Brasil es una de las mayores potencias agrícolas del planeta. Y también despunta por ser uno de los grandes consumidores de agrotóxicos, sustancias químicas o biológicas que protegen los cultivos contra el ataque y la proliferación de plagas tales como insectos, hongos, bacterias, virus, ácaros, nematodos (parásitos que acometen a las raíces de las plantas) y malezas. La venta de estos productos en el país mueve alrededor de 10 mil millones de dólares por año, lo que representa el 20% del mercado global, que se estima en 50 mil millones de esa misma moneda. En 2017, los agricultores brasileños utilizaron 540 mil toneladas de ingredientes activos de plaguicidas, alrededor de un 50% más que en 2010, según datos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), ligado al Ministerio de Medio Ambiente. Un ingrediente activo es la sustancia responsable de la actividad del producto.
El debate sobre el uso de plaguicidas en Brasil recrudeció durante los últimos meses en función del Proyecto de Ley (PL) nº 6.299/ 02, que se aprobó en una comisión de la Cámara de Diputados en el mes de junio. Este proyecto, que fuera presentado en 2002 por el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, propone alterar las reglas para el registro y la utilización de nuevos pesticidas agrícolas. Para que entre en vigencia todavía debe ser aprobado por los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado, y luego pasar por la promulgación presidencial.
– Alternativas en estudio
El empleo a gran escala de estos productos, a los que también se los conoce como agroquímicos, defensivos agrícolas y productos fitosanitarios, es el resultado de diversos factores. Al tratarse de un país tropical, la agricultura brasileña no cuenta con un período invernal que interrumpa el ciclo de las plagas, tal como ocurre en aquellos países con un clima templado. El aumento del uso de estos productos está relacionado con la evolución de la producción agrícola –la cosecha de granos trepó de 149 millones de toneladas en 2010 a 238 millones en 2017– y con la expansión en el país del monocultivo, un sistema que altera el equilibrio del ecosistema y afecta la biodiversidad, propiciando el surgimiento de plagas y enfermedades.
Si bien el uso de pesticidas aumenta la eficiencia del campo, lo cual le confiere a Brasil un liderazgo en la producción de importantes cultivos agrícolas, por un lado, también genera preocupación por los daños que podrían causar en el ambiente, por el otro, en función de los riesgos de contaminación del suelo y de las napas, y sobre la salud de la población, especialmente la de los trabajadores que están en contacto con esas sustancias y las comunidades rurales ubicadas cerca de las plantaciones.
Un informe divulgado el año pasado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estipuló que mueren anualmente alrededor de 200 mil personas en todo el mundo víctimas de envenenamiento agudo por pesticidas, básicamente trabajadores rurales y campesinos. En Brasil, se intoxicaron 84.200 personas con posterioridad a la exposición a herbicidas entre 2007 y 2015, un promedio de 25 intoxicaciones por día, según los datos que consigna el Informe Nacional de Monitoreo Sanitario en Poblaciones Expuestas a Agrotóxicos 2018, elaborado por el Ministerio de Salud. Los estudios sugieren que la exposición de los trabajadores rurales a los pesticidas eleva el riesgo de aparición de diversas formas de cáncer, además de trastornos hormonales y malformaciones congénitas. En tanto, los estudios que asocian el consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos al cáncer y otras enfermedades son menos concluyentes.
Para el ingeniero agrónomo y estudioso del tema Edivaldo Domingues Velini, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidade Estadual Paulista (FCA-Unesp) en su campus de Botucatu, el problema no son los agroquímicos en sí mismos, sino, en algunos casos, la cantidad utilizada y su forma de aplicación. “El uso adecuado y basado en el conocimiento resulta eficaz para reducir los riesgos asociados con los agrotóxicos”, sostiene. “El consumo de plaguicidas en Brasil es compatible con el que se practica en los países que tenemos como modelo de desarrollo y de seguridad alimentaria”.
