Para reducir las tasas de homicidios en Brasil urge restringir el acceso a las armas de fuego, señalan nuevos estudios sobre el tema
Nelson Provazi
Entre 1990 y 2015 alrededor de 2.5 millones de personas murieron debido a heridas provocadas por balas en Brasil, Colombia, Estados Unidos y México. Estos datos surgen de un estudio realizado por instituciones canadienses y publicado en mayo en LancetPublicHealth. El documento también indica también que la mortalidad por armas de fuego es mayor en los países donde se facilita su acceso. En el intervalo analizado, la mortalidad por armas de fuego disminuyó en Estados Unidos –aunque sigue siendo una de las más altas del mundo– y también en Colombia, mientras que aumentó en México y en Brasil, que desde 2003 tiene una legislación restrictiva sobre el acceso, pero donde aún existe un gran contingente de armas en circulación. En 2017, los perjuicios causados en Brasil por la violencia alcanzaron 373 mil millones de reales, o sea, el 6% del producto interno bruto (PBI), según revela el Atlas da Violência, recientemente divulgado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) y por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
“Brasil es el país con la mayor cantidad de asesinatos en el mundo en cifras absolutas. En 2017, hubo 65.600 homicidios; el 74,4% de estas muertes fueron causadas por armas de fuego”, dice Bruno Paes Manso, politólogo e investigador del Centro de Estudios de la Violencia de la USP (NEV-USP), recordando que el porcentaje promedio correspondiente en Europa es del 18%. Según la investigación intitulada “Mortalidad global por armas de fuego”, realizada por el Institute for Health Metrics and Evaluation, con datos de 195 países en un intervalo de 16 años, Brasil lidera el ranking, totalizando 43.200 asesinatos por armas de fuego solo en 2016. Le sigue Estados Unidos, con 37.200 muertes.
Existen múltiples razones para entender la alta incidencia de muertes por armas de fuego en Brasil. Una de ellas involucra el proceso de urbanización acelerada del país, ocurrido entre 1970 y 1980. El crecimiento exponencial de las ciudades estuvo acompañado de crisis económicas, aumento de la desigualdad y delincuencia. “A partir de la década de 1980, hubo una especie de carrera armamentista”, señala el economista Daniel Cerqueira, del Ipea. “Por ese entonces, era posible adquirir armas en los grandes comercios”, recuerda. Progresivamente, aumentaron los homicidios causados por las armas de fuego. Si en 1980 estos asesinatos alcanzaron a 6.100 personas en el país, en el 2000, totalizaron 30.800 muertes, según un relevamiento del Ipea basado en el Sistema de Información de Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud.
Desde entonces, la tasa promedio anual de crecimiento en los asesinatos de armas de fuego ha estado disminuyendo en el país. “Con la llegada del estatuto, hubo una tendencia en la velocidad del crecimiento de las muertes por armas de fuego. Si en los 23 años anteriores a la ley ese avance fue del 8,1% anual, a partir de 2004 se convirtió en un 2,2% anual, hasta 2014”, dice Cerqueira, haciéndose una estimativa de 133.000 vidas preservadas. El economista no tiene ningún tipo de dudas sobre el papel desempeñado por la legislación. “Si la ruptura en la tendencia hubiese sido causada por factores externos al estatuto, tal como razones macroeconómicas o demográficas, el país habría observado efectos similares en los indicadores de violencia letal perpetrados por otros medios, lo que no se dio, sino sólo en las muertes causadas por armas de fuego y exactamente después de 2003”, dice. “Sin el estatuto, la tasa de homicidios en el país entre 2003 y 2017 habría sido al menos un 12% más alta”, considera.
