Augusto ZambonatoLas Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos emitieron el 11 de abril un informe en el cual convocan a la comunidad científica estadounidense a perfeccionar, de manera coordinada y colectiva, sus prácticas y políticas relacionadas con la integridad en la investigación científica, analizando de modo sistemático todos los indicios de mala conducta y proponiendo actividades educativas eficaces que comprendan desde a los estudiantes de las carreras de grado hasta a los líderes de los grupos de investigación. El documento intitulado Promoviendo la integridad en la investigación consta de 285 páginas y detalla 11 recomendaciones (vea el cuadro). Las sugerencias parten de una premisa en común: el esfuerzo actual por respaldar un ambiente científico más transparente y ético no ha sido suficiente, algo que queda en evidencia ante la difusión de desvíos que en algunos casos demoraron muchos años en detectarse y artículos científicos retractados en los últimos tiempos.
Los 13 investigadores que elaboraron el informe plantean dar algunos pasos al frente. La primera recomendación de la lista resume esa preocupación y sugiere que todos los actores implicados en la actividad de investigación científica –científicos, universidades, agencias, sociedades y editoriales científicas– amplíen y actualicen sus prácticas y estrategias como respuesta a los riesgos consignados en el informe. “Las evidencias acumuladas en las últimas décadas y particularmente en los últimos años hacen hincapié en que el fracaso en definir y brindar respuestas enfáticas a la mala conducta científica configura una amenaza significativa a la actividad de investigación”, advierte el documento.
El texto también aconseja acciones coordinadas contra problemas que ya se están afrontando, pero aún de manera ineficiente. Uno de ellos es la sugerencia tendiente a que cada una de las sociedades científicas establezca reglas claras y específicas relacionadas con la adjudicación de autoría en los artículos científicos. Según el informe, las convenciones con relación a ese tema hoy aún son definidas en forma descentralizada y varían entre instituciones y periódicos científicos. El establecimiento de parámetros comunes para cada disciplina ayudaría a encauzar decisiones correctas en los laboratorios y en el ámbito de las colaboraciones científicas. El texto reitera que debe condenarse en modo enfático la inclusión, en las listas de autores, de individuos que no realizaron aportes intelectuales significativos al artículo científico.
Otra recomendación destacada es la creación de un gran consejo consultivo independiente y sin vínculos con el gobierno, integrado por representantes de universidades y organizaciones de investigación científica. Las funciones de este organismo no serían ejecutivas ni de investigación: la idea es crear una caja de resonancia capaz de reflexionar al respecto de los problemas, mediar ante divergencias y brindar orientación a las instituciones científicas, principalmente a aquéllas de menor porte. Según el bioingeniero Robert Nerem, presidente del comité que elaboró el informe y profesor emérito del Instituto de Tecnología de Georgia, ya es hora de generar una instancia que garantice la autorregulación de las instituciones científicas, antes de que el Congreso estadounidense, que en la legislación actual viene exhibiendo algunas señales de hostilidad hacia mundo de la ciencia, resuelva crear nuevas leyes sobre integridad científica. “Algunos legisladores son idóneos en temas de investigación, pero me genera una gran desconfianza lo que pueda llegar a salir de ahí. No creo que el Congreso vaya a tener en cuenta los mejores intereses de la ciencia”, dijo Nerem en declaraciones a la revista Science.
El informe critica ciertas iniciativas en el campo de la educación amañadas para cumplir con obligaciones legales, las cuales serían insuficientes para producir resultados concretos, como la capacitación online comprendiendo temas de integridad científica. También considera que diversas instituciones han sido endebles al enfrentar casos de mala conducta. En un apéndice, se analizaron algunos escándalos recientes entre los cuales se menciona uno que involucró a dos científicos de la Universidad Duke: Anil Potti y Joseph Nevins. Éstos propusieron un método que sería capaz de predecir la evolución de pacientes con cáncer de pulmón y una técnica para prever qué tipo de quimioterapia sería más eficaz para cada víctima de cáncer de pulmón, de mama o de ovario. Pese a la advertencia de otros científicos alegando que no se pudieron reproducir los resultados presentados, la universidad se conformó con las explicaciones que brindaron Potti y Nevins, liberando ensayos clínicos con esas técnicas en febrero de 2010. Algunos meses más tarde Potti abandonó la universidad acusado de robarles datos a otros investigadores. “No sé si Duke modificó sus prácticas pero no me sorprendería que ese problema se repitiese”, criticó Nerem. Según él, la mejor forma de evitar incidentes de ese tipo es transformar en prioridad la capacitación sobre mala conducta en todas las instituciones de investigación y universidades, y el consejo consultivo podría ser de ayuda en esa tarea.
El comité responsable del informe comenzó a trabajar en 2012 con el objetivo de actualizar un documento emitido hace 25 años por las Academias Nacionales intitulado Ciencia responsable. Según Nerem, la idea que solamente abogaba por una actualización del texto fue abandonada luego de las primeras reuniones. “Notamos que el desafío consistía en lograr un nuevo enfoque al respecto de la integridad científica”, relató el investigador refiriéndose a las transformaciones que se suscitaron en el ámbito de la investigación y en el notable crecimiento de la producción científica en los últimos años. Mientras que el texto anterior hacía hincapié en la responsabilidad individual de los investigadores, el nuevo se ocupa del conjunto de las instituciones científicas. “En lugar del discurso de la manzana podrida, cambiamos el enfoque a la cesta entera de las manzanas”, explicó la investigadora C. K. Gunsulus, miembro del comité y jefa del Centro Nacional de Ética Profesional y de Investigación de la Universidad de Illinois, según expresa el portal de noticias NPR.
El informe de 1992 fue encargado luego de la eclosión una serie de escándalos y aceleró la creación de la Oficina de Integridad Científica (ORI, en inglés) que consolidó dos estructuras preexistentes. La ORI investiga acusaciones de mala conducta en investigaciones biomédicas financiadas con recursos federales. La National Science Foundation (NSF) –la agencia de fomento a la investigación básica– también dispone de una instancia propia para arbitrar casos de mala conducta entre los proyectos que financia.
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