Los impulsores del cambio en la legislación, entre los que se cuentan los fabricantes de pesticidas, asociaciones ligadas al agronegocio y el propio Ministerio de Agricultura, apuntan que es necesario modernizar la Ley nº 7.802, que reglamenta el uso de agroquímicos en Brasil. Según ellos, dicha ley, que data de 1989, impide que salgan al mercado productos más avanzados y seguros, que podrían estar rápidamente a disposición de los productores rurales.
“El proceso de registro de nuevas moléculas de defensivos agrícolas en Brasil es muy lento. Esa morosidad llega al extremo de volver inviables a algunas tecnologías. Cuando se la aprueba, la misma ya fue superada por otra más eficiente, o bien la plaga para la que se la concibió ya no es tan relevante”, dice el ingeniero Mario Von Zuben, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Defensa vegetal (Andef), la entidad que aglutina a las empresas del sector. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) también se mostró a favor del PL. “Desde 2005 abogamos por la reformulación del actual sistema de registro y apoyamos el cambio aprobado por la comisión especial de la Cámara”, declara Reginaldo Minaré, coordinador del área de Tecnología de la CNA.
Del otro lado de la trinchera, organizaciones ligadas a la salud, entre las cuales figuran la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), y organismos tales como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), del Ministerio de Salud, y el Ibama, aparte de otras entidades ambientalistas como Greenpeace, se oponen al proyecto, al que bautizaron como el “Paquete del Veneno”. Alegan que eso flexibilizará aún más el mercado de los pesticidas en el país, que ya es bastante permisivo, posibilitando el ingreso de productos que podrían aumentar los riesgos para la salud y agravar el panorama de la contaminación ambiental.
“Estamos totalmente en contra del PL. El mismo propiciará un retroceso de 30 años. Modernizar es cuidar la salud y el medio ambiente, y este PL, por el contrario, elevará los riesgos y acelerará el registro sin calidad, permitiendo que los agrotóxicos más peligrosos ingresen al mercado brasileño”, critica el biólogo Fernando Carneiro, investigador de la Fiocruz Ceará y miembro de Abrasco. La Anvisa también se manifestó en contra del cambio en la ley, haciendo hincapié en que ella no contribuye a una disponibilidad de alimentos más seguros o nuevas tecnologías para el agricultor ni tampoco afianza el sistema regulatorios de los agrotóxicos.
Renato Costa/ FramePhoto/ Folhapress
Activistas opositores y a favor del proyecto que modifica la legislación sobre agrotóxicos en el país durante el debate de este años en la comisión especial de la Cámara de DiputadosRenato Costa/ FramePhoto/ FolhapressLos ejes de la discordia
Las divergencias entre quienes apoyan y los críticos del PL nº 6.299/ 02 se concentran en cuatro temas principales, comenzando por la nomenclatura que se usa para designar a los productos en sí misma, dado que la industria no está de acuerdo con la denominación de agrotóxico. “El término pesticida, propuesto por el diputado Luiz Nishimori, ponente del PL en la Cámara, es el que más se utiliza en todo el mundo y nos parece adecuado”, dice Zuben, de la Andef.
La legislación brasileña actual se refiere a las sustancias empleadas para combatir las plagas agrícolas como agrotóxicos, un término acuñado en 1977 por el profesor Adilson Paschoal, docente de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de São Paulo (Esalq-USP), campus de Piracicaba. En aquella época, había varias palabras para designar a esos productos químicos, tales como plaguicida, pesticida, remedio, veneno y defensivo agrícola. Aquellos que critican el proyecto afirman que el objetivo del cambio en la nomenclatura es disociar a los pesticidas de su toxicidad y de los riesgos para la salud y el ambiente inherentes a los mismos.
Otro punto de disidencia se centra en la competencia para el registro de nuevos agrotóxicos. Según la ley vigente, esa responsabilidad es compartida entre el Ministerio de Agricultura, al que le cabe analizar la eficiencia agronómica del producto, la Anvisa, que se encarga de evaluar la toxicidad del producto y los riesgos para la salud humana, y el Ibama, que realiza el análisis de peligrosidad ambiental. El veto de uno de los tres es suficiente para impedir la aprobación de un nuevo plaguicida.
