Imprimir Republish

BUENAS PRÁCTICAS

La sombra de la injerencia política

El veto del gobierno de Australia a seis proyectos de investigación en humanidades moviliza a la comunidad científica de ese país

SSPL / Getty Images

Una investigación parlamentaria abierta con el objetivo de averiguar la posible injerencia política en la inversión pública en ciencia ha movilizado a la comunidad científica australiana. Al menos 85 investigadores y representantes de sociedades científicas prestaron declaración en el Senado a principios de marzo, quienes en su mayoría solicitaron la revocación de una prerrogativa que habilita al ministro de Educación a rechazar las resoluciones de financiación a proyectos de investigación tomadas por comités de expertos.

En el mes de diciembre, el ministro interino Stuart Robert recurrió a ese poder de veto para prohibir la concesión de fondos a seis propuestas recomendadas por comisiones de expertos del Consejo de Investigación de Australia (ARC). Todos los proyectos eran del área de las humanidades y abarcaban temas tales como la China moderna, el activismo climático estudiantil y la amistad como tema en la literatura inglesa. “Al tomar la decisión de rechazar seis de los 593 proyectos, el ministro considera que los que fueron rechazados no valoran el dinero de los contribuyentes ni contribuyen al interés nacional”, declaró un portavoz del ministerio a la revista Nature.

En los 21 años de actividad que lleva el ARC, el ministerio solamente ha rechazado proyectos en cuatro oportunidades, tres de ellas en los últimos cinco años. Australia es gobernada desde hace cuatro años por el premier Scott Morrison, del Partido Liberal, de centro-derecha. En 2018, el ministerio ya había vetado 11 proyectos de humanidades. Las investigaciones rechazadas iban a recibir, cada una, entre 200.000 y 500.000 dólares australianos.

Como respuesta al veto de diciembre, más de 140 miembros del comité de especialistas del ARC firmaron una carta en la que avalan la rigurosidad e integridad del proceso de evaluación. “La calidad de las propuestas de financiación presentadas al ARC es extremadamente alta”, expresa el texto de la misiva. Cada proyecto es evaluado por expertos del país y del exterior y, a continuación, se lo somete a un debate y votación individual en las reuniones del Comité Consultivo de Selección. El 19 % de las propuestas presentadas obtuvo recomendación. “Cada una de ellas han sido seleccionadas teniendo en cuenta no solo su calidad, innovación y viabilidad, sino también los beneficios y el valor que generarían. La resolución ministerial que anula las recomendaciones de financiación del ARC perjudica todo ese proceso”, escribieron los signatarios de la carta.

Dos de los miembros del comité de expertos dimitieron en señal de protesta. “El veto ministerial parece ser un capricho”, declaró Andrew Francis, matemático de la Universidad del Oeste de Sídney en Penrith, uno de los que dejaron sus cargos, a la revista Nature. Según Francis, la posibilidad de un veto político ya está provocando que los investigadores del campo del cambio climático modifiquen el alcance de sus propuestas para tratar de eludir la injerencia en su evaluación.

En el marco de la investigación abierta en el Senado, el astrofísico estadounidense radicado en Australia Brian Schmidt, ganador del Premio Nobel de Física de 2011 y vicecanciller de la Universidad Nacional Australiana en Canberra, fue una de las voces a favor de ponerle fin al poder de veto del ministro. “Esto está afectando la capacidad de atraer talentos a Australia”, dijo, según informa el periódico The Sydney Morning Herald. James McCluskey, vicerrector de investigación de la Universidad de Melbourne, dijo que el poder de veto constituye un “desvío significativo de las mejores prácticas a nivel mundial”. Y añadió que los consejos de investigación de Estados Unidos y del Reino Unido son autónomos y no están subordinados a la intervención ministerial.

Deborah Sweeney, vicecanciller de la Universidad del Oeste de Sídney, institución tuvo dos proyectos vetados por el ministerio, dijo que la intervención tuvo “un efecto espantoso, devastador y desmoralizante” sobre los investigadores que los propusieron. Representantes de la organización Universities Australia (UA), que agrupa a 39 instituciones de educación superior del país, afirmaron que el poder de veto mina las bases del sistema de ciencia y tecnología. “Los investigadores que presentan propuestas competitivas a las agencias de financiación necesitan saber que pueden confiar en la fuerza y la calidad de sus ideas. Si esa confianza se pierde, la investigación científica australiana pierde competitividad”, expresaron en un comunicado.

Fueron pocas las voces a favor del mantenimiento de la legislación, entre ellas, la del propio ARC, para el cual, su revocación “minaría la responsabilidad del ministro” y debilitaría la capacidad de supervisión del Parlamento a la financiación de la ciencia en el país. Uno de los investigadores que defendió el veto fue el físico Peter Ridd, de la Universidad John Cook, representante del Instituto de Relaciones Públicas, una organización que produce estudios sobre el libre mercado. Desde su punto de vista, el poder discrecional del ministro sería importante para asegurar que los resultados de las investigaciones sean fidedignos y puedan reproducirse en otros experimentos. Según publica la revista Times Higher Education, Ridd dijo que la llamada “crisis de reproducibilidad” de la ciencia, que provoca que muchos hallazgos aparentemente prometedores no puedan confirmarse en estudios posteriores, sería un efecto de la incapacidad de los investigadores para regular sus actividades. “Preferiría que un político tuviera la última palabra”, propuso.

Además del ARC y de Ridd, hubo otras opiniones discordantes. Los directivos de la Universidad Católica de Australia y de la Universidad de Tecnología de Queensland (QUT), argumentaron que el veto no puede descartarse por completo, aunque debería ser una medida excepcional. Para ellos, sería suficiente con ampliar la transparencia en el proceso de decisión, con la exigencia al ministro de proporcionar al Parlamento explicaciones claras sobre las razones por las cuales un proyecto es rechazado. “La anulación del poder de veto no sería políticamente realista o democráticamente deseable”, dice John Byron, consejero de la QUT. A su juicio, la supervisión de la financiación que ejercen los ministros es uno de los principios de un gobierno responsable.

Pese a la movilización, el informe final aprobado por el comité de investigación parlamentario a finales de marzo optó por sostener el poder de veto del ministro. Pero recomendó la conformación de una comisión independiente para reevaluar la legislación que regula las actividades del ARC a los efectos de evitar el debilitamiento de este organismo. “El comité acepta el argumento de que es necesaria una amplia revisión del ARC, con miras a maximizar el impacto de la inversión pública en la investigación científica e impulsar un sistema nacional de investigación y desarrollo fuerte”.

Republish