La Universidad de São Paulo (USP) creó un nuevo organismo cuya misión consistirá en analizar la observancia de las normativas tanto en lo que concierne a las actividades de su cuerpo docente como de las colaboraciones de investigación con empresas u otras instituciones. El objetivo es brindarles un marco de seguridad a quienes promueven la innovación en el ambiente académico y asegurarse de que las cooperaciones con el sector privado no se vean comprometidas por conflictos de intereses y desviaciones éticas. La Oficina de Integridad y Protección de la Investigación Científica actuará de dos formas simultáneas. Una de ellas apunta a proporcionar respaldo institucional a los investigadores que crean empresas, comercializan tecnologías o mantienen colaboraciones con el sector industrial. “La idea es que los docentes acudan a la oficina e informen el alcance de las iniciativas que pretenden desarrollar. Si no se detecta ningún problema, reciben el visto bueno de la universidad para el desarrollo de sus actividades”, dice el físico Paulo Alberto Nussenzveig, prorrector de Investigación e Innovación de la USP.
Según sus dichos, la intención es eliminar los escollos que limitan la rutina de los docentes emprendedores. “Los científicos que fundan una empresa o se asocian con una, a menudo son tratados como delincuentes por sus colegas, como si estuvieran perjudicando a la población. Esta percepción es una falacia ya que generan riqueza, devuelven el dinero que la sociedad ha invertido en ellos en forma de impuestos y merecen que la universidad los apoye”, declaró el prorrector, cuya intención es reducir la incertidumbre en el campo de los emprendimientos académicos.
La oficina tiene una segunda misión que consiste en garantizar que las investigaciones científicas en la USP cumplan con los estándares internacionales de integridad y protección de datos, definiendo también las normas y evaluando la conformidad de los proyectos. “En una colaboración, nadie quiere ser el eslabón por el que se filtre información sensible. Para que la USP siga siendo relevante en materia de cooperación internacional tenemos que adoptar los mismos mecanismos de protección del conocimiento que nuestros socios”, argumenta Nussenzveig. Para ejemplificarlo, cita la necesidad de proteger la información sobre la biodiversidad. “Se nos solicita informar sobre el patrimonio genético que utilizamos en nuestras investigaciones científicas, pero la forma en que hacíamos eso hasta hace poco era inadecuada. Se abría un documento en Google y se les pedía a los colaboradores que envíen la información a través de un canal desprovisto de toda seguridad. Era como decir: biopiratas del mundo, la información está toda depositada aquí para que ustedes puedan llevársela toda de una sola vez”. El propósito de la oficina también consiste funcionar como un organismo de carácter consultivo, evaluando las demandas de los investigadores sobre la protección de datos y las exigencias de las redes internacionales.
Según Nussenzveig, la creación de esta oficina es el resultado de la incorporación de la innovación como tema a los propósitos de la Prorrectoría de Investigación de la USP, a partir de 2022. Él y el prorrector adjunto de innovación, el ingeniero Raúl González Lima, visitaron distintas universidades para evaluar cómo abordar la cuestión de la innovación y observaron que disponían de oficinas con estas características.
Uno de esos ejemplos era un organismo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, cuya función consiste en evaluar y mitigar los riesgos que surjan de las actividades de sus investigadores: analiza si existen conflictos de intereses en las colaboraciones y establece un control sobre la transferencia de tecnología a entidades de otros países. También comprueba si la cooperación cumple con las regulaciones federales: no se permiten colaboraciones con países que son objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, tales como Corea del Norte, Irán y Cuba.
El propósito de la oficina es proporcionar respaldo a las interacciones entre la universidad y el sector privado
Las visitas de científicos del MIT a esos países deben informarse con antelación y también es necesario observar una serie de medidas de seguridad. No pueden llevarse computadoras ni teléfonos móviles de uso personal, para evitar la fuga de información: el instituto provee dispositivos seguros de uso temporal. “Asistí a una conferencia sobre integridad y protección de datos en Estados Unidos y me impresionó cómo estaba pautada, se asemejaba a la época de la Guerra Fría. Entonces me di cuenta de que estábamos siendo ingenuos en lo que se refiere a la seguridad de nuestra información”, comenta Nussenzveig.
Los primeros procesos evaluados por la oficina han sido sobre casos de baja complejidad. Una de sus cámaras o divisiones, la de conflicto de intereses y conformidad, está estudiando dos casos. Uno de ellos es el de un profesor que fundó una empresa y desea continuar trabajando como docente en la USP a tiempo completo, aunque deba repartir su tiempo con sus quehaceres privados. El caso está siendo evaluado, pero una disposición del estatuto de la universidad lo permite, siempre que la universidad lo declare de su interés.
“Como no existía ninguna instancia que se ocupara de realizar este tipo de declaración, la oficina debe asumir esta tarea, en consonancia con otras instancias de la universidad”, dice el prorrector. Otro caso es el de un investigador que colabora con una empresa sobre la que pesan denuncias de conductas cuestionables y reñidas con la ética. La cámara está sopesando los beneficios de esta colaboración y los daños que podría acarrear a la reputación de la universidad. El desafío, dice el prorrector, es promover colaboraciones evitando que empresas de comportamiento dudoso se valgan de la respetabilidad de la USP para lavar su imagen.
Para Angela Kaysel Cruz, investigadora de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la USP, interesada en la integridad científica, la creación de la oficina constituye una iniciativa auspiciosa, porque se ocupa de problemas importantes de la universidad. “Conozco el caso de un profesor con dedicación exclusiva que tenía una empresa y ahora se enfrenta a una demanda judicial”, dice. Sin embargo, considera que una estructura sólida como la de la oficina podría ocuparse del tratamiento de una amplia gama de temas relacionados con la integridad científica, como los casos de plagios y fraudes. Es cierto que la USP cuenta desde 2017 con un Comité de Buenas Prácticas Científicas, con miras a promover acciones educativas, mientras que los casos de mala conducta son evaluados por comisiones de ética. “Es necesario invertir aún más en el fortalecimiento de la cultura de la integridad. He visto docentes de la USP despedidos por mala conducta, pero en otros casos que involucraron faltas graves, incluyendo a quienes promocionaban tratamientos sin una base de comprobación científica durante la pandemia, no sucedió nada”, dice.
La labor de la oficina, un organismo pionero en Brasil, está siendo observada por otras instituciones. “La iniciativa de la USP se anticipa y ofrece respuesta a una preocupación creciente de las universidades que mantienen colaboraciones con empresas. Es fundamental garantizar la observancia de las normas en los proyectos en el campo de la innovación”, dice Jorge Audy, superintendente del Parque Científico y Tecnológico de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (Tecnopuc), quien tiene previsto crear una estructura similar en esa institución.
Además de haber creado esta oficina, la USP es cofundadora del Consorcio Sudamericano de Seguridad en la Investigación Científica (Sarsec), que reúne a otras casas de altos estudios de Brasil, Argentina, Chile y Perú. Las otras participantes brasileñas afiliadas a este consorcio son la Universidad de Campinas (Unicamp) y la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp). La primera reunión de los representantes del consorcio tuvo lugar en el mes de mayo, en el campus de la USP, y en ella se debatieron temas tales como la seguridad en la investigación científica, las transferencias de tecnología, las precauciones a la hora de firmar documentos legales y la seguridad en los sistemas críticos.
Este artículo salió publicado con el título “Para blindar la innovación” en la edición impresa n° 352 de junio de 2025.
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