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Archivología

Para evitar el olvido

El comité brasileño del Programa Memoria del Mundo, suspendido desde 2019, mapea colecciones raras e identifica archivos perdidos

Las participantes en el III Congreso Nacional Feminista junto al presidente Getúlio Vargas, en 1936. La imagen forma parte de la colección del legado de Bertha Lutz

Archivo Nacional

Hace dos años, cuando un incendio consumió gran parte de las colecciones del Museo Nacional, en Río de Janeiro, el Fondo Bertha Lutz, compuesto por archivos personales e investigaciones científicas desarrolladas por la bióloga, diputada y feminista brasileña fue destruido por completo. Dicho fondo formaba parte de una colección sobre Lutz (1894-1976), que estaba siendo inventariada para su envío al Comité Nacional de Brasil del Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Los integrantes del comité instituido para el reconocimiento de documentos como patrimonio de la humanidad, perplejos frente a esta tragedia, resolvieron incluir a la colección en la categoría de “archivos perdidos”, cuyo objetivo consiste evitar que documentos raros caigan en el olvido tras resultar destruidos por catástrofes o accidentes, tal como ocurrió con este fondo. Más allá de esta propuesta, en sus 16 años de existencia el comité reconoció otras 110 solicitudes con diversos perfiles, rastreó y recuperó documentos extraviados. La nominación es un instrumento del comité para reconocer y registrar documentos como patrimonio de la humanidad. Desde entonces se han abierto nuevas perspectivas de investigación en diversos campos del saber.

Archivo Nacional Manuscrito de 1866 de la ópera Il guarany, de Carlos Gomes, registrado en el programa en 2017 como parte de las colecciones de instituciones brasileñas e italianasArchivo Nacional

“La nominación como ‘colección perdida’ nos permite plantear un llamado de atención sobre los daños irreversibles causados por este tipo de sucesos en la memoria histórica nacional y de la humanidad”, relata Íris Kantor, del Departamento de Historia de la Universidad de São Paulo (USP) e integrante del comité. Pese a la importancia del programa, sus actividades se suspendieron en 2019 como consecuencia del Decreto nº 9.759, que extinguió o estableció nuevas normas para los cuerpos colegiados de la administración pública federal. Al momento de su interrupción, el comité planificaba reforzar sus actividades de difusión y educación patrimonial en las organizaciones responsables de los artículos o colecciones refrendados por el programa de la Unesco.

Las solicitudes para el registro nacional podían ser presentadas por instituciones públicas (municipales, estaduales o federales) y privadas, además de los organismos internacionales. Con 18 integrantes, entre representantes de organizaciones en custodia de las colecciones y profesionales con experiencia directa en trabajo de campo que son elegidos por sus pares cada dos años, el comité estaba vinculado al Ministerio de Cultura. Sin embargo, en 2019 esa cartera se transformó en una secretaría ligada al Ministerio de Turismo, aunque  la sede del comité quedó en el Archivo Nacional, una institución administrada por el Ministerio de Justicia.

En una iniciativa que movilizó durante años la labor de instituciones brasileñas e italianas, el proceso de reconocimiento de la colección del compositor Carlos Gomes (1836-1896) pudo ubicar una partitura incompleta que estaba guardada en la Biblioteca Nacional. La parte faltante, considerada perdida por la institución desde finales del siglo XIX, fue localizada en 2012 en el Museo Histórico, entre otros documentos del patrimonio del emperador Pedro II, a quien Gomes le había donado parte de esa composición musical.

Años antes, en 2004, el comité aprobó el registro nacional de documentos relacionados con la actividad de la policía secreta carioca y fluminense que se conservaban en el Archivo Público del Estado de Río de Janeiro (Aperj). El historiador Paulo Knauss, de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y exdirector del Aperj, recuerda que en esa ocasión se constató la amplitud de los archivos de la policía secreta existentes en el país, que involucran la actuación de distintos aparatos represivos activos en Brasil entre 1905 y 1983. El conjunto brasileño constituye una de las mayores colecciones mundiales sobre la represión política. “A partir de entonces, hubo una campaña para identificar y localizar el circuito general de archivos de la policía secreta en Brasil”, relata Knauss.

