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Buenas prácticas

Control de calidad tercerizado

En Europa, las instituciones de investigación contratan empresas o a expertos para examinar previamente su producción científica y evitar denuncias por mala conducta

John Drysdale/ Keystone Features/ Getty Images

Algunas instituciones de investigación científica de Europa están contratando a empresas o expertos para realizar un examen previo de su producción científica y evitar que los artículos y tesis lleguen a publicarse con errores o sesgos. Un reportaje publicado en el mes de noviembre en la revista Nature abordó ejemplos de esa estrategia, en particular, el caso del Fritz Lipmann Institute (FLI), en Alemania, que se dedica a la investigación sobre el envejecimiento humano. Dos episodios recientes de mala conducta le dan la razón a esa institución, vinculada a la Asociación Leibniz, que congrega a 95 centros de investigación y recibe financiación de los gobiernos regionales y del gobierno central de Alemania. En 2016, hubo casos de violaciones de los reglamentos sobre el uso de los animales de laboratorio que derivaron en la interrupción de los experimentos científicos en el FLI. Al año siguiente, quien entonces era el director del instituto, el biólogo celular Karl Lenhard Rudolph, renunció a su cargo cuando su grupo de investigación fue acusado de cometer errores y de manipular imágenes en ocho artículos científicos. Al cabo, una investigación llegó a la conclusión de que Rudolph, aun sin haber actuado de mala fe, fue negligente en su labor como supervisor de un equipo de alumnos de doctorado y pasantes posdoctorales.

Para prevenir otros escándalos, la nueva dirección del centro creó comités consultivos con el objetivo de evitar que los alumnos de doctorado fuesen supervisados por un único investigador y resolvió aplicar una estrategia heterodoxa. Matthias Görlach, jefe de los laboratorios del FLI, le pidió ayuda al biólogo molecular italiano Enrico Bucci, fundador de una empresa que se especializa en escudriñar trabajos científicos. A partir de abril de 2018, la empresa Resis, cuya sede se encuentra en la comuna italiana de Samone, comenzó a recibir y a someter a un chequeo a todos los artículos y tesis producidos por el FLI, tarea que, en general, la ejecutan los propios autores y se refuerza durante el proceso de evaluación que llevan a cabo las revistas científicas.

La empresa analiza si hubo adulteración de imágenes, invención de datos, manipulación o mala interpretación de estadísticas y evidencias de plagio. El análisis se efectúa en un plazo de 24 horas luego de haber recibido el material, y si se detecta alguna señal de problemas, Resis realiza un análisis exhaustivo, que puede demorar hasta tres días. El FLI está gastando 50 mil euros por año, un monto que equivale a unos 230 mil reales, para el pago del servicio. Uno de cada 17 artículos remitidos es sometido a un chequeo adicional, pero hasta ahora solo se detectaron problemas relacionados con inconsistencias estadísticas.

El origen de Resis es peculiar. En 2008, Bucci fundó una empresa de prestación de servicios denominada BioDigitalValley, la cual montó un banco de datos con imágenes de tejidos y células de la literatura médica. La idea consistía era proveerles esas imágenes a los investigadores que necesitaran utilizarlas como referencia en sus trabajos. El italiano se tomó el trabajo de descartar las imágenes de aquellos artículos que hubieran sido objeto de retractación. Por curiosidad, marcó los nombres de los autores de papers rechazados y se dio a la tarea de verificar la consistencia de las imágenes de otros artículos suyos que aún eran válidos. Así fue como detectó problemas graves en varios de ellos, en particular, en los de un patólogo de la Universidad de Nápoles Federico II llamado Alfredo Fusco, que utilizaba reiteradamente imágenes manipuladas y editadas como una manera de forzar la presencia o ausencia de moléculas. Bucci analizó 380 artículos firmados por Fusco entre 1985 y 2015 y detectó falsificaciones en 95 de ellos. Desde entonces, el patólogo ya sumó más de 20 artículos retractados y afronta una demanda penal en la Justicia italiana. Frente a la repercusión de ese trabajo, Bucci resolvió abandonar la idea de proveer imágenes para dedicarse al negocio de la integridad científica, creando la compañía Resis. Otro cliente de la empresa italiana es un instituto de oncología molecular  –Ifom– con sede en la ciudad de Milán, en Italia, que se vio involucrado en el escándalo de Fusco. El exdirector de la institución, Pier Paolo di Fiori, fue coautor de algunos de los artículos retractados del patólogo. A partir del pasado mes de junio, el Ifom también recurre a los servicios de Resis para verificar su producción científica.

Chequeo de imágenes
Todavía son pocas las empresas que operan en este mercado. Un ejemplo es la estadounidense Sheridan, que presta servicios editoriales para revista científicas y desde hace ya algún tiempo comenzó a analizar imágenes de manuscritos. Otras se dedican a capacitar personal para la ejecución de esa tarea, como es el caso de Image Data Integrity, en San Francisco (EE.UU.), que asesora a institutos de investigación, agencias de fomento y revistas científicas en cuanto a la manipulación de imágenes en estudios de ciencias biomédicas. La empresa está administrada por Mike Rossner, exeditor de la revista Journal of Cell Biology, que en 2002 fue una de las primeras en introducir el chequeo de imágenes en sus procesos de revisión. Según él, la verificación previa puede ser bastante útil para evitar los perjuicios resultantes de demandas judiciales. “Además, a la institución le resulta mucho más fácil obtener datos originales en los cuales se basa un artículo en el momento en que se lo está remitiendo –cuando un alumno o un pasante de posdoctorado aún se encuentra presente en el laboratorio– que una vez que ya está publicado”, dijo Rossner en declaraciones al portal Retraction Watch.

Algunas instituciones, en lugar de tercerizar el control de calidad, contratan a expertos para realizarlo internamente. Ese es el caso del Instituto Beatson, de la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, que contrató en 2012 a la bióloga Catherine Winchester para chequear todos los papers de sus investigadores antes de publicarlos. “A veces logro detectar errores que alguien más cercano al trabajo no logra registrar”, escribió Winchester en un artículo de opinión que también salió publicado en la revista Nature, el año pasado. “Ocasionalmente, les sugiero a los autores recurrir a un test estadístico u otra manera diferente de presentar los datos. El objetivo es mejorar la calidad del manuscrito y no tan solo reproducir las estrategias de la evaluación por pares”.

Muchas instituciones ponen reparos a la idea de delegar en una persona o en una empresa la verificación de los trabajos científicos, ya que prefieren un abordaje más abarcador para la prevención de los casos de mala conducta. Stefan Ehlers, director del Centro de Investigación Borstel, en los alrededores de Hamburgo, Alemania, sostiene que pagar por una verificación independiente no es la forma más adecuada de afrontar la responsabilidad de impedir la publicación de datos manipulados. “Creo que es más importante promover en las instituciones una cultura de confianza y de entereza para informar errores y plantear el debate sobre datos cuestionables”, le dijo a la revista Nature. El Borstel, también vinculado a la Asociación Leibniz, decidió invertir en educación y capacitación contra la mala conducta luego de afrontar un escándalo similar al del FLI. En 2012, una investigadora del centro, Silvia Bulfone-Paus, fue acusada de negligencia en un episodio de manipulación de datos en más de una decena de artículos científicos.

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