En el mes de julio, el fiscal Luiz Gustavo da Luz Quadros asumirá la coordinación de una unidad de la Fiscalía de Justicia Agraria del Ministerio Público del Estado de Pará, en Brasil, que está instaurándose en la localidad de Castanhal, cercana a la capital del estado, con el objetivo de mediar en la resolución de conflictos de tierras con la ayuda de nuevos recursos tecnológicos. “Pretendemos evitar que los problemas se resuelvan en forma violenta, a tiros, llegando a generar repercusión nacional e internacional”, dice. En 2017 se registraron en el estado de Pará 71 asesinatos de trabajadores rurales por conflictos de tierras, y en 2018 fueron otros 24. Hasta marzo de 2019, hubo otros seis homicidios relacionados con las disputas por tierras. Da Luz Quadros se propone lograr el reconocimiento de los propietarios legítimos y regularizar la situación de tierras del estado recurriendo siempre que sea posible a acuerdos amistosos, sin procesos judiciales, valiéndose del Sistema Geográfico de Información Agraria (SIG Fundiário, en portugués), una plataforma informática elaborada por un equipo multidisciplinario de la Universidad Federal de Pará (UFPA) mediante un trabajo junto al Ministerio Público y al Tribunal de Justicia (TJ) del Estado de Pará.
El SIG Fundiário realizó algo inédito al integrar bases de datos de organismos públicos y catastros, y está delineando la situación real de las tierras del estado. Los resultados preliminares revelaron que hay 22,7 millones de hectáreas (ha) de tierras privadas y 18,5 millones de ha de tierras públicas que, de hecho, no existen, pues la suma de las áreas registradas en los archivos excede a la superficie total de los municipios. La escritura, el documento que permite la venta o donación de inmuebles, genera un nuevo registro cada vez que cambia de propietario. El SIG Fundiário identificó hasta 10 registros simultáneos, que es como si hubiera 10 propietarios o conjuntos de ellos, con áreas superpuestas.
El sistema, creado hace cinco años mediante una financiación de alrededor de 1,6 millones de dólares aportados por la Fundación Ford y la organización no gubernamental Climate and Land Use Alliance (Clua), recopiló 83.676 documentos de tres regiones: Tomé-Açu, Jari e Itaituba, que suman 19,5 millones de hectáreas, el equivalente a un 15% de la superficie del estado de Pará. Un equipo del Laboratorio de Integración de Informaciones Agrarias, Económicas y Ambientales para el Análisis Dinámico de la Amazonia (Integradata), un organismo dependiente de la rectoría de la UFPA que se ocupa del SIG Fundiário, recabó informaciones directamente de las escrituras y de los registros de 14 de los 104 catastros del estado. En el mes de febrero comenzó el trabajo de digitalización de los documentos del catastro de Santarém. En Integradata, los documentos son verificados, se indexan los datos históricos y las coordenadas geográficas de ubicación de los inmuebles se archivan en un sistema de informaciones geográfica. Programas de acceso libre permiten el registro de las informaciones, la integración de documentos y la producción automática de mapas. En 2018, a pedido del gobierno del estado de Maranhão, el equipo de Integradata utilizó ese método para catastrar 23.616 documentos del Instituto de Colonización y Tierras de Maranhão (Iterma) y de los dos archivos catastrales del estado.
Superposiciones
Las áreas registradas en los documentos de los catastros de los 10 municipios paraenses verificados sumaron 32,2 millones de hectáreas. Como la superficie en estudio tiene 9,5 millones de ha, hay 22,7 millones de ha que en realidad no existen. “Son tierras que solo existen en los papeles” dice el agrónomo Sebastião Aluizio Solyno Sobrinho, coordinador técnico del SIG Fundiário. En otro estudio, el equipo de Integradata recopiló los mapas de las unidades de conservación, tierras indígenas y de palenques [quilombolas, comunidades de afrodescendientes] bajo responsabilidad de los organismos públicos federales del estado de Pará y halló 792 superposiciones, que equivalen a 1,5 millones de ha. De acuerdo con los documentos oficiales, la superficie de las tierras indígenas y reservas ambientales es 8,4 millones de ha mayor que la identificada por el SIG Fundiário. En cuanto a las tierras públicas, hay 18,5 millones de ha que de hecho, no existen. “En los últimos años se actualizaron los mapas en los sitios web de las instituciones de los organismos del gobierno federal, pero esa información se conservó errónea en los documentos oficiales”, comenta Solyno Sobrinho.
