El día 30 de abril pasado, Massuo Jorge Kato fue interpelado por fiscales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) en el aeropuerto de Belén poco antes de embarcar para São Paulo. El investigador del Instituto de Química de la Universidad de São Paulo (USP) cargaba una caja de cartón, de aquellas usadas para transportar monitores de computadora, con cerca de 30 muestras semi-procesadas de hojas y ramos finos de varias especies de piperáceas, familia de plantas aromáticas que incluye a la famosa pimienta del reino. Aunque las especies hubieran sido colectadas de forma legal en la Floresta Nacional de Caxiuanã por investigadores de la Universidad Federal del Pará (UFPA), que colaboran con el científico paulista, Kato no poseía una autorización para transportar el material de la floresta para la capital paulista. A la luz de la ley, para los funcionarios del Ibama, el especialista en plantas incurrió en una práctica que limita con la bio-piratería. Por eso el material fue aprehendido y el científico notificado para dar explicaciones de su procedimiento. Conozco las normas, hay muchas exigencias, algunas inviables, afirma el especialista de la USP. Estamos en una situación de conflicto entre el Ibama y los investigadores, que quieren apenas dar su contribución para el conocimiento de la biodiversidad.
Kato es un científico respetado, con dirección y línea de investigación conocidos, que pode haber incurrido en una falla burocrática, pero ni por mucho promueve el tráfico ilegal de especies. El episodio vivido por él es apenas uno más que ilustra la situación de la parálisis y la semi-marginalidad en que fue colocada la investigación biológica de campo realizada en el territorio nacional desde la edición, en agosto de 2001, de la Medida Provisional nº 2.186-16. Formulado para preservar la biodiversidad nacional, ese marco legal, editado por el gobierno federal, regula el acceso al patrimonio genético del país e intenta crear un régimen de partición de eventuales ganancias económicas decurrentes de la explotación comercial del llamado conocimiento tradicional de los indígenas sobre propiedades terapéuticas de las plantas o de la obtención de extractos o moléculas derivadas y las especies de la flora y de la fauna brasileña. Mirando para la bio-piratería, la legislación alcanzó el trabajo de los biólogos brasileños, que pasaron a enfrentar una burocracia, a veces irracional, según ellos, a fin de obtener autorizaciones del Consejo de Gestión del Patrimonio Genético (CGEN), órgano creado por la propia MP, para colectar muestras.
Hace por lo menos tres años los investigadores pleitean, en vano, reformas de la ley. Esperábamos que el gobierno federal anunciase la flexibilización de las normas en marzo, durante la COP 8 (la Octava Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas), afirma Carlos Alfredo Joly, biólogo de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), ex-coordinador del programa Biota-FAPESP. Las buenas nuevas no llegaron, pero el Ibama y el CGEN ya hacen señales con reformas en la MP para los próximos meses. Hasta porque, después de los embates entre científicos y el área ambiental del gobierno federal, parece finalmente haber un consenso de que la actual medida provisional inhibe, al envés de fomentar, la investigación sobre la biodiversidad nacional. De hecho, la legislación es inadecuada y lanzó en la ilegalidad a los investigadores, admite Eduardo Velez, secretario-ejecutivo del CGEN, que concede las autorizaciones para colectas de campo con fines económicos (trabajos de bio-prospección o basados en el conocimiento tradicional). Queremos simplificar todo ese proceso.
Colecta ilegal
La concesión de una licencia de ese tipo pode ser un martirio para quien trabaja en la academia. Estamos hace más de un año intentando una autorización, reclama Vanderlan de la Silva Bolzani, del Instituto de Química de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), en Araracuara, una de las coordinadoras de la BIOpropescTA, la red Biota de Prospección y Ensayos, que investigan plantas de la Mata Atlántica y Cerrado paulista en busca de vegetales con potencial para generar productos en el área médica. Mientras el aval de Brasília no llega, los viajes a parques y reservas para obtener muestras para estudio están suspendidos. Según Vanderlan, apenas los laboratorios y empresas del área farmacéutica que cuentan con abogados para burlar la burocracia y asesorar los pedidos de autorización de colecta de muestras biológicas consiguieron la luz verde del CGEN. No es nuestro caso, pero, ante las dificultades, hay investigadores que prefieren trabajar en la ilegalidad, comenta el científico. Hasta ahora el CGEN concedió menos de 20 autorizaciones de colecta con finalidad económica.
Aún la obtención de muestras de la fauna y de la flora para trabajos de carácter académico, que tientan generar básicamente más conocimiento científico sobre las especies, sin implicaciones comerciales, tropieza con la actual legislación. La autorización para ese tipo de colecta es dada por el propio Ibama. Los investigadores reclaman de la morosidad y la falta de criterios para expedir las licencias, aunque reconozcan que hoy el Ibama se muestra más atento a los pleitos de la comunidad académica. Una autorización demora por lo menos seis meses para salir, comenta el biólogo Carlos Roberto Brandão, del Museo de Zoología de la USP. Y si, por acaso, colectáramos una especie diferente de la que consta en nuestro pedido encaminado al Ibama, podemos ser acusados de bio-piratería.
Rômulo Melo, director de fauna y recursos pesqueros del Ibama, admite que la medida provisional es un desestímulo a la investigación y también promete cambios urgentes, al final de julio o en agosto, para desenyesar la legislación actual. El investigador debe prestar cuentas a la sociedad de su trabajo, pero tiene que ser visto como un aliado del área ambiental, y no como un potencial biopirata, dice Melo. Entre las medidas para flexibilizar propuestas por el área ambiental federal, está la concesión de autorizaciones permanentes de colecta (y no caso a caso) para científicos de instituciones académicas por medio de un ágil sistema on-line. Apenas los casos más delicados, como un pedido para retirar muestras de una especie amenazada de extinción dentro de una unidad de conservación, demandarían un análisis más detallado, afirma Melo.
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