Un Comisión Parlamentaria de Investigación instaurada en la Legislatura de São Paulo con el objetivo de averiguar la existencia de irregularidades en la administración de las tres universidades públicas paulistas dio por finalizadas sus actividades el 5 de noviembre presentando un conjunto de propuestas. La más concreta fue la presentación de un proyecto de enmienda de la Constitución del Estado para apuntalar la fiscalización de las cuentas de las universidades de São Paulo (USP), de Campinas (Unicamp) y Estadual Paulista (Unesp), así como de sus fundaciones y de las asignaciones presupuestarias del Tesoro a las tres instituciones, que en conjunto reciben el 9,57% de la recaudación del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS, por sus siglas en portugués) del estado de São Paulo. El objetivo principal de la enmienda, que será analizada el año próximo, no lo constituyen precisamente las universidades, que ya rinden cuentas y son auditadas regularmente, sino el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), que actualmente no tiene un plazo para juzgarlas y a veces tarda algunos años en concluir esa tarea. En caso de que el texto resulte aprobado, el TCE estará obligado a evaluar las cuentas de las tres instituciones dentro de los 60 días posteriores de su recepción, un plazo igual al disponible para evaluar las cuentas de la gobernación. “De esa manera, se logrará una fiscalización y una administración responsable”, dijo la diputada Valéria Bolsonaro (del Partido Social Liberal-PSL), portavoz de la CPI, al presentar sus conclusiones.
El resto de las disposiciones previstas en el informe salieron como recomendaciones. Una de ellas ya se seguía: la de que las universidades se abstengan de abonar sueldos que superen el techo constitucional de 23 mil reales, que es la remuneración que percibe el gobernador del estado de São Paulo. Algunas centenas de docentes y empleados de las tres universidades percibían sueldos superiores a ese tope debido a una interpretación de la ley, que protegía los derechos adquiridos antes de 2003, año en el cual una enmienda de la Constitución Federal estableció ese límite. En agosto, la Suprema Corte Federal rechazó en un dictamen final las pretensiones de establecer un tope para los docentes supeditado al sueldo de los jueces. Luego de ese dictamen, los rectores traspusieron el tope salarial, no sin antes quejarse de que el sueldo del gobernador del estado se estancó en los últimos años, privando a los docentes de mejoras legítimas obtenidas a lo largo de su carrera. “Se trata de un problema grave, que a largo plazo les generará dificultades a las universidades para mantener a los científicos talentosos”, dice Sandro Valentini, rector de la Unesp.
Para reducir los gastos extras de los docentes que trabajan en una ciudad, pero deben realizar actividades administrativas en otra, la sugerencia de los diputados es ampliar el uso de videoconferencias. La CPI les solicitó a las tres universidades informes sobre el pago de extras en los últimos ocho años y detectó casos de pagos exagerados, entre ellos el caso de un docente de la USP que recibió 30 pagos extraordinarios cuando realizaba una expedición a la Amazonia y los de administradores cuyos gastos extras superaban el 50% de sus sueldos corrientes. La recomendación fue dirigida especialmente a la USP y a la Unesp, cuyas sedes se encuentran en la capital paulista y poseen varios campus distribuidos en el interior, que crearon reglas para el pago de gastos a los docentes y empleados que deben trasladarse entre las distintas unidades. Los rectores de las tres universidades fueron interpelados al respecto cuando declararon ante la CPI y les sugirieron a los diputados que les plantearan formas alternativas para financiar el traslado de los docentes. Hubo sugerencias en cuanto a que las universidades crearan alojamientos, pero no se llegó a una propuesta concreta.