El PL nº 6.299 /02, según sus detractores, le otorga al Ministerio de Agricultura la decisión final acerca del permiso o no para una determinada sustancia, cumpliendo la Anvisa y el Ibama un rol menor en ese proceso, de homologación del análisis de un producto presentado por la empresa solicitante, una especie de recomendación y no necesariamente un veto, en caso de discrepancia. “El texto del proyecto establece que la Anvisa y el Ibama pueden analizar y, cuando fuera menester, homologar la decisión, pero omite deliberadamente, por ejemplo, expresiones como aprobar, autorizar o registrar. No queda claro si puedan vetar”, dice la ingeniera agrónoma Marina Lacôrte, experta en agricultura y alimentación de Greenpeace. Los ruralistas están en desacuerdo y asegurar que nada cambia en relación con el proceso de aprobación. Según ellos, la centralización en el Ministerio de Agricultura, sin desmedro del poder de decisión del resto de los colaboradores, tiene por objeto dotar de una mayor celeridad al proceso de registro.
La tercera divergencia recae sobre el criterio de evaluación que se utiliza para el análisis de nuevos productos. La ley actual veta a los pesticidas que presenten características carcinogénicas (que propicien el desarrollo de cáncer), mutagénicas (capaces de alterar el ADN) y teratogénicas (que pueden causar malformaciones en fetos). También están prohibidos aquellos productos que provoquen trastornos hormonales. Eso es lo que se denomina análisis de peligrosidad. La propuesta que se analiza en el Congreso propone que, en lugar de eso se adopte un análisis de riesgo, que, más allá de la toxicidad del producto, considera su forma de empleo, las condiciones climáticas durante su aplicación, el tiempo de exposición al producto, entre otros factores.
En Brasil, 84 mil personas se intoxicaron luego de la exposición a agrotóxicos entre 2007 y 2015
“La evaluación de los productos teniendo en cuenta la exposición efectiva al riesgo constituye una metodología menos dogmática y más apropiada para el análisis científico”, sostiene Minaré, de la CNA. El profesor de la Unesp Edivaldo Velini tiene una opinión parecida. “La sustitución del análisis de peligro por el de riesgo resulta fundamental para que Brasil disponga de una legislación actual y alineada con la convergencia técnica, científica y regulatoria internacional”, dice.
Pero no todos coinciden. “Si se implementan estos cambios, vamos a desbaratar lo poco del principio de precaución que tenemos”, rebate la geógrafa Larissa Mies Bombardi, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH) de la USP. “Resulta inaceptable que se comercialicen en el país sustancias con esas características [carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad]. Si la ley se aprueba los más afectados serán, en el siguiente orden, los trabajadores rurales, las poblaciones que viven en áreas cercanas al uso intensivo de agrotóxicos y la población en general”.
Para Bombardi, si la intención del PL es modernizar la ley, sería importante determinar una periodicidad para la validez del registro de los agrotóxicos, con reevaluaciones de tanto en tanto. “En Estados Unidos se reanaliza a los pesticidas cada 15 años y en la unión Europea, cada 10 años. Aquí en Brasil el registro es eterno”, señala Bombardi, autora del atlas intitulado Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia, que salió publicado en 2017.
Registro automático
Finalmente, también hay discrepancias en cuanto al plazo de aprobación de los plaguicidas. El proyecto de ley determina que los productos analizados tendrán un registro temporal automático luego de un plazo de 24 meses del inicio de su análisis por los organismos encargados, incluso si no hubiera una resolución final, a partir de que hayan sido aprobados en al menos tres países que formen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo que aglutina a las 37 naciones más desarrolladas del planeta. “No se pueden trasladar las conclusiones sobre la evaluación de riesgo para el medio ambiente efectuadas en esos países para las condiciones ambientales brasileñas y las condiciones de uso del producto en campo en el país”, advierte Marisa Zerbetto, coordinadora general de Análisis y Control de Sustancias Químicas del Ibama.
