Más de 15 años de democracia no fueron suficientes para que el Congreso Nacional se interese e influya en un tema decisivo para los destinos del país: el papel de las Fuerzas Armadas Brasileñas. Son pocos los senadores y diputados federales informados sobre las cuestiones militares, y muchos legisladores, al tratar el tema, confunden los conceptos de defensa nacional (protección del territorio y de los ciudadanos contra amenazas externas) y de seguridad pública (combate a la violencia, el crimen y el narcotráfico).
Para empeorar este cuadro de apatía ante los asuntos castrenses por parte del Legislativo federal, el Poder Ejecutivo concentra actualmente sobre sí todas las decisiones importantes sobre los lineamientos y actividades que deben ser llevadas adelante por el Ejército, la Marina y la Aeronáutica. “La política nacional en el área militar es un acto aislado del presidente. El Poder Legislativo no es llamado a opinar durante su confección. En la práctica, tan solo homologa las propuestas del Ejecutivo”, afirma el cientista político Eliézer Rizzo de Oliveira, coordinador del Núcleo de Estudios Estratégicos de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), autor de las aseveraciones citadas. “No soy favorable al doble comando de las tropas, pero el Ejecutivo debería esforzarse para hacer que el Congreso se convirtiera corresponsable por la política de Defensa Nacional.”
Estudioso de la cuestión militar hace más de dos décadas, Oliveira acaba de concluir un proyecto temático financiado por la FAPESP que radiografió la participación del Congreso en los destinos de las Fuerzas Armadas desde la restauración del régimen democrático en el país (presidencia de José Sarney, en 1985) hasta el segundo mandato de gobierno de Fernando Henrique Cardoso. De acuerdo con sus cuentas, entre los 513 diputados federales y 81 senadores, hay diez -o a lo sumo 20- legisladores que tiene un buen conocimiento sobre la vida militar.
Matices ideológicos
En la selecta lista de miembros del Congreso con una visión más profunda de las Fuerzas Armadas, Oliveira incluye a diputados de todos los matices ideológicos. A la derecha, con una actuación de cuño eminentemente corporativista, sobresale Jair Bolsonaro (PPB-Río de janeiro), oficial retirado del Ejército. En el campo ideológico de centroderecha, otro legislador mencionado es el empresario Luciano Pizzatto (PFL-Paraná). A la izquierda, las figuras destacadas son José Genoíno (PT-São Paulo), que participó en la guerrilla de Araguaia, un movimiento que fue combatido y derrotado por la dictadura militar en la década del 70, y Aldo Rebelo (PC do B), comunista de larga data. Entre los políticos de centroizquierda, el investigador menciona a Yeda Crusius (PSDB-Río Grande do Sul), Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-São Paulo) y José Anibal (diputado federal por São Paulo y en la actualidad presidente nacional del PSDB).
Para Oliveira, buena parte de los diputados y senadores mezcla dos conceptos básicos cuando opina sobre el papel de los militares. “Ellos tienen una percepción pequeña acerca de lo que significa la defensa nacional y una percepción grande sobre lo que representa seguridad pública”, afirma el investigador. En otras palabras, consideran que las Fuerzas Armadas deben preocuparse más en combatir el crimen (organizado o no) y el tráfico de drogas, y velar por la “ley y el orden” que en defender al país de un enemigo externo.
No es de extrañar, por lo tanto, que la convocatoria a las Fuerzas Armadas para custodiar ciudades en determinadas situaciones -como durante la Eco-92, la megaconferencia ecológica que reunió a decenas de jefes de Estado en Río de Janeiro- sea raramente objeto de críticas más agudas en el Congreso. “Esa visión de los parlamentarios es errónea. No se debe militarizar la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas pueden dar, como máximo, alguna contribución en ese sentido”, afirma Oliveira. Contribución esporádica, como en el caso de la convocatoria de tropas del Ejército a fin de mayo, para contener una huelga-motín de soldados de la Policía Militar del estado de Tocantins. A pedido del gobernador del estado, Fernando Henrique Cardoso autorizó el envío de soldados para controlar el movimiento.
Actualmente, la opción constitucional de llamar a tropas militares para cuidar de asuntos internos es decisión exclusiva del presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El Congreso no necesita ser consultado sobre el tema. “A mi modo de ver las cosas, la Constitución debería implicar al Legislativo en este proceso. El presidente debería remitir un pedido de autorización al Congreso, como lo haría si quisiera decretar el Estado de Sitio o el Estado de Defensa”, opina Oliveira. “Terminada la intervención, debería prestar cuentas ante los diputados y senadores.”
Brecha jurídica
Si bien no considera que la situación actual es la ideal, el investigador recuerda que, durante los primeros años de vigencia de la actual Constitución, llegó a ser peligrosamente fácil y banal recurrir a los militares para velar por la seguridad pública. Entre octubre de 1988 y julio de 1991, intervalo entre la promulgación de la Carta Magna y la edición de la primera ley complementaria que reglamentó las cuestiones militares, una brecha jurídica daba autonomía total para que cualquier miembro de uno de los tres poderes, a nivel municipal, estadual o federal, convocara a las tropas militares para velar por “la ley y el orden”.
