Estados Unidos atraviesa un proceso de revalorización de la ciencia, la tecnología y la innovación (CT&I). Así como los cuatro años del gobierno de Donald Trump se caracterizaron por los nombramientos controvertidos en los cargos para las oficinas de asesoramiento científico, la reducción del papel de los científicos en la formulación de políticas públicas y la interrupción de proyectos de investigación estratégicos, la administración del presidente Joe Biden planea retomar el historial estadounidense de inversión pública en investigación y desarrollo (I&D), mediante el apoyo a las empresas innovadoras y a tecnologías específicas.
Una de las primeras medidas de Biden en ese sentido fue la designación del genetista Eric Lander como científico en jefe y director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología (OSTP, por sus siglas en inglés), el comité consultivo que asesora al presidente en cuestiones de CT&I. Lander es una figura influyente en la comunidad científica estadounidense. Es docente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y cumplió un rol destacado en el programa de secuenciación del genoma humano, concluido en 2003. Anteriormente había copresidido el Consejo de Ciencia y Tecnología (PCAST), otro panel consultivo de asesoramiento de la presidencia, entre 2009 y 2017.
El anuncio de su nombramiento se produjo el 15 de enero, poco antes de que Biden asumiera oficialmente el mando de la Casa Blanca, y marcó una diferencia simbólica con su antecesor: Trump se había tomado 19 meses para anunciar a su científico en jefe y director del OSTP. Biden elevó recientemente ese cargo al nivel de gabinete, virtualmente, una especie de ministro de Ciencia y Tecnología. “Esto significa que Lander tendrá más influencia sobre las decisiones de Biden en materia de CT&I, y eso es algo bueno”, declaró a Pesquisa FAPESP el director del Programa de Presupuesto y Política de Investigación y Desarrollo de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia (AAAS), Matthew Hourihan.
En abril, Biden presentó su primera propuesta de presupuesto para 2022. El documento marca un aumento significativo de las inversiones públicas en prácticamente todas las agencias federales de fomento de la investigación científica, sobre todo para aquellas vinculadas a la lucha contra el covid-19 y el cambio climático. El documento prevé un crecimiento del 22,5 % en el presupuesto de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que en 2022 dispondrán de 8.700 millones de dólares. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) recibirían 51.000 millones de dólares, un 21,4 % más que en el año en curso. A su vez, la National Science Foundation (NSF), la principal agencia de fomento de la ciencia básica del país, tendría un reajuste del 20 %, llegando así a una suma de 10.200 millones de dólares. Para mitigar el cambio climático, Biden propuso un incremento del 10,2 % en el presupuesto del Departamento de Energía, que el año que viene contaría con 46.100 millones de dólares, y de un 25,5 % para el de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa) que dispondrá de 6.900 millones de dólares. La propuesta aún debe debatirse en el Congreso, que tiene la última palabra en cuanto al presupuesto y define las partidas de dinero que serán asignadas a cada agencia.
También se envió al Congreso el denominado Endless Frontier Act, uno de los programas de inversión más ambiciosos de las últimas décadas en el área de CT&I en el país. Esta iniciativa respaldada bipartidaria propone la creación de un departamento de tecnología e innovación en la NSF, aliado a una inversión de más de cien mil millones de dólares en los próximos cinco años para la investigación básica y aplicada en diversas áreas, tales como inteligencia artificial, genómica, computación cuántica, tecnologías de comunicación avanzada y gestión de datos. La misma también propone aportes en educación y capacitación de personal mediante la financiación de programas de educación tecnológica avanzada en facultades comunitarias y la concesión de becas de grado, posgrado y pasantías posdoctorales. El propósito es ampliar y diversificar la fuerza laboral en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (Stem) en Estados Unidos.
También hay un plan para destinar 10.000 millones de dólares al Departamento de Comercio, para su inversión en los centros de tecnología e innovación diseminados por el país. La idea es promover las estrategias tecnológicas regionales y, con ello, atraer la inversión pública y privada. “Esta legislación le permitirá a Estados Unidos crear más puestos de trabajo bien remunerados”, le dijo a la agencia de noticias Reuters el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, uno de los partidarios de la propuesta junto al senador republicano Todd Young.