Para identificar el camino tomado por las armas comercializadas legalmente, el Instituto Sou da Paz rastreó, en su estudio más reciente, realizado en Goiás, el itinerario de 8.900 unidades incautadas por la policía, entre junio de 2016 y diciembre de 2017. “Identificamos que el 73% de las armas habían sido fabricadas antes de la aprobación del estatuto, lo que indica que el armamento de la población, ocurrido entre los años 1980 y 1990, sigue impactando en la violencia del país hasta los días de hoy”, argumenta Bruno Langeani, abogado del instituto. También se verificó que, al menos un tercio de las armas incautadas en el estado, poseían registro legal antes de haber sido desviadas hacia las actividades delictivas. En otro estudio realizado en São Paulo, por la misma organización no gubernamental en colaboración con el Ministerio Público, fueron analizadas 4.200 armas incautadas en robos y homicidios, entre 2011 y 2012. “Al menos el 38% tenía origen legal”, dice Langeani.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) creada en 2011 por la Legislatura de Río de Janeiro arribó a una conclusión similar. Según la CPI de las Armas, en una década se perdieron unas 18.000 armas, sólo de empresas de seguridad privada del Estado. La CPI también llevó a cabo el rastreo de las armas utilizadas en crímenes y asesinatos, identificando que el 86% de las mismas tenían origen legal y fueron desviadas con fines criminales. “Según datos del Sistema Nacional de Armas [Sinarm] del Ministerio de Justicia, 22.900 armas de fuego se perdieron o extraviaron entre 2009 y 2011, y 29.300 fueron robadas”, dijo Cerqueira de Ipea. Los datos, subraya, son claros: “Cuanto mayor sea la cantidad de armas de fuego en circulación, mayor será la migración de armas al mercado ilegal”. Langeani va en la misma dirección. “El hecho de que las incautaciones realizadas por la policía involucren principalmente armas de fabricación nacional, producidas y vendidas legalmente en el país, refuerza la hipótesis de que la mayoría en circulación en el mercado ilegal, tenía registro legal y no entró a través del contrabando.”
Los impactos en el presupuesto La última edición del Atlas da Violência del Ipea muestra que la pérdida de 373 mil millones de reales causada en 2017 por la violencia en Brasil se compone de gastos múltiples que abarcan, entre otros, el sistema penitenciario, la seguridad pública y privada, y el Sistema Único de Salud (SUS). En el caso del SUS, sólo las hospitalizaciones motivadas por lesiones con armas de fuego les costaron 190 millones a las arcas públicas, entre 2015 y 2018. “La salud pública absorbe los efectos de la violencia armada, que terminan drenando recursos que podrían haber sido utilizados para adquirir nuevas tecnologías y medicamentos”, destaca el sociólogo José Ferdinando Ramos Ferreira, coordinador del Grupo Temático Violencia y Salud de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco). Recuerda que la víctima de un arma de fuego, cuando sobrevive, necesita casi siempre una atención compleja, con hospitalización, tratamientos y terapias sucesivas que permitan su recuperación física y mental. “Los costos de las heridas de bala son altos porque a menudo requieren cirugías e internaciones en terapia intensiva. Pueden afectar múltiples órganos y demandar la colocación de prótesis, por ejemplo”, analiza el médico Danilo Blank, de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y miembro del Departamento de Seguridad de la Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP).
Uno de los puntos de atención de la SBP con relación a la violencia armada implica el crecimiento de la letalidad entre la población joven. “La principal víctima de la violencia homicida en Brasil es la juventud. En el grupo etario entre 15 y 25 años, el crecimiento de la letalidad por armas de fuego es mayor que en el resto de la población”, afirma el médico, refiriéndose a los resultados del Mapa de la violencia, un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 2016. Según esta investigación, en los últimos 30 años el número de asesinatos por armas de fuego en esta parte de la población saltó de 3.100 a 25.000, lo que representa un crecimiento del 700%. En la población en general el aumento fue del 600%. “En el período en cuestión, los jóvenes brasileños de 15 a 29 años representaron el 60% de todos los muertos por armas de fuego”, se lamenta Blank. Considerándose el proceso de transición demográfica por el cual pasa Brasil, donde la población mayor de 60 años deberá llegar a 67 millones en 2050, Blank revela preocupación por el impacto que las tasas de homicidios entre la población joven pueden tener en economía del país. “La transición demográfica y los altos porcentajes de muertes entre el grupo de edad más joven afectarán a la población económicamente activa”, advierte.