Sin tener que pedir autorización al presidente de la República o rendirle cuentas a nadie, cualquier alcalde, concejal, diputado o juez podía llamar a las tropas federales para controlar conflictos. Esto era posible porque la redacción original del artículo 142 de la Constitución, que versa sobre los militares, era omisa y no había una reglamentación paraella. Todo lo que estaba escrito era que cualquiera de los poderes constitucionales podía recurrir a las tropas federales para garantizar “la ley y el orden”. Y nada más.
Trabajando en las brechas de la ley, un juez requirió, en noviembre de 1988, el envío desoldados del Ejército para controlar una huelga en la Companhia Siderúrgica Nacional, en Volta Redonda (Río de Janeiro). El resultado fue una triste página de la historia nacional, con tres muertos durante la intervención. Esa brecha jurídica se cerró en julio de 1991 con la promulgación de una ley complementaria. Según esa normativa, solo el presidente de la República tiene poder para decidir sobre el empleo de las Fuerzas Armadas, por iniciativa propia o por un pedido realizado por los presidentes del Supremo Tribunal Federal, del Senado o de la Cámara de Diputados.
¿El desinterés y el desconocimiento de los miembros del Legislativo por la cuestión militar no sería una reacción natural de un poder que, durante la dictadura, fue silenciado por las Fuerzas Armadas? Oliveira no se da por satisfecho con este tipo de explicación. “En Brasil, falta cultura estratégica en los dirigentes civiles”, dice. El blanco de la crítica no es solamente el Congreso, sino también el Ejecutivo. Los presidentes del régimen democrático no le han dado mucha importancia a la elaboración de una política militar más detallada. En los contactos con oficiales y dirigentes de países del Cono Sur, el investigador salió con la impresión de que las Fuerzas Armadas brasileñas tienen una tímida actuación en asuntos de política exterior. “Nuestros vecinos creen que los militares brasileños podrían ejercer una mayor influencia en el contexto internacional”, afirma. La discreta participación de soldados nacionales en misiones de paz patrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el extranjero es un síntoma de esa política de poca visibilidad.
En medio de las críticas a la actuación del Ejecutivo en la conducción de las Fuerzas Armadas, el investigador menciona una medida positiva: la creación, hace dos años, del Ministerio de Defensa, con un civil a la cabeza. Con la nueva cartera, los comandantes de las FF.AA. (Armada, Ejército y Fuerza Aérea) perdieron el status de ministros y pasaron a reportarse al titular de Defensa, y no directamente al presidente de la República. Algo más acorde a una democracia.
Sin pudor de ser la policía del mundo
En tanto Brasil todavía no sabe muy bien cuál es el papel de sus Fuerzas Armadas, Estados Unidos lo sabe muy bien y dice, con todas las letras, qué espera de sus soldados y oficiales. EE.UU. concibe a su aparato militar como una especie de policía del mundo. Lista para velar, es verdad, por la integridad de su territorio nacional y por la seguridad de sus ciudadanos, pero fundamentalmente en una posición de alerta para defender la enorme gama de intereses de Washington. La Casa Blanca, por ejemplo, se arroga el derecho de hacer o auspiciar guerras con el solo objetivo de garantizarse un mercado consumidor para sus productos o el acceso a fuentes de riqueza y recursos naturales. “La libertad de comercio forma parte de la política de defensa de Estados Unidos”, dice el investigador Eliézer Rizzo de Oliveira.
Todo esto es visible en el sitio del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los informes sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses explicitan el rol del brazo armado de la mayor potencia terrestre. Su versión 2000 contiene el siguiente trecho: “Cuando los intereses en juego son vitales -es decir, son de extrema y fundamental importancia para la supervivencia, seguridad y vitalidad de la nación-, Estados Unidos hará lo que sea necesario para defenderlos, incluyendo, cuando sea necesario, el uso unilateral de la fuerza militar”.
Los intereses nacionales vitales incluyen: proteger la soberanía, el territorio y la población de Estados Unidos; evitar la aparición de coaliciones hostiles regionales o hegemónicas; asegurarse el acceso ilimitado a mercados claves, reservas de energía y recursos estratégicos; detener, y si es posible, derrotar agresiones contra aliados de los estadounidenses y amigos; y garantizar la libertad de los mares, cielos y espacio, así como la seguridad de las líneas vitales de comunicación.
En el informe de 2001, la posibilidad de hacer una guerra por intereses económicos fue suavizada. El tono amenazador del cuarto interés vital -el acceso a mercados y recursos estratégicos- fue alterado y cedió su lugar a una construcción políticamente correcta: “Proteger el bienestar económico de la sociedad de Estados Unidos”. Aún así, el nuevo texto no altera la esencia del enunciado anterior: los norteamericanos colocan a sus Fuerzas Armadas al servicio de guerras comerciales. La palabra está ahora con el nuevo presidente de la única potencia planetaria, el republicano y conservador George W. Bush.
El proyecto
Fuerzas Armadas y Democracia: El Papel del Poder Legislativo (nº 96/07499-3); Modalidad Proyecto temático; Coordinador Eliézer Rizzo de Oliveira – Unicamp; Inversiones R$ 25.920,40
