La cuestión es delicada y suele suscitar posturas extremas. Tal vez por estos motivos y porque la legislación brasileña lo califica como delito, el aborto ha permanecido como un tema tabú durante mucho tiempo y solo recientemente ha empezado a debatírselo más. Pese a que está prohibido legalmente y a la frecuente condena moral o religiosa, el hecho es que se hace y es habitual, y la mayoría de las veces se lo practica de manera insegura (sin la ayuda de profesionales de la salud ni con los medios adecuados), lo que pone en riesgo la vida de las mujeres. Las estimaciones más recientes y confiables, obtenidas mediante una técnica que protege la identidad de las entrevistadas, indican que, cada año, se realizan unos 500.000 abortos en Brasil. En casi la mitad de los casos, más concretamente en un 43 %, surgen complicaciones que requieren la internación de las mujeres en hospitales o salas de urgencias para completar el procedimiento.
“El aborto es un problema de salud pública que afecta a las mujeres comunes, particularmente a las brasileñas más jóvenes y más vulnerables como las mujeres negras”, dice la antropóloga Debora Diniz, de la Universidad de Brasilia (UnB), una de las coordinadoras de la Investigación Nacional del Aborto (PNA, por sus siglas en portugués). Este estudio, que actualmente va por su tercera edición, repetida cada cinco años, en promedio, busca comprender la magnitud del problema en el país. En la última PNA, realizada en noviembre de 2021, las encuestadoras visitaron 125 municipios brasileños para recabar información sociodemográfica de 2.000 mujeres de entre 18 y 39 años. En esa oportunidad, también le entregaron a cada participante un cuestionario con siete preguntas sobre el aborto, que era completado y depositado por ellas mismas en una urna sellada, para evitar la violación del secreto. Estas mujeres, seleccionadas al azar para participar en la investigación, representan a la población femenina brasileña alfabetizada y en edad fértil que vive en las ciudades.
Los resultados del estudio, aceptados para su publicación en la revista Ciência & Saúde Coletiva, muestran que el aborto es un hecho habitual entre las brasileñas: una de cada siete mujeres de 40 años se ha practicado al menos un aborto. “Cualquier problema que afecte a una proporción tan grande de personas constituye un enorme problema sanitario para un país”, subraya el sociólogo Marcelo Medeiros, profesor visitante en la Universidad Columbia (EE. UU.), coautor del estudio.
Esta proporción, sin embargo, parece estar disminuyendo. El porcentaje era de aproximadamente un 20 % en los sondeos de 2010 y 2016 y, en 2021, descendió a un 15 %. Si bien las entrevistadas tenían entre 18 y 39 años, los investigadores utilizan una herramienta estadística para elaborar una proyección de la tasa de abortos a los 40 años y corregir cualquier distorsión en los datos debido al envejecimiento de la población y al hecho de que el aborto es un fenómeno acumulativo.
En 2021, el sondeo evaluó por primera vez la edad en que las participantes realizaron el primer aborto inducido y reveló que este es un problema de inicio temprano en la vida de las brasileñas: en un 52 % de los casos habían interrumpido una gestación antes de cumplir 19 años. “El embarazo constituye un importante problema social y económico para las jóvenes de esta franja etaria, porque les impide continuar con sus estudios, dificulta su formación profesional y restringe su acceso al mercado laboral”, explica Medeiros.
Según la PNA, las que abortan ahora son las mujeres comunes. Todas las ediciones de la investigación muestran que una proporción casi igual de blancas, negras y pardas ya se han realizado un aborto. En 2021, el porcentaje de mujeres de cada uno de estos grupos que había interrumpido un embarazo rondaba el 10 %. También se acercaba al 10 % el porcentaje de católicas, evangélicas o protestantes o mujeres sin religión que ya habían abortado.
Aunque el escenario apunta una tendencia decreciente en la proporción de mujeres que practican un aborto, las cifras son tomadas con cautela por los propios investigadores, porque la caída podría ser menor de lo que aparenta. El margen de error de cada sondeo es de dos puntos porcentuales por encima o por debajo y puede haber una oscilación estadística entre una edición y otra de la encuesta, lo que haría que los valores fueran más próximos entre sí. También cabe la posibilidad de que los datos reflejen la influencia de un cambio en la estructura de la población. En los once años que separan la primera de la última PNA, la tasa de fecundidad de las brasileñas se ha reducido de casi 1,9 hijos por mujer a 1,5 y, al haber menos embarazos, también habría menos abortos. Algunos estudios también apuntan un aumento del uso de métodos contraceptivos de larga duración en América Latina.
