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Historia

Los años de plomo online

En el marco del proyecto Memorias Reveladas, pondrán en internet documentos sobre la represión durante la dictadura militar

ARQUIVO NACIONALEn los archivos públicos de todo el país está ocurriendo una revolución desde mayo de este año. Archivos estaduales y federales, universidades, ministerios y entidades de defensa de los derechos humanos se encuentran abocados a hacer posible en el menor lapso de tiempo el Proyecto Memorias Reveladas, que se pretende que reúna en internet millones de documentos producidos por los órganos represivos de todos los estados brasileños sobre los presos políticos y la lucha armada durante la dictadura militar (1964-1985). Es la primera vez en la historia que los archivos de los estados de la federación se unen en una empresa de tamaña magnitud. De manera más amplia, esta interacción hará posible el cruzamiento de datos que están bajo la custodia del archivo regional de cada capital.

En un sentido más restringido, redimensionará la investigación histórica de período de diversas formas. Como por ejemplo ampliando el volumen de documentos disponibles para su consulta y permitiendo que parientes de muertos y desaparecidos o víctimas sobrevivientes puedan saber qué se registró sobre ellas y cómo monitorearon su vida las fuerzas represivas. Es más: promoverá un abaratamiento de las investigaciones, toda vez que los interesados de todo el país no necesitarán más buscar recursos para ir a São Paulo, Río de Janeiro o Brasilia –donde está almacenada la mayor cantidad de documentos. En definitiva, será posible consultar nombres archivados en cualquier parte del país sin salir de casa, y hacer uso de los mismos sin amontonar papeles y reproducciones.

Al frente de la iniciativa se encuentra la Casa Civil de la Presidencia de la República [la Jefatura de Gabinete de Ministros], bajo la coordinación del Archivo Nacional de Río de Janeiro. Desde mayo, cuando se lanzó oficialmente el Centro de Referencia de las Luchas Políticas en Brasil (1964-1985) –Memorias Reveladas, se han juntado en promedio cinco nuevos asociados a la iniciativa, de varios puntos de Brasil e incluso del exterior. Eran más de 40 hasta la última semana de septiembre. La lista incluye archivos estaduales, centros de documentación, centros de investigaciones y entidades vinculadas a las universidades, Comisión de Amnistía, Comisión de Muertos y Desaparecidos y la estadounidense Brown University. En septiembre le llegó el turno a la FAPESP de sellar una asociación con el Archivo Nacional y el Archivo Público del Estado de São Paulo para participar en la financiación del trabajo de digitalización de los documentos y la compra de equipamientos.

ARQUIVO NACIONALDe este modo, el trabajo será pronto reanudado, ya que se encontraba detenido desde julio, cuando culminó la primera etapa, que había empezado en noviembre pasado y duró ocho meses, con patrocinio de Petrobras. “La búsqueda de la asociación de la FAPESP surgió basada en nuestra percepción de que un tercio de los que desarrollan el relevamiento de los documentos vinculados con la represión está en São Paulo, incluso porque fue el estado en donde más hubo resistencia armada y estudiantil al régimen militar”, sostiene el profesor Carlos de Almeida Prado Bacellar, coordinador del Memorias Reveladas representante del Archivo del Estado de São Paulo. Los detalles de la puesta en práctica el acuerdo se definirán en las próximas semanas, confía.

Bacellar afirma que, “debido a la tradición de la FAPESP, que es bastante activa en investigación en Brasil”, se llevó a cabo un contacto entre la dirección del archivo y el presidente del Consejo Superior de la Fundación, Celso Lafer. “Rápidamente concretamos un compromiso de cooperación que nos dejó muy contentos y seguros de que pronto reanudaremos los trabajos”. La FAPESP se encuadra como financiadora porque el proyecto prevé la organización y el tratamiento de archivos de diversos fondos documentales bajo la custodia de los archivos estaduales y centros de documentación de las universidades paulistas.

