Luana GeigerUn grupo de científicos y gestores propuso en el mes de mayo nuevas directrices para coordinar el trabajo de revistas e instituciones científicas con miras a afrontar los casos de mala conducta. El documento contiene recomendaciones que apuntan a definir los roles que les competen a las universidades y a los editores, esbozando un nuevo conjunto de buenas prácticas como complemento a las reglas establecidas en 2012 por el Committee on Publication Ethics (Cope), un foro internacional de editores que discute los problemas ligados a la ética en la investigación científica. La propuesta se presentó para su debate en el marco del 5º Congreso Mundial de Integridad Científica, realizado en Ámsterdam, Holanda, entre los días 28 y 31 de mayo.
El documento, intitulado “La cooperación y el lazo entre las universidades y los editores (Clue)”, aporta como novedad principal la idea de crear registros nacionales de oficinas encargadas de efectuar, dentro de cada institución científica, las investigaciones de sospechas de fraudes, falsificaciones o plagio y del contacto con los responsables. La recomendación parece ser una medida meramente burocrática, pero apunta colaborar con los editores en una misión muy compleja, que consiste en definir a quién debe acudirse para esclarecer indicios de problemas en un paper ya publicado. Los periódicos científicos accionan generalmente en primera instancia contra el propio autor del artículo científico. Pero existen críticas contra esa premisa, porque ello le brinda la posibilidad al autor malintencionado de obstruir la averiguación que posteriormente llevará a cabo la institución.
En el Clue se recomienda a las publicaciones científicas que creen reglas internas considerando alertar a las instituciones antes de avisarles a los investigadores, pero solamente en determinadas ocasiones. “Eso sólo debe ocurrir en aquellos casos en los que la revista tuviera sospechas fundadas de falsificación o fraguado de datos”, expresó la zoóloga inglesa Elizabeth Wager, quien fuera presidenta del Cope entre 2009 y 2012, en el sitio web Retraction Watch. Wager es una de las autoras del Clue, redactado en forma conjunta con expertos tales como Zoë Hammatt, directora de la división de educación de la Oficina de Integridad Científica (ORI, por sus siglas en inglés), quien supervisa las averiguaciones en el ámbito del Departamento de Salud de Estados Unidos, y Chris Graf, director de integridad científica de la editorial Wiley.
La creación de registros nacionales de oficinas de integridad científica así como de sus responsables ayudaría a los editores a reclutar a la persona apropiada en estos casos extremos. Según el documento, resulta habitual que los editores procuren establecer un contacto informal con las universidades antes de comunicar oficialmente las sospechas relacionadas con un artículo. Ocurre que en algunos países esa iniciativa se considera irregular. En Estados Unidos, por ejemplo, los contactos de ese tipo deben registrarse en forma documentada y las universidades podrían ser procesadas si revelaran a terceros que internamente están investigando a uno de sus científicos. Según Wager, una de las alternativas a los registros nacionales podría ser exigirles a los autores que consignen los contactos del responsable de la oficina de integridad científica de su institución cuando remiten un artículo para su publicación. “En tal caso, no habría necesidad de divulgar esos contactos en el propio artículo, ya que sólo se recurriría a ellos en los casos necesarios”, propuso.
Otra sugerencia innovadora consiste en que las universidades creen instancias internas encargadas de brindar rápida respuesta a los planteos que presenten los editores, siendo capaces de evaluar si los resultados de un artículo que despierta sospechas son confiables. Esta instancia funcionaría en forma independiente de los comités de fiscalización que analizan si los autores acusados de mala conducta son culpables o inocentes. La propuesta intenta resolver un desfasaje crónico: aunque el interés prioritario de las revistas sea saber si los resultados de un artículo son lo suficientemente válidos como para decidir si retractarlo o no, muchas universidades y oficinas de integridad científica solamente están preparados para determinar si hubo mala conducta, recurriendo a extensos y onerosos procesos de fiscalización. La estructura propuesta en el documento apunta a garantizar que los errores en la investigación cometidos sin intencionalidad o como resultado de negligencias, sean resueltos en forma rápida, sin desmedro de determinar efectivamente y a su tiempo si hubo efectivamente mala conducta. Un sistema de este tipo ayudaría a las revistas a comprobar inmediatamente si existen problemas en artículos publicados y advertir a sus lectores”, dijo Elizabeth Wager.
Luana GeigerColaboración
Las recomendaciones del Clue comenzaron a plantearse en un evento que se llevó a cabo en Heidelberg, Alemania, organizado en julio de 2016 por la Organización Europea de Biología Molecular (Embo), que congregó a editores y directivos de universidades para debatir las formas de mejorar la cooperación entre instituciones científicas y revistas en eventuales episodios de mala conducta. Estas sugerencias fueron publicadas en el mes de mayo en el repositorio de preprints bioRxiv e inmediatamente cobraron repercusión. El biólogo molecular y periodista científico Leonid Schneider, responsable del blog For Better Science, sostuvo que la creación de una estructura tendiente determinar la confiabilidad de una investigación científica no garantiza que la institución promueva una averiguación inequívoca, y citó el caso de la farmacóloga alemana Kathrin Maedler, que fue acusada de duplicar imágenes en artículos científicos y absuelta luego de una investigación efectuada por la Universidad de Bremen, bajo el argumento de que, a pesar de dicha manipulación, los resultados de la investigación estaban correctos y fueron confirmados por otros grupos. “Una institución a la cual se la estimula a evaluar la calidad de un paper manipulado podría actuar en forma tendenciosa, limitándose a manifestar que los resultados son confiables y dejando de solicitar la retatractación del artículo. Es algo que ya ha ocurrido con anterioridad”, dijo Schneider.
En tanto, el bioingeniero Nikolai Slavov, docente de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, sugirió incorporar a las directrices del Clue una idea alentada por él en 2015 en la revista eLife: que los editores de los periódicos empiecen a tener en cuenta las críticas a los artículos recién publicados realizadas por científicos en plataformas online, un tipo de evaluación por pares realizado con posterioridad a la divulgación de los papers, y que exijan a los autores una respuesta pública en un plazo máximo de 30 días cuando se indicara algún error.
El documento pone otros puntos sobre el tapete. Les recomienda a los editores que los datos brutos de investigaciones y comentarios sobre manuscritos realizados por revisores se archiven por un plazo de 10 años. En Estados Unidos, el límite actual de tiempo obligatorio para los artículos del área biomédica es de seis años. Una recomendación para las universidades consiste en lograr que se convierta en rutina el compartir con los editores de periódicos científicos los informes de averiguaciones de casos de mala conducta que hayan realizado. Esto es algo común en instituciones de varios países, pero no es una regla.
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