Los años posteriores a la proclamación de la Independencia, el 7 de septiembre de 1822, estuvieron signados por la agitación política y las intensas negociaciones concernientes a la creación de una nación brasileña y a la definición de un perfil de Estado nacional. Era necesario abocar esfuerzos para la formación de una elite intelectual capaz de administrar la patria recién emancipada, inculcándole una identidad propia, en oposición a la portuguesa. Más que nuevas leyes, lo que el país precisaba era cierta conciencia jurídica, que debería emanar de las carreras afianzadas en el territorio nacional. Ésos y otros argumentos fueron los que dieron el tono de las discusiones políticas que culminaron en la creación de las primeras facultades de derecho en Brasil, en las ciudades de São Paulo y Recife, en agosto de 1827.
Las articulaciones políticas que contribuyeron para la creación de esas instituciones dieron inicio con los debates entablados en la primera Asamblea Nacional Constituyente de Brasil. La Asamblea convocada en mayo de 1823 representó un paso fundamental para el proceso de consolidación de la independencia política y económica del país. Les cabía a los diputados la tarea de estructurar las bases políticas e institucionales de Brasil y, de ese modo, inaugurar jurídicamente el régimen constitucional.
La propuesta para la creación de una carrera de derecho fue presentada en la sesión del 14 de junio de 1823 por el abogado José Feliciano Fernandes Pinheiro, el vizconde de São Leopoldo (1774-1847). Se trataba de un pedido de los brasileños matriculados en la Universidad de Coímbra, en Portugal, donde estudiaba la mayoría de los que pretendían acceder a profesiones jurídicas, incluso los propios parlamentarios. El proyecto presentado por Fernandes Pinheiro fue elevado a debate en la Asamblea, e inmediatamente empezaron las divergencias al respecto de la localización de las carreras jurídicas. Los debates transcurrieron en forma apasionada. “Los parlamentarios abogaban en favor de sus provincias de origen, ya que de esas carreras saldría la futura élite política del país”, comenta la abogada e historiadora Bistra Stefanova Apostolova, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia (UnB).
Bistra estudió la creación de las primeras academias de derecho en Brasil durante su doctorado, analizando los discursos de los parlamentarios registrados en las crónicas de la Asamblea Constituyente de 1823 y de la Asamblea General, instituida en 1826. Según ella, en el marco de esos debates, muchos parlamentarios salieron en defensa de Río de Janeiro, a la sazón, la capital del país, donde incluso residía Pedro I, el primer emperador de Brasil (1822-1931). Otros sostenían que la carrera debía abrirse en São Paulo. “En las cercanías del puerto de Santos, que dispone de víveres baratos, un clima saludable y templado, y hay abastecimiento de productos de primera necesidad, donde los habitantes de las provincias del sur y del interior de Minas Gerais podrían enviar a sus hijos jóvenes con comodidad”, resaltó el diputado bahiano Luís José de Carvalho e Melo (1764-1826) en la sesión del 19 de agosto de 1823.
El proyecto fue sancionado por la Asamblea Constituyente el 4 de noviembre de 1823. El mismo establecía la creación de dos facultades de derecho, una en São Paulo y otra en Olinda, en el estado de Pernambuco. El texto, sin embargo, no se convirtió en ley, así como muchos otros proyectos debatidos y aprobados por los diputados constituyentes. A medida que avanzaban los trabajos, los parlamentarios ganaban poder político frente al poder Ejecutivo. Al sentirse amenazado, en la madrugada del 12 de noviembre, en un episodio que se hizo conocido como la “Noche de la agonía”, Pedro I logró que la balanza se inclinara a su favor, resolviendo momentáneamente las disputas entre los poderes. Con la ayuda del Ejército, sitió al Palacio de la Cámara y le ordenó al brigadier José Manuel de Morais que le entregara al presidente del Senado el decreto que disolvía la Asamblea Constituyente.
El tema de las escuelas de derecho recién se retomó en mayo de 1826, en la Asamblea General Legislativa. “El recuerdo del proyecto de creación de las facultades de derecho seguía vigente entre las elites políticas”, comenta Bistra. El diputado Lúcio Soares Teixeira de Gouveia (1792-1838), de Minas Gerais, fue quien propuso retomar el tema basándose en el proyecto de ley aprobado por la primera Constituyente.
La creación de las carreras en São Paulo y Olinda fue parte de un proyecto político que se proponía integrar las diferentes regiones de Brasil
El texto fue sometido a debate y ganó varias enmiendas. Finalmente, en 1827, se optó nuevamente por São Paulo y Olinda. “La creación de escuelas de derecho en las regiones sur y norte, tal como se decía en esa época, planteaba una integración entre las diferentes regiones del país, para fortalecer la unidad territorial”, explica la abogada e historiadora Ana Paula Araújo de Holanda, de la Universidad de Fortaleza, en el estado de Ceará, quien estudió las articulaciones políticas que redundaron en la institución de las primeras carreras de derecho de Brasil. No obstante, el proyecto aprobado en la Asamblea General, no rompió totalmente con la tradición jurídica portuguesa. Hubo algunas discordancias entre las intenciones de los parlamentarios y lo que ocurrió realmente en la práctica, opina Bistra. Se adoptaron provisoriamente los Estatutos de la Universidad de Coimbra.
Lo que fue la Academia de Derecho de São Paulo se instaló en un convento franciscano del siglo XVII, en la zona de la ciudad a la cual hoy en día se la conoce con el nombre de Largo São Francisco, y recién en 1936 la facultad se trasladó al edificio que ocupa actualmente, junto al monasterio, de arquitectura neocolonial, proyectado por el arquitecto portugués Ricardo Severo de Fonseca e Costa (1869-1940). Dos años antes, la facultad había sido una de las unidades fundadoras de la Universidad de São Paulo (USP). El emperador Pedro I designó a su primer director, el teniente general José Arouche de Toledo Rendon (1827-1833), doctor en leyes y armas. Las inscripciones para la primera promoción se abrieron en marzo de 1828, con 33 alumnos, entre los cuales figuraba José Antonio Pimenta Bueno, el marqués de São Vicente (1803-1878), uno de los líderes principales del movimiento abolicionista que condujo a la liberación de los esclavos en 1888.
En tanto, el curso de Olinda fue instalado en un salón del monasterio de São Bento, con la dirección del político y jurista Pedro de Araújo Lima (1793-1870). En 1854 la academia es trasladada a Recife y, desde 1946, se incorpora a la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). En el discurso de inauguración, el juez Lourenço José Ribeiro, director interino de la carrera, resaltó la importancia social de la carrera jurídica para el progreso del país y de la provincia en donde se la instituyera, las facilidades que les granjearía a aquéllos que desearan seguir las profesiones jurídicas, no viéndose más en la necesidad de trasladarse a Europa. Las clases comenzaron en junio de 1828. En total, fueron inscriptos 41 alumnos.
Ambas facultades, además de ser los únicos centros de formación jurídica en el país, se transformaron en importantes polos de inspiración de las artes literarias y poéticas, contribuyendo a la conformación de la identidad nacional. Las instituciones también fueron importantes para los principales movimientos cívicos, literarios y políticos que fueron surgiendo en las décadas siguientes en el país, como aquellos que derivaron en la proclamación de la República, en 1889, la Abolición, un año antes, y las Directas Ya, en 1983.
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