Esta medida no tiene solamente un propósito económico, sino también geopolítico. A partir de estas inversiones, el gobierno estadounidense espera poder hacer frente a la amenaza de China y de otras naciones a su liderazgo tecnológico, buscando garantizar simultáneamente la seguridad nacional y la competitividad económica. “La propuesta es amplia y tendrá impacto en toda la nueva generación de políticas de ciencia e innovación a nivel mundial”, escribió el economista e ingeniero Carlos Américo Pacheco, director presidente del Consejo Técnico Administrativo (CTA) de la FAPESP, en un texto que salió publicado en el periódico O Estado de S.Paulo. “Expande el campo de acción de la NSF, refuerza la coordinación entre las agencias, apunta iniciativas tendientes a la reducción de las desigualdades de género y raza en la ciencia, modifica la gestión del sistema y robustece su presupuesto. Y lo hace definiendo las tecnologías prioritarias para las inversiones y ampliando el abanico de apoyo de la NSF más allá de la investigación, para tratar de salvar la brecha existente entre la investigación y la comercialización”.
En opinión del economista Luiz Martins de Melo, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), a pesar de la percepción de Estados Unidos como síntesis de la generación de riqueza liderada por el sector privado, históricamente es el Estado el que ha asumido los riesgos emprendedores para promover la innovación. “El país viene invirtiendo desde la época de posguerra en una estructura gubernamental centrada en tender puentes entre el trabajo académico sin una finalidad práctica aparente y el desarrollo tecnológico continuo, particularmente en el seno de las Fuerzas Armadas”.
Uno de los ejemplos de mayor éxito de esa política es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa (Darpa, actualmente Arpa). La Darpa, creada en 1958 con la finalidad de brindarle al país una superioridad tecnológica sobre la extinta Unión Soviética, fue mucho más allá de la mera financiación de la investigación básica. La agencia ayudó a encauzar los recursos en áreas específicas, generando oportunidades y terciando en las interacciones entre los agentes públicos y privados involucrados en el proceso de desarrollo tecnológico. Financió la creación de departamentos de ciencias de la computación, proporcionó ayuda a startups en sus investigaciones iniciales, contribuyó al desarrollo de los semiconductores y supervisó las primeras etapas de Internet, ayudando a afianzar la industria de la informática en las décadas de 1960 y 1970.
Del mismo modo, el Programa de Investigación para la Innovación en Pequeñas Empresas (SBIR) ayudó a las compañías estadounidenses de base tecnológica. Esta iniciativa, implementada en 1982 durante el gobierno de Ronald Reagan (1911-2004), estableció un consorcio entre la Administración Estadounidense de Pequeñas Empresas (SBA) y diversas agencias gubernamentales, entre las cuales figuran los departamentos de Defensa y de Energía, y la Agencia de protección Ambiental, que pasaron a destinar una fracción de sus recursos para el apoyo a las pequeñas empresas innovadoras. El SBIR inspiró la creación del Programa de Investigación Innovadora en Pequeñas Empresas (Pipe) de la FAPESP, en 1997 (lea el suplemento Pipe FAPESP, publicado en diciembre de 2017).
Todavía es muy pronto para saber si el Endless Frontier Act será aprobado por el Congreso y cuándo. Según Hourihan, “existen desacuerdos en cuanto al texto del proyecto de ley tanto en la Cámara como en el Senado, y es difícil anticipar cómo lo van a resolver”. No obstante, el director de la AAAS recuerda que incluso durante los años del gobierno de Trump, el Congreso estadounidense no aprobó una reducción del presupuesto para CT&I. “Ahora, en sintonía con Biden, parece hallarse más centrado en invertir en I&D para garantizar la competitividad de Estados Unidos”, dice. “Todo indica que el gobierno se está preparando para darle forma a un nuevo mercado con el objetivo de impulsar la innovación en áreas estratégicas”, concluye Melo.
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