El gobierno brasileño invirtió algo más de 297 millones de dólares en el mantenimiento de áreas de conservación ambiental entre 2013 y 2016. Ese monto de dinero no fue distribuido de manera homogénea, sino todo lo contrario. La inversión anual en el caso de algunas unidades de la Amazonia fue de menos de un 1 dólar por kilómetro cuadrado (km2), mientras que en otras llegó a 390 mil dólares por km2, tal como ocurrió en el caso de la Selva Nacional de la Restinga de Cabedelo, en João Pessoa, capital del estado de Paraíba. En un estudio publicado en el mes de julio en la revista Land Use Policy, científicos brasileños constataron que el gasto promedio anual del gobierno en el manejo de las reservas naturales tiende a aumentar de acuerdo con el tamaño y la época en la cual fueron creadas, así como con la densidad de población y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las regiones cercanas a ellas.
Bajo la coordinación del geógrafo José Maria Cardoso da Silva, del Departamento de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Miami, en Estados Unidos, y del ingeniero químico Alan Cavalcanti da Cunha, del Programa de Posgrado en Biodiversidad Tropical de la Universidad Federal de Amapá (Unifap), se llevó a cabo un mapeo amplio y minucioso de los valores destinados por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) al manejo de 289 áreas que cubren 743 mil km2 de vegetación autóctona distribuida por el país. El grupo se valió de datos del propio ICMBio y del Programa Áreas Protegidas de la Amazonia (Arpa), creado en 2002 para preservar la selva amazónica por medio de la creación de unidades de conservación. Ellos también usaron el Portal de Transparencia para recabar información al respecto de los gastos en los empleados de las unidades evaluadas, tales como el sueldo y bonificaciones que recibieron en ese período. Y luego, cotejaron esos datos y analizaron las pautas de reparto de los gastos públicos en las unidades federales entre 2013 y 2016.
Así pudieron comprobar que el dinero asignado por el gobierno para el mantenimiento de las 289 unidades de conservación correspondió a un promedio de 74,8 millones de dólares por año. Como la cotización del real al respecto del dólar sufrió modificaciones durante ese período, los investigadores tomaron como base una tasa promedio de 3,25 reales por dólar. “Más de la mitad de ese monto se utilizó para abonar sueldos y gratificaciones”, explica Cavalcanti Da Cunha. “El resto se destinó a actividades de fiscalización, demarcación de tierras, adquisición de equipos, entre otros gastos”. El monto invertido por el gobierno federal se ubicó en un promedio anual de alrededor de 100 dólares por km2, inferior al destinado en los años anteriores, que fue de unos 140 dólares por km2.
Los autores sospechan que esa disminución de las inversiones en las unidades ocurre por dos factores. Uno de ellos está relacionado con el hecho de que Brasil ha expandido su sistema de áreas de protección a una tasa más rápida que la del aumento del presupuesto del ICMBio, que según Cavalcanti Da Cunha, optó por priorizar la asignación de recursos a las unidades más antiguas y ya estructuradas. Otra explicación alude a la crisis económica que atraviesa el país desde 2015, la cual motivó que el país recortara gastos en varios sectores, incluyendo el área de preservación ambiental.
La Unión giró alrededor de 100 dólares por km2 para el manejo de las áreas de conservación natural entre 2013 y 2016
Los gastos federales también variaron entre una unidad y otra en función del tamaño, la edad, la densidad poblacional y el IDH de las ciudades cercanas a ellas. “Las unidades menores, cuyas áreas van de 0,89 a 80 km2, más recientes y con ciudades menos pobladas en los alrededores recibieron entre 0,30 y 44,5 dólares por km2, mientras que las áreas medianas y grandes, de 603 a 38.600 km2, más antiguas y con ciudades populosas y con mayor IDH en sus proximidades, recibieron una mayor cantidad de recursos, entre 314 y 394.200 dólares por km2 durante el período evaluado”, dice Cavalcanti Da Cunha.
El investigador explica que, cuanto más densas son las áreas urbanas en las adyacencias de las unidades de conservación, mayor es el riesgo de degradación de la vegetación protegida, algo que requiere una inversión mayor del gobierno federal. En tanto, las ciudades cercanas con alto IDH, generalmente registran mejores indicadores de ingresos, salud y escolaridad. “Esos factores conducen a la instauración de un escenario de concientización y valoración del medio ambiente y a una mayor presión por inversiones en las reservas naturales cercanas”.
En el estudio se constató que las áreas de protección integral tienden a recibir más recursos que las de uso múltiple. Esto ocurre porque las unidades de protección integral son restrictivas, permitiendo solamente la realización de investigaciones y algunas actividades recreativas y educativas, mientras que las de uso múltiple permiten la explotación sostenible de la biodiversidad, por medio del turismo ecológico y las actividades extractivas tradicionales. “Las áreas protegidas de uso múltiple reciben menos inversiones porque disponen de actividades económicas alternativas”, explica Cavalcanti Da Cunha. A raíz de ello, la propia población local interviene como agente de inspección. “Los habitantes colaboran para conservar y proteger esos ecosistemas porque comprenden su importancia para la región tanto desde el punto de vista ambiental como económico”. Eso no sucede con las áreas de protección integral, por eso se necesita una mayor cantidad de recursos para ellas.
Para el biólogo Ramon Felipe Bicudo da Silva, del Núcleo de Estudios e Investigaciones Ambientales de la Universidad de Campinas (Unicamp), quien no participó en el estudio, las diferencias en la asignación nacional de recursos entre las distintas áreas protegidas, en parte, son de esperarse. “En un país con las características de Brasil, extenso y heterogéneo en biodiversidad y en cuanto a sus condiciones socioeconómicas y culturales, los desafíos y demandas de cada unidad de protección varían bastante”, dice.
Sin embargo, Bicudo da Silva subraya que los factores identificados por los investigadores explican solamente la tercera parte de los gastos totales realizados entre 2013 y 2016. “No se puede descartar la hipótesis de que otras variables, que involucran intereses políticos y económicos, también puedan justificar las divergencias en la asignación de recursos financieros entre las distintas unidades de protección del país”. Para él, la comprensión de los factores involucrados en la asignación de los recursos para las áreas de protección sirve para aportarle mayor transparencia a los gastos públicos. “Eso tiende a erigirse como un medio tendiente a asegurar mejores políticas y gestión ambiental, con mejores resultados en cuanto a la conservación”.
Artículo científico
Silva, J. M. C. et al. Public spending in federal protected areas in Brazil. Land Use Policy. v. 86, p. 158-64. jul. 2019
