo hacen desde hace algún tempo, los gobiernos, como prestadores de servicios, deben adoptar las nuevas tecnologías de manera intensiva e irreversible”, sostiene la especialista.
GUILHERME LEPCAFlorencia Ferrer subraya que, para reestructurar la máquina pública – reducir gastos (costos de producción) y aumentar los financiamientos de capital (ahorro) –, hay que combinar no solamente la incorporación del gobierno electrónico sino también la adopción de un nuevo tipo de gestión. “La tecnología es un factor que facilita, acelera y mejora los procesos, pero no los determina”, subraya. Es decir, el gobierno electrónico es un medio de modernización de la gestión pública, pero depende fundamentalmente del cambio de gestión. “El gobierno electrónico debe insertarse en una política más amplia de reforma del Estado, que contemple el análisis y la reformulación de procesos, de la estructura administrativa, del marco regulatorio, de la relación entre los agentes, de las funciones del propio Estado y de la relación del Estado con la sociedad civil.”
Entre las metodologías desarrolladas para calcular la economía y la eficiencia que las nuevas tecnologías permiten en administraciones públicas, uno de los destacados es el Binps (Beneficios sobre Inversiones Públicas). Este índice averigua y cuantifica económicamente la reducción de costos para el gobierno como consecuencia de la innovación. Existe otro índice, denominado Medidor de Beneficios Públicos, que compara los costos de procesos de gestión entre su forma tradicional y la innovada. Existe el índice e-Licitaciones, que mide el aumento de eficiencia de compras públicas negociadas en licitaciones realizadas mediante procesos innovados. Su objetivo es demostrar los avances que estos procedimientos aportan en la forma de ejecutar el gasto público. El índice de Adhesión al Gobierno Electrónico (IA e-gov, en portugués) se creó para ir más allá de las mediciones subjetivas y las investigaciones de percepción sobre el fenómeno de la corrupción. Demuestra el grado de eficiencia resultante del uso de medios electrónicos en cualquier proceso inherente a la gestión pública, además del desvío del nivel máximo de madurez del e-Gov que ese proceso puede alcanzar.
El líder mundial en servicios de e-Gobierno e inclusión digital es Canadá. Otros países hicieron durante los últimos años esfuerzos significativos: Singapur, por ejemplo, llegó a la cima de los rankings internacionales del sector al ejecutar con éxito cinco planes nacionales de informática. Para salir de la crisis provocada por el colapso de la antigua Unión Soviética, Finlandia pasó de ser exportador de materias primas a exportador de tecnología y se convirtió en modelo de economía del conocimiento. Sri Lanka fue el primer país a nivel mundial que adoptó un programa nacional de e-Desarrollo con el apoyo del Banco Mundial. “Esos son países que aprovecharon bien las TIC’s (las Tecnologías de la Información y la Comunicación) en sus estrategias de desarrollo socioeconómico”, afirma Peter Titcomb Knight, Ph.D. en economía por Stanford (EE.UU.) y coordinador del proyecto e-Brasil, organizador de e-Desenvolvimento no Brasil e no mundo (una publicación de Yendis y la Cámara Brasileña de Comercio Electrónico).
Si antes era el líder en gobierno electrónico entre los países de Latinoamérica, Brasil le ha cedido ese lugar a Chile. Luego del período militar, el primer gobierno democrático de ese país, el de Patrício Aylwin (1990-1994), se concentró inicialmente en la reestructuración política, constitucional e institucional. Recién en el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) empezó la modernización de la gestión pública, como explica Patricio Gutiérrez, coordinador para e-Gob de la Secretaría General de la Presidencia de Chile. Con Ricardo Lagos (2000-2006), el gobierno electrónico se hizo realidad. La administración chilena pasó a incluir sistemáticamente iniciativas destinadas a disminuir la brecha digital. Existen las destinadas a la gestión de los centros de acceso comunitarios, como los infocentros, telecentros, bibliotecas públicas etc. y hay otras orientadas a la oferta de contenidos y servicios en internet. “Durante los últimos 10 años, el uso de nuevas tecnologías en la administración pública produjo cambios extraordinarios en Chile”, evalúa el especialista en uno de los capítulos de e-Desenvolvimento no Brasil e no mundo.
Según Florencia Ferrer, los grandes costos que acarrea la instalación de software y la construcción de la infraestructura tecnológica pueden transferirse al sector privado. O al menos parte de los mismos. Y da como ejemplo al gobierno de Arizona, Estados Unidos, que creó un sistema para licenciamiento de coches vía internet. El sitio fue construido y es solventado por IBM, que pasó a recibir el 2% del valor de cada transacción efectuada. El procesamiento online cuesta apenas 1,60 dólar, en tanto que en el procesamiento antiguo costaba 6,60 dólares. Así el Estado ahorra dinero.
El proyecto
El gobierno electrónico en Brasil (nº 03/10454-7); Modalidad Programa Joven Investigador; Coordinadora Maria Florencia Ferrer – Fundap/USP; Inversión R$ 130.036,80
