El gobierno brasileño sancionó en el mes de junio el Proyecto de Ley Complementaria nº 146/2019, al que se lo conoce como el marco legal de las startups y los emprendimientos innovadores. Fruto de una articulación entre diputados de distintos partidos y corrientes ideológicas y los representantes de las empresas de base tecnológica, el texto del proyecto establece medidas de estímulo a las inversiones en esas compañías mediante una mejora del ecosistema de negocios en el país. La ley entra en vigencia en un momento de expansión de las startups, definidas en la citada ley como aquellas empresas fundadas hace menos de 10 años, con una facturación bruta anual de hasta 16 millones de reales y cuya base de desempeño se basa en el desarrollo de innovaciones aplicadas a productos, servicios o modelos de negocios. Según los datos que maneja la Asociación Brasileña de Startups (ABStartups) se estima que en Brasil hay unas 13.000 de estas firmas. Esa cifra es 20 veces mayor a la que se registraba hace 10 años, cuando el país empezaba a debatir la forma de reglamentar este nuevo mercado. “Se espera que la nueva ley beneficie a los nuevos emprendimientos en varios segmentos de la economía y que multiplique los aportes de pequeños y grandes inversores, permitiendo que cada vez sean más las empresas que logren superar lo que se ha llamado el ‘valle de la muerte’, la etapa comprendida entre el desarrollo de innovaciones y la consolidación comercial”, dice Júlio Francisco Blumetti Facó, investigador del área de gestión de la innovación del Centro de Ingeniería y Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad Federal del ABC (UFABC).
Uno de los avances que promueve la nueva ley se refiere a la posibilidad de que los entes regulatorios concedan un permiso especial a las empresas para que puedan probar nuevas tecnologías y modelos de negocios por un tiempo preestablecido y con un número acotado de consumidores, contando incluso con el apoyo de las agencias reguladoras en el caso eventual de que surjan situaciones que supongan un conflicto con las disposiciones vigentes; algo que la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) ya viene haciendo desde hace cierto tiempo con las startup del mercado financiero (las fintechs). “Este tipo de beneficio, conocido como sandbox regulatorio, suele ser crucial para que las pequeñas empresas puedan impulsar sus productos, ya que siguiendo los carriles normales tendrían dificultades para superar las barreras regulatorias existentes”, explica Facó. Un ejemplo reciente de esta estrategia fue el sandbox regulatorio del Banco Central para probar el Pix, un medio de pago electrónico implementado recientemente en Brasil.
Se espera que la medida impulse a las startup que operan, por ejemplo, en el desarrollo de vehículos autónomos y del sistema de automatización para la gestión del alumbrado público y de apoyo y soporte a la salud. “Estamos hablando de sectores –transporte, energía y salud– con reglamentaciones muy rígidas y consolidadas en Brasil, así que cualquier nueva tecnología o modelo de negocio creado por estas pequeñas empresas deberá testearse en un ambiente diferenciado, como este al cual alude el texto del nuevo marco legal”, añade el investigador.
El PLP nº 146/2019, ahora transformado en la Ley Complementaria nº 182/2021, también avanza en la creación de mecanismos que faciliten la formalización, el desarrollo y la consolidación de estas empresas. Uno de ellos se refiere a un régimen especial simplificado que le concede prioridad a las startups en el análisis de registro de marcas y solicitud de depósito de patentes al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi). Aún no queda claro si esa medida redundará en una agilización de los trámites en el Inpi, que hoy en día pueden llegar a tardar hasta 15 años, que es más o menos el tiempo que le lleva a una startup exitosa crecer y ganar cuota de mercado.
Otro punto importante es la posibilidad de que las grandes empresas obligadas a invertir en investigación, desarrollo e innovación (ID&I), como las del sector del petróleo y gas, cumplan con sus compromisos invirtiendo en startups. Esto podrá hacerse por medio de fondos de capital vinculados a la innovación o fondos de inversión destinados a la adquisición de participaciones en startups o empresas emergentes. También cabe la posibilidad de invertir en programas y pliegos de financiación y aceleración de startups gestionados por universidades y organizaciones científicas y tecnológicas sin fines de lucro.
La ley también reglamenta el rol de los inversores ángeles, que proporcionan recursos a las empresas nacientes apostando por su potencial de crecimiento. El texto estipula que este tipo de inversores no ostentan necesariamente un estatus de socios ni tampoco tienen derecho a administrar ni a voto en la administración de la empresa y, en caso de quiebra, no responderán por ninguna de las obligaciones de la misma. “Ello no impide que las partes acuerden, eventualmente, una remuneración periódica al inversor o que conviertan su aporte inicial en una participación societaria”, subraya Facó. Para él, esta medida generará un escenario de seguridad jurídica que facilitará las inversiones.
Sin embargo, para algunos expertos, la disposición que puede constituir el impulso principal para la consolidación de estas empresas es la que crea un régimen especial en la administración pública para la contratación de soluciones innovadoras. “La ley facilita el acceso de las startup a las licitaciones, lo que les permitirá concertar más ventas al Estado”, informa Moacir de Miranda Oliveira Junior, docente del Departamento de Administración de la Facultad de Economía, Administración, Contabilidad y Ciencias Actuariales de la Universidad de São Paulo (FEA-USP). Datos de la ABStartups indican que el 41 % de estas empresas enfrenta dificultades para escalar su negocio en Brasil. “Esa medida le permitirá al poder público ayudarlas a ganar competitividad y, al mismo tiempo, el propio Estado podrá disponer de la capacidad de las startups para desarrollar nuevas tecnologías aplicables a la resolución de problemas”. Esta estrategia es habitual en países como Estados Unidos y se basa en la idea de que es mejor formalizar pedidos de tecnologías específicas que repartir subsidios a la espera de que surja la innovación.