Según él, las superposiciones que se detectaron en el SIG Fundiário podrían ser resultado tanto de imprecisiones técnicas como de la posesión ilegal de tierras: “Debemos analizar cada caso con cautela, identificar las situaciones más graves y elaborar una metodología de trabajo adecuada”. El Ministerio de Medio Ambiente estima que en Pará, el área total de tierras obtenidas por medio de escrituras apócrifas, registradas en los catastros de inmuebles, llega a las 30 millones de ha, casi un 25% de la superficie del estado.
Las superposiciones difícilmente figuraban con las dimensiones detectadas ahora por el SIG Fundiário porque las bases de datos públicas raramente están integradas y los equipos de los organismos públicos priorizan problemas más urgentes. El geógrafo Danny Silvério Ferreira Sousa, técnico del Instituto de Tierras de Pará (Iterpa), un organismo público que se encarga de la administración de las tierras del estado, dice hasta noviembre de 2018 había 6.126 procesos de regularización de tierras en curso en la Gerencia de Cartografía y Geoprocesamiento del instituto, un promedio de 875 procesos manejados por cada uno de los siete empleado del sector.
Fernando Santos/ Folhapress
La policía va al campo para controlar los conflictos por las tierras entre propietarios y latifundistas en el estado de Pará, en agosto de 1984Fernando Santos/ FolhapressEl Catastro Ambiental Rural (CAR), creado por el gobierno federal en 2012 para facilitar la regularización de las áreas obligatorias de preservación ambiental en todo Brasil, registró un exceso de tierras en propiedades privadas del estado de Pará de 12,1 millones de ha, de las cuales 1,1 millones de ha estaban superpuestas con tierras indígenas. Puesto que el CAR se completa con informaciones aportadas directamente por los propietarios rurales, eso da lugar a imprecisiones y fraudes. En 2016, la Secretaría de Ingresos Federales sorprendió en flagrancia a una pandilla comandada por un empresario paulista que estaba talando y apropiándose de tierras públicas del estado. El registro en el CAR a nombre de empresas fantasma permitía que las tierras fueran explotadas, arrendadas y vendidas. De acuerdo con un informe del servicio de noticias Agência Pública, esa organización movilizó 1.900 millones de reales y taló alrededor de 300 kilómetros cuadrados de selva entre 2012 y 2015. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), responsable de la administración de las tierras federales, adopta un programa similar al CAR, el Sistema de Gestión de Tierras (Sigef), certificando la propiedad de la tierra solamente cuando no surge ninguna superposición.
“Los registros catastrales son, en parte, responsables de esa situación, al extender nuevas escrituras sin verificar los documentos previos”, dice José Antonio Cavalcante, juez auxiliar del Consejo de la Magistratura del TJ de la Región Metropolitana de Belem. Según él “por desconocimiento del deber de oficio o por mala fe”, los registros catastrales mantuvieron abiertos los registros iniciales, permitiendo la venta de terrenos incluso cuando un área se hallaba bajo la responsabilidad de otro registro catastral. “Cuando detectamos las irregularidades”, dice Cavalcante, “ordenamos que los registros catastrales bloquearan sus registros para evitar que la tierra sea traspasada a terceros, hasta que sus propietarios presenten los documentos y podamos resolver el problema”.
