La Universidad de Rochester, en Estados Unidos, firmó un acuerdo judicial para pagar 9,4 millones de dólares y cerrar un caso de acoso sexual denunciado a mediados de la década pasada. El dinero del pago estará destinado a nueve querellantes, entre docentes, exdocentes y exalumnos, en su mayoría mujeres, quienes demandaron a los directivos de la universidad por proteger al lingüista Tim Florian Jaeger, del Departamento de Ciencias Cognitivas, acusado de acosar e incomodar a alumnas y de generar un entorno hostil para las mujeres en la institución. La universidad en cuestión, ubicada en el estado de Nueva York, es una institución privada fundada en 1850, que en la actualidad tiene 11.800 alumnos.
El profesor Jaeger, de 44 años, era un investigador prestigioso del área de desarrollo de estructuras computacionales para la producción y comprensión del lenguaje y tuvo proyectos que contaron con financiación de agencias del gobierno estadounidense, tales como la National Science Foundation (NSF), e instituciones privadas como la Fundación Kavli, en Los Ángeles. Las quejas contra su comportamiento eran investigadas desde 2007, cuando se lo acusó de enviarle fotografías con contenido sexual a una alumna, promover fiestas con drogas ilícitas a las cuales invitó a estudiantes y de adoptar públicamente comportamientos misóginos, tales como sugerirles a sus alumnas que caminaran por el aula de manera sensual cuando le leían sus textos. Según los informes, en las reuniones académicas él avalaba que los docentes pudieran mantener relaciones amorosas con alumnas. Sin embargo él niega las acusaciones.
El objetivo del juicio que derivó en el pago de los 9,4 millones de dólares no fue la conducta del lingüista, sino el comportamiento de los directivos de Rochester al lidiar con ese escándalo. Jaeger aún forma parte de los cuadros de la universidad, aunque está con licencia desde hace dos años. En tres oportunidades se lo investigó en forma interna y fue absuelto en todas ellas, bajo el justificativo de que no habría infringido ninguna normativa académica. Sucede que las denuncias por acoso eran anteriores a 2014, año en el que Rochester prohibió que los docentes tuvieran relaciones sentimentales con los alumnos.
La demanda en la Justicia fue solo uno de los problemas que afrontó la universidad. Cuando el escándalo tomó estado público, la institución fue alcanzada por una ola de protestas de los estudiantes que condujo a la renuncia del rector Joel Seligman, en 2018. En la querella, a Seligman se lo acusó de tolerar el comportamiento de Jaeger y además a él mismo, por haber mantenido un amorío con una subordinada.
La vocera de la universidad, Sara Miller, le dijo a la revista Nature que el acuerdo no representa una admisión de falla o de culpabilidad de la institución. “Tenemos el compromiso de brindar un ambiente seguro e inclusivo para los alumnos, docentes y no docentes”, sostuvo. No obstante, en una declaración conjunta firmada por la universidad y por los autores de la querella, desliza elogios a tres de los denunciantes: la psicóloga Celeste Kidd, investigadora de la Universidad de California, en Berkeley, la antropóloga Jessica Cantlon, actualmente en la Universidad Carnegie Mellon, ambas exalumnas de Jaeger, y el psicólogo Richard Aslin, excolega del lingüista en Rochester. El comunicado agradece a los tres por “presentar sus preocupaciones sobre el acoso sexual” y dice que sus esfuerzos derivaron en “mejoras reales en los procesos de la universidad”.
La indemnización que se acordó en la Justicia pone un punto final en un litigio que las instancias académicas no pudieron encauzar y resolver adecuadamente. El argumento principal que se esgrimió en el proceso era el daño que causó el acoso en la carrera de alumnas e investigadoras: al menos 16 de ellas, según la denuncia, debieron alterar el curso de su trayectoria académica para no tener que seguir trabajando con Jaeger. “Fuimos obligadas a realizar una elección injusta e irracional entre perder oportunidades profesionales o exponernos a tener que lidiar con encuentros perturbadores”, escribió en un artículo de opinión en la revista Nature la consultora Laurel Issen, alumna de doctorado en Rochester entre 2006 y 2013, quien fue una de las primeras en presentar denuncias en la universidad.
El acoso y la discriminación sexual en el ámbito académico están prohibidos en Estados Unidos desde que el Congreso aprobó una enmienda a la ley que regula la actividad educativa en el país. Ese dispositivo legal se encuentra vigente desde 1972, pero solo en los últimos tres años las universidades e institutos de investigación comenzaron a ser acusados y desde entonces se empeñan en inhibir esas prácticas. Esto se debe, en gran medida, al éxito de la campaña #MeTooSTEM, que en 2018 alentó a alumnas e investigadoras de los campos de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas a denunciar episodios de acoso sexual en el ambiente de investigación (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 278). Jessica Cantlon, una de las alumnas que denunciaron a Jaeger, fue una de las voceras de ese movimiento y su actividad le granjeó un reconocimiento en la revista Time, que en 2017 la mencionó como una de las personalidades del año.
A pesar de los avances, aún quedan varias lagunas en el frente de combate al acoso en Estados Unidos. Un informe elaborado por el Government Accountability Office (GAO), la sección del Congreso que se encarga de realizar auditorías e investigaciones en los organismos del gobierno, reveló que parte de las agencias de fomento de la investigación científica del país todavía no han implementado estrategias eficaces para cohibir el acoso y la discriminación sexual en los institutos de investigación que reciben financiación federal. Según se consigna en el documento, de un universo de cinco organismos de fomento evaluados, la NSF fue la agencia que recibió e investigó la mayor cantidad de quejas por acoso y discriminación vinculadas a actividades académicas o de investigación científica: se computaron 33 entre 2015 y 2019.
Al menos dos organismos, el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Agricultura (Usda), ni siquiera pusieron en marcha procedimientos tendientes a lidiar con ese tipo de denuncias, en una clara señal de que no están afrontando el problema en forma consistente. También pueden presentarse denuncias por acoso sexual sin tener que recurrir básicamente al uso de la ley de 1972, pero el DOE, el Usda y la agencia espacial estadounidense, la Nasa, no disponen de canales para registrar esa forma alternativa. Tan solo la NSF y el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios (HHS) –al cual están vinculadas ciertas agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH)– consideran e investigan esos reclamos. El GAO enumeró 17 recomendaciones para las instancias de gobierno evaluadas, que abarcan desde mejorar los canales de intercambio de las agencias con el público, tornándolos más claros y accesibles para las denuncias de las víctimas de acoso, hasta la elaboración de informes sobre los resultados de las investigaciones, que tornan al proceso más transparente.
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