Marco Antonio Cardelino/ Alesp | Antoninho Perri/ SEC / Unicamp
Los rectores Sandro Valentini (a la izq.), de la Unesp, Vahan Agopyan (a la der.), de la USP, y Marcelo Knobel, de la Unicamp, hablaron en la CPI de la Gestión de las Universidades PúblicasMarco Antonio Cardelino/ Alesp | Antoninho Perri/ SEC / UnicampOtra recomendación consiste en que las universidades creen departamentos de compliance o gobernanza, para prevenir el eventual comportamiento irregular de administradores. Uno de los objetivos consiste en impedir que los rectores eleven los gastos en forma discrecional, complicando el equilibrio financiero de las instituciones, tal como ocurrió a mediados de esta década, cuando la combinación entre la caída en la recaudación impositiva y el aumento de sueldos y beneficios en las universidades provocó una crisis sin precedentes. En un tema en el que poco tiene que ver la injerencia de la CPI, los diputados también sugirieron que las universidades sean severas con aquellos que vandalicen y depreden el patrimonio y los sancionen en forma expeditiva. También se recomiendan ciertas rutinas, solicitándose que se envíe informe al Ministerio Público, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría Federal de Ingresos Públicos y al gobernador del estado, con el objetivo de adoptar los recaudos pertinentes.
Los resultados de la CPI resultaron económicos frente al volumen gigantesco de datos solicitados por los integrantes de la comisión y provistos por las tres universidades al respecto de sueldos, gastos extras y contratos entre 2011 y 2019. Al final del mes de agosto, a falta de dos meses para la finalización de los trabajos, la comisión aprobó el levantamiento del secreto bancario de las tres universidades, que tuvieron que enviar los movimientos de todas sus cuentas durante los últimos ocho años. Solamente se analizó una muestra de ese material. Para colaborar en esa tarea, la comisión requirió la ayuda en septiembre del Instituto de Criminalística (IC) del Estado de São Paulo. Una de las recomendaciones del informe fue la inclusión de una técnica que utiliza el Núcleo de Delitos Contables del IC que apunta indicios de irregularidades en las informaciones provistas por las universidades, gastos excesivos de los recursos que reciben del estado en sueldos y caída de los balances patrimoniales sin justificación. Los peritos que firman el documento incluyeron advertencias sobre la necesidad de realizar un informe exhaustivo y que no le corresponde a la pericia criminal “realizar auditorías o estudios que trascienden el ámbito de sus atribuciones legales como auxiliares de la Justicia”.
En total, se invitó o se convocó a prestar declaración a 14 personas, entre ellas a los rectores de la USP, Unesp y Unicamp, a cuatro exrectores y a tres prorrectores de Investigación, aparte de administradores de fundaciones de apoyo y de agencias de innovación, entre otros. La sesión más problemática fue la del exrector de la USP, João Grandino Rodas, que fue interpelado en forma contundente por los diputados al respecto de las causas del deterioro financiero de la universidad que comenzó durante su gestión, entre 2009 y 2013.
Marco Antonio Cardelino/ Alesp | José Antonio Teixeira/ Alesp
Los exrectores João Grandino Rodas, de la USP (a la izq.), José Tadeu Jorge, de la Unicamp, y la ex vicerrectora de la Unesp, Marilza Rudge, declararon al respecto de la crisis financiera de las universidadesMarco Antonio Cardelino/ Alesp | José Antonio Teixeira/ AlespLa primera versión del informe, que se presentó en el mes de octubre, contenía otras recomendaciones que fueron dejadas de lado. Proponía la creación de una comisión permanente en la Legislatura para fiscalizar a las universidades, sugería cambios en la forma de promoción de profesores titulares, recomendaba restricciones a la participación de docentes en la administración de las fundaciones de apoyo a las universidades y establecía un organismo para rendir cuentas sobre los resultados de las investigaciones, el Consejo Estadual de Integración de las Investigaciones Universitarias con la Sociedad, al cual le correspondería imprimirle un sesgo de calidad a las investigaciones de interés económico.