Anderson Barbosa/ Folhapress
Más allá de la superposición con propiedades privadas, las áreas de reserva indígena del estado de Pará están sujetas a amenazas tales como la construcción de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, en Vitória do XinguAnderson Barbosa/ FolhapressIncertidumbre
En 2009, una comisión para creada por el TJ de Pará para combatir la apropiación ilegal verificó que las 9.124 áreas documentadas sumaban alrededor de 490 millones de ha, una superficie casi cuatro veces mayor que todo el estado de Pará. En Moju, una localidad del nordeste paraense, esas irregularidades equivalían a 8 veces la superficie total del municipio. La comisión solicitó el bloqueo de alrededor de 5.500 títulos de inmuebles con superficies mayores a 2.500 ha, dado que la enajenación o concesión de tierras públicas por encima de ese límite requiere de la aprobación previa del Congreso Nacional.
“El reconocimiento de la confusión constituye el primer paso para buscar las formas legales adecuadas para realizar un ordenamiento territorial del estado”, dice el abogado Girolamo Domenico Treccani, quien coordinó el estudio que llevó a cabo la comisión, por entonces, como asesor en jefe del Iterpa. Actualmente, como coordinador de análisis institucionales del SIG Fundiário y docente en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UFPA, él señala que uno de los perjuicios que ocasionó la apropiación de tierras radica en la expulsión de las comunidades tradicionales, tales como las de indígenas y quilombolas. “Lo turbio es la base del poder, de la corrupción y de la venta ilegal de tierras”, dice el economista Francisco de Assis Costa, del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos (Naea) de la UFPA y coordinador general del SIG Fundiário. “La incertidumbre en cuanto a la propiedad de la tierra deriva en inseguridad social y en la disminución de oportunidades económicas”, escribió en el libro intitulado Questões agrárias, agrícolas e rurais (editorial E-Papers, 2017).
Esas situaciones no siempre son fáciles de resolverse. Uno de los casos registrados por el SIG Fundiário se suscitó en 1960, a partir de un pedido planteado por un terrateniente interesado en comprarle al gobierno del estado un predio de alrededor de 3 mil ha ocupado por un castañal en el municipio de Marabá. Puesto que se trataba de un área destinada al extractivismo, la solicitud fue denegada. Sin embargo, poco tiempo después y valiéndose de un instrumento jurídico, la tenencia, el estado le traspasó la tierra al estanciero. En los 40 años posteriores el área fue comprada y revendida varias veces, sin título definitivo de posesión. Uno de los compradores la registró en 2004 en Itupiranga, un municipio que se escindió de Marabá. Seis años después, el Iterpa le concedió a su propietario actual, residente en Minas Gerais, el título definitivo, que luego fue cancelado en 2014 porque el área excedía el límite de 2.500 ha.
En la disputa por la posesión legal de las propiedades rurales hay una sola certeza: “Alguien sale perdiendo”, anticipa Patrícia Moreira, jueza auxiliar de la contraloría de las comarcas del interior del TJ de Pará. En noviembre de 2018, por ejemplo, la Justicia dictaminó un interdicto sobre dos fincas ubicadas en el municipio de Acará, en el nordeste paraense, alegando que esas áreas, públicas, habrían sido ocupadas ilegalmente y la empresa que reivindicaba su posesión había presentado documentos falsos al registrarlas en el catastro. “Surgirán protestas por el trabajo de regularización que se está llevando a cabo”, comenta la jueza, “pero también habrá una mayor seguridad jurídica, porque la tierra legalizada tendrá un valor mayor”. A comienzos de abril, ella escuchó con interés al equipo de la UFPA cuando el mismo presentó el SIG Fundiário, reconociendo su potencial para mediar en los conflictos por las tierras en el estado de Pará.
