Dos economistas del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) analizaron las razones por las cuales el programa de subvención económica de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) de Brasil tuvo efectos modestos en el ritmo de innovación en nacional. Esta modalidad de ayuda, puesta en marcha en 2006, propone destinar recursos públicos no reembolsables, es decir, que no necesitan devolverse, a proyectos de investigación y desarrollo (I&D) a empresas innovadoras. Su objetivo es impulsar iniciativas de alto riesgo tecnológico en el sector privado.
La investigación, realizada por Graziela Zucoloto y Priscila Koeller, del Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad del Ipea, muestra que el programa se vio afectado por el flujo errático de los recursos. Entre 2014 y 2019, prácticamente no hubo inversiones (véase el gráfico). La Finep volvió a conceder subvenciones durante la pandemia y así y todo no consiguió darles impulso a emprendimientos audaces ni de gran envergadura. Esto se debe a que se redujeron los tiempos de vigencia de los proyectos y el volumen de recursos destinado a cada uno de ellos, así como los porcentajes de las contrapartidas puestas a disposición por las empresas.
En el estudio, las investigadoras separaron el análisis en dos períodos: 2012-2015 y 2016-2020, correspondientes a las últimas Estrategias Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el primero, de 2012 a 2015, el monto promedio anual ofrecido mediante este instrumento llegó a ser de 266,8 millones de reales, con impactos positivos importantes, acercando a las empresas al sector académico e impulsando el depósito de registros de patentes. Esta situación se deterioró en los últimos años. Los valores promedio anuales disponibles entre 2016 y 2020 disminuyeron un 65 % en comparación con el primer período, a tan solo 93,3 millones de reales. Este retroceso se debió, sobre todo, al bloqueo sucesivo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el FNDCT (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 304). Con recursos procedentes de los ingresos de diversos segmentos de la economía –tales como petróleo, energía, salud y biotecnología–, recaudados por los Fondos Sectoriales de Ciencia y Tecnología, el FNDCT es la principal herramienta de financiación de la investigación y la innovación del gobierno federal brasileño, responsable de suministrarles recursos a los programas de la Finep. “A causa de los reiterados bloqueos de sus recursos y con la opción de destinar los existentes a otras modalidades, las subvenciones han perdido su capacidad de inversión”, explica Zucoloto.
En el segundo período analizado se registró un incremento del conjunto de proyectos apoyados, impulsado principalmente por la liberación de los recursos destinados a las tecnologías relacionadas con el covid-19. En 2020, la Finep prácticamente relanzó el programa, concediendo 271,2 millones de reales a 191 proyectos de esta naturaleza, en lo que constituyó el mayor monto en subvenciones gestionado por la agencia desde 2016. Uno de ellos dio origen a una prueba de bajo costo para la detección del covid-19. El dispositivo, elaborado a base de silicio y desarrollado por la empresa Bioensaios, con sede en el estado de Paraíba, obtuvo resultados equiparables a los del test RT-PCR, el patrón oro en el diagnóstico del nuevo coronavirus. Otro proyecto, llevado a cabo por la empresa Plasmar Indústria, de Rio Grande do Sul, dio como resultado unas mascarillas antimicrobianas capaces de filtrar hasta el 95 % de las partículas transportadas por el aire, reduciendo la carga viral y el riesgo de contagio.
A juicio del economista y politólogo Luis Fernandes, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ), los recursos asignados a la lucha contra el covid-19 llegaron en buena hora, pero se limitaron a habilitar innovaciones incrementales, no estructurales, como cabría esperarse de los proyectos apoyados por ese programa. “Comprendo a los administradores de la Finep”, comenta Fernandes, quien fue presidente de la agencia de 2007 a 2011. “Ante la escasez de recursos, aprovecharon la pandemia para ampliar las subvenciones, pero dado el carácter de urgencia de esta medida, los proyectos no cubrirán las necesidades de innovación que requiere el país”.
Según Zucoloto, la tendencia que se observa en los últimos años parece haber contribuido a profundizar problemas de vieja data. Uno de ellos está vinculado a la extensión promedio prevista para los proyectos, que en los últimos 10 años se redujo de 53 a 24 meses. Hace tiempo que este fenómeno preocupa a los investigadores. “Si se tiene en cuenta que la subvención pretende financiar proyectos de alto riesgo tecnológico, que no serían viables sin la intervención del Estado, cabe preguntarse si tan solo dos años son suficientes para desarrollar innovaciones de gran impacto, capaces de atender a los intereses del país”, afirma Koeller. El profesor Roberto Bernardes, docente del Programa de Posgrado en Administración de la Fundação Educativa Ignaciana Padre Saboia de Medeiros (FEI), experto en gestión estratégica de la innovación y transformación digital, sostiene que el plazo promedio de un proyecto de innovación radical es de unos cinco años, dependiendo del nivel de frontera científica y complejidad tecnológica, y del grado de incertidumbre que se afronta: “dos años son insuficientes para promover innovaciones de alto riesgo”, dice el investigador. Gianna Sagazio, directora de Innovación de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), puntualiza que no es posible estimar el impacto de una innovación solamente a partir del tiempo de ejecución del proyecto que la concibió. “No obstante, los datos del Ipea indican que en Brasil no existen perspectivas de apoyo público permanente y a largo plazo a las actividades empresariales de I&D de alto riesgo, y eso es grave”.
A juicio de la economista Domitila Santos Bahia, de la Escuela Paulista de Política, Economía y Negocios de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), “los resultados sugieren que la subvención se estaría utilizando para reemplazar la inversión privada en innovaciones incrementales, a menudo de utilidad para la empresa, pero no necesariamente ligadas a los retos que afronta el país”. Para Fernandes, sin embargo, es importante que los datos se analicen a la luz del contexto económico actual. “Las grandes empresas están invirtiendo menos en I&D, dado el escenario de incertidumbre política y económica del país en los últimos años, mientras que las pequeña y medianas empresas resienten su capacidad de inversión debido a la escasa demanda interna, de manera tal que, con menores inversiones de la Finep, cabe esperar que las contrapartidas que las compañías ofrecen también disminuyan”, dice el economista, en referencia a la parte que invierten las propias firmas en los proyectos financiados por la agencia.