El diputado José Antonio Barros Munhoz (del Partido Socialista Brasileño-PSB), el integrante de la CPI que defendió en forma más vehemente la autonomía de las universidades, llegó a presentar un informe por separado, pero negoció la inclusión de sus recomendaciones en el texto propuesto por Valéria Bolsonaro. La versión final del informe reconoció la importancia de las universidades para el estado y para el país. “Pese a la constatación de aspectos que pueden mejorarse en la gestión de las universidades estaduales paulistas, no se puede perder de vista la importancia que tienen dichas instituciones en el ámbito educativo y de la investigación paulista y brasileña, razón por la cual le cabe a la Legislatura fomentar la tarea de las tres universidades públicas paulistas, sin escatimar esfuerzos para su constante perfeccionamiento y para el apoyo incondicional a sus propósitos, ya sean educativos, de investigación o la extensión de servicios para la comunidad”, dijo Valéria Bolsonaro al presentar el informe. La diputada Profesora Bebel (del Partido de los Trabajadores-PT) presentó un voto en disidencia, en el cual abogó por la necesidad de ampliar las inversiones en las universidades, pero no fue aprobado.
El rector de la Unesp, Sandro Valentini, convocado en dos oportunidades para prestar declaración ante la comisión, considera que el saldo de la CPI fue positivo. “La comisión fue creada al amparo de un relato contrario a la universidad pública, cuyos administradores despilfarrarían recursos públicos y cuyas actividades tendrían un sesgo ideológico de izquierda. Nos preocupaba que todo eso confluyera en un ataque a la autonomía de las universidades conquistada en 1989, un instrumento fundamental para que las instituciones lograran la excelencia que ostentan hoy en día”, dice Valentini. “Afortunadamente, demostramos que ese relato no tiene sentido y el tema de la autonomía ni siquiera fue mencionado en los resultados finales de la comisión”. El rector resalta la oportunidad de mostrar los resultados obtenidos por las universidades y las razones de la crisis financiera que las mismas atraviesan. “El 40% de los gastos de la Unesp se destina al pago de jubilaciones, frente a menos del 7% de hace 30 años. Debemos afrontar este problema y pudimos mostrárselo a los diputados”, relata. Según sostiene, la administración de las universidades puede presentar problemas puntuales, “pero el Tribunal de Cuentas nos audita permanentemente y siempre hemos solucionado los problemas que eventualmente nos apuntaron los auditores”.
Maurício G. de Souza/ Alesp | José Antonio Teixeira/ Alesp | Marco Antonio Cardelino/ Alesp
El diputado Barros Munhoz (a la izq.), el presidente de la CPI, Wellington Moura, y la relatora Valéria Bolsonaro: la negociación en su tramo finalMaurício G. de Souza/ Alesp | José Antonio Teixeira/ Alesp | Marco Antonio Cardelino/ AlespEl rector de la USP, Vahan Agopyan, divulgó un comunicado tranquilizando a la comunidad universitaria acerca de los resultados de la CPI. “El documento final tiene más de 500 páginas y no apunta ninguna situación que comprometa el funcionamiento de nuestra institución. Hace mención a algunos casos administrativos puntuales, que pueden aclararse fácilmente, muchos de los cuales constituyen el resultado de una falta de familiaridad con el funcionamiento de una institución educativa y de investigación”, escribió Agopyan. Agopyan también advirtió que algunas noticias publicadas en la prensa sobre temas ventilados por la CPI “no están incluidos en las conclusiones y propuestas de la comisión”. Una de ellas se hacía eco de la sugerencia de cobrarles mensualidades a los estudiantes. En realidad, ese tema fue mencionado en un informe particular elaborado por el diputado Daniel José (del partido Novo) como una alternativa para incrementar los ingresos de las universidades, pero no formó parte de las recomendaciones que resumen los consensos obtenidos en la CPI.
Para el rector de la Unicamp, Marcelo Knobel, la comisión comprobó lo que los directivos de las universidades habían presentado en sus declaraciones. “Las universidades públicas son instituciones serias y constituyen un patrimonio del estado de São Paulo. Están sometidas a organismos de control, como el Ministerio Público, y esa fiscalización ha funcionado en forma adecuada, tan es así que la comisión no apuntó ningún problema que no hubiese sido señalado previamente”, sostiene. “Nosotros aprovechamos la oportunidad que generó la CPI para demostrar lo que hacen las universidades públicas y vamos a seguir trabajando junto a la gobernación del estado y la Legislatura en pro del desarrollo del estado”.
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