Archivo NacionalCroquis del método de espionaje: un ejemplo del material guardado en el Archivo NacionalArchivo Nacional
Al final del mes de marzo, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) denunció al general retirado José Antonio Nogueira Belham como uno de los responsables de la muerte del diputado Rubens Paiva, preso y torturado por la dictadura militar. Paiva fue detenido y asesinado en enero de 1971 en bases de la Aeronáutica y del Ejército en Río de Janeiro. En esa época, Belham comandaba el Destacamento de Operaciones de Informaciones – Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi) de Río, pero siempre argumentó que estaba de vacaciones cuando Paiva fue encarcelado. Sin embargo, un prontuario laboral que él mismo le envió a la CNV reveló que había cobrado viáticos de servicio justamente en aquellos días.
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Ese episodio demuestra no sólo la importancia del análisis de los archivos de los organismos bajo control de la dictadura, sino también la atención que debe prestarse a detalles que a veces pasan desapercibidos hasta para los más interesados en ellos. “La principal importancia de los trabajos de la CNV radica en la posibilidad de articular informes testimoniales con materiales provenientes de otras fuentes”, dice Vicente Câmara Rodrigues, asistente del directorio del Archivo Nacional para el proyecto Memorias Reveladas – Centro de Referencia de Luchas Políticas, 1964-1985, que tiene como coordinadora a la investigadora Inez Stampa.
El archivo que ahora está agrupado en una red se convirtió en el destino final de los documentos sobre la dictadura militar cuando, en 2005, la Jefatura de Gabinete [Casa Civil] de la Presidencia de la República determinó que las instituciones federales transfiriesen toda la información almacenada sobre el período al Archivo Nacional. Ese movimiento decuplicó la cantidad de datos sobre el régimen cobijados en la institución. “Solamente en el Archivo Nacional se estima que existen 16,5 millones de páginas de textos, a las que se suman unos 10 millones que se encuentran en los archivos estaduales”, dice Rodrigues.
Con la Ley de Acceso a la Información, de 2011, el Archivo Nacional se organizó para, al año siguiente, abrir al público todos los documentos sobre la dictadura militar, en tanto y en cuanto no se encuentren bajo tratamiento técnico. Ya se encuentran recopilados todos los archivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), de la Comisión General de Investigaciones (CGI) y del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), provenientes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En cada organismo federal hay un representante del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo (Siga) o de la Jefatura de Gabinete, que coordina y garantiza el acceso, entre otros, a los documentos de la dictadura militar, traspasándolos al Archivo Nacional. Éste también puede tomar la iniciativa de buscar documentación en esos organismos. Según Rodrigues y Stampa, actualmente se encuentran compilados en el Archivo Nacional los documentos del 30% de los organismos federales (que no es lo mismo que el 30% del total de datos).
Léo RamosArchivo del Deops en São Paulo: casi 10 millones de páginas sobre la dictaduraLéo Ramos
Una vez obtenidos, los papeles son sometidos a algunos procesos antes de llegar al público. En primera instancia se los clasifica sumariamente. De ser necesario, pasan al área de preservación. Luego pasan por control de información, donde se los describe (de qué se trata, quién lo envió a quién, etc.) y se los digitaliza. A partir de entonces, quedan a disposición del público en el banco de datos Memorias Reveladas.
Incluso con todos esos cuidados, no siempre puede saberse si los archivos han sido adulterados. No obstante, como cada organismo poseía un sistema de información secreto que se reportaba al SNI, las copias enviadas allá resultan valiosas para poder comparar con los originales. En los casos en que los organismos informan de la destrucción (quema) de archivos, puede corroborarse si eso efectivamente ocurrió por medio de actas que exigía el extinto Reglamento para la Protección de Asuntos Secretos. El intercambio de informaciones con la CNV se reforzó mediante el desplazamiento de empleados del Archivo Nacional para colaborar en los trabajos de investigación. Y en la sede del archivo existe un área destinada exclusivamente a los investigadores de la CNV.
El estado de São Paulo conserva 340 mil registros de fichas del Departamento Estadual de Orden Político y Social (Deops) disponibles para consulta pública desde comienzos de 1994, por disposición de la Secretaría de Cultura. Según informa Lauro Ávila Pereira, ex director del Departamento de Preservación y Difusión del Patrimonio, en el archivo hay casi 10 millones de páginas de documentos sobre la dictadura militar, un 10% de ellas digitalizadas. Los procesos de tratamiento y digitalización contaron con el apoyo de la FAPESP y de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, por medio del pliego Marcas de la Memoria.
Los documentos del Deops son los más consultados en el Archivo Público del Estado y a raíz de que hace 20 años se encuentran disponibles, se formó, según dice Pereira “una generación de investigadores especializados”. Éstos se encargan del difícil trabajo de lectura de las informaciones que contiene la documentación. Para evitar pérdidas, el Archivo del Estado optó por mantener la lógica de conservación empleada por los organismos de seguridad del régimen en São Paulo.
Hay contribuciones suplementarias y valiosas sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que provienen de investigadores de los archivos del gobierno estadounidense. Dos de los más importantes estuvieron en Brasil y participaron en los eventos por el 50º aniversario del golpe: James Green, historiador de la Universidad Brown, y Peter Kombluh, director de documentación sobre Brasil en el National Security Archive, una organización sin fines de lucro vinculada a la Universidad George Washington.
Green participó en la inauguración del sitio web del proyecto Opening the Archives (“abriendo los archivos”), un trabajo conjunto entre la Universidad Brown y la Universidad Estadual de Maringá (estado de Paraná). El sitio web contiene casi 10 mil documentos estadounidenses producidos por el Departamento de Estado y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En ellos se consignan observaciones acerca del perfil de los estudiantes que se manifestaban contra el régimen, el apoyo activo de parte del empresariado brasileño y detalles sobre las actividades del agregado militar de Estados Unidos, el coronel Vernon Walters, durante los primeros años del régimen.
“Estamos descubriendo importantes detalles sobre el apoyo al Acto Institucional Nº 5 brindado por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos en São Paulo y acerca del debate interno en el Departamento de Estado al respecto de los efectos del decreto”, dice Green. “Pero debemos comprender que la investigación más interesante en este momento implica un trabajo amplio y minucioso, acopiando fuentes, elementos e indicios para elaborar un relato más denso de las relaciones entre ambos países”.
La participación indirecta de EE.UU. en el golpe y en la dictadura militar fue confirmada en 1977 por la investigadora Phyllis Parker, quien halló documentación sobre la operación Brother Sam (“Hermano Sam”) y publicó un libro sobre el tema: O papel dos Estados Unidos da América no golpe de estado de 31 de março. Las violaciones de los derechos humanos aparecieron en la agenda de los asuntos gubernamentales por iniciativa del presidente Jimmy Carter (1977-1981). “Hasta ese entonces, los informes secretos no prestaban atención a la tortura y otros abusos de la primera década de la dictadura”, dice Kombluh. “Pero los documentos estadounidenses que están siendo revelados traen a la luz horribles agresiones cometidas por los militares, y también revelan el rol de Brasil en el marco del Operativo Cóndor y otras actividades secretas de las fuerzas policiales brasileñas en el exterior”.
Proyecto
Preservación y difusión de la memoria colectiva: modernización y ampliación de los laboratorios del Archivo Público del Estado de São Paulo (nº 2009/ 54965-1); Modalidad Programa Infraestructura 6 – Archivos; Investigador responsable Carlos Bacellar – FFLCH-USP; Inversión R$ 1.692.982,33 (FAPESP).