Archivo Nacional Documentación que incluye la correspondencia original de la administración de Pará con la Corte: una carta de 1789 que informa sobre un embarque de productos naturalesArchivo Nacional

Al organizar su colección para la candidatura en el Programa Memoria del Mundo Brasil, el Archivo Público del Estado de Río de Janeiro descubrió que también conservaba conjuntos de documentos de otros estados del país, tales como Alagoas, Paraíba, Bahía y Rio Grande do Sul. “En Río de Janeiro funcionaba la sede de lo que actualmente correspondería a la función de la Policía Federal, que recibía y archivaba correspondencia y documentos de la policía secreta de todo el territorio nacional”, informa el investigador. De acuerdo con Knauss, la verificación de la existencia de un amplio conjunto de archivos de esa naturaleza cobró repercusión a partir de la labor del Comité Memoria del Mundo. “Esa colección aporta información sobre temas concernientes a la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía y la legalidad. A través de la misma fueron posibles muchas investigaciones. Se abrió un horizonte que estaba muy restringido a Río de Janeiro y São Pablo, que detentan las colecciones más amplias y conocidas. Asimismo, se inició un debate sobre el acceso a la información y sobre la reglamentación de los datos personales, discusiones que contribuyeron para respaldar la formulación de la Ley de Acceso a la Información”, explica Knauss, en referencia a la Ley nº 12.527 sancionada en noviembre de 2011.

“Los últimos años se han caracterizado por un esfuerzo tendiente a ampliar el reconocimiento como patrimonio de distintos elementos más allá del documento textual, incluyendo fotografías, imágenes en movimiento y registros sonoros”, informa la antropóloga Maria Elizabeth Brêa Monteiro, del Archivo Nacional e integrante del comité. La investigadora menciona como ejemplo de ello a los Registros Iconográficos de la Revuelta de la Armada (1893-1894), una iniciativa propuesta por el Archivo General de la Ciudad de Río de Janeiro, el Instituto Moreira Salles (IMS) y el Museo Histórico Nacional. “La colección incluye imágenes producidas por los fotógrafos Marc Ferrez [1843-1923] y Juan Gutierrez [1859-1897] y abre campos de análisis para reflexionar sobre las facciones políticas en disputa en aquel momento de la historia”, explica.

Jusssara Derenji, docente jubilada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pará (FAU-UFPA) y actual directora del Museo de la UFPA, relata que el Comité Memoria del Mundo surgió en 1992, en un intento por mitigar los impactos de las catástrofes, incluyendo guerras, conflictos religiosos y desastres naturales, sobre el patrimonio documental. Su sede se encuentra en París, Francia y actualmente cuenta con filiales en unos 70 países. “El programa asegura la preservación de documentos históricos para hacer posible nuevas lecturas en el futuro”, dice. En ese sentido, ella recuerda que hace 20 años, los disquetes eran considerados el medio más adecuado para la conservación de archivos, pero hoy en día prácticamente no existen computadoras capaces de leer los datos que estos contienen. “Los medios de almacenamiento se tornan obsoletos rápidamente. Para asegurar la supervivencia de un documento, es fundamental preservar el objeto original”, subraya.

Fundación Biblioteca Nacional Imagen de la Revuelta de la Armada que muestra las ruinas en Ilha de Villegagnon, en Río de JaneiroFundación Biblioteca Nacional

En 2018 se reconocieron 10 colecciones, entre ellas las de diversas instituciones que incluían el legado de Bertha Lutz, una de las fundadoras de la Federación Brasileña para el Progreso Femenino. Lutz también trabajó como investigadora en el Museo Nacional, en una época en que las mujeres tenían escasa participación en el área científica. “La candidatura propuesta por el Archivo Histórico de Itamaraty, el Archivo Nacional, el Centro de Documentación e Información de la Cámara de Diputados y el Centro de la Memoria de la Universidad de Campinas [Unicamp] permitió localizar objetos dispersos y almacenados por distintos organismos, un hecho que estimulará el desarrollo de estudios sobre la trayectoria de esa pionera”, analiza Kantor, de la USP. “Se espera que la inclusión de los documentos que pertenecían al Museo Nacional y desaparecieron en el incendio genere, a largo plazo, reflexiones acerca del impacto de esa pérdida en los estudios sobre la bióloga”, comenta Kantor.

