La Universidad de Campinas (Unicamp) hizo pública en el mes de octubre su política institucional de buenas prácticas e integridad en la investigación científica. El documento aprobado por el Consejo Universitario define los deberes de la institución y establece un conjunto de principios que han de respetarse, entre ellos, el debido celo con la producción, el registro y la exposición de los datos originales de investigación para evitar, eventualmente, las informaciones incorrectas y los plagios; la importancia de atribuir la autoría de los trabajos científicos de manera justa; el combate al abuso de poder en las relaciones académicas, con énfasis en la prevención del acoso sexual y moral, y el estímulo a la difusión pública del conocimiento generado.
La novedad principal es la creación de la Comisión de Integridad en la Investigación Científica (CHIP, en portugués), compuesta por ocho docentes e investigadores en representación de cuatro campos del conocimiento: ciencias biomédicas, humanidades, ciencias exactas y tecnología. “El rol de la CHIP es promover un incentivo permanente de una cultura de integridad ética en la universidad”, explica Munir Skaf, prorrector de Investigación de la Unicamp. La comisión promoverá campañas de concientización y prevención, y elaborará material educativo sobre buenas prácticas de investigación, tales como cartillas, videos y minicursos dirigidos principalmente a los alumnos de las carreras universitarias de grado y de posgrado. Dentro de un año, los miembros de la comisión deberán presentar una propuesta de actualización de la política institucional, apuntando eventuales lagunas en el documento actual.
La CIP también tendrá a su cargo la recepción de las denuncias de mala conducta y deberá realizar un análisis técnico preliminar de su contenido en un plazo máximo de siete días hábiles. Si los indicios fueran consistentes, la comisión dispondrá de otros 20 días hábiles adicionales para elaborar un informe y reunir las evidencias disponibles, pero sin hacer una investigación. El informe podría dar lugar a que el caso se archive si las pruebas fueran endebles. O eventualmente se formará una comisión de averiguación, ante la cual declararán el acusado y los testigos, y que solicitará documentos para determinar las responsabilidades y si hubo intencionalidad, algo que ya era un procedimiento estándar en la universidad. La CIP informará a los denunciantes sobre las derivaciones del caso, a menos, por supuesto, que la fuente sea anónima.
Los miembros del comité se encargarán también de informarle al público sobre el avance de las investigaciones. “A la dirección de la Unicamp se le dificultaba cumplir con esa función, dado que las denuncias por mala conducta, ni bien se recibían, se derivaban a las comisiones de averiguación, que trabajan en forma independiente y mantienen el secreto durante el curso de sus investigaciones”, explica Skaf. “Hubo un caso en que el editor de una revista científica advirtió a la Unicamp sobre una sospecha de mala conducta que involucraba a un científico de la universidad y luego solicitó información sobre el desarrollo del caso. La universidad solo pudo darle respuestas escuetas, porque de hecho no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Ahora, la CIP se encargará de esa interlocución”, explica.
Ya en 2011, el Código de buenas prácticas científicas de la FAPESP exigía que las instituciones de investigación tuvieran políticas para hacer frente a la cuestión de la integridad científica, además de organismos encargados tanto de promover una conducta responsable en la investigación científica como de averiguar y, si fuera el caso, sancionar eventuales infracciones. Skaf reconoce que la Unicamp ha demorado en lanzar una política de buenas prácticas. “Ya habíamos adoptado diversas medidas, como el uso de diversos software para detectar plagios en los trabajos de estudiantes e investigadores, pero hacía falta adoptar una estrategia más amplia”, dice. En 2018, se formó un grupo de trabajo conformado por 16 personas para debatir sobre el tema y elaborar un documento. “Ese grupo ha realizado una labor excelente, analizando las políticas existentes en la FAPESP desde 2011, y en las universidades de Brasil, tal como es el caso de la USP, y del exterior, particularmente en la instituciones británicas y australianas, que cuentan con un conjunto de normas y definiciones establecidas en forma clara y concisa”.
La política de integridad de la Unicamp se articulará con la nueva política de acceso abierto a la producción científica e intelectual, también aprobada en octubre por el Consejo Universitario. Un punto de convergencia entre ambas estrategias reside en la preocupación por la reproducibilidad, un concepto atinente a la capacidad de confirmar los resultados de una investigación en trabajos posteriores. A veces, las conclusiones de un trabajo científico no son reproducibles debido a diversos motivos, que pueden incluir errores y fraudes, pero también debido a la falta de transparencia en lo que se refiere a los datos primarios y a los métodos adoptados en la investigación.
Más allá de determinar que toda la producción científica de los alumnos e investigadores de la Unicamp quede a disposición en un repositorio de la institución, la política de acceso abierto regula la gestión de los datos primarios obtenidos en las investigaciones y establece que se compartan en plataformas públicas siempre que sea posible. Skaf recalca que el hecho de compartirlos puede ampliar la visibilidad de la producción académica de la Unicamp. “Los datos ganan así un identificador, tal como sucede con los artículos científicos, y Google Scholar puede registrarlos cuando se los utiliza en otros estudios. Además de las citas del artículo, los autores también conocerán el impacto de los datos en los que se basa. El hábito de compartir puede generar beneficios interesantes”, explica el prorrector.
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