Según un estudio de la SBP, con base en datos del SIM del Ministerio de Salud, en las últimas dos décadas más de 145.000 niños y jóvenes de hasta 19 años han muerto como resultado de disparos de armas de fuego, accidentales o intencionales, incluyéndose los casos de suicidio. “Solo en 2016, se registraron más de 9.000 muertes en esa franja etaria”, dice Blank. En los últimos 20 años, según el investigador, las hospitalizaciones de niños y adolescentes resultantes de lesiones causadas por heridas de bala le han costado alrededor de 210 millones de reales a las arcas públicas. “Hasta los 14 años, los traumatismos causados por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte”, señala. “Entre 15 a 30 años, son muertes por armas de fuego.”
Al demostrar que en los últimos 25 años los disparos de armas de fuego han sido una causa persistente de mortalidad en Brasil, México, Colombia y Estados Unidos, el estudio publicado por LancetPublicHealth, bajo la coordinación de Anna J. Dare y Hyacinth Irving, investigadoras del Centre for global Health Research de Dalla Lana School of Public Health, de la Universidad de Toronto, Canadá, defiende la idea de que la reducción al acceso y circulación de las armas de fuego debería ser la estrategia central de los cuatro países para reducir la cantidad de homicidios. Para apoyar su argumento, el artículo menciona, entre otros, una revisión bibliográfica publicada en 2016 en Epidemiologic Reviews, editada por Oxford University Press, por investigadores de las Universidades de Columbia, Nueva York, Nacional de Colombia y Boston. En esta revisión, los autores volvieron a analizar los datos de 130 estudios científicos realizados entre 1950 y 2014, con información de 10 países, que examinaron las asociaciones entre las leyes relacionadas a las armas de fuego y los homicidios por armas de fuego, así como los suicidios, lesiones y muertes no intencionales. A partir de los resultados, el estudio coordinado por Dare e Irving señala la existencia de una relación directa entre la adopción de leyes que restringen el acceso a las armas de fuego y la disminución de muertes ocasionadas por estas armas. Además de la asociación entre el acceso y la incidencia de muertes por arma de fuego, el artículo publicado en LancetPublicHealth llama la atención sobre la principal víctima de este tipo de violencia: hombres jóvenes, negros y con poca escolaridad.
En la década de 1990, el economista estadounidense John Lott Junior, presidente de Crime Prevention Research Center, desarrolló un estudio en la Universidad de Chicago para analizar la relación entre las leyes favorables al permiso de armas y las estadísticas de criminalidad, en alrededor de 3.000 municipios entre 1977 y 1992. Llegó a la conclusión de que los Estados que adoptaron leyes favorables al permiso habrían sido capaces de reducir los homicidios en un 8,5%. “Para interpretar los datos identificados en la investigación, el autor elaboró una hipótesis según la cual la gente no comete delitos violentos cuando sabe que los demás están armados”, explica Bruno Paes Manso, de NEV-USP, uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) que cuenta con el apoyo de FAPESP.
En 2017, investigadores de la Universidad de Stanford, también en Estados Unidos, llegaron a resultados diferentes, utilizando una metodología que consideró los efectos de múltiples factores, no sólo la flexibilidad del permiso, en la oscilación de la criminalidad en los Estados. Entre los factores considerados se encuentran las tasas de encarcelamiento, presencia policial, índices de pobreza, desempleo, densidad poblacional, renta per cápita y consumo de alcohol. “En esta investigación reciente, se confirmó que los Estados que no flexibilizaron las leyes para permiso y posesión de armas, como California y Nueva York, han logrado mayores reducciones en las tasas de criminalidad”, dijo Manso. Además, el estudio de Stanford reveló que en los Estados que flexibilizaron los permisos, la cantidad de crímenes violentos aumentó entre un 13% y 15%.