Un programa apunta posibles áreas de compensación forestal en el estado de São Paulo
En febrero de 2019, en la sede de São Paulo de la Sociedad Rural Brasileña, el agrónomo Gerd Sparovek, docente de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz, de la Universidad de São Paulo (Esalq-USP) y presidente de la Fundación Forestal de São Paulo, presentó ante un grupo de 100 productores rurales, abogados y representantes de organismos de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales la versión actualizada de un programa de computación que apunta posibles áreas de compensación de reservas legales en el estado de São Paulo. De acuerdo con el nuevo Código Forestal, que rige a partir de 2012, toda propiedad rural del estado debe mantener un 20% de su superficie con vegetación nativa; ese valor corresponde a la reserva legal que se suma a las áreas de conservación permanente. Aquél propietario que tuviera menos del 20% puede restaurar flora nativa o realizar esa compensación en otra área. El programa (bit.ly/compRL_SP) que está disponible para cualquier interesado, por ahora solo contiene datos de São Paulo. En el estado hay 30.417 propiedades rurales que acumulan un déficit de reserva legal de 865.391 hectáreas.
“Tan pronto como el Supremo Tribunal Federal [la Corte Suprema de Justicia] publique la sentencia en la causa del Código Forestal, que dictaminó el 28 de febrero de 2018, el programa permitirá evaluar objetivamente las posibilidades de definición de similitud ecológica de la compensación de reserva legal”, dice Sparovek. Para adecuarse a la nueva legislación, los propietarios rurales con déficit de reserva legal disponen de cuatro opciones: restaurar sus propios bosques; arrendar un área en otra propiedad; adquirir un área ubicada dentro de las unidades de conservación de protección integral y donarla al estado; o adquirir áreas excedentes de vegetación nativa, aquellas denominadas cuotas de reserva ambiental, dentro del mismo estado y del mismo bioma.
Sparovek expuso un conjunto de mapas acerca de los escenarios posibles de reserva legal de acuerdo con el artículo 68 del Código Forestal, que permite la adecuación de las áreas de conservación a leyes anteriores. “En el caso de que el propietario tenga menos del 20% de vegetación nativa en su propiedad, el artículo 68 lo exime de recomponer un porcentaje dentro de la ley actual si él estuviera a derecho con la legislación ambiental de la época en que se implementó la reconversión de la vegetación nativa en otros usos”, explica el biólogo Paulo André Tavares, investigador del grupo de la Esalq. El marco legal de 1934 determinó la obligatoriedad de mantener un 25% de la vegetación autóctona de la propiedad rural, pero al igual que el acuerdo siguiente, que data de 1965, no especificaba el tipo de vegetación que debía preservarse. “Queremos ofrecerle herramientas técnicas al administrador público para que pueda trabajar con seguridad e impedir conductas administrativas indebidas o erróneas”, dice Sparovek.
“Ofrecemos varios escenarios posibles de compensación de reserva legal que los propietarios rurales o los representantes de los organismos del gobierno pueden tomar como base para la toma de decisiones”, añade la bióloga Alice Brites, investigadora en pasantía de posdoctorado en la Esalq que fue quien coordinó las seis reuniones que se llevaron a cabo a partir de 2017 con propietarios rurales, representantes del gobierno, abogados, procuradores y otros expertos en asuntos agrarios. El proyecto es el resultado de los debates que comenzaron en 2015 al respecto de la implementación del Programa de Regularización Ambiental (PRA) junto a los científicos del Programa de Investigación en Biodiversidad (Biota-FAPESP).
Proyecto
Áreas prioritarias para compensación de Reserva Legal: Estudio para el desarrollo de una herramienta de ayuda para la toma de decisión y transparencia en el proceso de implementación del Programa de Regularización Ambiental (PRA) en el estado de São Paulo (nº 16/17680-2); Modalidad Ayuda a la Investigación – Regular; Programa Biota; Investigador responsable Gerd Sparovek (USP); Inversión R$ 1.147.138,91
Libro
COSTA, F. de A. Dinâmica fundiária na Amazônia: Concorrência de trajetórias, incertezas e mercado de terras. In: MALUF, R. S. y FLEXOR, G. (orgs.) Questões agrárias, agrícolas e rurais: Conjunturas e políticas públicas. Río de Janeiro: E-Papers, 2017.