El Archivo Público de São Paulo alberga el mayor archivo del género del país, con aproximadamente 150 mil prontuarios, 1.1000.000 fichas del Deops y 9 mil carpetas con dossieres, además de 1.500 carpetas de Orden Político y 2.500 carpetas de Orden Social. Todo este material data desde la década de 1930, cuando se crearon los primeros órganos de vigilancia y represión política, durante la Presidencia de Getúlio Vargas (1883-1954). En la etapa inicial del Memorias se microfilmaron dos mil carpetas con dossieres y se digitalizaron 340 mil fichas temáticas del Archivo Geral del Deops. Este trabajo estuvo a cargo de un equipo integrado por 25 personas. Está previsto que se escaneen otros 660 mil ficheros. “Lo ideal sería duplicar la cantidad de colaboradores para acortar el tiempo a la mitad”, sugiere Bacellar. Una necesidad urgente todavía, subraya, es la adquisición de un aparato para transformar microfilmes en archivos digitales, toda vez que existen más de un millón y medio de imágenes en esas condiciones. Esa máquina cuesta alrededor de 55 mil euros, ó 150 mil reales.

Vicente Arruda, coordinador nacional del Memorias Reveladas en representación del Archivo Nacional, define esta iniciativa como un proyecto de una generación de brasileños que luchó contra un régimen de opresión. “No es algo que pueda dimensionarse porque es una iniciativa que nos lleva a descubrimientos permanentes, todos los días, en todo momento, incluso debido a las donaciones de archivos particulares”. Arruda comenta que, por la Ley Rouanet, fue posible captar 7 millones de reales en 2005, provenientes de empresas estatales como Petrobras, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y BNDES. Debido a la adhesión de diversos organismos durante los últimos meses, como es el caso de la FAPESP, no se puede aún cuantificar cuánto todos ellos mueven juntos, pero sería una suma superior a la que provino de las estatales

http://www.facebook.com/kamerata.rodrigues?ref=ts&fref=tsEl coordinador cree que la adhesión de la FAPESP ayudará a atraer a nuevos colaboradores que actúan como fomentadores de la investigación. Es decir, otras fundaciones estaduales. La Faperj (Río de Janeiro), la Facepe (Pernambuco) y la Fapemig (Minas Gerais) ya fueron consultadas por el Archivo Nacional. En caso de que participen en el proyecto, como su área de actuación es limitada geográficamente, ayudarán con recursos los archivos de sus estados, principalmente aquéllos que contienen las fichas de los presos políticos producidas por las unidades del Deops. Solamente los documentos secretos no estarán disponibles para su consulta en la red –los llamados “ultrasecretos”, con secreto de 10, 15 o hasta 30 años, renovables por idéntico período. Por ende, aquéllos cuyo plazo de secreto ya haya expirado y los que no poseen ninguna clasificación quedarán en carácter de libre consulta.

Todo este trabajo de organización de los archivos estaduales se lleva adelante en el marco de la Norma Brasileña de Descripción Archivística (Nobrad) para estandarizar la descripción de los documentos en todo el país. “El Memorias Reveladas es una iniciativa similar a otras que están desarrollándose en otros países. Por eso existe la intención de expandir la red a toda América Latina. Intentaremos hacer una integración con países que vivieron regímenes dictatoriales en las últimas décadas.” Arrufa recuerda que los argentinos manifestaron recientemente interés. La Radio Nacional de Buenos Aires hizo un reportaje en agosto sobre el proyecto.

Arruda explica que, además del objetivo inicial de digitalización de las fichas, por intermedio de la Red Nacional de Cooperación e Información Archivística, recientemente creada y teniendo el proyecto como motivo, en el futuro se podrían desarrollar otros proyectos en la red mundial de computadoras. Otro cambio significativo ha sido el hecho de que muchos archivos estaduales están siendo informatizados para juntarse al Memorias. “Estamos asistiendo a la consolidación de una política pública de valoración del patrimonio documental, que incluye también la formación de técnicos”. A su vez, recuerda que el Archivo Nacional ha lanzado una campaña nacional de divulgación del proyecto y convoca a la sociedad a entregar documentos, y en ese llamado están incluidos los agentes de la represión, bajo la promesa de secreto total.

