La eventual explotación de 242 depósitos minerales en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), que abarca parte de nueve unidades de conservación federales y estaduales de Brasil en el límite de los estados de Pará y Amapá, traería aparejado el desmonte de 183 kilómetros cuadrados (km2) de selva amazónica para la instalación de las minas. Otros 7.600 km2, un área equivalente a la de siete ciudades del tamaño de Belém, la capital de Pará, serían deforestados para la construcción de 1.463 km de carreteras para llegar hasta ellas.
Mediante el análisis de la historia de la ocupación de tierras en el norte de la Amazonia, científicos de las universidades de São Paulo (USP) y de Queensland, en Australia, arribaron a la conclusión de que la pérdida de vegetación nativa como consecuencia de la construcción de carreteras asociadas a las minas puede ser entre 40 y 60 veces mayor que la causada por las propias minas. Por ende, el análisis de los impactos ambientales provocados por la minería debería ampliarse e incluir una evaluación de los daños generados por la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
“Los impactos indirectos, que se acumulan en el tiempo, suelen no estar incluidos en los procesos de otorgamiento de licencias de explotación y apertura de nuevas minas”, dice la ingeniera ambiental Juliana Siqueira-Gay, gerente de proyectos del Instituto Escolhas y autora principal del estudio que llegó a estos resultados, publicado en julio en la revista científica Nature Sustainability. “La apertura de nuevas carreteras para brindar acceso a las minas en la Amazonia incluso puede fomentar el avance de la minería ilegal, de la extracción de madera y la apropiación de tierras, además de generar una urbanización descontrolada”. Siqueira-Gay recorrió la región de la Renca en 2019 como parte de su doctorado, concluido en julio de 2021 en la Escuela Politécnica de la USP.
La zona enfrenta presiones para que se habilite la minería. En agosto de 2017, el Decreto nº 9.147 declaró extinta la reserva, lo que facilitaría la investigación y la explotación minera en la región, pero la presión social llevó a que un mes después fuera revocado. “Como se trata de un decreto, todo está sujeto a una nueva suspensión en cualquier momento”, dice el ingeniero de minas y geógrafo Luis Enrique Sánchez, de la USP, uno de los autores del artículo y supervisor del doctorado de Siqueira-Gay. “Los gobiernos federal y estadual deben evaluar los proyectos de las carreteras, las líneas de transmisión de la electricidad, en definitiva, la totalidad de la infraestructura antes de suspender o aprobar proyectos de esta índole”, insiste el investigador.
Cada tanto el tema vuelve a escena: en 2019, el senador Lucas Barreto (del estado de Amapá) presentó en una sesión plenaria una petición para la reedición del decreto que acabaría con la Renca. En la Cámara de Diputados se discute el Proyecto de Ley nº 191/2020, que pretende autorizar la minería y otras actividades extractivas en tierras indígenas, y en el Senado se tramita el Proyecto de Resolución nº 14/2022, con el objetivo de crear un frente parlamentario de apoyo a la minería en la Amazonia Legal Brasileña.
Great pantherYacimiento de oro explotado por la empresa minera Mina Tucano, multada en 2021 por contaminar los ríos de la región de Pedra Branca do Amapari, en el estado brasileño de AmapáGreat panther
En la Amazonia, la explotación minera puede modificar la selva en un radio de hasta 70 km en torno a las minas, según consta en un estudio de 2017 publicado en la revista Nature Communications, dirigido por la ecóloga Laura Sonter, de la Universidad de Queensland, quien codirigió la investigación doctoral de Siqueira-Gay y también firma el artículo de este año. En otros países, el impacto de actividades económicas similares es mucho menor. Según un estudio publicado en julio de 2021 en la revista Conservation Science and Practice, una carretera de 88 km aprobada recientemente que cortará la selva de Harapan, en la isla de Sumatra (Indonesia), para el transporte de la producción de carbón de una mina, causará una pérdida de 30 a 40 km2 de bosques.
Para evaluar los daños ambientales directos e indirectos de la minería, Siqueira-Gay examinó las transformaciones que causó la explotación minera en las inmediaciones de la Renca, por ejemplo, en los municipios de Pedra Branca do Amapari y Serra do Navio, ambos en el estado de Amapá, entre 2004 y 2014. “Todos los pronósticos que elaboramos basándonos en estos antecedentes de ocupación territorial son malos, ya que la deforestación avanza sobre áreas de gran importancia biológica”, dice. La ingeniera y sus colegas plantearon cinco escenarios para predecir el impacto ambiental en los próximos 30 años, con base en una mayor o menor apertura a la minería de las áreas forestales protegidas. Uno de ellos prevé la explotación de 170 depósitos minerales en unidades de conservación de uso sostenible, lo que implicaría la pérdida de 131 km2 de vegetación nativa; las carreteras entre ellas conllevarían el desmonte de 5.900 km2. En otro escenario, habría 4.254 km2 de deforestación indirecta, 60 veces más que la directa, tras la liberación de la minería como consecuencia de la explotación de tan solo 8 yacimientos en las tierras indígenas de la región de la Renca.
Cuando un camino se abre en medio de la selva genera varios problemas. Uno de ellos es que, al atravesar el bosque, la carretera lo separa en dos zonas, con consecuencias para la biodiversidad. “El aislamiento de las poblaciones de vegetales y de animales en un sector de la selva aumenta la vulnerabilidad de esas especies y puede llevar a la extinción local de algunas”, dice el ecólogo Jean Paul Metzger, del Instituto de Biociencias de la USP y coautor del estudio. “Además, la mayor exposición al sol y al viento de los márgenes de los fragmentos forestales y las perturbaciones ocasionadas por la actividad humana pueden alterar el microclima y la conducta de los animales en el interior de la jungla”. Para Metzger, una alternativa menos perjudicial sería la apertura de minas cerca de las que ya están instaladas en la región, que no precisarían nuevas carreteras, y alejadas de las áreas de mayor riqueza biológica, los denominados hotspots. “También es importante, cuando sea necesario, prohibir la construcción lindera a las carreteras y limitar el horario y la velocidad de los vehículos que circulan por ellas”, sugiere.
Al igual que Metzger, el geógrafo Carlos Souza Jr., del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), quien no participó en el estudio, considera que la minería legal reviste importancia para el país, pero su expansión debe ser planificada. “Incluso en el escenario más pesimista proyectado en esta investigación, los impactos estarían subestimados, porque por cada nueva carretera abierta legalmente, surgen varios caminos no oficiales, que se utilizan para fines ilegales. Y estos abren nuevos frentes de desmonte, más allá del alcance de las carreteras planificadas”, dice. Un estudio en el que participó, publicado en julio en la revista Remote Sensing, detectó 3 millones de kilómetros de caminos no oficiales, sobre un total de 3,46 millones que atravesaban el 40 % de las áreas de vegetación nativa en la Amazonia Legal Brasileña en 2020.
Los investigadores de la USP señalan la importancia de una planificación que tenga en cuenta los efectos regionales –y no solamente los locales– de la minería y evalúe las áreas de vegetación autóctona que serán protegidas permanentemente, sin posibilidad de flexibilización. “El análisis de los impactos regionales ya es objeto de debate en el sector minero”, dice la gerente de sostenibilidad del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), Cláudia Salles. Según ella, las modificaciones eventuales dependen de la “adhesión de todos los actores, especialmente del sector público”. Se consultó a los ministerios de Medio Ambiente (MMA) y de Minería y Energía (ANM) al respecto de las conclusiones del estudio, pero hasta el cierre de la redacción de este artículo no habían respondido.
Republicar