Si la evolución registrada en las tres PNA fuera real, ello podría indicar que Brasil sigue una tendencia verificada en las últimas décadas en los países más desarrollados, al revés de lo que viene ocurriendo en América del Sur. Un análisis de las estadísticas sobre el aborto registradas entre 1990 y 2014 en 186 países ha revelado que, en el último cuarto de siglo, la frecuencia de interrupción del embarazo ha disminuido significativamente en las naciones más desarrolladas, registrando una caída promedio, de 46 a 27 abortos por cada grupo de 1.000 mujeres en edad reproductiva. En Sudamérica, según datos publicados en 2016 en la revista The Lancet, este índice aumentó en el mismo período de 43 a 47 ‰.
La interrupción voluntaria del embarazo es un fenómeno habitual en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cada año, se realizan 73 millones de abortos inducidos, lo que equivale a la tercera parte de los embarazos. El organismo sanitario internacional considera al procedimiento seguro “si se lleva a cabo con los métodos adecuados para la edad gestacional y lo realiza una persona capacitada”. Sin embargo, en el 45 % de los casos, se efectúa sin una asistencia adecuada y ello pone en riesgo la vida de la mujer. Casi todas (el 97%) estas interrupciones inseguras tienen lugar en los países en vías de desarrollo.
En Brasil, conforme a la evolución registrada en las tres ediciones de la PNA, la gravedad de las complicaciones de salud como resultado de los abortos parece estar disminuyendo. En 2010, el 55 % de las mujeres a las que se les practicó un aborto debieron ser internadas. En 2021, ese porcentaje fue de un 43 %. Con todo, sigue siendo una cifra importante, que representa unas 200.000 hospitalizaciones por año. “Esto se traduce en un impacto para las mujeres y en un alto costo para el sistema público de salud”, recuerda Diniz.
“La disminución de la tasa de complicaciones sugiere una posible transición del uso de métodos más peligrosos que tienen que ver con el manipuleo del útero, como el uso de agujas y otros objetos, hacia otras estrategias más seguras, que emplean medicamentos, aunque obtenidos por vía ilegal”, comenta el ginecólogo y obstetra Luiz Francisco Baccaro, de la Universidad de Campinas (Unicamp), quien no participó en la PNA. Baccaro coordinó la participación de Brasil en un estudio reciente de la OMS que evaluó la severidad de las complicaciones derivadas del aborto en 70 hospitales de seis países de América Latina (20 de ellos brasileños). Los resultados, publicados en 2021 en la revista BMJ Global Health, sugieren que la mayoría de los casos que llegan a los servicios de salud en Brasil y Perú son menos graves que los atendidos en Argentina, Bolivia, República Dominicana y El Salvador. Los datos fueron recogidos antes de la legalización del aborto en Argentina, a finales de 2020. En Brasil, el 83 % corresponde a casos menores, con sangrado leve, y un 14 % moderados, generalmente hemorragias algo más intensas.
Aunque el grado de complicación varía de un país a otro debido a las características de los sistemas de salud locales, la OMS estima que el 13 % de la mortalidad materna –aquella que se produce durante la gestación o cuando esta llega a su fin– es consecuencia de los abortos inseguros. La solución para el problema, según opinan los expertos, pasa por la oferta de condiciones seguras para la interrupción del embarazo, algo que en Brasil requeriría un cambio en la legislación respectiva, además del acceso a la planificación reproductiva para evitar embarazos indeseados.
El Código Penal brasileño califica al aborto como un crimen contra la vida. La mujer que opta por llevarlo a cabo puede ser condenada a hasta tres años de cárcel y la persona que la ayuda (sea o no un profesional de la salud) puede ser pasible de una pena de hasta diez años de reclusión. Esta ley, que data de 1940, solo prevé dos condiciones en las que no es sancionable: en el caso de un embarazo fruto de una violación o si el procedimiento fuera el único medio posible de salvar la vida de la mujer. Desde 2012, una resolución del Supremo Tribunal federal (STF) también autoriza la interrupción del embarazo en los casos de anencefalia, cuando el feto no ha desarrollado completamente el cerebro u otros órganos del encéfalo y no podría sobrevivir después del parto.