En Brasil, la aprobación y el registro de un nuevo producto demanda, en promedio, un plazo de ocho años. “En otros países en donde la agricultura tiene un rol preponderante en la economía, tales los casos de Australia, Argentina y Estados Unidos, ese proceso tarda alrededor de dos años”, informa Silvia Fagnani, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Vegetal (Sindiveg), que está a favor del registro automático previsto en el proyecto de ley.
Para Marina Lacôrte, de Greenpeace, el registro temporal es inadmisible: “Con la estructura que poseen actualmente, los organismos no podrán evaluar las nuevas moléculas en un lapso tan corto”. En su opinión, habría que tener en cuenta que los efectos de los agrotóxicos son irreversibles. “Y si una sustancia aprobada a partir de este criterio fuera posteriormente inhabilitada, ¿qué sucederá con la gente que ya estuvo expuesta a ella?”, indaga.
Marisa Zerbetto, del Ibama, añade: “Lo que provoca que se demore la llegada de los productos al mercado es la escasa cantidad de personal del Ibama, de Anvisa y del Ministerio de Agricultura, que se encargan de evaluar las solicitudes de registro. Sumados, son menos de 50 empleados, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dispone de 600 empleados dedicados a esa actividad tan solo en su sede de Washington”.
La aprobación del PL en la comisión de la Cámara de Diputados generó repercusiones en el exterior. Voceros de la ONU ligados a temas tales como derechos humanos, sustancias peligrosas y derecho a la alimentación enviaron un comunicado al gobierno manifestando su preocupación por las modificaciones a la ley. Según ellos, si se aprueban, esas alteraciones violarán los derechos de los trabajadores rurales, las comunidades locales y de los consumidores de alimentos producidos con el empleo de pesticidas.
“Esos cambios pueden debilitar significativamente los criterios para la aprobación del uso experimental y comercial de los pesticidas, transformándose en una amenaza para toda una serie de derechos humanos”, dijeron los informantes de la ONU. En el mismo comunicado, destacaron que a un proyecto de ley alternativo, el PL nº 6.670/16, que establece una Política Nacional de Reducción de Agrotóxicos (PNaRA), propuesto hace dos años por la Abrasco, el Legislativo le concedió un bajo nivel de prioridad.
¿Realidad o mito?
Pero, al fin y al cabo, ¿es real que los agricultores brasileños abusan de los agrotóxicos? ¿Es un hecho que el país es un paraíso para los fabricantes de defensivos agrícolas? “Somos el mayor mercado global de productos fitosanitarios porque tenemos una de las mayores superficies agrícolas del mundo”, explica el ingeniero agrónomo José Otavio Menten, de la Esalq-USP. “Pero nuestro consumo es mucho menor que el de Francia, el Reino Unido, Japón y otros países cuando relacionamos el volumen de plaguicidas que se usan en Brasil con el área sembrada o con la producción agrícola”.
Un estudio elaborado por los profesores Edivaldo Velini y Caio Carbonari, de la FCA-Unesp, reveló que Brasil cayó al séptimo puesto del ranking mundial de uso de pesticidas por área plantada y al decimotercero cuando se analiza el índice de consumo de agroquímicos según la producción agrícola. Ese trabajo, elaborado con datos de 2013 provistos por la consultora de mercado Phillips McDougall y la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según su sigla en inglés), traza una comparación de Brasil con los 20 países que consumen más agrotóxicos a nivel mundial.
Los críticos del empleo intensivo de pesticidas sostienen que, incluso adoptando diferentes criterios, el país figura entre los líderes en cuanto al consumo de esas sustancias, con el agravante de que muchos de los agrotóxicos que se comercializan en el país no están permitidos en las naciones desarrolladas. “Alrededor de un 30% de los agrotóxicos pulverizados sobre los cultivos nacionales están prohibidos en la Unión Europea, entre ellos los insecticidas que contienen atrazina y acefato, dos de las sustancias más consumidas en Brasil”, dice Larissa Bombardi, de la USP.