El derecho individual En junio, durante la presentación de la última edición del Atlas da Violência, Carlos von Doellinger, presidente de Ipea, argumentó a favor de la posesión de armas de fuego como un derecho individual, para ser ejercido por ciudadanos sin antecedentes criminales. “Existe una defensa del Estatuto de Desarme, pero en mi posición personal, no estoy hablando como presidente del Ipea, creo que, por una cuestión de principios, me molesta la imposibilidad de que el ciudadano tenga un arma en defensa de su integridad física, de su propiedad y de su familia.”
A pesar de reconocer la legitimidad de esta línea de argumentación, Cerqueira, también del Ipea, cita un estudio pionero, realizado en 1999 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo y por el Instituto Brasileño de Ciencias Penales (Ibccrim), a partir de los datos registrados en las denuncias. “Debido a la historia de estos documentos, se comprobó que las víctimas de asalto, cuando estaban armadas, tenían un 56% más de riesgo de ser asesinadas en comparación con las víctimas desarmadas”, señala. La socióloga Jacqueline Sinhoretto, de la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar), una de las autoras del estudio citado por Cerqueira, destaca que, en situaciones en las que la víctima estaba armada, el número de muertes en las denuncias policiales resultó ser más alto, incluyéndose a las personas que estaban pasando por la escena del crimen.
En el estudio realizado por instituciones canadienses, publicado en LancetPublicHealth, la inauguración aparece como uno de los principales factores de riesgo para las muertes provocadas por disparos de armas. En su conclusión, los autores del estudio defienden que la creación de mecanismos legales para reducir la exposición de la población civil a armamentos es crucial para reducir la incidencia de homicidios con armas de fuego. Además, afirman que el desarrollo de estrategias para deconstruir la asociación que se hace entre seguridad y posesión de armas, debe acompañar estas medidas.
Las leyes y las armas La regulación a través del Estado empezó en la década de 1930 y afronta actualmente un gran desafío
1934 – El Decreto Presidencial nº 24.602, firmado por Getúlio Vargas (1882-1954), regula la fabricación y venta de armas de guerra por parte del Estado y prohíbe que la actividad sea desarrollada por empresas privadas, autorizadas a producir exclusivamente armas destinadas a la caza. La ley no se ocupa del uso civil de armas y municiones.
1965 – El Decreto nº 55.649 deroga la legislación de Vargas y regula la producción, comercio y circulación de armas y municiones, que pasan a formar parte de la lista de productos exportables del país. La policía civil de los estados brasileños se encarga del registro de permiso y posesión de armas.
1980 – La resolución nº 1.261 del Ministerio del Ejército reglamenta la comercialización y el registro de armas de fuego. Mayores de 21 años, sin antecedentes penales y con una profesión definida, adquieren el derecho de comprar hasta tres armas al año, observándose un límite total de seis unidades.
1997 – Con la creación del Sistema Nacional de Armas, la supervisión de la compra y el uso de armas y municiones se convierte en responsabilidad exclusiva de la Policía Federal, que ahora exige prueba de “necesidad efectiva” para autorizar su posesión. Enmarcado hasta entonces como un delito menor penal, la posesión no permitida de un arma de fuego se considera un delito. La responsabilidad de la supervisión del armamento privado de policías, jueces y coleccionistas sigue siendo de las Fuerzas Armadas.
2003 – Sanción de la Ley Federal nº 10.826, conocida como Estatuto del Desarme. El Ejército se vuelve el principal responsable del control de la fabricación, importación y registro de armas. Le cabe a la Policía Federal autorizar la compra, registro y posesión de armas por parte de la población civil, que está prohibida de portar armas.
2019 – Los sucesivos decretos presidenciales flexibilizan las normas de adquisición, registro, porte y venta de armas de fuego y municiones del Estatuto de Desarme.
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