A pesar de esta posibilidad, el porcentaje de abortos permitidos legalmente es muy inferior a lo esperado. En un estudio publicado en 2020 en Cadernos de Saúde Pública, el médico sanitarista Bruno Cardoso, de la Secretaría de Salud Municipal de Río de Janeiro, y colaboradores, analizaron los datos de nacimientos, defunciones e internaciones en el Sistema Único de Salud (SUS) durante el período 2008-2016 y constataron que, cada año, se practican unos 1.600 abortos por prescripción médica o legal. Esta cifra es muy inferior a las gestaciones producto de violaciones (estimadas en 18.000 por año) y que, por lo tanto, podría ser interrumpidas legalmente.
Una normativa técnica del Ministerio de Salud, vigente desde 2005, ofrece orientaciones a los profesionales de la salud sobre cómo tratar y asistir los casos de aborto. Según el documento, “el aborto seguro, dentro de las causales legalmente admitidas en Brasil, así como el tratamiento del aborto, constituyen un derecho femenino que debe ser respetado y garantizado por los servicios de salud”.
No obstante, esta directriz resulta insuficiente para que el servicio pueda ofrecerse a la población aun en las situaciones previstas por la ley. En su doctorado, realizado en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) con la dirección de la sanitarista Alexandra Boing, la psicóloga Marina Gasino Jacobs rastreó en tres bases de datos del SUS información sobre establecimientos registrados para practicar o que habían realizado abortos legales en 2019. Encontró 290 servicios de salud, situados en tan solo 200 de los 5.568 municipios brasileños. Según los datos publicados en 2021 en Cadernos de Saúde Pública, el 40 % de ellos se concentraban en la región sudeste. “En 2019, el 58,3 % de las mujeres en edad fértil vivían en municipios en los que el aborto previsto por ley no se ofrecía”, escribieron las autoras.
Una cuestión importante es: ¿cómo hacer que disminuyan los abortos, especialmente los inseguros? La respuesta, según los estudiosos del tema, consiste en educar a la población para que ejerza la sexualidad de manera responsable y brindarle información sobre los métodos anticonceptivos, además de ponerlos a su disposición. “Todo el mundo tiene relaciones sexuales. Tenemos que dejar de tratar a este tema como un tabú y empezar a hablar de ello en la escuela, en la televisión, en la iglesia, acerca de cómo prevenir el embarazo”, dice Medeiros. Ella sostiene que es necesario que los varones asuman su parte de la responsabilidad en el control de la reproducción. “Si los varones utilizaran condones en todas las relaciones, la tasa de embarazos no deseados casi podría reducirse a cero y, por consiguiente, los abortos disminuirían”, concluye.
Los expertos también sostienen que hay que despenalizar el aborto. Diversos estudios indican que, si el procedimiento se legaliza y se les ofrece a las mujeres la posibilidad de realizarlo, ello conlleva una reducción del número de casos. “La cifra desciende porque las mujeres son asistidas y pasan a tener acceso a métodos anticonceptivos y orientaciones sobre cómo evitar un nuevo embarazo no deseado”, dice la epidemióloga Rosa Domingues, de la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, autora de revisiones recientes sobre la práctica del aborto legal e ilegal en Brasil. “La criminalización del aborto no resuelve el problema. Solo lo hace inseguro”, dice Diniz.
Artículos científicos
DINIZ, D. et al. National Abortion Survey – Brazil, 2021. Ciência & Saúde Coletiva. En prensa.
SEDGH, G. et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: Global, regional, and subregional levels and trends. The Lancet. 16 jul. 2016.
ROMERO, M. et al. Abortion-related morbidity in six Latin American and Caribbean countries: Findings of the WHO/HRP multi-country survey on abortion (MCS-A). BMJ Global Health. Ago. 2021.
CARDOSO, B. B. et al. Aborto no Brasil: O que dizem os dados oficiais? Cadernos de Saúde Pública, v. 36, suplemento 1. 2020.
JACOBS, M. G. y BOING, A. C. O que os dados nacionais indicam sobre a oferta e a realização de aborto previsto em lei no Brasil em 2019? Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 12. 2021.
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