El nuevo marco legal facilitará el acceso de las startups a las licitaciones y les permitirá concertar mayores ventas al estado
Según el texto de la nueva ley, la administración pública podrá restringir las licitaciones para la contratación de “soluciones innovadoras” exclusivamente a este tipo de empresas. El proyecto también permite la contratación de más de una startup por licitación. Las propuestas presentadas serán sometidas al escrutinio de una comisión integrada por al menos un servidor público del organismo para el cual se va a contratar el servicio y un docente de una institución pública educativa y de investigación del área relacionada con el tema de la contratación. Los evaluadores deberán tener en cuenta ciertos factores como la madurez del modelo de negocio y su potencial de resolución del problema.
Pese a estos progresos, algunos dicen que este marco legal podría haber sido más ambicioso en cuanto a suprimir obstáculos para la consolidación de las startups. “Es alentador que se ponga más atención en las pequeñas empresas innovadoras, ya que estas poseen características diferentes a otros tipos de negocios. Con todo, hay aspectos que podrían mejorarse”, comenta Rafael Matone Chanin, docente de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUC-RS) y líder de Tecnopuc Startups, el ambiente de desarrollo de startups de la institución. Uno de ellos, descartado cuando el proyecto fue tratado en el Congreso, aludía a la posibilidad de que estas empresas pudieran optar por el Simple Nacional –un régimen tributario simplificado para pequeños contribuyentes, con menor carga fiscal y una recaudación impositiva simplificada– y, al mismo tiempo, constituirse como sociedades anónimas. “Esto significa que las startups seguirán teniendo que escoger entre adherir a un régimen fiscal más favorable o adoptar un tipo societario que atraiga más inversores”, comenta Matone Chanin.
Otra de las demandas del sector que quedó al margen del texto final de la nueva ley fue la regulación de los planes de opción de compra de acciones por los empleados de las startups. Ese modelo de remuneración suele utilizarse en empresas de Estados Unidos y de algunos países de Europa como estrategia para atraer y retener talentos. “En esos casos, la compañía permite que sus empleados adquieran acciones de la misma a valores menores que los del mercado, descontando dicha inversión de sus sueldos”, explica.
Un mecanismo que permitiría incrementar las inversiones en startups aludía a una quita en la alícuota sobre ganancias a partir de los aportes en esas empresas. “El tributo por la inversión en startups recibe ahora el mismo tratamiento fiscal que los rendimientos de los fondos de inversión fijos”, explica la economista Fernanda Cahen, del Departamento Administrativo del Centro Universitario de la FEI. “De manera tal que, entre hacer un inversión de riesgo en una startup e invertir en activos más seguros, el inversor escogerá la segunda opción”. Estos y otros ítems figuraban en la versión del proyecto aprobada por la Cámara de Diputados a comienzos de año, pero fueron vetados en el Senado, que modificó parte del contenido del texto.
Júlio Facó, de la UFABC, dice que sería necesario ir más allá en otro punto fundamental: “El propio Estado necesita crear o mejorar sus mecanismos de inversión en las empresas innovadoras”. Según él, el capital de riesgo –un tipo de inversión que apuesta por firmas con un alto potencial de crecimiento– ayuda a las startups a ingresar en sectores ya existentes o a generar nuevos nichos de mercado. “Pero el capital de riesgo suele ser escaso en las etapas iniciales de desarrollo de estas empresas porque el grado de incertidumbre lo que atañe a sus tecnologías o modelos de negocio es mucho mayor en esa fase”, comenta. En Estados Unidos, un país que ostenta uno de los sistemas de innovación más sólidos a nivel mundial, programas gubernamentales como el de Investigación para la Innovación en Pequeñas Empresas (SBIR) y el Programa de Tecnología Avanzada (ATP) del Departamento de Comercio estadounidense procuran sortear este problema financiando, en parte, a las nuevas empresas de tecnología.
En Brasil existen algunos mecanismos similares, como el programa de concesión de subsidios financieros, cuyo manejo está a cargo de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), que busca estimular la innovación y la competitividad de las empresas nacionales por medio de la asignación de recursos estatales no reembolsables para actividades empresariales de ID&I. Esto hace posible que el Estado comparta con ellas los costos y riesgos del proceso de innovación. Empero, los datos de los últimos cinco años apuntan niveles muy bajos en los recursos que ha destinado este programa a las empresas en Brasil (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 304). En São Paulo, la FAPESP intenta cubrir esa laguna mediante otros programas, como en el caso del Pipe (de Investigación Innovadora en Pequeñas Empresas), que desde 1997 financia a las startups de base tecnológica con hasta 250 empleados.
En opinión de Moacir Oliveira, de la FEA-USP, el apoyo a la innovación debe traducirse en inversiones en I&D, infraestructura, capacitación profesional y ayuda directa e indirecta para empresas y tecnologías específicas. “Pero, por ahora, lo que puede verse es una disminución en las inversiones en todas las áreas que deberían formar parte del sistema nacional de innovación, desde las universidades hasta las empresas innovadoras”, afirma. Para Rafael Chanin, se necesita trabajar para lograr un marco legal aún más competitivo. La innovación, según él, es el resultado de estrategias a largo plazo, inversiones específicas y flexibilidad ante el fracaso. “Todo eso forma parte de una cultura que aún debe instaurarse y asimilarse mejor en Brasil”, añade Facó.
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