El  Centro de Referencia de las Luchas Políticas empezó a funcionar con más de 13 mil páginas de documentos recabados por el Archivo Nacional. En 2005 la Casa Civil de la Presidencia de la República determinó que las instituciones federales transfirieran toda la documentación sobre la dictadura militar al Archivo Nacional. La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), por ejemplo, tuvo que ceder todos los archivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), de la Comisión General de Investigaciones (CGI) y del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), órganos encargados de la vigilancia y la represión política entre las décadas de 1960 y 1980. De este modo, el Archivo Nacional aumentó más de 10 veces su colección sobre la dictadura militar. El banco de datos Memorias Reveladas será alimentado online por las instituciones asociadas a medida que se vayan digitalizando los documentos, y no todo junto. También formará parte de este banco de datos la documentación del Archivo Nacional sobre la dictadura militar.
A decir verdad, São Paulo salio a la delantera en el esfuerzo de poner a disposición sus documentos en la red. Bacellar explica que la idea de crear un centro de referencia virtual sobre la represión política durante la dictadura militar en el estado se puso en práctica desde 2005 y tenía como base el archivo del Deops, considerado el más abierto del país: funciona desde 1991. “Siempre trabajamos con sumo cuidado, firmamos términos de compromiso y responsabilidad por el uso de informaciones personales con todos los investigadores que nos consultan y nunca nos hicieron juicios”. Con parte del archivo en internet, los usuarios deben registrarse personalmente y obtener una clave para acceder a los documentos. “Trabajamos con responsabilidad, dentro del concepto de que no se puede negar el acceso público a documentos si una medida de esa índole encubre acciones irregulares cometidas en nombre del Estado. El torturador no puede ser protegido por el Estado.”

Memoria y verdad
El rescate de la memoria de la represión durante el régimen militar se ha llevado a cabo en varios frentes, con la intervención de instituciones oficiales. Tal es el caso del proyecto Derecho a la Memoria y a la Verdad de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, iniciado el 29 de agosto de 2006.La diferencia del nuestro es que mientras que el Memorias Reveladas trabaja con la digitalización de archivos para internet, nosotros promovemos eventos, exposiciones, la publicación de libros, etc.”, explica Vera Rotta, consejera de archivos de la secretaría y asesora. “Si bien no tienen una vinculación directa, formal, ambos poseen una interfaz, se complementan en este esfuerzo por rescatar la historia de aquel período”, añade. En 2007, por ejemplo, salió publicado el libro Direito, memória e verdade, en colaboración con la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

La primera edición del libro tuvo un tiraje de 3 mil ejemplares, distribuidos entre comisiones de familiares, centros de investigación, la prensa, legisladores y bibliotecas públicas. Vera comenta que el mismo se presentó en el marco de una ceremonia realizada en el Palacio de Planalto [la Casa de Gobierno], con la presencia de familiares de víctimas, que fueron antes recibidos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una audiencia reservada. Fue el resultado de 11 años de trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, y Vera integró el equipo que sistematizó la histórica documentación. Son recuperadas las trayectorias políticas y muchas veces trágicas de 479 militantes políticos que actuaron en oposición a las fuerzas del Estado entre 1961 y 1988.

Uno de los aspectos que llaman la atención en Direito, memória e verdade, al decir de los investigadores, es el hecho de que contiene la antigua versión de lo que supuestamente habría ocurrido con los desaparecidos, de acuerdo con los órganos represores, y una nueva versión oficial, obtenida después de la investigación realizada por la comisión. De los relevamientos realizados, el saldo fue el siguiente: 136 personas ya eran oficialmente reconocidas como muertas o desaparecidas, de otras 221, sus familias pasaron a tener derecho a la indemnización luego del trabajo de la comisión, y de 118 sus solicitudes de reconocimiento oficial fueron rechazadas. El proyecto Derecho a la Memoria y a la Verdad también es responsable de la construcción de memoriales de las víctimas de la represión, como el monumento ubicado en frente de la rectoría de la UFMG en homenaje a los cuatro estudiantes muertos en esa universidad; el memorial en Santa Catarina en homenaje al sociólogo Paulo Stuart Wright, ex militante de Acción Popular (AP), y otro memorial, inaugurado recientemente, destinado a homenajear a los cinco estudiantes muertos de la PUC-SP.

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