Investigadores australianos analizaron la eficacia y la utilidad de un cargo académico creado en las universidades del país en 2007, cuya misión es difundir las buenas prácticas científicas: el de consultor en integridad de la investigación científica. En la actualidad hay unos 750 instructores en actividad vinculados al organigrama de más de cien instituciones de educación superior en Australia, reclutados entre los científicos de las propias universidades. Se encuentran a disposición para brindar orientación a colegas y estudiantes sobre cualquier tema relacionado con la integridad, como las normas que rigen la autoría de un trabajo científico o qué hacer ante situaciones de acoso o conflicto de intereses. La función quedó establecida hace 16 años por el Código Australiano para una Conducta Responsable en la Investigación Científica y su naturaleza es exclusivamente consultiva. Están allí para aconsejar, no para investigar ni juzgar sospechas de mala conducta, aunque están obligados a informar eventuales transgresiones del código a sus autoridades superiores.
Según la investigación, divulgada a finales de julio en la revista Accountability in Research: Ethics, Integrity and Policy, el balance de la experiencia australiana es desigual. Un cuestionario respondido por 192 consejeros reveló que una parte de las universidades dan poco apoyo a los consultores, y si bien consideran que su labor es productiva, son menos utilizados de lo que se debería. El 13 % sostuvo no haber recibido ningún tipo de capacitación para ejercer la función. “Varias instituciones australianas parecen no ceñirse a la política nacional de integridad”, dijo en su perfil en la red profesional LinkedIn el estadístico Adrian Barnett, autor principal del estudio y docente de la Universidad de Tecnología de Queensland, quien firma el trabajo junto con colegas de las universidades de Newcastle y Bond. El estudio constató que dos instituciones incumplen la legislación y no cuentan con consultores. En otras, el cargo parece haber sido creado como una mera formalidad. Uno de los entrevistados solo se enteró de su nombramiento en ese cargo después de que los investigadores lo contactaron para que respondiera el cuestionario.
Pero varias instituciones han invertido seriamente en estos profesionales, como en los casos de la Universidad James Cook de Queensland, la Universidad de Newcastle y la Universidad de Adelaida, entre otras. Muchos entrevistados calificaron su trabajo como rico y productivo. “Cuatro veces al año me reúno con mis colegas consejeros y nos presentamos casos unos a otros en forma anonimizada. Esto representa para nosotros un gran aprendizaje”, comentó uno de ellos. A juicio de los consultores, la orientación que ofrecen es provechosa: el 58 % dijo que su trabajo es útil “la mayoría de las veces” y solo un 2 % refirió que no fue posible ayudar. Los consultores declararon que no son muy solicitados: en promedio, dedican menos de un día por mes a los quehaceres que incumben a su función. “No me consultan muy a menudo, pero, cuando ocurre, creo que las respuestas ayudan a quienes buscan consejo y evitan que una situación negativa empeore”, dijo uno de ellos. Algunos se quejaron de la complejidad de su tarea. “Las situaciones que implican desequilibrios de poder suelen ser sumamente complejas”, dijo uno de los consultores.
Los informes de los consejeros permitieron identificar las cuestiones en las que los estudiantes e investigadores necesitan más orientación. La consulta más habitual, señalada por el 83 % de los asesores, tiene que ver con quién debe firmar como autor de un artículo científico, y con situaciones en las que la asignación de la autoría es dudosa. Le siguen los problemas relacionados con el trabajo en colaboración, así como los informes sobre prácticas cuestionables, conflictos de intereses, supervisión inadecuada y de impasses en la compartición de datos. Por otra parte, el tema de interés menos frecuente fue el acoso sexual, probablemente porque existen otros organismos encargados de tratar ese problema, que es bastante frecuente en las universidades australianas (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 316).
Otra de las conclusiones del estudio indica que hay mucho margen de mejora. Entre los entrevistados, alrededor del 80 % coincidió en que su rol debería ser más activo e incluir la promoción de buenas prácticas, en lugar de limitarse solamente a prestar apoyo a los investigadores con dudas. Alrededor de dos tercios de ellos ratificaron la idea de que es necesario divulgar de manera más efectiva la labor de los consejeros entre estudiantes y docentes. Una de las limitaciones señaladas por los autores del estudio es el hecho de que los mentores son científicos séniores que a menudo ocupan cargos ejecutivos en sus instituciones, como la Prorrectoría de Investigación, circunstancia que podría cohibir a sus colegas más jóvenes de exponerles conflictos por temor a que ello implique un perjuicio en su carrera. Una sugerencia para mejorar el sistema, según Barnett y sus colegas, sería el modelo adoptado en la universidad neerlandesa de Delft, que cuenta con consejeros vinculados a otras instituciones.
Australia fue pionera en la difusión de la figura de los consultores en integridad científica, pero no es el único país que ha adoptado este tipo de estrategia para promover las buenas prácticas científicas y generar un ambiente seguro para debatir los dilemas éticos en las instituciones de investigación. Algunas universidades de Dinamarca, como la de Aarhus, y del Reino Unido, como la de Glasgow, en Escocia, y el King’s College de Londres, en Inglaterra, también han contratado recientemente consultores de este tipo. La Agencia de Integridad en la Investigación Científica de Luxemburgo ha instituido la figura de estos mentores, mientras que el Consejo Nacional de Integridad Científica de Finlandia ha estado capacitando a consultores para que trabajen en las universidades del país.
En 2017, Francia aprobó una ley que permite a las universidades nombrar funcionarios responsables de la integridad científica, investigadores independientes que no están vinculados a los procesos de toma de decisiones de las instituciones. Hace dos años, se reglamentó el trabajo de estos agentes: su misión es promover conductas de investigación responsables, vigilar posibles desvíos e informar de los casos sospechosos a la dirección de la institución. En un estudio publicado también este año en la revista Accountability in Research Ethics, Integrity and Policy, Nicolas Deniau, de la Universidad de Versailles Saint Quentin en Yvelines, entrevistó a 11 agentes de integridad designados recientemente en facultades de medicina francesas y llegó a la conclusión de que cumplen diligentemente su misión. “Estos funcionarios hacen hincapié en su papel independiente y pretenden erigirse en facilitadores de una conducción responsable de la investigación”, escribió Deniau. Según el autor, los resultados obtenidos son alentadores y ponen de relieve el impacto potencial de los agentes en la promoción de la integridad.
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