La historiadora contribuyó al desarrollo de la candidatura del atlas y del Mappa geographicum quo flumem Argentum, Paranà et Paraguay exactissime nunc primum describuntur…, aprobados en 2012 por el programa de la Unesco. El Mappa, perteneciente a la Fundación Biblioteca Nacional, fue elaborado en 1758 por el cartógrafo Miguel Antônio Ciera, un ingeniero militar nacido en Padua, Italia, y fallecido en 1782. Luego del Tratado de Madrid, firmado en 1750, él fue contratado por el gobierno portugués para colaborar con los trabajos de demarcación de los límites entre Portugal y España, en la región sudamericana de los ríos de la Plata y Paraguay. La propuesta incluyó un mapa mural aparte intitulado Tabula nova, atque accurata America Australis, en latín, con dibujos de los paisajes, flora y fauna locales pintados en acuarela que ilustran el itinerario de la expedición de demarcación. “Son registros de la topografía, la hidrografía y la toponimia que también contienen datos para el estudio de la etnobotánica, la ciencia que estudia las relaciones entre el medio ambiente, las plantas y las poblaciones indígenas”, resalta Kantor.

Archivo Nacional Juscelino Kubitschek en su discurso que del 1º de mayo de 1959 en Brasilia: la fotografía forma parte de los registros del DIP, cuya documentación fue reconocida por el comité en 2010Archivo Nacional

Para la investigadora, la posibilidad de identificar y reunir elementos dispersos como parte de un conjunto documental único constituye una de las contribuciones principales del comité. “Uno de los criterios de evaluación de las candidaturas comprende la necesidad de considerar las series completas de cierto tipo de documentación. Los elementos que las componen deben constituir un conjunto homogéneo, aunque esté limitado cronológicamente. En muchos casos, esos conjuntos documentales se encuentran dispersos, agrupados en diversos fondos, sin una descripción y un tratamiento patrimonial adecuado”, puntualiza. Kantor considera que, al promover esta integración, el programa Memoria del Mundo propende a la identificación y la descripción técnica de los conjuntos documentales, facilitando el acceso de los investigadores e historiadores a la documentación y fomentando una cultura propicia para la preservación del patrimonio documental. Las decisiones del comité se basan en criterios acerca de la autenticidad de las colecciones presentadas, el hecho de que sean únicas e insustituibles, su singularidad y las eventuales amenazas a su preservación. Cada proponente debe presentar un plan de gestión para la colección que anhela ver reconocida y asegurar que la misma estará organizada y que quedará accesible al público. “Al ser reconocidas, las colecciones adquieren estatus de capital simbólico y ganan visibilidad, lo que facilita el acceso de las instituciones impulsoras a líneas de financiación para su preservación y difusión”, resalta el historiador Hilário Figueiredo Pereira Filho, del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), queien en 2018 defendió su tesis doctoral sobre ese programa en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio).

Siempre en relación con las últimas nominaciones, Derenji destaca el manuscrito intitulado Relíquia da Irmandade Devoção de Nossa Senhora da Solidade dos Desvalidos – Actas 1832-1847 [Reliquia de la Hermandad Devota de Nuestra Señora Protectora de los Desamparados – Actas 1832-1847], que pertenece a la Sociedad Protectora de los Desamparados, con sede en Salvador, estado de Bahía. “La sociedad, fundada en 1832, ofició como la primera asociación civil negra del país. Fue creada para ayudar a los esclavos en el proceso de búsqueda de su libertad”, explica la arquitecta de la UFPA, actual presidenta del comité y cuya elección, en 2018, fue parte del esfuerzo del programa para diversificar su área de actuación más allá del sudeste de Brasil. Ella explica que las actas, que abarcan temas administrativos, la organización de celebraciones religiosas y las estrategias de ayuda para esclavos y negros libertos, tales como la colecta de fondos para comprar la libertad o lograr su inserción en una actividad que posibilitara su sustento, permiten ampliar el alcance de los estudios sobre el protagonismo negro en el proceso de emancipación.

Al fomentar la cooperación entre instituciones públicas y privadas, a juicio de Knauss, las actividades del comité también han contribuido a la promoción de políticas de preservación del patrimonio documental de Brasil. “Al reconocer colecciones con múltiples perfiles, el programa funciona como espacio de diálogo y colaboración entre los diversos ámbitos de los archivos, bibliotecas y museos. Además, dadas las candidaturas que recibe, permite trazar un panorama de situación de las colecciones históricas del país”, pondera. Hasta que se cesaron sus actividades, el comité recibía cada año un promedio de 25 candidaturas. Ahora no se sabe cuándo se lo podrá reactivar. Finalmente, Kantor, de la USP, recuerda que una parte significativa de las colecciones documentales y bibliográficas brasileñas aún no están catalogadas y que la continuidad del programa constituye un paso fundamental para la construcción de una cultura de custodia, preservación, descripción y acceso público gratuito a los patrimonios documentales y bibliográficos del país.

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