El uso de herbicidas prohibidos en otras latitudes en las plantaciones brasileñas sería preocupante, ya que podría estar contaminando alimentos que se consumen en el país. Las entidades representativas del agronegocio y del sector de agroquímicos niegan que eso sea lo que está ocurriendo. “La comida que llega a la mesa de los brasileños es segura y de alta calidad”, dice Reginaldo Minaré, de la CNA. “Los plaguicidas protegen a los cultivos y garantizan que el alimento esté disponible para el consumo en cantidad suficiente y en condiciones saludables”, agrega Silvia Fagnani, del Sindiveg.
Los análisis que se efectuaron hace un año en frutas, verduras y legumbres que se venden en los centros de abastecimiento de São Paulo y Brasilia revelaron la presencia de residuos de pesticidas en esos alimentos. Las pruebas fueron efectuadas por el Laboratorio de Residuos de Pesticidas del Instituto Biológico de São Paulo a pedido de Greenpeace. De las 50 muestras analizadas, 13 presentaban pesticidas no permitidos para aquellos cultivos y 15 de ellas poseían más de un tipo de producto agrotóxico. “Nadie sabe el efecto que causan en el organismo cuando se mezclan diferentes moléculas”, enfatiza el biólogo Amir Bertoni Gebara, coordinador del laboratorio a cargo de los test.
Ricardo Azoury/ Olhar Imagem
Trabajadores rurales aplican defensivos agrícolas en un cañaveral en el interior de Río de JaneiroRicardo Azoury/ Olhar ImagemLos ambientalistas también critican la permisividad de la legislación brasileña en cuanto al límite máximo de residuos (LMR) de agrotóxicos en los alimentos y en el agua potable. Ese indicador, tal como su nombre lo sugiere, define la cantidad permitida de determinado agrotóxico en los alimentos y en el agua. “Cuanto menor es el límite, más rigurosas son las leyes de cada país. Y las de Brasil no son nada estrictas”, dice Bombardi. El proyecto de ley que se tramita en el Congreso nacional no aborda ese punto. Según la investigadora, el LMR del glifosato en la soja brasileña es 200 veces superior al límite establecido por la Unión Europea, mientras que en el agua potable es aún mayor: 5 mil veces.
El glifosato, un herbicida que se usa como defoliante químico en los cultivos de soja transgénica, es el agrotóxico más empleado en el país y en todo el mundo. Esa sustancia se encuentra en la mira de las autoridades. A comienzos de agosto, la Justicia Federal del Distrito federal suspendió, mediante una medida cautelar, el registro del producto en Brasil hasta que Anvisa concluya el proceso de reevaluación toxicológica, que está en curso desde 2008. Sin embargo, al comienzo de septiembre, esa cautelar fue revocada. En Francia y en el estado de California (EE.UU.) hay grandes presiones para proscribir el producto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a clasificar al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” en 2015, pero se retractó al año siguiente.
Recientemente, Monsanto, empresa que se ubica entre los mayores fabricantes mundiales de pesticidas y titular de la marca Roundup, un herbicida a base de glifosato, fue condenada por un tribunal de Estados Unidos debido a la relación entre el cáncer y este agrotóxico. El jurado entendió que el cáncer que contrajo Dewayne Johnson, un conserje encargado del control de plagas de una escuela en un condado de California, tuvo relación directa con dicho herbicida. La empresa fue condenada a pagarle 289 millones de dólares en concepto de indemnización.
Ese fue el primer juicio que asoció al glifosato con el cáncer, y se tramitan otros 5 mil expedientes similares ante la Justicia de Estados Unidos. En un comunicado, Monsanto declaró que “el fallo no altera el hecho de que haya más de 800 estudios científicos que sostienen que el glifosato no provoca cáncer, y no causó el cáncer del Sr. Johnson”.
Proyecto
Brasil y la Unión Europea – la agricultura globalizada y el relato sobre el uso de agrotóxicos: Diferencias, restricciones e impactos de las commodities brasileñas en el mercado europeo (nº 16/05506-8); Modalidad Beca en el Exterior – Investigación; Investigadora responsable Larissa Mies Bombardi; Inversión R$ 109.197,50
Libro
Bombardi, L. M. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São Paulo: Laboratório de Geografia Agrária – FFLCH-USP, 2017.
