El ordenamiento jurídico y presupuestario que aseguró la estabilidad en la financiación de las universidades públicas del estado de São Paulo cumplió tres décadas de funcionamiento. El día 2 de febrero de 1989, el entonces gobernador Orestes Quércia (1938-2010), firmó el Decreto nº 29.598, que establecía la autonomía de gestión económica de las universidades de São Paulo (USP), de Campinas (Unicamp) y Estadual Paulista (Unesp), reservando un porcentaje fijo del 8,4% de la recaudación del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) para costear a las tres instituciones. El Consejo de Rectores de las Universidades del Estado de São Paulo (Cruesp), creado dos años antes, quedó encargado de organizar la distribución de los recursos. En un primer momento, la USP recibió el 4,46%, la Unicamp el 2% y la Unesp el 1,94%.
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El decreto de 1989 se convirtió en un hito en el sistema de educación superior brasileño, al producir un modelo capaz de sostener y fortalecer a tres de las mayores universidades de investigación del país, respetando la libertad de gestión y preservando el ambiente académico de la disputa por recursos con otros organismos públicos y áreas de gobierno. Actualmente, la USP, la Unesp y la Unicamp responden juntas por el 35% de toda la producción científica nacional indexada en la base de datos Web of Science. Curiosamente, las reglas definidas en aquel decreto son todavía excepcionales hoy en día, pues este modelo jamás tuvo vigor fuera de São Paulo. Ningún otro estado adoptó principios similares; las universidades federales tampoco llegaron a gozar de autonomía financiera. Resulta notable además que esta regla se ampara en un simple decreto: se pensó que la Constitución del estado o la legislación común abordarían el tema, pero eso no ocurrió.
El decreto de la autonomía
Aun así, el modelo se viene reafirmando, año tras año, en las leyes presupuestarias aprobadas por la Legislatura y ha tenido el visto bueno de todos los gobernadores; dos de ellos –Luiz Antonio Fleury Filho y Mário Covas (1930-2001)– ampliaron el porcentaje destinado a las universidades, que desde 1995 corresponde al 9,57% del ICMS. “Esa reafirmación también distingue a São Paulo de los demás estados y muestra la importancia que tienen las universidades en la sociedad paulista”, sostiene el lingüista Carlos Vogt, rector de la Unicamp entre 1990 y 1994. “Nadie hasta el día hoy ha osado profanar este santuario”.
La conquista de la autonomía financiera por parte de las universidades públicas paulistas se enmarca en el contexto histórico de la redemocratización del país y, en particular, en el de la elaboración de una nueva Constitución Federal. El artículo 207 de la Carta promulgada en 1988 establece “la autonomía didáctico-científica, administrativa y de gestión financiera y patrimonial” de las universidades y determina que estas “obedecerán al principio de inseparabilidad entre enseñanza, investigación y extensión”. El físico José Goldemberg, rector de la USP entre 1986 y 1990, recuerda que la versión preliminar de ese artículo elaborado en la Asamblea Constituyente contenía una salvedad que comprometía o al menos postergaba su objetivo. “El final del artículo informaba que la autonomía sería implantada ‘en la forma de la ley’. Eso remetía a la discusión a la legislación común y postergaba su implementación, lo que sucedió, dicho sea de paso, con muchos otros artículos de la Constitución, recuerda. El rector de la USP aprovechó su cercanía con el entonces senador Mário Covas, subrelator de la Constituyente, con quien había trabajado en la gestión del gobernador André Franco Montoro (1983-1987), y lo convenció de la importancia de remover esa adenda y mantener la autonomía como una regla general. “De la forma en que se aprobó, ya no era necesario regularla, explica Goldemberg.
El decreto de la autonomía hace referencia al artículo 207. Pero la decisión del gobernador Orestes Quércia también tuvo razones particulares y coyunturales. La crisis de la década de 1980 produjo brotes de inflación alta y una sucesión de planes económicos que intentaron en vano controlarla. Ese ambiente generaba pérdidas salariales y estas alimentaron huelgas y pararon las universidades públicas paulistas durante años anteriores. “El gobernador sintió que las presiones por recursos y reajustes serían recurrentes. Él no tenía intimidad con el ambiente académico, pero, basado en el sentido común, tuvo la idea de reservar un porcentaje de la recaudación y dejar para los rectores los pros y los contras de administrar esos recursos”, rememora Frederico Mazzucchelli, profesor del Instituto de Economía de la Unicamp, quien era el secretario de Economía y Planificación del gobierno paulista. Según el economista, Quércia le comunicó a él su idea durante un viaje en avión. “El gobernador me dijo: ‘Les damos el dinero y se acabó”.
La agenda de la investigación y de las universidades cobró fuerza en la década de 1980 y se la valorizaba en la Legislatura, recuerda Aloysio Nunes Ferreira
Mazzucchelli contactó al secretario de Ciencia y Tecnología Luiz Gonzaga Belluzzo, colega suyo de la Unicamp, y los dos empezaron a trabajar en una propuesta. “Curiosamente, la reacción inicial de los rectores no fue favorable. Se mostraron asustados y desconfiados. Solo el rector de la Unesp, Jorge Nagle, quedó entusiasmado desde un primer momento. Nuestra pelea fue mostrarles a los rectores que aquello era algo importante”, recuerda. Hizo falta también vencer a voces contrarias dentro del gobierno. El entonces secretario de Administración, Alberto Goldman, se opuso a la vinculación de recursos por considerar que impone agendas de sectores a gobiernos democráticamente electos, pero resultó vencido. Tras varias rondas de discusiones con los rectores y secretarios de gobierno, se llegó a la fórmula del 8,4% del ICMS, que representaba el promedio de lo que habían recibidos las universidades en los tres años anteriores. “El rector de la Unicamp, Paulo Renato Souza [1945-2011], que había sido secretario de Educación años antes, ayudó a hacer los cálculos”, recuerda Goldemberg.
En febrero de 1989, cuando el decreto quedó listo, el gobernador llamó a los rectores a su despacho y oficializó el modelo. El geólogo Paulo Milton Barbosa Landim, que acababa de asumir el cargo de rector de la Unesp en reemplazo de Nagle, relata que el gobernador mencionó la presión de las universidades como una de sus motivaciones. “Él fue claro al decir que, en función de la autonomía didáctico-pedagógica que las universidades ya ostentaban, no tenía injerencia en su funcionamiento. Consideró que, entonces, era mejor que la autonomía también fuera financiera y los rectores se encargaran también de los problemas de los docentes y de los sueldos”.
